jueves, 3 de julio de 2014

ESTA NOCHE jueves 3 julio 2014


ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber


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ü  Jefe de Proinversión confirmó que hizo consultorías para Odebrecht. Dijo que informó sobre esa situación al ministro de Energía. “Definimos que no había conflicto de interés”, aseveró. Consultora en la que el ministro era socio tuvo a la constructora brasileña entre sus clientes

ü  Perú Posible sin candidato a Lima. Toledo votará por Susana Villarán. De Ecoteva no habla porque eso está en el Poder Judicial y él es respetuoso de las instituciones


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MEDIA COLUMNA
Desafíos al padre


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com


Está comenzando a notarse una política informativa diferente entre El Comercio, patriarca venerable, y su hijo contestario Peru21, respecto del otorgamiento de la buena pro del Gasoducto del Sur.

Aunque pertenecen al grupo editorial El Comercio -acusado por La República y un coro griego de media docena de aullantes de concentración de medios y ser un oligopolio mediático- ambos diarios parecen haber tomado caminos diferentes en el tema del Gasoducto. Eso dice bien de la independencia de la línea editorial de Peru21, que encabeza las denuncias, mientras la nave madrina del grupo guarda silencio o publica notas -fundadas, sin duda- sobre las virtudes económicas y técnicas del megaproyecto de 7 mil millones de dólares.

Tal vez convendría que El Comercio aclarara en columna editorial, sin embargo, cuál es exactamente la naturaleza de su relación hoy con una conocida constructora peruana frecuentemente vinculada en el pasado a los proyectos de la brasileña Odebrecht, ganadora de la buena pro del Gasoducto. La sola posibilidad de un conflicto de interés hace aconsejables los deslindes del caso.

Perú21, por su parte, está insistiendo en denuncias muy graves. Dice que el funcionario de Proinversión que presidió el proceso hizo antes consultorías  para Odebrecht. Dice también que el ministro de Energía conoció de esa situación, pero no halló conflicto de interés ninguno. Afirma, incluso, que el propio ministro trabajó antes para una consultora que hizo igualmente informes para Odebrecht en las etapas iniciales del proyecto. Esto es, nada menos, lo que publica hoy.

Está fuera de duda la necesidad del Gasoducto del Sur, cuyo mercado necesitará ser ampliado para pagar la gigantesca inversión. Pero fuera de duda también la necesidad de transparencia mediática en este asunto.

Lo de la concentración de medios son pamplinas. Pero eso no es todo.
   

REPORTE DE NOTICIAS
Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.



LIBERTAD ECONOMICA, INVERSION, GLOBALIZACION, REFORMAS



Peru21
Edgard Ramírez, titular del Comité Pro Seguridad Energética de Proinversión –que estuvo a cargo de la licitación del Gasoducto del Sur–, realizó consultorías directamente para la empresa Odebrecht, integrante del consorcio que obtuvo esa adjudicación por más de US$7 mil millones, según verificaciones efectuadas por Perú21.
También brindó asesorías a la compañía Kuntur, de propiedad de la indicada firma brasileña. Estos servicios se dieron entre 2008 y 2012, a través de la consultora Latin Energy Global Services, la cual fue constituida en agosto de 2004 por Ramírez y su hermano.
Este funcionario fue designado en la presidencia del referido comité especial de Proinversión el 7 de mayo pasado.
Como gerente general de Latin Energy, Ramírez elaboró para Odebrecht estudios “de factibilidad del transporte, ductos y distribución de gas natural en el sur”, de acuerdo con información de la misma consultora.
En el caso de Kuntur, Edgard Ramírez realizó estudios de “desarrollo de proyectos de inversión de transporte y distribución de gas natural”, según figuraba en su propio perfil profesional.
El mencionado funcionario de Proinversión confirmó a Perú21 que brindó consultorías a Odebrecht y a Kuntur. Dijo que informó sobre esta situación al ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga. “Cuando el ministro Mayorga me llamó para apoyar en la adjudicación del gasoducto, evaluamos si había alguna incompatibilidad”, señaló. “Definimos que no había conflicto de interés”, añadió. Afirmó que las consultorías para Kuntur de 2008 a 2010 fueron a través de “contratos puntuales”. Su asesoría para Odebrecht fue en el 2012.
Los dos estudios de abogados consultados por Proinversión para descalificar al consorcio rival del grupo empresarial de Odebrecht tienen relación con la firma brasileña, como reveló ayer Perú21. Se trata de los bufetes Delmar Ugarte y Echecopar. En el primer caso, Odebrecht es su cliente y, además, dos de sus abogados trabajaron para esa compañía. En el segundo estudio, uno de los socios laboró para esa firma.
Hay indicios de corrupción, de la comisión de un delito debido a que hubo una vinculación económica entre el presidente del comité de adjudicación y una de las empresas del consorcio que obtuvo la buena pro del Gasoducto del Sur. Si Edgard Ramírez prestó asesorías a Odebrecht hace menos de dos años, no debió haber integrado el comité especial de Proinversión, según la ley. La entidad estatal tuvo que haber detectado esa situación y destituirlo para garantizar la imparcialidad.



Peru21
La consultora Laub & Quijandría, en la cual el ministro Eleodoro Mayorga fue socio hasta hace pocos meses, también tuvo entre sus clientes a la empresa Odebrecht, según registra su propio sitio web oficial y bases de datos del Congreso y de guías extranjeras de estudios de abogados.
La asesoría que se brindó a la firma brasileña estuvo referida a un “proyecto de gas desarrollado por Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción”, de acuerdo con Chambers & Partners, la prestigiosa guía inglesa de bufetes a nivel mundial. Es decir, se ocupó del mismo tema por el cual la compañía brasileña –en alianza con la española Enagás–, obtuvo la buena pro del gasoducto, el lunes último.
Cabe anotar que fue Mayorga quien llevó a Edgar Ramírez a trabajar a Proinversión.



ESTA NOCHE (tomado de El Comercio)
La consultora Laub & Quijandría precisó que no han prestado servicios a la empresa brasileña Odebrecht durante el reciente proceso de licitación del Gasoducto. El Comercio se comunicó con Anthony Laub, socio principal, quien admitió que la firma trabajó para Kuntur (Odebrecht) durante la primera etapa del Gasoducto Sur Andino. Añadió que su último encargo para Odebrecht fue un reporte presentado en febrero sobre cómo opera el mercado eléctrico y de gas en el Perú.



El Comercio
La construcción del Gasoducto Sur Peruano detonará un ‘boom’ de perforaciones en los lotes cercanos a Camisea.
Víctor Sanz, profesor de geología de la UNI, refiere que este ‘boom’ se podría traducir en el hallazgo de nuevos depósitos de gas.
Pluspetrol (operador de Camisea) es una de las empresas que avizora un dinámico 2015 para la industria de hidrocarburos, gracias a la construcción del gasoducto del sur.



Peru21
El congresista Mauricio Mulder afirmó que en la adjudicación del Gasoducto del Sur hubo una injerencia del gobierno para que ganara Odebrecht y que hay indicios de corrupción. “Al parecer, ha habido una direccionalidad con el fin de favorecer a esa compañía”, dijo, y agregó: “Sin duda es una evidencia seria de corrupción el caso del funcionario que antes laboró para una empresa y que ahora conduzca un proceso en el que la misma compañía resultó ganadora”.
El legislador Alejandro Aguinaga opinó que Edgard Ramírez debió inhibirse de dirigir la licitación del gasoducto.



Peru21
Columna de Aldo Mariátegui
(…)
Como bien se preguntó ayer nuestro director, ¡qué casualidad que el gigantesco y tan discutible concurso de gas que ganó Odebrecht coincide justo con la orden de captura a Orellana y el aborto terapéutico!
(…)
Y ahora resulta que el presidente del comité adjudicador fue nombrado tan solo 54 días atrás por el ministro Mayorga y que ambos han tenido trabajos con Odebrecht. O que la consulta legal descalificadora se le hizo a abogados también cercanos a Odebrecht.
(…)
¿Tanto pesa Brasil allí?
Si Chile quiere energía de Camisea, pues que reconozca nuestra soberanía en el triángulo terrestre y nos deje ampliar el muelle peruano en Arica para que sea operativo de verdad.
(…)






ANTICORRUPCION, PERSECUCION, JUDICIALIZACION POLITICA



El Comercio
En 1999, con 34 años de edad, Rodolfo Orellana fue notificado de la primera denuncia penal en su contra. Era un caso de falsificación de documentos y terminó archivándose. En el Ministerio Público se almacenan 30 denuncias contra él por fraude, falsedad genérica, asociación ilícita, falsificación, estafa y lavado de activos en diferentes ciudades del país. Cinco se archivaron, 13 no salen del limbo de la investigación fiscal y 12 pasaron al Poder Judicial, a una suerte de sala de espera. Aún no se dicta sentencia.
Según el Código Penal, los delitos de estafa y falsificación –que priman en esta red– prescriben a los seis y ocho años, respectivamente.
Su hermana y socia, Ludith Orellana Rengifo, tiene 10 denuncias por lavado de activos, usurpación, apropiación ilícita, extorsión, estafa y trafico ilícito de drogas. La más antigua es de hace cinco años. Tres casos fueron archivados en la fiscalía, incluido un proceso por tentativa de homicidio en Huaura. Solo uno se formalizó el 2012 en el Poder Judicial y aún no tiene sentencia.
Lo mismo ocurrió con las cinco denuncias penales que se presentaron contra Benedicto Jiménez desde el 2011, pues solo prosperó la que lo involucra al lavado de activos desde diciembre del año pasado, y es la que motivó su arresto.
Otro personaje clave es Wilmer Arrieta Vega, considerado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presunto testaferro de Orellana y denunciado por ayudarlo a usurpar los terrenos de la otrora Feria del Hogar, en San Miguel, y del coliseo de toros Sol y Sombra, en La Victoria. Sobre él pesan siete procesos en el Poder Judicial, dos de los cuales agrupan hasta cinco denuncias, y en su mayoría siguen en trámite desde el 2010.
Hernán Villacrez, quien recibió y giró dinero a Orellana y a un vinculado al narcotráfico la pasó mejor: seis de siete denuncias fueron archivadas.



El Comercio
El ministro de Justicia, Daniel Figallo, expresó su respaldo a la procuradora de lavado de lavado de activos, Julia Príncipe Trujillo, por el proceso a Rodolfo Orellana. De acuerdo a una nota de prensa del Ministerio de Justicia, esa procuraduría "viene interviniendo en la investigación a esta organización desde hace cinco años".
Destaca que el  Poder Judicial y el Ministerio Público hayan acogido los elementos proporcionados por Príncipe para hacer frente a la organización criminal de Orellana.






GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA



ESTA NOCHE (tomado de  Peru21, RPP)
Daniel Urresti asumió su defensa ante la revelación del proceso judicial que se le sigue por el asesinato del periodista Hugo Bustíosa, en 1988, en Ayacucho.
La Fiscalía logró cinco testimonios que denuncian la participación de Urresti en una emboscada contra el periodista. Uno es Armando Vidal, sentenciado por la muerte de Bustíos en la primera etapa del proceso.
Los otros testigos son Pedro Mujica León, Edgardo Montoya Contreras, Abilio Arroyo Espinoza y Margarita Patiño, esposa de Bustíos. Los tres primeros identificaron a Urresti a través del apelativo de Capitán ‘Arturo’.
Abilio Arroyo dijo que Montoya señaló que Johnny Acuña Zapata le manifestó que Urresti participó en el ataque. Johnny Zapata falleció.
Margarita Patiño, viuda de Bustíos, declaró recién haberse enterado que el implicado en la muerte de su esposo era el ministro. A través de RPP Noticias, aclaró que no fue ella  –ni su familia– quien realizó la denuncia contra Urresti, sino el sentenciado Amador Vidal.
“Cómo puede ser justo que un caso que ya está cerrado, juzgado, con sentenciados cumpliendo cárcel durante más de 20 años. Jamás he aparecido yo en ese juicio, ni siquiera de testigo”, añadió. Tildó de “delincuente” al teniente coronel Armando Vidal, quien -dijo- es la única persona que lo vincula a este asesinato. “No aparece mi nombre para nada. Y, luego, un delincuente que ya está cumpliendo pena tres años le dice al fiscal que el culpable es Daniel Urresti”, dijo.
Urresti señaló que Vidal lo inculpa por una suerte de venganza, debido a que él, cuando trabajaba en contrainteligencia del Ejército, lo denunció por irregularidades. “Cuando era capitán, en el caso de Vidal, cuando hacía contrainteligencia, comenzó a llegarme la información de que el señor abandonaba la base, no le daba el rancho adecuado a la tropa, no dormía en la base”, recordó. “Así que presenté un informe que le presenté al comandante de la unidad. El jefe de la unidad, que es el otro sentenciado, lo califica de una manera desastrosa, con lo cual le pondría fin a su carrera. (...) Este señor lo primeo que hace es jurármela porque yo había presentado el informe denunciándolo”, añadió.
De igual manera, dijo que presentó un informe contra Edgardo Montoya (otro de los militares que lo sindica), quien -afirmó- robaba autopartes de los vehículos de la base. “A este señor, lógicamente, aquí terminó su carrera”, comentó el ministro.
Finalmente, Urresti dijo que le contó al presidente Ollanta Humala sobre este caso antes de asumir el cargo de ministro del Interior. De acuerdo a su versión, el mandatario le dio su confianza al considerar que esta imputación no tiene “ningún asidero”. “El presidente me pidió toda la documentación, lo hizo chequear por los abogados, sus asesores, y después de eso recién me llamó. Me dijo ‘Ya lo han visto y esto no tiene ningún asidero, necesito que te hagas cargo de esta cartera’, finalizó.
Urresti es procesado como presunto autor mediato del crimen, como jefe de la sección de Inteligencia S–2 del Ejército en la base contrasubversiva de Castropampa, en la provincia de Huanta, cuando ocurrió el asesinato.
La Sala Penal Nacional asumió la competencia del expediente Bustíos el 12 de mayo del presente año. Unos 13 días después, el caso fue a la Fiscalía Coordinadora Supraprovincial Penal Nacional para que emita dictamen.



Canal N
El fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, aseveró que se trata de una presunción la acusación contra el ministro Urresti.



La Primera, Canal N
La lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori dijo en su Twitter "Me preocupan las credenciales del ministro Urresti. Corresponde al Poder Judicial emitir de inmediato un fallo sobre este delicado proceso a un Ministro del Interior. Esperamos no estar frente a otro Madre Mía y que este ministro no sea otro Capitán Carlos".
El legislador Héctor Becerril pidió que Urresti brinde explicaciones al país por la muerte del periodista.



RPP
La Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA) y un fiscal neoyorquino presentaron, el miércoles último, cargos contra tres cabecillas de Sendero Luminoso (SL) ante una corte de esa jurisdicción cargos.
La acusación por narcotráfico, terrorismo y delitos ligados a posesión ilegal de armas, alcanza a Florindo Eleuterio Flores Hala, alias ‘Artemio’ (purga cadena perpetua en la Base Naval del Callao), Víctor Quispe Palomino, alias ‘José’; y Jorge Quispe Palomino, conocido como ‘Raúl’. Los dos últimos están fugitivos.
En un comunicado divulgado por la DEA según recoge Elpaís.com, el procurador del distrito sur de Nueva York, Preet Bharara, señaló que “los acusados son líderes de una organización militar asesina, y ordenaron emboscadas que han matado a cerca de dos docenas de soldados y policías peruanos. El producto del comercio de la cocaína peruana que ellos trasladan y protegen a veces termina a la venta en Estados Unidos”.
El caso ha sido asignado al juez distrital Richard J. Sullivan y cada uno de los cargos imputados podría llevar a una sentencia de cadena perpetua, según autoridades estadounidenses.






IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CONOCIMIENTO, AYUDA SOCIAL



Caretas
A su regreso de Francia, hoy jueves 3, el presidente Ollanta Humala tiene programado evaluar con el ministro de Educación, Jaime Saavedra, el dictamen de la Ley Universitaria aprobado por el Congreso la semana pasada.
"El chavismo-humalista comete un crimen contra la universidad y el libre pensamiento. La democracia restituirá esos derechos", tuiteó el sábado 28 Alan García.



El Comercio, editorial
Los rectores-candidatos
En este Diario ya nos hemos pronunciado en repetidas oportunidades contra la recientemente aprobada ley universitaria. Como dijimos antes, se trata de una ley que entrega a la burocracia un enorme y arbitrario poder para decidir quién puede brindar educación de nivel universitario, bajo qué condiciones y con qué características. La ley presupone que solo existe un tipo de educación adecuada: la que se le ocurra buenamente al burócrata. Y le da a este último las herramientas para erradicar cualquier otro modelo educativo del país, sin importar que en el camino se atropelle el derecho de los ciudadanos de elegir libremente el tipo de educación que desean recibir. En esta oportunidad, sin embargo, nos queremos concentrar en otro de los múltiples defectos que la ley trae: la votación universal y secreta de alumnos y docentes para elegir a las principales autoridades dentro de las universidades públicas.
En un primer momento, esta medida podría parecer conveniente porque suena muy “democrática”. Pero lo cierto es que poco podemos esperar que mejore la universidad pública si se implementa este sistema.
Para empezar, se está abriendo una puerta para que todos los vicios de la política nacional se contagien a las universidades. Que a nadie le extrañe que los rectores y decanos se empiecen a comportar en sus campañas como los políticos que postulan hoy a los cargos públicos. Y es que nada les impedirá utilizar los recursos públicos que reciben sus instituciones para favorecer a los grupos que con sus votos los llevarán al poder, haciendo que las universidades terminen regidas por el populismo y las relaciones clientelistas. Con este mecanismo, se ha logrado abrir el camino para que las autoridades de las universidades públicas se comporten de forma similar a los integrantes del Congreso, la institución más desprestigiada del Estado.
Por otro lado, hay buenas razones para que los docentes no sean quienes tomen estas decisiones centrales sobre el manejo de la universidad. Como en cualquier institución, los trabajadores están naturalmente interesados en mejorar lo más posible sus beneficios laborales (y en el caso de las universidades esto los llevará a apoyar a los candidatos que prometan estas mejoras), cosa que no siempre coincide con lo que es mejor para la organización y que dificulta pensar en qué es lo conveniente para esta última en el largo plazo. Evidencia de esto la tenemos en nuestra propia historia. En la reforma agraria de Velasco se expropió a los empresarios agrícolas para entregar las empresas a cooperativas de trabajadores. Y todos sabemos cómo acabó ese experimento: la gran mayoría de ellas terminó completamente arruinada.
Asimismo, los alumnos tampoco son los más indicados para elegir a quienes conducirán la universidad. El horizonte al cual miran se encuentra muy próximo, pues en pocos años ya no formarán parte de la institución. A raíz de esto, están interesados en la política de lo inmediato y no en el futuro mediano o lejano que tan importante resulta en instituciones de este tipo.
Adicionalmente a esto, la ley prohíbe la reelección inmediata del rector, nuevamente tratando de trasplantar las instituciones que rigen la política del país a las aulas. Algo que, de hecho, no tiene ningún sentido. Y es que la prohibición de la reelección en el caso del presidente de la República tiene sentido para evitar que una sola persona acumule demasiado poder y ponga en riesgo las libertades de la ciudadanía, cosa que en ningún supuesto puede hacer una autoridad universitaria. Lo único que se logra con esta medida es evitar que rectores que han desempeñado una gestión excelente puedan repetirla.
Las universidades públicas, nadie lo duda, necesitan una reforma. Pero, claramente, esta no es la correcta. Lo que hubiera venido bien es que –respetando su autonomía para definir su manejo interno– se les permita explorar mecanismos de organización más eficientes, que se transparenten los índices de empleabilidad de sus egresados y que, en vez de subsidiar su oferta, el Estado subsidie la demanda de los alumnos que escojan estudiar en ellas para obligarlas a mejorar su servicio. Lamentablemente, nada de esto llegó con la nueva ley






ELECCIONES, ENCUESTAS, MEDIOS DE PRENSA, PSICOSOCIALES


RPP
Alejandro Toledo anunció que votará por Susana Villarán en las elecciones, ya que Perú Posible no presenta candidato a Lima. Negó tener una alianza con la alcaldesa de Lima.
Consultado sobre el caso Ecoteva, dijo que no hará comentarios al respecto
“porque eso está en el Poder Judicial y soy respetuoso de las instituciones”.



Peru21
Entrevista a Alberto Sánchez Aizcorbe
¿Usted es fujimorista?
Soy un invitado.
(…)
¿Cree que Fujimori hizo un buen gobierno?
Sí. Viví en Ecuador pues mi padre fue cónsul en Guayaquil, y soy testigo de cómo nos insultaban a los peruanos. Por eso, la paz con Ecuador fue un logro enorme.
(…)
¿La corrupción solo era un asunto de Montesinos o llegó a Fujimori?
Hay alguna relación, por eso se ha judicializado el tema, pero es innegable que allí había un cerebro maligno.
¿Está bien condenado el señor Fujimori?
No quiero enfocar el tema judicial porque no lo conozco. La historia es la que responderá esa pregunta. Si me dijera qué medida tomaría hoy, pues le daría el arresto domiciliario, no crea que deba estar detenido.
(…)
Muchos estamos sorprendidos por su candidatura con Fuerza Popular…
He encontrado en Keiko Fujimori a una lideresa importante: por su capacidad y por la enorme responsabilidad que ha asumido (liderar un partido) a tan corta edad. Ella misma ha dicho que no quiere que se identifique a Fuerza Popular con un apellido. He encontrado mucha mística, muy buenos cuadros…
(…)
Dicen que usted quería ser candidato a toda costa.
Lo que quiero es cambiar Lima, Lima no es una ciudad buena, no es una ciudad amable, no es una ciudad actual, contemporánea.
(…)
Hace poco apareció un audio donde, en Fuerza Popular, se compraban los puestos en la lista de regidores…
Son cosas que suceden. Allí no me meto porque son temas del partido, pero la persona involucrada ya no está en Fuerza Popular. Además, la denuncia vino de dentro. Nadie puede asegurar que algo así no volverá a suceder, pero que la voluntad de Keiko es parar cualquiera de estas cosas es firme.
(…)



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