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MEDIA
COLUMNA
Baile
del salón rancio
Jorge
Morelli
@jorgemorelli1
El paro de
transportes del lunes pasado fue suspendido en Lima. Pero en el Cusco hubo
bloqueo de carreteras.
Fue
suspendido luego de “acuerdos” de los grandes transportistas formales con el
gobierno. Firmaron un acta la Confederación de Transportistas Terrestres
del Perú, el Gremio Nacional de Transportistas y Conductores (GNTC), la
Asociación Nacional de Transporte Terrestre de Carga, y la Unión de Gremios de
Transportes Multimodal. Los grandes gremios de carga suspendieron el paro a
cambio de los “acuerdos” con el gobierno.
¿Cuáles
fueron los “acuerdos”? El principal es incluir el diésel en el Fondo de
Compensación de Precios de los Combustibles (FCPC) por tiempo indefinido. Así
figura entre los puntos del acta firmada.
El galón
está hoy entre S/11.5 y S/23, pero está por verse si habrá reducción. La
experiencia al respecto es que el GLP envasado (balón de gas) que fue incluido en
el FCPC hace dos meses, para bajar en 11 soles el balón, ha vuelto a subir.
El balón de 10 kilos está entre S/ 38 y S/ 63. Es decir, la inclusión tiene un efecto
nulo y es un engaño o terminará desembocando en un subsidio escondido.
Pero lo peor
es que, si hubiera reducción, esta no es para todos. Solo para los “debidamente
autorizados”.
Los
gremios de carga no son los únicos con “acuerdo”, sin embargo. La reunión de
los gremios formales de transporte urbano de Lima con el gobierno fue el 3 de
noviembre, cinco días antes del paro. El “acuerdo” en ese caso renovó las rutas
a los transportistas por 10 años. Comentó luego el ministro que el plazo de 10
años “se enmarca en el esquema de concesiones que permite a los transportistas
títulos estables”. En verdad estas licencias son títulos nobiliarios del más
rancio mercantilismo.
El encono
en el enfrentamiento permanente entre formales e informales hace perder de
vista a los transportisas que el verdadero enemigo es el que tienen en común y
es el Estado: el oligopolio público-privado de Petroperú y una empresa privada
extranjera, que fija los precios finales de los combustibles al público sin que
el organismo regulador pueda o intente siquiera impedirlo.
Tal es el
margen de discrecionalidad del Estado que al gobierno de turno le resulta fácil
enfrentar a los transportistas entre sí -formales versus informales, grandes
versus pequeños- para llegar a “acuerdos” con unos contra los otros mientras
sube los precios a todos. No es solo para acomodar las alzas internacionales
sino para ir mucho más allá, a financiar planes políticos aun más rancios, como
el retorno a los campos de La Brea y Pariñas para “abastecer a la refinería de
Talara”.
El 30 de
noviembre habrá otra reunión de los transportistas formales con el gobierno
para evaluar el cumplimiento de los “acuerdos” que suspendieron el paro. Allí
se comprobará que -tal como ocurrió con los de marzo, en plena campaña
electoral- los “acuerdos” no se habrán cumplido.
La nueva
fecha del paro es el 1 de diciembre. Y así prosigue el baile del salón rancio.
