ESTA NOCHE martes 10 febrero 2015

ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.

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ü  Según encuesta CPI de febrero, en una hipotética segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Alan García el 2016, la lideresa de Fuerza Popular obtendría el 50.8% de los votos y García el 18.8%

ü  El Comercio: el presidente, Ollanta Humala, hizo hoy un llamado a “no mezclar lo jurídico con lo político para tener un diálogo alturado”. Consultada, Nadine Heredia dijo que Humala se refirió a todos y no solo a su casa cuando dijo que no se debe mezclar lo jurídico y lo político

ü  El cierre de la DINI no obstaculizará las investigaciones de la fiscalía y el Congreso sobre el espionaje a políticos, aseguró la premier, Ana Jara. Dijo que la DINI tiene la obligación de seguir colaborando durante su reestructuración “entretanto no salga la disposición legal que la cierra”. “Aunque ingresara a una etapa de reestructuración también se dará todas las facilidades a las autoridades”, agregó acto seguido. “Por ahí algunos quieren leer entre líneas que estamos tomando esta disposición para evitar las investigaciones, nada más apartado de la verdad”, aseveró

ü  Vocero de Gana Perú, Josué Gutiérrez, sostuvo que se tendrá cuidado con el material de inteligencia, a fin de que no termine en manos de terceros

ü  La ex procuradora Yeni Vilcatoma aseguró que la renuncia de Eduardo Roy Gates es “una consecuencia de las denuncias que yo he interpuesto”

ü  La premier, Ana Jara, dijo que, si bien el presidente Humala tiene la potestad de renovar el Gabinete, ella está evaluando la performance de cada uno de los ministros. Tres grupos políticos propusieron en el diálogo realizar cambios en el Gabinete, dijo

ü  Director de El Comercio: “además de dejar sus cargos de editora, la señora (Martha) Meier no publicará más sus artículos bajo mi gestión”.

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MEDIA COLUMNA

El fujimorismo vuelve

a ganar la mitad del voto  

Jorge Morelli

@jorgemorelli1

jorgemorelli.blogspot.com

Según la encuesta CPI de febrero, en una segunda vuelta el 2016 entre Keiko Fujimori y Alan García, la lideresa de Fuerza Popular obtendría el 50.8% de los votos y el expresidente aprista el 18.8%. El fujimorismo alcanza nuevamente y sobrepasa esta vez la mitad de los votos en segunda vuelta, como ocurrió hace cuatro años.

Carlos Meléndez es un estudioso del antivoto. Esto es, el voto que no es a favor sino en contra de alguien. Sigue desde hace tiempo la evolución del voto que podría llamarse  antiaprista y antifujimorista. Tiempo atrás concluyó que el primero era ya apreciablemente mayor que el segundo.

 Tiene lógica, tratándose en el caso del Apra de un gobierno relativamente reciente, que ha dejado el poder hace solo cuatro años en medio de acusaciones políticas. En el caso del fujimorismo, se trata de una percepción que ha variado sustantivamente en los quince años desde que dejara el gobierno. Ello se debe al meritorio esfuerzo de Keiko Fujimori, que ha logrado con su partido, Fuerza Popular, convencer a los peruanos de la transparente sinceridad de su compromiso contra la corrupción y por la democracia y la igualdad de oportunidades en el Perú.      

Meléndez sostiene hoy en su columna que “las expectativas sobre el advenimiento de un outsider se incrementan (69% cree que habrá uno)”. Hasta hoy, sin embargo, no aparece quien esté realmente dispuesto a apostar su vida a ese casillero. Y una vocación política no se improvisa.  Por eso agrega el columnista a continuación que “de no aparecer esta figura, los ‘antis’ –nuevamente– terminarán decidiendo la elección”.

A un año de las elecciones, sin embargo, ese 51% de Keiko frente al 19% de Alan en una hipotética segunda vuelta del 2016 es indicio de que el fujimorismo finalmente puede haber vencido en su largo empeño de despejar los oscuros temores de un antifujimorismo que queda en el pasado.  

REPORTE DE NOTICIAS en Internet

Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas

temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.

ELECCIONES, PARTIDOS, ENCUESTAS, MEDIOS, PSICOSOCIALES

Correo

Según la última encuesta CPI, entre el 2 y el 6 de febrero, en una hipotética segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Alan García el 2016, la lideresa de Fuerza Popular obtendría el 50.8% de los votos y Alan García el 18.8%.

El voto blanco y viciado alcanzaría a 27.4%.

Peru21

Columna de Carlos Meléndez

(…)

…las expectativas sobre el advenimiento de un outsider se incrementan (69% cree que habrá uno). De no aparecer esta figura, los ‘antis’ –nuevamente– terminarán decidiendo la elección.

(…)

RPP

Gastón Acurio deslizó la posibilidad de presentarse como el ”outsider”, según el exprocurador Julio Arbizu, quien afirmo en Diario 16 que tuvo una reunión Acurio donde este le contó de su “preocupación” ante la posibilidad de que Alan García y Keiko Fujimori sean las alternativas.

GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA

El Comercio

La premier, Ana Jara, dijo que, si bien el presidente Humala tiene la potestad de renovar el Gabinete, ella ya está evaluando la performance de cada uno de los ministros.

En otro momento, la jefa del Gabinete, visiblemente fastidiada, pidió respeto a la encuestadora Datum luego de que esta preguntara en su último sondeo si Jara estaba o no “pintada en la pared”.

Capital radio

Tres grupos políticos propusieron en el diálogo de ayer realizar cambios en el Gabinete, dijo la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara. Afirmó que la decisión la tiene el presidente Ollanta Humala.

El Comercio

El presidente, Ollanta Humala, destacó que “por consenso” en el diálogo se ha expresado una preocupación sobre la Dirección Nacional de Inteligencia (Dini) y que se recogerá la propuesta del partido Nacionalista de cerrarla para reestructurarla.

Ante las denuncias de seguimiento de agentes de la DINI a políticos de la oposición y el oficialismo, “el Partido Nacionalista ha planteado el cierre de la DINI con la intención de reestructurarla, reforzarla y profesionalizarla con una junta de notables que pueda ver este tema”, dijo.

El jefe de Estado también exhortó al Congreso a plantear una norma que regule la actividad de empresas privadas que se dedican a actividades de inteligencia. “Así como está la DINI, también hay empresas privadas que se dedican a actividades de inteligencia, empresas que realizan consultorías a grandes consorcios [y] realizan actos de seguimiento y reglaje en Cajamarca. No hay una norma que regule eso y eso es una tarea del Congreso”, acotó.

La DINI será cerrada por 180 días para su reestructuración, afirmó la jefa del Gabinete, Ana Jara, e indicó que es un acuerdo al que llegó el diálogo.

Explicó que, como las funciones de la DINI se regulan por un decreto legislativo, su cierre temporal tiene que ser por un proyecto de ley que el Ejecutivo enviará en los próximos días al Congreso, donde la Comisión Permanente puede debatirlo y votarlo.

Aclaró que las direcciones de inteligencia de las FFAA y el  Ministerio del Interior se mantendrán operativas.

Jara dijo que se revisará la condición laboral de todos sus funcionarios. “Algunos vienen prestando servicios desde otros gobiernos”, añadió.

El Comercio

El cierre temporal de la DINI no obstaculizará las investigaciones que realizan la fiscalía y el Congreso sobre el presunto espionaje y seguimiento a políticos de la oposición y el oficialismo, aseguró la primera ministra, Ana Jara. Dijo que la DINI tiene la obligación de seguir colaborando con estas indagaciones durante su reestructuración “entretanto no salga la disposición legal que cierra la DINI”. “Aunque ingresara a una etapa de reestructuración también se le dará todas las facilidades a las autoridades”, agregó acto seguido.

“Por ahí algunos quieren leer entre líneas que estamos tomando esta disposición para evitar las investigaciones, nada más apartado de la verdad”, manifestó.

Dijo que la reestructuración de la DINI no implica que el Gobierno admita responsabilidad por los presuntos reglajes a políticos. “Eso lo tienen que determinar las autoridades”, añadió.

El Comercio

El vocero de Gana Perú, Josué Gutiérrez, sostuvo hoy que “la DINI está dañada porque hay muchas sospechas”. Indicó que se tendrá cuidado con el material de inteligencia, a fin de que no termine en manos de terceros.

RPP, Andina

La Comisión de Inteligencia del Congreso continúa su investigación sobre las denuncias por reglajes a políticos, señaló su presidente, César Yrupailla (NGP).

El grupo parlamentario recibió este mediodía al coronel en retiro Mauro Castañeda, quien formó parte de la DINI. Otros convocados por la comisión a prestar declaraciones fueron José Sánchez y Jorge Feria.
La sesión se realizó en  privado y participaron los integrantes de la comisión Luz Salgado (FP), Javier Bedoya (PPC-APP), Hugo Carrillo (NGP) y Daniel Mora (PP).

El Comercio, editorial

Ayer se cumplió la primera jornada de diálogo convocada por el gobierno en un contexto un tanto deslucido. Primero porque, en su mayoría, los sectores políticos presentes difícilmente podían ser considerados de real oposición (varios de ellos arrojaron salvavidas al oficialismo en trances tan difíciles como los votos de censura a determinados ministros o la última elección de la Mesa Directiva del Legislativo). Segundo, porque aun en el caso de esos partidos, no fueron sus líderes ‘naturales’ (Alejandro Toledo en Perú Posible o Lourdes Flores en el PPC) los que acudieron a la cita, sino alguna autoridad con credenciales oficiales para hacerlo, pero escasa representatividad frente a la ciudadanía. Y tercero, porque la inclusión en el cónclave de organizaciones sin registro electoral, lejos de generar la impresión de una invitación amplia y democrática, sugería desesperación por llenar los sitios vacíos.

La inasistencia de determinadas colectividades políticas fue, en efecto, el dato más saltante de la reunión. Particularmente porque a la previsible ausencia de Fuerza Popular y del Apra se sumó, por ejemplo, la del partido del pastor Humberto Lay, Restauración Nacional, lo que debería ser interpretado por el gobierno como una verdadera llamada de atención, habida cuenta de la poca inclinación por la destemplanza que caracterizan a ese movimiento y a su líder.

El humalismo, pues, se ha visto ante la evidencia de que necesita incorporar de alguna manera al diálogo a las fuerzas de oposición que no asistieron a la reunión (y, sobre todo, a los ciudadanos que se puedan sentir expresados en sus reclamos) si quiere que todo este esfuerzo contribuya a crear el clima que requiere para capear el temporal actual y llegar con cierta estabilidad al 28 de julio del 2016. Pero ¿cómo hacerlo si los mencionados sectores no quieren sentarse a conversar?

Pues no es tan difícil. Estar ubicados uno frente al otro en una mesa puede ser la mejor manera de establecer un diálogo que permita interacción inmediata entre las partes, pero no la única. Los interlocutores, en realidad, pueden estar a distancia y eventualmente hasta comunicarse a través de gestos. Si uno de los partidos no concurrentes –el Apra– se ha pasado la vida repitiendo que “conversar no es pactar”, a lo mejor está dispuesto a pactar sin conversar. O, mejor dicho, a llegar a algún entendimiento que no demande palabras.

El gobierno, en concreto, tiene que haber comprendido, ya que su plan de tranquilizar las aguas a través del acto ritual del diálogo pero sin ceder ante ninguna de las exigencias de la oposición radical no ha funcionado. De hecho, el anuncio de la reestructuración de laDirección Nacional de Inteligencia (DINI) –una medida de cuya necesidad, aparentemente, se fueron persuadiendo a lo largo del día– apunta en ese sentido. Pero no es suficiente.

Así como consentir cambios en la organización de inteligencia supone admitir que ha existido un funcionamiento inadecuado de ella, el gobierno tiene que admitir que han existido problemas en la conducta de algunos ministros y cambiarlos. Basta sumar los votos con los que esa iniciativa cuenta ya en las diferentes bancadas del Congreso para comprobar que, si no lo hace, una mayoría de la representación nacional lo hará por él en marzo, ni bien empiece la próxima legislatura.

¿Para qué extender entonces la agonía? ¿Por qué no practicar por una vez el control de daños antes de que el problema que tienen entre manos agote su potencial de daño a la administración? Máxime cuando alguno de esos ministros –Daniel Urresti– ha continuado hostigando intermitentemente a la oposición y a la prensa a pesar de las reconvenciones de la jefa del Gabinete. Y máxime también cuando el licenciamiento oportuno de otros portadores de fajín que no tienen salvación –Pedro Cateriano, Carmen Omonte y Daniel Figallo– podría permitir la supervivencia de la señora Ana Jara en la Presidencia del Consejo de Ministros, evitándole al oficialismo la necesidad de cumplir con la improbable hazaña de conseguir el voto de investidura para un nuevo primer ministro.

Si la oposición más crítica, en resumidas cuentas, no ha acudido a la montaña en la que el gobierno la citó para tratar de apaciguar el clima político, esa montaña podría intentar ir hacia la oposición con gestos que digan más que las palabras que se gastaron ayer en un intercambio protocolar que a todas luces resultó insuficiente.

El Comercio

Columna de Fernando Berckemeyer, director
El sábado 7 de febrero se publicó en la página web de este diario el artículo “#MáximaNoEstáSola”, de Martha Meier Miró Quesada. Luego de unas horas fue retirado, lo que llevó a muchas personas en redes sociales a preguntarse si El Comercio y yo como su director habíamos censurado a la señora Meier. Se dijo además que la censura habría respondido a un interés "neoliberal" o mercantilista en silenciar los abusos que la minera habría estado cometiendo contra la familia Chaupe.

Si algo tenía claro cuando asumí la dirección de El Comercio el 17 de noviembre pasado es que nada es más valioso para un diario que la confianza de sus lectores. Eso, y el respeto de quienes, aun sin leerlo o incluso discrepando profundamente de sus posiciones, son ciudadanos informados y justos. Consiguientemente, comencé mi trabajo como director con la convicción de que, se equivocase o no en sus ideas o coberturas, El Comercio tenía que ser siempre un diario honesto. No puedo, pues, dejar que esta honestidad sea puesta en duda sin sentirme obligado a defenderla.

Iré al punto. Según mandan los principios rectores de este Diario –y, ciertamente, el sentido común–, los columnistas del mismo tienen libertad de expresión, pero no de difamación. Retiré el artículo de la señora Meier de la edición impresa del sábado (y de la digital, en que salió por unas horas por error) no porque ella estuviese defendiendo a la familia Chaupe frente a la minera Yanacocha, sino porque se sostenían en él al menos dos ideas potencialmente difamatorias. La primera, que el financista internacional George Soros es un "narcopromotor". La segunda, que la minera en cuestión habría tenido intenciones de “intervenir” en el Poder Judicial cajamarquino mediante "intereses subalternos", las que se habrían visto frustradas por la exposición mediática del caso.

Demás está decir que la aludida responsabilidad que tiene el diario de que no se publiquen en él textos difamatorios se vuelve especialmente exigente cuando quienes los publican son editores del mismo y personas que, por lo tanto, pueden generar la percepción de estar hablando a nombre de él.

La señora Meier ha implicado en redes sociales que el retiro de su artículo se debe a que el diario, por causa mía, tendría interés en censurar las denuncias de Máxima Acuña de Chaupe para proteger a la minera. No hace falta entrar en mayores explicaciones para mostrar que eso no es así. Basta con mirar las varias notas que sobre el caso publicó El Comercio (en sus versiones impresa y web) solo en la misma semana en la que ella envió su columna. Todas recogían las versiones de ambas partes, y muchas de ellas, más aún, destacaban en sus titulares la postura de la familia Chaupe. Así, por ejemplo, la nota “Familia Chaupe denunciará a Yanacochapor usurpación”, en la que informamos que la mencionada familia denunció que personas enviadas por la minera destruyeron su casa. Otro ejemplo es la nota “PNP niega participación en desalojo de vivienda en Cajamarca”, en la cual relatamos que la Policía Nacional negó haber participado en la operación de desalojo. Un tercer ejemplo es la nota “Cajamarca: policía brinda garantías a la familiaChaupe", en la que señalamos que la policía afirmó que no permitiría ninguna agresión por parte de la minera.

El Comercio, pues, no ha censurado la libertad de expresión de nadie. Más bien, ha impedido que alguien se tome la libertad de difamar en sus páginas. Dos cosas muy diferentes.

Por otra parte, la razón que esgrimió en Twitter y en otros medios no públicos la señora Meier a fin de acusarme de tener mis propios intereses subalternos para intentar silenciar la historia de los Chaupe es tan endeble como su acusación de censura: renuncié al estudio de abogados cuyos intereses ella dice yo habría intentado proteger hace más de cuatro años y no tengo más vínculo con él que el que supone que un familiar mío sea socio del mismo. En cualquier caso, no es que esto haga mucha diferencia: la minera Yanacocha no es clienta de ese estudio.

Como se comprenderá, no puedo pretender hacer un trabajo serio como director del diario y, al mismo tiempo, mantener en él a una editora que implícita y públicamente me acusa de corrupción.

Finalmente, pienso que El Comercio está llamado a cumplir un rol muy diferente al que supone publicar este tipo de artículos y que el encargo que me ha sido dado como director implica esforzarme al máximo de mis posibilidades para que las páginas del diario estén a la altura de su legado, de su misión y, sobre todo, de la confianza que depositan en él sus lectores. Por ello, además de dejar sus cargos de editora, la señora Meier no publicará más sus artículos bajo mi gestión.

ANTICORRUPCION, PERSECUCION, JUDICIALIZACION POLITICA

El Comercio

El presidente, Ollanta Humala, hizo hoy un llamado a “no mezclar lo jurídico con lo político para tener un diálogo alturado”, manifestó.

Indicó que si se pone por encima de los temas electorales los temas nacionales, la población “va a sentir más confianza en su clase política y le va a tener más respeto”.

Consultada sobre estas palabras, la presidenta del partido Nacionalista, Nadine Heredia, dijo que Humala se refirió a todos y no solo a su casa cuando dijo que no se debe mezclar los jurídico con lo político.

Heredia Alarcón viene siendo investigada por la fiscalía por lavado de activos, a raíz de depósitos sospechosos en su cuenta bancaria.

RPP

El congresista nacionalista Santiago Gastañadui negó ser un testaferro de Nadine Heredia en la empresa Todo Graph.

La citada compañía fue creada el 2006 por Martín Belaunde Lossio y dos meses después este le vendió sus acciones a Gastañadui, esposo de Rosa Heredia, prima de Nadine Heredia.

El congresista dijo desconocer el documento privado, propalado por Cuarto Poder, que lleva por título "Declaración de verdadero propietario" y que cuenta con su firma y la de Maribel Vela, donde ambos reconocen que la “verdadera propietaria” es Nadine Heredia.

“Nos allanamos a cualquier investigación", afirmó.

El Comercio

El abogado penalista Eduardo Roy Gates renunció al cargo de consejero jurídico del presidente Ollanta Humala, afirmó hoy la jefa del Gabinete Ministerial, Ana Jara.

“Entendemos que en este caso se ha aceptado la renuncia que ha sido solicitada con meses de anticipación”, manifestó.

Consultada sobre si la denuncia de la ex procuradora anticorrupción adjunta Yeni Vilcatoma contra Roy Gates por injerencia política en el caso La Centralita influyó en la salida del abogado, Jara dijo que la aceptación de su dimisión “obedece a la voluntad directa del primer mandatario”.

RPP

La ex procuradora adjunta anticorrupción Yeni Vilcatoma aseguró que la renuncia de Eduardo Roy Gates es “una consecuencia de las denuncias que yo he interpuesto en el mes de diciembre”, señaló.
“La interferencia del señor Roy Gates al participar en una reunión donde no tenía por qué estar presente y recibir información reservada de un caso concreto -específicamente de Martín Belaunde Lossio- se vio materializada el día de hoy”, añadió.
Como se recuerda, Yeni Vilcatoma fue despedida del cargo de procuradora adjunta anticorrupción tras exigir la dimisión del ministro de Justicia, Daniel Figallo, por convocar a una reunión -en la que participó Roy Gates-, donde se observó un interés para otorgar el beneficio de la colaboración eficaz a Belaunde Lossio.

La República

Llorando la leche derramada

Ricardo Uceda

El caso llegó a la Corte Suprema bajo el sistema aleatorio de derivación de expedientes. Pudo haber ido a la Sala Penal Transitoria, que preside César San Martín, o a la Penal Permanente, que encabeza Javier Villa Stein. Tras lo visto, poca duda hay de que cualquiera de las salas hubiera resuelto igual. Algunos piensan que San Martín y Villa Stein dirigen a sus pares como focas amaestradas. No es así. Estos enfrentados jueces, quienes aparte de su enemistad usualmente representan corrientes distintas de interpretación de las leyes, pierden la votación en no pocas ocasiones.

Pero en el caso Belaunde Lossio hubo unanimidad para rechazar su pedido de extradición a Bolivia. Es por el Caso La Centralita, pues en el expediente Antalsis la investigación, aunque con enorme potencial, aún no ingresa a una etapa judicial. En la Sala de Villa Stein los cinco jueces tienen una trayectoria disímil respecto de la forma de condenar al principal delito implicado en La Centralita, el de peculado. ¿Por qué, entonces, todos votaron por rechazar la demanda?

El peculado es un delito de funcionarios públicos. Lo comete quien se apropia de bienes públicos en su beneficio o para terceros. El autor no puede ser un privado, de acuerdo con la ley. Pero en muchos casos los jueces peruanos interpretan la ley aceptando que un privado pueda ser “cómplice secundario” del peculado. Le dan una menor pena que al autor, funcionario público. Otros jueces votan distinto.

Villa Stein, por ejemplo, vota consistentemente bajo el criterio de que solo un funcionario público puede recibir castigo por peculado. Otro miembro de la Sala Penal Permanente, Duberlí Rodríguez, suele votar en un sentido más amplio. Sin embargo, lo que estaba en juego el viernes 6 de enero, durante una discusión interna de los supremos, era lo que decía la ley boliviana. ¿Penalizaba por peculado a un privado? Los jueces tenían el Código Penal del vecino país en sus carpetas. Sabían que es parecido al de Perú: solo los funcionaron estatales pueden cometer peculado. Pero abre un resquicio para sancionar a alguien que no lo fuera, con una pena menor. Un vacío de la demanda de extradición es que no informaba si en Bolivia hay privados sentenciados como cómplices secundarios de peculado.

–¿Encontraron casos de castigo a privados por peculado en Bolivia? –le preguntó Villa Stein al procurador Joel Segura, durante la audiencia pública.

–No –dijo Segura.

La respuesta definió la votación de los jueces. Quienes escribieron la demanda no se documentaron en el punto de mayor controversia. Por lo menos pudieron haber citado casos de Alemania, cuya legislación sobre peculado es idéntica a la de Bolivia –fue su fuente– y donde los jueces mayoritariamente consideran a privados cómplices secundarios cuando hay pruebas.

El peculado era el único debate, porque el otro delito que ofrecía el expediente, asociación ilícita para delinquir, en Bolivia solo tiene una pena máxima de dos años de prisión, insuficientes según el Tratado de Extradición. En Perú, en cambio, la pena por corrupción puede llegar hasta los seis años. En Bolivia hay mayor severidad solo en casos de narcotráfico o trata de personas, algo de lo que es imposible acusar a Belaunde Lossio.

De modo que el expediente acusaba por las puras al prófugo de asociación ilícita para efectos de la extradición. Por eso los jueces desecharon este cargo desde el primer minuto y se concentraron en el delito de peculado. No es exagerado afirmar que si la demanda contenía casuística sobre sanciones por peculado a privados en Bolivia, el pedido de extradición podría haber sido aprobado por la Corte Suprema. O por lo menos la objeción a la pertinencia de la figura de peculado hubiera sido salvada.
–Yo me hubiera dado por satisfecho en ese punto –dijo uno de los vocales confidencialmente–. Y tal vez hubiera habido mayoría.
Este trío, hipotéticamente, quizá hubiera estado compuesto así: Segundo Morales, Duberlí Rodríguez, Enrique Loli.
Pero el expediente tenía otro error, a la vista insalvable: no decía cómo y cuándo se habían cometido los delitos.

El tema de la correcta tipificación de los delitos cometidos supuestamente por Martín Belaunde Lossio fue el talón de Aquiles del caso desde un comienzo. ¿De qué se lo acusa? De haberse beneficiado con los dineros del Gobierno Regional de Áncash para ejercer actividades ajenas a las obligaciones de un contratista, como son atacar a los opositores del presidente César Álvarez y pagar ilícitamente a periodistas. Ilícitamente porque era dinero del Estado. Colaboradores eficaces dieron testimonios incriminatorios directos, pero su versión no bastaba para describir pormenorizadamente el delito de peculado, de asociación ilícita,  de lavado de dinero y otros que pudieran configurarse. Faltaba documentación probatoria.

¿Qué pruebas? Por ejemplo, los contratos desde donde salió el dinero para pagarle a Belaunde Lossio los veinte mil soles mensuales que según un testigo percibía. La documentación original de Ilyos Producciones –la famosa empresa del incriminado– que demostrara su condición fantasmal. De acuerdo con el Código Procesal Penal, la demanda de extradición debe contener “la descripción del hecho punible, con mención expresa de la fecha, lugar y circunstancias de su comisión y sobre la identificación de la víctima, así como la tipificación legal que corresponda al hecho punible”. Los fiscales, el Procurador, no tenían esta información durante la audiencia del pasado viernes. Estaban perdidos en la sala.

–¿Cuáles son los delitos? –le preguntó Villa Stein al Procurador Anticorrupción Joel Segura, para luego ridiculizarlo cuando este respondió que Belaunde Lossio encargaba notas periodísticas. “Entonces cierro la puerta y me llevo presos a los periodistas que están aquí”, dijo el juez. El fiscal designado para la audiencia, Alcides Chinchay, no sabía dónde estaba parado. Antes de la sesión gestionó informalmente ser reemplazado por otro colega, porque “no estaba empapado del caso”. Recién se lo habían asignado.

Razón tuvo Yeni Vilcatoma en su insistencia, cuando era Procuradora Anticorrupción, para que el fiscal Marco Huamán realizara diligencias compulsivas sobre la administración del Gobierno de Áncash (en el proyecto Chinecas había una caja chica para La Centralita) a fin de que incautara documentos. Pidió sustentar la acusación de lavado de activos, lo que tampoco se hizo. En el caso Áncash se sabe lo ocurrido, pero hay que conseguir las pruebas mediante una investigación voraz del Ministerio Público. Huamán, según Vilcatoma, no creía en las imputaciones del caso. Él y su jefe, el coordinador supranacional Gustavo Quiroz, propiciaron una reunión con el Ministro de Justicia para “unificar criterios”, esto es, sacarse a la Procuraduría de encima. La Procuraduría pidió la separación de Ramos y Quiroz, ambas denegadas, y Vilcatoma terminó denunciando al Ministro de Justicia y subrogada.

El papelón del viernes protagonizado por el juzgado, el Ministerio Público y la Procuraduría deja al descubierto asuntos más graves. Decenas de prófugos del caso pueden irse a Bolivia y mantenerse a buen recaudo. El propio César Álvarez está en una posición ventajosa. Pues hasta el momento no se ha acreditado cómo se robó millones de soles para sus actividades ilícitas. Se sabe que robó, pero eso no sirve de nada en un juzgado.

RPP

Tras destaparse el escándalo del banco británico HSBC, que supuestamente ayudó a evadir el equivalente de 12.500 millones de dólares a 9.187 clientes, se sabe que hay varios peruanos involucrados, entre ellos el ex secretario general de la ONU Javier Pérez de Cuéllar.
Según el diario La Sexta de España, el también ex candidato presidencial tendría unos US$8 millones vinculados a una sociedad llamada Children Client Fundation.
De acuerdo al matutino, la fundación ha negado que Pérez de Cuéllar tenga poder o beneficio sobre la cuenta.

Felicitado por algunos, repudiable para otros, el italo francés Falciani brindó los datos que permitieron que el diario francés Le Monde y El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) difundieran los datos de 130.000 presuntos evasores fiscales. Falciani fue empleado del banco entre el 2001 y el 2008.

El banco HSBC contaba en el 2007 con más de 30.000 cuentas de clientes de más de 150 países con fondos por más de 118.000 millones de dólares. El número de clientes fue reducido luego a 10.000 de 50 países y los fondos actuales son de 68.000 millones de dólares.

La República

Un almuerzo en el restaurante de un hotel ha puesto en aprietos al actual vicepresidente del CNM. En pleno proceso de evaluación de magistrados, el consejero del CNM Máximo Herrera Bonilla celebró una reunión informal con uno de los postulantes.

Fidel Castro Chirinos, titular de la décimo quinta fiscalía provincial penal de Lima, se perfilaba como el nuevo fiscal superior especializado en Criminalidad Organizada.Los puntos de Castro Chirinos estaban por encima de otros magistrados postulantes como Mirtha Medina Seminario y Marco Guzmán Baca, el entonces ex coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos.

Con el examen de conocimientos escrito, solo le faltaba superar la evaluación curricular y la entrevista de los consejeros, entre ellos Máximo Herrera Bonilla, para hacerse de la plaza.

El 17 de diciembre, un mes antes de asistir a la entrevista convocada por los integrantes  del Consejo, el fiscal Castro Chirinos fue convocado por el consejero Máximo Herrera en un ambiente privado del restaurante del Sheraton Hotel, ubicado en el centro de Lima.

En la reunión, además del postulante y Máximo Herrera, estaba Julio Guevara Paricana, un abogado conocido en el medio judicial. Las fuentes consultadas revelan que no fue el primer encuentro entre el postulante y su evaluador: otra reunión fue realizada por esos días y en el mismo lugar. El lente de nuestra reportera captó discretamente el momento de la animada conversación de consejero, postulante y compañía. Al culminar el almuerzo el consejero y sus allegados salieron por la puerta principal del hotel mientras el fiscal Fidel Castro y el abogado Guevara tomaron otra salida.

Luego, según se sabe, el presidente del mismo, Pablo Talavera Elguera anunció que Máximo Herrera se inhibiría de las entrevistas porque había información que comprometía al consejero y de paso, la labor realizada por el CNM. “Me abstengo porque me han tomado unas fotos, me han encontrado en una reunión”, habría dicho ante los demás consejeros reunidos. Sin embargo, su decisión ya era innecesaria. Un día antes, el postulante Fidel Castro había decidido retirarse del proceso de evaluación y no asistir a la entrevista.