lunes, 27 de julio de 2020

MEDIA COLUMNA viernes 24 julio 2020


 

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MEDIA COLUMNA
De la soberanía a la propiedad:
deconstruyendo Escazú


Jorge Morelli
@jorgemorelli1


Si el Congreso ratificara el Acuerdo de Escazú, las controversias ambientales en territorio peruano pasarían a ser resueltas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y administradas por la CEPAL, desconociendo la Constitución del Perú con el objeto de abrir una grieta para la injerencia política de esas organizaciones supranacionales en la soberanía peruana.

Escazú es un presente griego, el perfecto caballo de Troya de la astucia política caviar para recortar la soberanía del Perú en nombre de la supuesta defensa del ambiente convirtiéndola en un derecho humano.

Pero es una falacia: la defensa de los derechos humanos no necesita de una soberanía supranacional, que es su principal enemiga. Porque no necesita de ninguna soberanía –ni global ni nacional- que no sirva al reconocimiento del derecho de los ciudadanos a la propiedad de la tierra respaldado por el Estado para su puesta en valor en el mercado global.

Pero es necesario desmontar, deconstruir el engaño. Paradójicamente, este se funda en el mito de una mítica soberanía global sabia y omnisciente, que en realidad esconde una reinvención del absolutismo. Ese mito es reaccionario. Instrumenta a los ciudadanos de unos Estados a pensar que, en nombre de un refrito del derecho natural, puede abolirse legítimamente el derecho positivo de otros Estado y los derechos de sus ciudadanos. O sea, unas mentes ilustradas y magnánimas saben más que las de unos nativos mezquinos e ignorantes a los que hay que civilizar. Esta es la mentira detrás de la propuesta política de izquierda hoy en todas partes.    

Claro que la globalización trae beneficios para la libertad: mercados abiertos abaratan los costos de producir global y localmente, permiten un papel en la economía global para las economías emergentes. Cediendo incluso, cuidadosamente, competencias del Estado nacional a entidades supranacionales para prevenir que el proteccionismo mercantilista –como el que hoy vemos nuevamente- arrastre a todos inexorablemente a la guerra, como la historia demuestra. Y es innegable también que otras competencias son ventajosamente cedidas por los Estados -sobre todo las relativas a costumbres locales- a algunas pocas de las cinco mil etnías existentes en el planeta que han hecho de la descentralización su bandera. Así es como el Estado nacional ha ido despojándose de competencias en un proceso histórico de cuatro siglos para ir entregándolas progresivamente hacia arriba y hacia abajo, en dirección de entidades supranacionales y subnacionales.

Pero en este proceso hay fracasos, construcciones supranacionales fallidas –como hasta la fecha la Unión Europea o la Comunicad Andina-, y falsas descentralizaciones que disfrazan movimientos independentistas para crear nuevos Estados nacionales con los mismos vicios en el ejercicio de la soberanía. Y falsas regionalizaciones también, que reproducen localmente el centralismo, como en nuestro caso. Todos estos fracasos reproducen mecánicamente una seudo soberanía en el territorio que se impone por encima del derecho de los ciudadanos a la propiedad de la tierra, para comenzar. Y esto vale tanto para las organizaciones que pretenden imponer una soberanía supranacional al Estado nacional, como también para Estados nacionales que no reconocen el derecho de sus ciudadanos a la propiedad de la tierra. ¿Y no es esto acaso un atentado contra los derechos humanos?

El proceso histórico es uno que va gradual y libremente del concepto de la soberanía al de la propiedad.

“Invocamos al Congreso de la República a que no ratifique el Acuerdo de Escazú por ir en contra del espíritu y los principios de soberanía”, dice al respecto la alta oficialidad de las FFAA peruanas en el retiro. El Congreso debe enviar al tacho este burdo engaño. Es demasiado tarde para el burdo truco de Escazú. Quizás desgraciadamente aun funcione en otros lados, pero no en el Perú. Acá ya conocemos las malsanas ficciones jurídicas que esconden propósitos políticos. La CIDH y su brazo operativo, la CEPAL, no van a engañar a nadie acá con su pueril estratagema para capturar furtivamente el poder creyendo que nadie se da cuenta.



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