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ü Peru21: al menos cinco ministros que formaron
parte del Consejo Directivo de ProInversión podrían resultar incluidos en las
pesquisas de la Segunda Fiscalía Anticorrupción sobre el Gasoducto del Sur
ü La mega comisión que investigará el caso
‘Lava Jato’ se instaló hoy en el Legislativo
ü El comandante del Ejército brasileño descartó
un golpe militar, a pesar de la "crisis ética" del país
ü
En el caso de un indulto a Antauro Humala, el ministro
de Justicia, Aldo Vásquez, dijo que le hará saber al mandatario su “criterio” si
“hay un planteamiento formal” del tema
ü
Guerra de comunicados entre La República y El Comercio
La opinión
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MEDIA COLUMNA
Costo de las paces
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
Algunos medios cansados de la denuncia ya no quieren levantar más temas
de corrupción. No quieren acorralar al gobierno. Pero ahí está el caso Lava
Jato, llegado de Brasil como un virus, investigado ahora también por una
comisión del Congreso. El Gasoducto del Sur es un proyecto de siete mil
millones de dólares, entregado por el gobierno humalista a un postor único: el
consorcio formado por la empresa brasileña Odebrecht y la española Enagás.
Semanas atrás, la constructora Graña y Montero, vinculada al diario El
Comercio, anunció haber adquirido un importante paquete accionario del Gasoducto
del Sur, de manos de Odebrecht y Enagás. Sorprendió esa decisión, en plena
tempestad de denuncias. Al propio director de Peru21, diario del grupo El
Comercio, en primer lugar. Señaló que el proyecto es investigado por haber sido
entregado a un postor único. ¿Era una protesta? Hoy la portada de Peru21 indica
que la investigación del Gasoducto podría arrastrar a cinco ex ministros de este
gobierno.
Algún tiempo atrás tuvo lugar discretamente el cese del fuego del
gobierno humalista contra el grupo mediático El Comercio en la guerra de la “concentración
de medios”. En ella, un grupo de periodistas apoyado por La República denunció a
El Comercio injustamente por concentrar monopólicamente la propiedad de medios a
raíz de la compra de Correo.
Lejos de terminar, la guerra entre ambos grupos mediáticos ha
recrudecido, se ha trasladado a la pantalla, donde ambos comparten –socios incómodos-
el accionariado de un canal de televisión. Las cosas han llegado a tal punto que
ambos han comenzado a ventilar sus diferencias en comunicados públicos. Pero no
se ha vuelto a escuchar en boca del gobierno referencia alguna a la “concentración
de medios”. Su intervención en el asunto cesó de un día a otro, dejando abandonado
a su suerte a su ex aliado, La República. Todo indica, entonces, que el gobierno
y El Comercio han hecho las paces.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las
siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas,
editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo
como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
ANTICORRUPCION, PERSECUCION, JUDICIALIZACION
POLITICA
Peru21
Al
menos cinco ministros que formaron parte del Consejo Directivo de ProInversión
podrían resultar incluidos en las pesquisas de la Segunda Fiscalía
Anticorrupción sobre el Gasoducto del Sur, en el cual se investiga un
presunto favorecimiento en la adjudicación al consorcio integrado por la
empresa brasileña Odebrecht y la firma española Enagás.
Según
documentación de la Contraloría – a la que accedió Perú21 –, el 9 de junio de 2014, los entonces ministros
Eleodoro Mayorga (Energía y Minas), Luis Miguel Castilla (Economía), Milton von
Hesse (Vivienda), José Gallardo Ku (Transportes) y Juan Benites (Agricultura)
aprobaron la modificación del contrato de la referida licitación que terminó
beneficiando a la constructora brasileña.
“En la
versión final del contrato se modificaron las cláusulas que permiten el cambio
del ‘operador calificado’ (Enagás), eliminando la exigencia de que el
reemplazante cumpla con los requisitos establecidos en la precalificación y la
autorización del concedente (Estado Peruano), beneficiando al concesionario”,
se indica en el reporte oficial en poder del Ministerio Público.
El
órgano de control detectó este hecho luego de comparar las tres versiones del
contrato de concesión, el cual es por 34 años e implica el desembolso de más de
US$7 mil millones.
“Se
advierte la modificación consistente en la inclusión de un párrafo en la
cláusula 9.10.3 de la versión final” del documento contractual. Así, de acuerdo
con la Contraloría, “quedó establecido que se permita al concesionario el
cambio del ‘operador calificado’ –la española Enagás–, después de los primeros
10 años”. Es decir, Odebrecht podría
prescindir de su actual socia en el 2024 y optar por otra con menores
condiciones operativas.
Este
diario trató de obtener la posición de Odebrecht, pero no hubo respuesta.
Peru21
La
megacomisión parlamentaria que investigará los presuntos actos de corrupción de
empresas brasileñas en el Perú, conocidos como caso ‘Lava Jato’, se instaló hoy
en el Legislativo.
Entre
los temas que indagará este grupo de trabajo están las adjudicaciones de la
carretera Interoceánica Sur, de la planta de tratamiento de agua en Huachipa,
así como del Gasoducto del Sur.
La composición de esta megacomisión podría variar, pues la bancada oficialista
perdería un cupo luego de la renuncia de Walter Acha a esa agrupación
legislativa.
Existe
la presunción de un posible conflicto de intereses en el caso del Gasoducto del Sur debido a que el
responsable de la licitación, Édgard Ramírez, realizó consultorías para Odebrecht al menos dos años antes del
proceso de adjudicación. Incluso, el entonces ministro Eleodoro Mayorga había
brindado asesorías a la misma firma.
También
porque algunos de los informes legales utilizados por ProInversión para
descalificar al postor rival de la constructora brasileña fueron elaborados por
estudios relacionados a Odebrecht.
El Comercio, AFP
Sao
Paulo. El comandante del Ejército de Brasil descartó
cualquier posibilidad de un golpe militar, a pesar de la "crisis
ética" que atraviesa el país con el azote de la corrupción.
"No
hay chance de eso (de un golpe). Brasil es
un país de instituciones sólidas y maduras, que están cumpliendo su
papel", dijo el general Eduardo Villas Boas en una entrevista al diario O
Estado de Sao Paulo, publicada este lunes.
Villas Boas destituyó por estos días a otro general, entonces jefe del comando de las tropas en el sur de Brasil, por convocar a oficiales de reserva al "despertar de una lucha patriótica" y criticó a la presidenta Dilma Rousseff, amenazada con un juicio político.
Villas Boas destituyó por estos días a otro general, entonces jefe del comando de las tropas en el sur de Brasil, por convocar a oficiales de reserva al "despertar de una lucha patriótica" y criticó a la presidenta Dilma Rousseff, amenazada con un juicio político.
Villas
Boas, que fue designado por Dilma
Rousseff a comienzos de año, habló
hace dos semanas sobre el peligro de una "situación extremadamente
difícil" que puede desatar una "crisis social". De allí que
consideró "interesante" que "las personas no demanden, exijan
que el Ejército de Brasil tome
providencias para solucionar la crisis. Pero las personas están demandando, la
verdad, los valores que las Fuerzas Armadas encarnan y representan y que la
sociedad carece".
Brasil restableció
su democracia en 1985 tras 21 años de dictadura militar que comenzó en 1964 con
un golpe de Estado. Tres décadas después de la transición, la sociedad
brasileña sigue muy sensible ante la posible injerencia del Ejército en la
esfera política.
Peru21
Luego
de la escandalosa destitución de Julia Príncipe de la Procuraduría Contra el
Lavado de Activos por exigir investigar a la primera dama, Nadine Heredia, el
ministro de Justicia, Aldo Vásquez Ríos,
aseguró que respetará la autonomía funcional y la libertad de expresión de los
procuradores del Estado.
Agregó
que su actuación como ministro se basará en lo que establece la Carta Magna,
así se esté investigando a una persona cercana al gobierno.
Evitó
pronunciarse sobre el cese de la abogada Julia Príncipe. No obstante, precisó que si
Príncipe decide apelar su destitución, deberá pronunciarse “a futuro ante un
eventual recurso administrativo”.
Peru21
En
el caso de un eventual indulto a Antauro Humala, hermano del presidente Ollanta
Humala, el ministro de Justicia, Aldo Vásquez, dijo que le hará saber al
mandatario su “criterio” si es que “en su momento hay un planteamiento formal”
del tema.
En
la posible situación en que Ollanta Humala le consultara sobre un posible
indulto humanitario a Alberto Fujimori, el ministro de Justicia señaló que recomendaría que sea
“atendido”, siempre y cuando se trate de un caso humanitario.
Peru21
El
candidato presidencial por el Apra, Alan García,
afirmó que creará un canon comunal que “permita a campesinos hacer sus propias
obras” con el objetivo de incluirlos en el desarrollo económico del Perú. “El
campesino ya se cansó de ver que la empresa gana y el gobierno regional se
lleva las regalías”, afirmó en RPP.
El
exmandatario indicó también que la campaña electoral debe centrarse en
propuestas y no en ataques entre los candidatos. “En el alma y en la piel tengo
cicatrices de mil batallas. Ya aprendí a asimilar los insultos y ataques. No
encuentro algo que me moleste. Ojalá pudiera dejar un país más grande para su
bicentenario”, dijo.
Destacó
los programas sociales iniciados en el gobierno de Ollanta Humala y recordó que
la oposición no debe ser despiadada con el gobierno y viceversa.
Alan García resaltó el modelo económico instaurado por el
expresidente Alberto Fujimori, tras la catástrofe económica que vivió el Perú
luego de su primer mandato a fines de la década de 1980. “La política económica
moderna no es mía, es de Fujimori y la continuó Toledo de forma responsable.
Luego nosotros la llevamos al máximo”, indicó.
“Nunca
he destruido al señor Fernando Belaunde, jamás se me ocurrió llevarlo al
tribunal por el pecado de alguno de sus subordinados. ¿Por qué tengo que
defenderme de los pecados de Facundo Chinguel?”, preguntó.
ELECCIONES, PARTIDOS, ENCUESTAS, MEDIOS,
PSICOSOCIALES
El Comercio
A
pocos meses de las elecciones generales del 2016, parecería que, nuevamente, el
tema de la relación entre las universidades y la política ha tomado
desprevenido tanto a los organismos electorales como a las autoridades
encargadas de la regulación universitaria. Hoy, el Perú no cuenta con un marco
legal claro que regule el nivel de participación y el rol de las universidades
privadas durante una campaña electoral.
¿A
qué se debe y cuáles son los riesgos de este fenómeno?
Para
el analista político Carlos Meléndez, el debilitamiento de los partidos
políticos durante los noventa, sumado a la descentralización y al crecimiento
económico de la última década, ha ocasionado que muchas empresas se tornen en
sustitutos de organizaciones políticas.
Las
estructuras empresariales han terminado convirtiéndose en el sustento orgánico
de nuevos proyectos políticos, supliendo la falta de financiamiento estatal y
de bases partidarias. Los nuevos actores ven a la política como un espacio de
extensión de su propio poder.
No
cualquier tipo de empresa puede terminar siendo el sustento de una organización
política. Para Meléndez, estas deben ser fácilmente convertibles en plataformas
políticas, como es el caso de las empresas educativas. “No solo pasa con
universidades, pasa también con medios de comunicación a escala local. Si
tienes un medio de comunicación, tienes poder político, si tienes universidades
tienes una estructura de empleados, jóvenes universitarios y graduados a tu
servicio”. De esa manera, a diferencia de lo que sucede con otro tipo de
empresas, las universidades privadas ofrecen a sus propietarios (y a quienes
estos quieran promover) una organización compatible con la de un movimiento
político.
Rodrigo
Barrenechea, autor del libro “Becas, bases y votos”, sostiene que la
utilización de centros educativos para fines políticos permite la construcción
de una red clientelar que permite a un determinado partido movilizar recursos
para generar bases de apoyo. Ello posibilita, por ejemplo, la entrega de becas
o ayudas sociales que actúan como elementos de fidelización de aquellos que se
van sumando al proyecto.
Asimismo,
las universidades suelen ser la principal fuente de financiamiento hacia el
partido político, creando –a través de la implementación de sucursales en el
ámbito nacional– un núcleo de personal asalariado permanente que ofrece una
base para la producción de propaganda y logística electoral. Además,
Barrenechea argumenta que la estructura universitaria permite que sus
autoridades y candidatos formen parte de una red que estrecha lazos de
dependencia. Es decir, se genera un gran mercado en donde se encuentran
partidos sin políticos y políticos sin partidos.
El Comercio
El Grupo El Comercio,
propietario de este diario, emitió esta mañana un comunicado en el que responde
a las acusaciones vertidas por el diario La República en una nota informativa
aparecida el día miércoles en sus páginas.
La
nota de La República, sostenía que en un acto de "abuso mayoritario"
el Grupo El
Comercio se había
negado en junta de accionistas a que se cambie el tipo societario de Plural TV,
la empresa televisora que tiene en sociedad con el Grupo La República, de una
Sociedad Anónima Cerrada a una Sociedad Anónima Abierta .
A
diferencia de la primera, una SAA puede cotizar sus acciones en bolsa y tener
un número ilimitado de accionistas.
La
nota - titulada "Grupo El Comercio bloquea el ingreso a bolsa de los
accionistas minoritarios del Canal 4"- calificaba a la negativa del Grupo El
Comercio de
"una nueva manifestación de dominio que se da en el marco de la denuncia
interpuesta por ocho periodistas que consideran que el Grupo El Comercio ha
incurrido en 'concentración de medios' al comprar Epensa".
La República, aviso
El Grupo económico El
Comercio ha publicado el día de ayer un aviso respondiendo, según indica, a “acusaciones del diario La
República”. Por respeto a la opinión pública y negando tales
acusaciones pasamos a detallar nuestra posición sobre el particular:
1. Como señala el Grupo
económico El Comercio, somos poseedores del 30% de las acciones de la empresa Plural TV (dueña de Canal 4 y Canal N).
2. Como accionistas en
Plural TV SAC planteamos en la última Junta de Accionistas el cumplimiento de
la Ley General de Sociedades, la cual indica claramente que una sociedad
anónima cerrada deja de serlo cuando el número de accionistas excedan de 20,
situación en la que se encuentra Plural TV SAC al haberse comunicado en la
referida junta nuestra decisión de ejecutar una reorganización simple de
nuestra empresa que elevaría el accionariado a más de 20 accionistas. Dicho
derecho ha sido frenado por el bloqueo ejercido por el Grupo El Comercio.
3. Las empresas modernas
que buscan ampliar sus capitales con el acceso de terceros interesados en
inversión recurren a la transparencia de los mecanismos bursátiles. Este
objetivo no es desconocido para el Grupo económico El Comercio ya que su
empresa matriz cotiza en la Bolsa de Valores de Lima, lo mismo que se aspira
para Plural TV. Otros inversionistas minoritarios presentes o futuros del
mencionado Grupo deben observar con especial interés y preocupación el proceder
de su empresa.
4. Como es de dominio
público, el tema de la concentración de medios se encuentra en litigio ante el
Poder Judicial en virtud de una demanda constitucional interpuesta por 8
periodistas el año 2013 y no por el diario La República. El Grupo económico El
Comercio busca confundir a la opinión pública y al Poder Judicial al mezclar un
ejercicio de derecho constitucional con el reclamo societario de accionistas de
Plural TV.
5. Por respeto a
la autonomía del Poder Judicial no mezclaremos esta discrepancia societaria con
la demanda por concentración de
medios, pues esto conlleva influir o ejercer presión ante los
magistrados respecto a posiciones de los periodistas demandantes oportunamente
planteadas y que se encuentran en la fase de definición y sentencia.
El diario La República
se reafirma en todos los valores y principios que siempre ha defendido, entre
ellos la transparencia, la libre competencia y, sobre todo, la irrestricta
libertad de expresión y de prensa.
El Comercio
Graña y Montero vio reducidas sus ganancias en lo
que va del año y terminó el tercer trimestre con utilidades de solo S/.6,7
millones (contra 235 millones a setiembre del 2014), según su estado
consolidado de resultados presentado a la Superintendencia del Mercado de
Valores (SMV).
Si
bien Graña y
Montero incrementó
su participación en el negocio constructor, el crecimiento le costó más de lo
que le ingresó, lo que unido al impacto del tipo de cambio en su endeudamiento,
terminaron por minimizar las ganancias.
Las
cuentas de Graña y
Montero enviadas a la SMV muestran
que sus ingresos se ubicaron en S/.5.617,9 millones, un 14,7% más que lo
que consiguió hasta el 30 de setiembre del 2014; sin embargo, el costo asociado
a las actividades de construcción aumentó en cerca de 30%.
El
resultado fue que la utilidad bruta de Graña y
Montero cerró en S/.467,7 millones al tercer
trimestre, cuando en el mismo período del 2014, con menores ingresos, había
sido de S/.685,5 millones.
Graña y Montero explicó que pérdidas por el
proyecto Inmaculada, sumadas a menores márgenes y menores colocaciones en el
sector inmobiliario y la caída del precio del petróleo derivaron en este
resultado.
En
consecuencia, la utilidad neta del Grupo Graña fue de
solo S/.6,7 millones. Según se desprende de lo reportado a la SMV a setiembre, el tipo de
cambio fue otra variable que empeoró la situación.
La
empresa explicó que la devaluación del sol y del peso chileno impactaron en su
endeudamiento en dólares. "Si bien se han realizado conversiones de deuda
bancaria a soles, tenemos otros pasivos en dólares", precisaron.
Al
final, Graña y
Montero acabó el
tercer trimestre con ganancias de apenas S/.6,7 millones, cuando el año pasado
había ganado a esa misma fecha, S/.235 millones.
POLITICA EXTERIOR, BRASIL, CHILE, BOLIVIA,
VENEZUELA, EEUU
El Comercio
La
canciller Ana María Sánchez informó que el Perú envió a la embajada de Chile una
nota diplomática en la que señala “rotundamente” que el inicio de la frontera
terrestre entre ambos países es el Punto Concordia.
“Entre
el Perú y Chile hay dos límites: terrestre y marítimo,
regidos cada uno por su respectivo marco jurídico”, precisó en diálogo con
Andina.
Sánchez
recordó que, en la sentencia emitió el 27 de enero del 2014, la Corte
Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya solo se pronunció sobre el límite
marítimo y su punto de inicio.
“[La
corte] dejó expresamente a salvo que no le correspondía pronunciarse sobre la
ubicación del Punto Concordia, donde comienza la frontera terrestre entre ambos
países”, agregó la canciller.
De
otro lado, Ana María Sánchez sostuvo ayer que nuestro país también responderá a
la nota enviada por Chile en
la que cuestiona la decisión del Congreso peruano de crear el distrito La
Yarada Los Palos, ubicado en Tacna. Este nuevo distrito –creado el pasado 15 de octubre–
inicia su línea demarcatoria en el Punto Concordia.
Peru21
Chile rechazó la nota diplomática peruana en la que se señala “rotundamente”
que el inicio de la frontera terrestre entre ambos países es el Punto
Concordia.
El
canciller chileno Heraldo Muñoz confirmó —mediante un comunicado— la recepción de
la nota enviada
por Ana María Sánchez, ministra de Relaciones Exteriores, sobre la creación del
distrito La Yarada-Los Palos, en Tacna, cercano al límite entre Perú y Chile.
Muñoz
afirmó que dicha nota insiste en señalar, erróneamente, como punto de partida del
límite terrestre peruano un punto
determinado unilateralmente por nuestro país.
Sostuvo
que la
existencia del llamado ‘triángulo terrestre’ es una creación relativamente
reciente de Perú. Según
Chile, hay solo dos puntos convenidos en el área fronteriza con Perú: uno es el
Hito 1, demarcado en 1930, y un segundo que fue convenido por ambos países en
2014.
Expreso
Unidades de las tres ramas de las Fuerzas Armadas
de Chile realizarán un ejercicio militar de gran envergadura entre el 8 y el 13
de noviembre en el norte de ese país, cerca de la frontera con el Perú y
Bolivia, el cual ha sido denominado “Huracán 2015”.
La organización de los ejercicios se ha llevado a
cabo con gran reserva debido a la relativa cercanía de las fronteras con el
Perú y Bolivia, países con los que existen tensas relaciones diplomáticas.
Este ejercicio militar puede tensar aún más la
relación que el vecino del sur tiene con Perú y Bolivia. Con nuestro país el
diferendo es por el denominado “triángulo terrestre”, que Chile erróneamente
considera suyo; mientras que el país altiplánico el problema es por la salida
soberana al Océano Pacífico que los bolivianos reclaman, tema por el que acuden
a la Corte de La Haya.
El Comercio, EFE
La
Paz. El presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó hoy que Chile intenta intimidar a su país y
a Perú con el ejercicio militar "Huracán 2015".
"Nosotros también podríamos decir que hay que reconstruir la Confederación Perú-Boliviana, pero no se trata de eso. Lo que se trata es de entender que no estamos en tiempos de invasión, son tiempos de integración”, añadió.
La Confederación Perú-Boliviana mencionada por Evo Morales fue una iniciativa promovida en 1836 por el militar Andrés de Santa Cruz y Calahumana, entonces presidente de Bolivia, en un intento por integrar nuevamente los dos territorios que durante la colonia española fueron uno solo. El Ejército de la Confederación fue derrotado en 1839 por el de Chile, que veía en la alianza una amenaza para su territorio. Cuarenta años después se produjo la guerra del Pacífico, en la que Bolivia y Perú perdieron territorio ante tropas chilenas.
"Nosotros también podríamos decir que hay que reconstruir la Confederación Perú-Boliviana, pero no se trata de eso. Lo que se trata es de entender que no estamos en tiempos de invasión, son tiempos de integración”, añadió.
La Confederación Perú-Boliviana mencionada por Evo Morales fue una iniciativa promovida en 1836 por el militar Andrés de Santa Cruz y Calahumana, entonces presidente de Bolivia, en un intento por integrar nuevamente los dos territorios que durante la colonia española fueron uno solo. El Ejército de la Confederación fue derrotado en 1839 por el de Chile, que veía en la alianza una amenaza para su territorio. Cuarenta años después se produjo la guerra del Pacífico, en la que Bolivia y Perú perdieron territorio ante tropas chilenas.
NARCOTERRORISMO, INTELIGENCIA, FFAA, DDHH,
USO DE LA FUERZA
Correo
Con
desprecio profundo, Abimael Guzmán llamó
“mesnadas” a los campesinos que se atrevieron, en 1983 y 1984, a hacerle frente
a los comités armados de Sendero Luminoso en el sur de Ayacucho.
Tal osadía, según los esquemas
insurreccionales maoísta-leninistas invocados por Abimael Guzmán, se resolvía con la aniquilación en masa de la
población civil. La crueldad debía ser ostensible en tanto el
objetivo era aterrorizar.
Ni
más ni menos así
ocurrió en los poblados ayacuchanos de Lucanamarca (provincia de Huancasancos, 3 de abril
de 1983) y Soras (provincia de Víctor Fajardo, 16 de
julio de 1984).
El
“método” utilizado en ambas matanzas colectivas provoca náuseas.
Con
relación a la masacre en el distrito de Soras, el Segundo Juzgado Penal
Nacional resolvió declarar improcedentes las solicitudes de los cabecillas
terroristas Osmán Morote Barrionuevo (camarada
“Nicolás”) y Margot Liendo Gil (camarada “Nancy”), ambos
integrantes de la cúpula de Sendero Luminoso (Comité Central), liderada por Abimael Guzmán Reinoso. Ambos
líderes terroristas estaban a punto de salir en libertad tras cumplir sus respectivas
sentencias, pero ya no podrán hacerlo. Ahora
pende sobre ellos un mandato de detención en el proceso que se les sigue por la
presunta comisión del delito de terrorismo y asesinato con gran crueldad en
agravio del Estado y de un centenar de civiles del distrito de Soras.
Según
la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial, el procesado Morote Barrionuevo
pertenecía al Comité Central del Partido Comunista SL en julio de 1984, cuando
ocurrió el genocidio de Soras, tal como lo ha corroborado, según afirma la
Fiscalía, el disidente senderista Óscar Ramírez Durand, camarada “Feliciano”.
Según
la Segunda Fiscalía Penal Nacional, Ramírez Durand reveló además que Margot
Liendo Gil “también
estuvo en la reunión del Comité Central (de Sendero Luminoso) para dar el golpe
a las mesnadas en el caso Lucanamarca del año 1983”.
Tanto Morote como Liendo son considerados presuntos
autores mediatos de la matanza de Soras.
La
matanza de Soras fue perpetrada por senderistas que, disfrazados de militares y
policías, abordaron un ómnibus interprovincial con destino al distrito de
Soras. En el trayecto pasaron por más de seis poblados, en cada uno de los
cuales fueron asesinando en forma bestial a grupos de civiles. En total, 99. El
bus terminó su recorrido en la capital del distrito. Allí aniquilaron a la
mayor parte. La población recibía con confianza a los supuestos militares y
policías sin sospechar que eran senderistas.
El propósito de Sendero era la venganza, pues en días anteriores unos 25
líderes campesinos de la zona hicieron una alianza para enfrentar a ese grupo
terrorista.
El
propio Abimael
Guzmán confesó,
en la llamada “entrevista del siglo” (diario Marka, 1988), que el Comité
Central, presidido por él, acordó la masacre de Lucanamarca (abril de 1983), el
mismo modus operandi aplicado en Soras (julio de 1984).
En Lucanamarca, 60 senderistas atacaron a la población
y asesinaron a 80 civiles.
La
justificación de Abimael Guzmán es elocuente: “Frente al
uso de mesnadas y la acción militar reaccionaria, respondimos contundentemente con una acción: Lucanamarca,
ni ellos ni nosotros la olvidamos… eso es lo real”, detalló en esa
oportunidad.
GOBERNABILIDAD,
DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA
El Comercio
El
Gobierno aprobó un procedimiento especial para que los ministerios, gobiernos
regionales y locales soliciten, de forma extraordinaria, la opinión favorable
del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El
decreto de urgencia, publicado hoy en el suplemento de Normas Legales del
diario "El Peruano", tiene impacto en los contratos suscritos y adendas
por estas entidades que no cuenten con la opinión previa del MEF.
Para
ello, estas instituciones tendrán hasta un plazo de 40 días hábiles, contados a
partir de la fecha de vigencia de la norma, para solicitar el visto bueno de la
cartera económica, para lo cual previamente se deberá tener el consentimiento
previo del inversionista.
Presentada
la solicitud al MEF,
el ministerio tendrá un plazo máximo de 20 días hábiles para emitir su opinión.
En caso de una opinión desfavorable, la entidad tendrá hasta 40 días para
subsanar las observaciones señaladas por el MEF. Luego
de ello, el MEF tiene hasta 15 días
hábiles para emitir un informe, con el que se concluirá el
procedimiento.
