ESTA NOCHE domingo 31 marzo 2019

ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.

MEDIA COLUMNA

La ley de Úrsula

Jorge Morelli

@jorgemorelli1

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Ursula Letona ha aprendido que la política es el arte de lo posible. Hoy está haciendo el aprendizaje de la humildad.

Ha presentado un gran proyecto de modificación constitucional. El primero verdaderamente grande de su carrera, que hoy recién empieza. Ya es mejor congresista de lo que ha sido.

El proyecto toma por las astas un toro que nadie se ha atrevido a capear. El de la reforma laboral en su aspecto más filoso: que la reposición en el puesto no es la forma racional de compensar el despido, sino la indemnización justa, pactada libremente entre las partes.

Presentar este proyecto es una decisión politica que revela un gran valor personal. Lo más extraordinario, sin embargo, es su argumento práctico.

No hay reelección, dice. Por lo tanto, no existe capital político qué arriesgar. O, más bien, por qué no arriesgar por el país el capital que pueda quedar luego del naufragio. Es algo de un pragmatismo digno de estos tiempos en que el resultado es lo que vale, no importa la legitimidad del motivo. 

  
Viéndolo bien, es incluso asombroso. Quién diría que lo que el gobierno no se atreve a hacer por no renunciar a la reelección, podría hacerlo el Congreso precisamente porque, no habiendo reelección, para bien o para mal está más alla y por encima de la tentación. Nadie pensó en eso al derogar la reelección. Es un rédito imprevisto, un afortunado efecto secundario.

Es lo que la congresista pide ahora a sus cuasi ex compañeros de Fuerza Popular: sacrificar lo que queda de su mayoría en aras del bien del Perú.

Es una nueva madurez, que la congresista muestra con diáfana transparencia. Harían bien en escucharla y aplaudir que haga fuerza de flaquezas, porque esa es la definición misma del liderazgo legítimo. Con este solo gesto, Úrsula Letona ha levantado por primera vez un capital político que nunca antes tuvo. Y que podría ser también de Fuerza Popular.

Es el beneficio inesperado de su honesto aprendizaje de la humildad. 

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ESTA NOCHE sábado 30 marzo 2019

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¿Quién es el responsable del caos?

Jorge Morelli

@jorgemorelli1

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Nueva Fuerabamba es la ciudad que la empresa minera de Las Bambas, MMG, una corporación de capitales chinos en su mayor parte, construyó para permutarla por los terrenos donde se asentaba la antigua Fuerabamba, porque debajo de ella se hallaba el yacimiento de cobre de la mina más grande del Perú.  Además, entregó una suma considerable a cada familia, un colegio y un policlínico. Seguía así el ejemplo Chinalco, otra minera china, que en Toromocho también construyó una nueva ciudad para poder trabajar debajo de la antigua. Son las reglas de la nueva minería en todas partes. Primero hay que establecer la confianza, antes incluso de comenzar la explotación.

¿Cuál es, entonces, la razón de que todo se haya desviado tan mal de su cauce en Las Bambas? Como siempre, la  clave de todo está en el tema de la propiedad.

 

Veamos. En la legislación estadounidense, el dueño del suelo es dueño del subsuelo al mismo tiempo y, por lo tanto, de todos los recursos que contiene. Si alguien encuentra petróleo u oro en su patio trasero llama a la empresa de petróleo o de oro y firma un contrato con ella. En el Perú, si uno encuentra oro en su patio, el oro es del Estado. Y es el Estado entonces el que firmará el contrato con la empresa. Esta es la raíz de todos los conflictos.

En América Latina, siguiendo el modelo de la legislación del naciente Estado alemán de fines del siglo XIX, el dueño del subsuelo es el Estado. El suelo puede pertenecer a un privado, a una comunidad andina o amazónica. En algunos casos de forma inmemorial. Algunas comunidades andinas todavía guardan sus títulos otorgados por la Corona española durante el Virreinato. Pero la mayoría de las seis mil comunidades andinas y las dos mil amazónicas no son propietarias de sus tierras, porque el Estado peruano no les ha entregado títulos de propiedad. Son poseedores de siglos atrás.

¿Por qué el Estado peruano no ha titulado la propiedad? Las complejidades tecnológicas no son sino pretextos. Si la Corona española pudo entregar títulos a las comunidades, cómo va a argumentarse que en 200 años de República el Estado no ha podido hacerlo. Hay otras razones: una es que nadie estorbe sus tratos con las empresas extractivas. Y los litigios de tierras interminables: otra falla monumental del Estado.

En los conflictos entre comunidades y empresas hay siempre tres puntos de vista: el de la comunidad, el de la empresa y el del Estado. Hay que mirar desde vada uno.

Desde el punto de vista de las comunidades de Las Bambas, ellos son propietarios de unas tierras sobre las que se construyó una carretera que luego sería declarada “vía nacional”. Y que hay una servidumbre de paso por la cual la comunidad no cobra porque permutó las tierras. Pero las comunidades de la periferia del entorno inmediato también quieren participar de los beneficios como parte de la “zona de influencia”. Y, como eso no está previsto en el marco de una política de Estado ni en la ley, encuentran legítimo echar mano de lo que esté a su alcance para hacer valer su derecho percibido. Aparecen entonces oportunistas que proponen el bloqueo de la carretera de salida del mineral hacia el puerto. Y que extorsionan luego a la empresa a cambio de levantar el bloqueo mientras las comunidades dejan hacer intimidadas o deslumbradas por el interés. 

El punto de vista de la empresa está ilustrado en las fotos adjuntas. La empresa cumplió el compromiso de construir el nuevo pueblo, con un colegio, un policlínico y plantas de agua, y ha entregado a cada familia una cantidad importante. Paga puntualmente regalías e impuestos al Estado local, regional y nacional. ¿Cómo va a aceptar la extorsión para que se levante el bloqueo?    

El punto de vista del Estado es el más indefendible. El mismo Estado que se ha arrogado la propiedad del subsuelo y que no extiende títulos de propiedad a los poseedores del suelo, vive de las regalías y los impuestos de la minería que financian la mayor parte de su presupuesto. Presupuesto que gasta mal, dejando de construir las escuelas y hospitales que luego la empresa tendrá que edificar.  

Claramente, el responsable de este caos es el Estado.

Y la conclusión necesaria es que, si hacen falta dos para bailar tango, tres son demasiados. El Estado está demás en lo que en el futuro será el libre contrato entre la comunidad y la empresa.

Pero una comunidad capaz de negociar de igual a igual con la empresa requiere cuatro condiciones necesarias: 1. plena propiedad de la tierra; 2. puesta en valor de la tierra con agua; 3. participación en la renta de la explotación del recurso natural bajo la tierra; y 4. consulta previa a los pueblos originarios. Este debe ser el marco de la política de Estado a este rewspecto y no la intervención directa en la propiedad.  

Porque, sin propiedad, no puede haber venta de la tierra, ni alquiler de la misma, ni libre contrato de la comunidad con la empresa, ni inversión sostenible, ni paz social. Y sin propiedad, los comuneros son y siempre serán ciudadanos de segunda categoría.

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ESTA NOCHE miércoles 27 marzo 2019

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El silencio que crece

como un cáncer

Jorge Morelli

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El Gobierno no ha tenido participación alguna en la acertada decisión de detener por fin a los abogados y al dirigente por sus desmanes contra la mayor mina del Perú, de la que vive el país. La decisión ha sido del poder Judicial a pedido de la Fiscalía, y ha sorprendido al Gobierno.

El Gobierno hace mucho debió pedir públicamente la detención. Tarde o temprano, la fiscalía iba a verse obligada a hacerlo. Es lo que ha ocurrido. ¿Qué hay que lamentar?

La detención es preliminar, por 15 días. El bloqueo de la carretera y la extorsión a la mina por 100 millones de soles a cambio de levantarlo son delitos uno sobre el otro. El allanamiento de doce inmuebles en Abancay ha arrojado cartuchos de dinamita, pólvora y cacerinas. De Fuerabamba han sido expulsados 120 comuneros por tener restaurantes, hospedajes, o prestar servicios de transporte o mantenimiento de vía a la empresa. La violación de sus derechos constitucionales clamorosa.

Pero esto no les preocupa a las autoridades, que callan en este lado de los derechos. Los gobernadores regionales usan un lenguaje ambiguo y no denuncian ni el bloqueo ni la extorsión, apoyan implícitamente el condicionamiento del diálogo a la liberación de los detenidos. Y el viceministro de la PCM a cargo del diálogo, preocupado por los derechos del detenido, anuncia  que el Ministerio de Justicia ha intercedido para que la situación se “encamine lo más pronto posible”. Agrega que el propósito del gobierno es “recuperar la situación de paz” que es “un compromiso que todos debemos asumir”. Es un mensaje a los jueces y los fiscales que correctamente decidieron la detención de quienes hace 50 días tienen bloqueada la carretera y extorsionan a la empresa para levantar el bloqueo. Mientras tanto, el Ministerio de Transportes ha iniciado un estudio técnico para determinar el monto que corresponde pagar a las comunidades. Es un mal chiste. ¿Qué ha estado haciendo todo este tiempo? 

La mina de Las Bambas genera más de 26 millones de soles mensuales en beneficio del gobierno regional de Apurímac y de 83 municipalidades de la región. El pago está suspendido desde el bloqueo en febrero. ¿Y todos estos también enmudecieron 50 días?

¿Qué clase de terror político puede explicar este silencio que crece como un cáncer?

El gobierno ha callado a toda costa durante años. Y ahora quiere dialogar enviando por un lado a tres ministros y por otro un ínfimo contingente policial a reabrir la vía bloqueada. Es tarde. El efecto de demostración ya cundió. El mal se ha contagiado. Lo que hace el gobernador regional de Moquegua –firmante de la protesta contra la detención- al exigirle a Southern 2,000 millones de soles para darle la licencia social a Tía María es la prueba.

No son solo las empresas mineras las víctimas de la extorsión que se disemina como la metástasis silenciosa de un cáncer. Es el Perú quien la padece. 

ESTA NOCHE lunes 25 marzo 2019

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La proporción áurea

Jorge Morelli

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Milton Friedman escribió alguna vez que la función de los bancos centrales debería limitarse a emitir todos los meses solo la cantidad de dinero que la economía necesita para moverse. Habló de una emisión anual de 3 por ciento.

¿Por qué 3 por ciento? Friedman no lo dijo. Pero un observador sagaz sospecharía que implícitamente, sin reconocerlo, estaba tomando como referencia el hecho de que 2.6 por ciento es, en promedio, lo que crece anualmente la producción de oro en el mundo.  

Si es cierta la observación, no es poco importante. Significaría que Milton Friedman -el abanderado del liberalismo económico de la Universidad de Chicago, el discípulo de Friedrich Hayek, el gurú de Margaret Thatcher y Ronald Reagan y de la reforma económica chilena (con Augusto Pinochet)- no descartaba que el dinero –a diferencia de todo lo demás- no debe flotar en el mercado en la marea de la oferta y la demanda.

O sea, el dinero necesitaría el respaldo en un valor económico real y no puramente virtual, en papeles cuya ficción puede esfumarse.

Ese vínculo ha tomado históricamente como referente al oro. Oro físico, desde luego, el que está en las bóvedas de los bancos centrales o en manos privadas, y no futuros de oro, que son papeles. China, por ejemplo, tiene 20 mil toneladas de oro en el banco central -que equivalen al 70 por ciento de los yuanes circulantes- y otras 18 mil toneladas en manos de privados. India no debe estar lejos.

No hablamos del oro indeterminado que se halla bajo la tierra. No es una broma. En el Fausto, Goethe inserta una fascinante conversación entre Mefistófeles y el Rey, en la que éste se queja de que sus arcas están vacías. Mefistófeles desliza entonces la idea diabólica de que el Rey puede emitir moneda a discreción con el respaldo del oro que está bajo la tierra. Naturalmente, el Rey halla la idea fascinante. Esto es lo que pasa con los bancos centrales.

De allí no había sino un paso a que los Estados latinoamericanos –siguiendo el ejemplo de la legislación del recién creado Estado alemán en el siglo XIX- declararan que los recursos naturales bajo el suelo -el oro entre ellos- pertenecen al Estado y no al propietario del suelo (como en la legislación norteamericana). Las consecuencias económicas y políticas de ambos regímenes difieren como el día de la noche.

No habría dictadura en Venezuela, por ejemplo, si el petróleo no estuviera en manos del Estado. El subsuelo en manos del Estado produjo que el poseedor del suelo no tuviera título propiedad, para que no estorbara el negocio entre el Estado y la empresa concesionaria del recurso.

La libre flotación del dólar en el mercado global desde 1971 -en que Nixon rompió el vínculo con el oro establecido en 1944 en Bretton Woods- ya había producido para 1985 un desequilibrio tal que el mercado financiero, solo de la plaza de Nueva York, ya era entonces 25 veces más grande que todo el valor del comercio mundial. Si existiera una relación proporcional saludable entre ambas magnitudes que debe ser respetada, esta se halla quebrada desde hace más de 30 años. Ese es el origen de las mega burbujas que han aparecido y colapsado una tras otra en la economía global de las ultimas décadas.

Hernando de Soto dijo una vez que el problema del siglo XXI es precisamente que mientras en las economías desarrolladas los papeles no tienen bienes detrás, en las economías emergentes los bienes no tienen papeles. Son las dos caras de la misma moneda.

En el Renacimiento habrían dicho que la relación entre la economía real y la virtual –entre los bienes y los papeles- debe guardar una cierta proporción que existe en la naturaleza, a la que ellos llamaron la proporción áurea. 

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ESTA NOCHE domingo 24 marzo 2019

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Cuando llegue el

resto de la verdad

Jorge Morelli

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Es necesario esperar a que llegue de Brasil toda la información ofrecida para saber cuánto vale en realidad. Tiene que ser información nueva, porque esa es la razón de ser del acuerdo. Sin ella, el acuerdo no tiene sentido.

Se desprende de esto, entonces, que el Perú debe firmar ese famoso acuerdo sí o sí. Es una decisión política. Pero basada en el entendido de que hay una verdad que le es indispensable conocer al país, cuyo mérito justifica plenamente la decisión política. 

El acuerdo es, entonces, virtualmente un contrato. Supone una contraprestación.

Esa contraprestación tiene que estar a la altura de lo que el Perú concede, debe tener la relevancia necesaria no solo en la balanza del poder Judicial, que es lo que se discute ahora como si fuera la última palabra, sino sobre todo de su juez último: los peruanos.

Porque lo que se concede no es poco: que la empresa brasileña pueda seguir operando en el Perú.

Eso es lo principal y es cualitativo. No hay grados en esa decisión: es o no es. Hay, además, consideraciones cuantitativas menos relevantes, como la reparación civil, por ejemplo, relativamente pequeña. Pero el contrato no es sobre más o menos dinero. Es sobre una cuestión de principio: la empresa puede seguir operando en el Perú porque revela el resto de la verdad.

Por eso las opiniones que la prensa ventila con aspaviento, sobre si firmar o no, o sobre si se presiona al poder Judicial, están de más. Solo firmando sabremos el resto de la verdad y si es la contraprestación que el contrato supone.

Si no lo fuera, si hubiera un virtual incumplimiento de contrato, estaríamos ante una estafa. El Perú, entonces, como Estado soberano podría eventualmente denunciar el acuerdo y proceder como crea conveniente respecto de la continuidad de la operación de la empresa en el país.

Las discusiones actuales son en su mayor parte política menor, irrelevante o innecesaria. Sabremos a qué atenernos solo cuando conozcamos el resto de la verdad.

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ESTA NOCHE miércoles 20 marzo 2019

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Geopolítica de Evo 

Jorge Morelli

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El Perú está ante un audaz proyecto geopolitico que instrumenta a Evo Morales. Es el embrión de una nueva versión de exportación del castrismo cubano y el chavismo bolivariano. Podría llamarse evo imperialismo. Está ante nuestras narices y no lo vemos.   

Si se tratara de un gobierno boliviano democrático, ese proyecto siempre sería digno de cuidadosa atención y quizás no representaría ninguna amenaza para el Perú. Pero con Evo nos hallamos ante algo de proporciones desconocidas e intenciones políticas visibles. 

Se trata del proyecto de abastecer la energía del sur del Perú con gas boliviano mediante un gasoducto desde sus yacimientos, que hoy prospera gracias al fiasco brasileño del Gasoducto del Sur de Camisea a Ilo.

Todo el Perú sabe ya que Puno se ha convertido en un nuevo polo económico. Lo que el Perú desconoce es su magnitud. Los limeños en particular ni sospechan las proporciones de la nueva riqueza generada por la minería del oro ilegal, del narcotráfico y el contrabando en proporciones gigantescas. Los mineros y sus candidatos hoy se desplazan en helicóptero. Y en Puno no hay registros de propiedad, no hay seguridad, no hay agua potable siquiera. El Estado peruano virtualmente no existe. El oro ilegal se contrabandea a Bolivia, donde es “lavado” dentro de un marco legal permisivo.

Varias generaciones de limeños crecieron tontamente en la idea culposa de que Puno es un lugar muy pobre del Perú. Hora de saber historia. El Collao fue un emporio de riqueza siempre. En el Tahuantinsuyo y en el Virreinato. Fue la creación del Virreinato del Río de la Plata y de la República del Perú, luego, lo que arruinó a Puno y al sur. Pero esa era ha pasado. Cualquier visitante puede dar fe de lo que hoy ocurre. La acumulación de riqueza es impresionante. Basta asistir a La Candelaria para ver el despliegue masivo de decenas de orquestas de cientos de músicos cada una, y de miles de bailarines con atuendos que requieren una inversión que cada año financia una multitud de generosos padrinos. Como todos sabemos, además, lavocación comercial e industriosidad de los aimaras ha llevado a expandir la migración de los puneños a todo el Sur. Hoy son una proporción de la población incluso electoral de Arequipa, Moquegua y Tacna. Ya controlan el comercio local y -como los chinos en el Sudeste asiático- en una generación más serán banqueros.   

En este contexto ahora, reconsidere el lector las proyecciones del proyecto boliviano de abastecer de gas a todo el sur del Perú. Considere, además, que el gobernador regional de Puno, Walter Aduviri, no solo no oculta su admiración por Evo, sino que tiene a su gobierno explícitamente como modelo político. Considere, sobre todo, que siendo el presidente, Martín Vizcarra, moqueguano de nacimiento, mira con simpatía el proyecto y ya envió al ministro de Energía de su gobierno a firmar un preacuerdo con Evo para la construcción del gasoducto desde Bolivia. El gobierno peruano, además,ya adelantó su marcada preferencia por el tren transoceánico desde Sao Paulo hasta Ilo pasando por territorio boliviano por sobre otras alaternativas incluso comercialmente más rentables.

Si alguien cree que un proyecto de esta magnitud es uno de interés puramente comercial es un ingenuo. Este es un proyecto de dimensiones geopoliticas.Estamos ante la pugna entre intereses globales para definir quién controla los recursos naturales –agua, cobre, oro, litio- de toda la región para el siglo XXI  y, en lo inmediato, quién construye la infraestructura de conectividad interoceánica de América del Sur.

Si la iniciativa comercial le conviene o no al país es un tema que el Perú necesita ventilar y debatir públicamente. Ese debate indispensable no tiene lugar, sin embargo, porque el Perú esta muy ocupado mirándose el ombligo en un batalla obsesiva con fantasmas, creyendo luchar contra la corrupción.

Entregarle a Bolivia la llave de la energía del sur del Perú, no obstante, es harina de otro costal. Es modificar el equilibrio geopolitico de toda la región -lo que repercutirá mal en el balance de las relaciones entre el Perú, Bolivia y Chile- para llevar a cabo una agenda que no conocemos.

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ESTA NOCHE lunes 18 marzo 2019

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Derrota final del 

radicalismo antisistema

Jorge Morelli

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El escenario es uno de dos orillas. La polarización ha hecho desaparecer el centro político.

En una de ellas están los radicales y su comparsa caviar de tontos útiles. Son los fabricantes del Terror para capturar el poder mediante la reelección. Politizar la lucha anticorrupción es la herramienta.

Pero tienen dificultades para articular una única candidatura para el 2021. Su tendencia natural es a la fragmentación. Aun así, se pondrán detrás de alguien de sus filas o del más cercano a ellas que haya logrado pasar a la segunda vuelta.

En la otra orilla, ha volado la santabárbara de la nave insignia de Fuerza Popular, y la gente pide un “Bolsonaro”, que ponga orden en la política para que la economía pueda crecer de nuevo.

Hay una gran novedad, sin embargo, y es que, por primera vez en la historia del Perú la clase media va a decidir el resultado de las elecciones del 2021. Con la llegada de una nueva clase media en estos años, esta ha alcanzado ya la masa crítica necesaria. La nueva clase media surgió de la pobreza en los años del crecimiento de la economía, que llegó a ser de 6 y 7 por ciento anual y hasta de 9 por ciento por una vez.

Pero eso ya quedó atrás. La desaceleración es lo real hoy. Tenemos un crecimiento mediocre de 3 o 4 por ciento, que no permite ya sacar a nadie de la pobreza y es insuficiente –he aquí lo más grave- para asegurar que no recaiga en ella una gran parte de los que habían salido. Nos lo advirtió Moisés Naim: hagan lo posible, dijo, para impedir que ese 40% que ha salido de la pobreza vuelva a caer en ella, porque los resultados políticos serán impredecibles.

En efecto, la clase media, que con esfuerzo logró comprar un departamento con hipoteca y un automóvil a crédito durante las vacas gordas, se ve en dificultades hoy para cancelar las cuotas al banco. Ya es consciente de que existe el peligro de recaer en la pobreza.

Entonces, ¿cómo votará el 2021 esa clase media amenazada si tiene que elegir entre las dos orillas?

No parece que vaya a estar en favor de cambios radicales en su mayoría. Ya sabe que es corrupción lo que eso incuba en favor de algunos privilegiados. Más bien estará a favor de que la economía retome cuanto antes el crecimiento para no perder el empleo, el auto o el departamento. Para eso, sin embargo, hace falta poner orden. Las elecciones del 2021, por lo tanto, van a convertir en favorito a un “Bolsonaro” local. Si conoce los temas y tiene capacidad de trabajo, mejor, pero lo esencial en una elección es el carácter.

El radicalismo antisistema ya sabe que no tomará el poder por la fuerza en el Perú. Fracasó con la derrota del  terrorismo. Pero se propuso un plan pérfido: infiltrar el Estado e impedir con una radical ofensiva antiminera, falsamente ambientalista, que en el Perú se inviertan los cien o cienticincuenta mil millones de dólares necesarios para terminar con la pobreza. Desde su orilla, no obstante, la izquierda comienza a avizorar hoy que esta segunda traición tampoco tendrá éxito.   

Es posible pronosticar, entonces, que las elecciones del 2021, en que el Perú cumplirá 200 años de existencia, serán el punto de inflexión en que la mayoría en un nuevo universo electoral derrotará para siempre al radicalismo antisistema.

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