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ocurre, sino de lo que necesita saber
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El presidente Ollanta Humala promulgó la ley universitaria. Dijo que no
va a permitir que continúen operando universidades que sirven de caja chica a
partidos políticos. Alan García es el director del Instituto de Gobierno de la
Universidad de San Martín de Porres
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El
personero legal del partido Nacionalista no es habido. “¡Ni a mí me contesta
(las llamadas)!”, dice el presidente del Congreso
ü Sobre
sus reuniones con Rodolfo Orellana, Ramos Heredia dice que “quien debe aclarar es el doctor Peláez”. Ambos
encuentran en un enfrentamiento creciente también por el caso La
Centralita
ü Mirko
Lauer: “(la empresa) RB se ha dedicado
a saquear las empresas cuya liquidación le era encargada, en desmedro de las
juntas de acreedores que la contrataban. Su especialidad ha sido venderse a sí
misma inmuebles (sobre todo terrenos) subvaluados, a través de testaferros”
La opinión en MEDIA
COLUMNA representa exclusivamente a su autor. Usted puede reenviar y publicar
libre y gratuitamente cualquier MEDIA COLUMNA tomándola de este correo o de
jorgemorelli.blogspot.com
MEDIA COLUMNA
Para
mis enemigos la ley
Jorge
Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
El
presidente Ollanta Humala confesó finalmente ayer cuál es la verdadera
motivación del -de otro modo incomprensible- empecinamiento de su gobierno en
aprobar la criticada ley universitaria.
Anunció
que no va a permitir que continúen operando universidades que “sirven de caja
chica a partidos políticos”. Alude, sin disimulo ya, al ex presidente Alan
García, quien dirige el Instituto de Gobierno de la Universidad de San Martín
de Porres, en cuyo doctorado dictan cursos destacados ex ministros de su
gobierno. El propio mandatario nos pone en autos de que se trata
de un acto destinado a cortar toda colaboración entre partidos políticos y
entidades académicas que les dan un respaldo que puede ser intelectual y no necesariamente
económico.
Qué es, sin embargo, lo que en esa relación puede haber
de criticable. En EEUU, los vínculos entre los partidos Demócrata y Republicano
con fondos públicos se dan a través del National Endowment for Democracy, pero
los vínculos con centros académicos y think tanks privados son de todos conocidos
y transparentes.
El partido Nacionalista no tiene vínculo con ningún
centro de producción intelectual conocido. Ojalá no sea esta triste motivación la
que lleva al gobierno a arrebatarle un instrumento al adversario valiéndose de
la ley, que pertenece al bien público y no al interés particular del partido de
gobierno. Por confesión propia del
Presidente sabemos ya que su gobierno emplea la ley para un acto político que a
él, subjetivamente, puede parecerle
equitativo, pero que está lejos de serlo de manera objetiva.
Esta ley –dictada al
comenzar el cuarto año de su gobierno- va a ser objeto de demandas de
inconstitucionalidad y difícilmente llegará a cumplirse en el plazo del mandatario
actual. El próximo hará su propia evaluación.
REPORTE DE NOTICIAS
Las siguientes notas
periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y
ordenadas
temáticamente. No se las
debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que
se indican sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
ANTICORRUPCION, PERSECUCION,
JUDICIALIZACION POLITICA
El Comercio
Por unanimidad, el pleno del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM)
acordó iniciar proceso disciplinario al fiscal supremo José Antonio Peláez
Bardales, por presunta grave inconducta funcional en el caso La Centralita,
presunto centro de espionaje del presidente regional de Áncash, César Álvarez.
De comprobarse los cargos que se le imputan –haber cambiado sin
justificación a ocho fiscales que investigaban a Álvarez–, Peláez podría ser
destituido del Ministerio Público.
El pleno del CNM decidió el inicio del proceso disciplinario luego de escuchar
los alegatos de Peláez.
En la votación participaron los consejeros Pablo Talavera Elguera
(presidente), Máximo Herrera, Gastón Soto, Luz Marina Guzmán, Gonzalo García y
Luis Maezono. El consejero Vladimir Paz de la Barra se inhibió de participar.
Los fiscales anticorrupción César Jiménez Rodríguez, Francisco
Estrada Rodríguez, Miguel Vilca Zavala, Cristian Aceijas Silva, José Luis
Checa Matos, Carmen Berrocal Gonzales, Yeni Vilcatoma de la Cruz, Juan Toledo
Calero y Nancy Moreno Rivera fueron removidos de sus funciones, por
Peláez, entre julio del 2011 y diciembre del 2012. César Jiménez, Javier
Estrada, Christian Aceijas y Miguel Vilca fueron despedidos por Peláez siete
días después de allanar el búnker de Álvarez, conocido como "La
Centralita". En los siguientes meses, cualquier fiscal que pretendía
avanzar en este caso y ponía su mira en Álvarez no tardaba en ser cambiado de
ubicación.
Peru21
Entrevista a Carlos Ramos Heredia, fiscal
de la Nación
(…)
-El
exgerente de Imagen de la Fiscalía de la Nación, Raúl Sánchez, declaró
recientemente que su reunión con Orellana fue entre marzo y abril de este año,
y que él vio ingresar a dicho abogado a su oficina…
Con respecto a la persona que usted señala, yo no puedo hacer ninguna referencia porque hay un proceso judicializado.
Con respecto a la persona que usted señala, yo no puedo hacer ninguna referencia porque hay un proceso judicializado.
(…)
Solo
fue una reunión de aproximadamente 10 a 15 minutos, tal vez menos.
-Muchos
parlamentarios destacaron que este cambio de versiones les recuerda cuando
usted negó hasta en siete oportunidades su parentesco con la primera dama.
(…)
(…)
-¿Qué
fue lo que conversó en esa reunión con Orellana?
Simplemente vino a presentar una queja para que se tramite su expediente de forma más rápida.
Simplemente vino a presentar una queja para que se tramite su expediente de forma más rápida.
(…)
En el
momento de la reunión no sabía quién era Orellana.
(…)
…me he
constituido con mi equipo de trabajo en Ucayali para ver las investigaciones a
magistrados en Atalaya, Campo Verde, Pucallpa y Yarinacocha. Algunas de esas
investigaciones han concluido.
-¿Qué
han arrojado esas investigaciones?
Bueno, responsabilidad presunta de jueces que, través de acciones de garantía, impedían las investigaciones realizadas anteriormente contra Orellana.
Bueno, responsabilidad presunta de jueces que, través de acciones de garantía, impedían las investigaciones realizadas anteriormente contra Orellana.
(…)
-Su
antecesor, José Peláez, en declaraciones a Perú21, pidió que aclare su reunión
con Orellana y que se investigue “caiga quien caiga”.
Tomo esas declaraciones de la mejor manera porque no tengo ninguna vinculación en el caso… Quien debe aclarar es el Dr. Peláez. Seguramente hoy (ayer) lo estará haciendo en el Consejo Nacional de la Magistratura.
Tomo esas declaraciones de la mejor manera porque no tengo ninguna vinculación en el caso… Quien debe aclarar es el Dr. Peláez. Seguramente hoy (ayer) lo estará haciendo en el Consejo Nacional de la Magistratura.
-¿Qué
debe aclarar Peláez?
Las cosas que dice. Cada quien es responsable de sus palabras.
Las cosas que dice. Cada quien es responsable de sus palabras.
ATV+
El
ex Fiscal de la Nación José Peláez Bardales se encuentra en un enfrentamiento
creciente con su sucesor en el cargo, Carlos Ramos Heredia, por un informe
presentado al CNM por el caso "La Centralita".
La República
El
presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, instó a la OCMA indagar la
presunta vinculación de algunos magistrados y funcionarios judiciales con el
prófugo empresario Rodolfo Orellana.
la
Cooperativa de los Empleados Civiles de la Marina, Coopemmar, buscó paralizar
el remate judicial de un inmueble, pero su pedido fue rechazado. Coopemmar ha
sido utilizada por el grupo Orellana para apoderarse de inmuebles de terceros.
Correo
Ramos y Peláez
Iván Slocovich
El
lunes último en este mismo espacio señalaba lo complicado para el país y la
institucionalidad que es el tener al frente del Ministerio Público a Carlos
Ramos Heredia, un magistrado con severos cuestionamientos tanto por el caso
Áncash como por el que tiene como protagonista al prófugo Rodolfo Orellana,
pues esa situación echa sombras sobre nuestro sistema judicial que tiene que
hacer frente a la corrupción y otras lacras.
Sin
embargo, desde ayer el problema en el Ministerio Público es más grave, pues
ahora tenemos que el exfiscal de la Nación José Peláez Bardales, quien saltara
a la fama como el duro acusador de Alberto Fujimori en el proceso que significó
25 años de condena para el exmandatario, tiene abierto un proceso disciplinario
en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) por el rol que habría tenido en
la sanción que se dio a los fiscales que tenían en sus manos el caso "La
Centralita".
Sin
duda el país merece una explicación por lo que ha venido sucediendo en el
Ministerio Público mientras Peláez estaba al frente de la institución y Ramos
era el hombre fuerte del Control Interno, pues existen indicios suficientes
para pensar que algo estuvo mal como para permitir tanto a la red de Álvarez
como a la de Orellana operar durante tantos años con total impunidad.
Tengamos
en cuenta que, de haberse actuado con energía y de manera oportuna ante el caso
"La Centralita", ese presunto centro de chuponeo instalado con el
apoyo del prófugo empresario Martín Belaunde y la defensa cerrada del
congresista Heriberto Benítez, la red de Álvarez pudo haberse desplomado hace
mucho tiempo, lo que hubiera evitado la pérdida de vidas como la de Nolasco, y
de millonarios recursos que quién sabe dónde estarán hoy.
(…)
La República
Apetitos terrenales
Mirko Lauer
Una prueba de que la cultura
corporativa del clan Orellana no es única está en el informe sobre Right
Business, RB, y sus hijuelos, preparado por Oscar Castilla para el mensuario
Poder. La empresa es conocida por su manejo de Doe Run Perú y el Club
Universitario de Deportes. Mucho menos conocidos son los juicios e
investigaciones que enfrenta.
El negocio de RB es parecido
al de Rodolfo Orellana (“terrenos litigiosos”), pero con menos músculo y más
cerebro. A pesar de una investigación en curso de la Fiscalía de Crimen
Organizado, con notificaciones a la Procuraduría de Lavado de Dinero y la
Unidad de Inteligencia Financiera, hasta aquí RB se ha logrado mantener
bastante lejos de los reflectores.
En resumidas cuentas RB se ha
dedicado a saquear las empresas cuya liquidación le era encargada, en desmedro
de las juntas de acreedores que la contrataban. Su especialidad ha sido
venderse a sí misma inmuebles (sobre todo terrenos) subvaluados, a través de
testaferros.
(…)
La trayectoria de RB ha sido
un secreto a voces en el mundo de los negocios, pero los afectados han
preferido el perfil bajo.
Lo primero, la discreción, lo
entendió Orellana pero muy a medias. En un cálculo fatal, pensó que multiplicar
los juicios a periodistas y atacarlos desde una revista deslenguada le ganaría
silencio respecto de sus operaciones.
(…)
Orellana sostiene que está
siendo, digamos, sobreperseguido. Posiblemente una alusión a que su modus
operandi no ha causado una parecida reacción de la ley en otros casos. Cabe
precisar que en su caso esta atención de la ley ha demorado largos años, en los
que Orellana se sintió intocable, como que de hecho lo era gracias a su red
judicial.
¿Pero cuáles son las diferencias
de Orellana con Ayar López Cano y Rocío Chávez, conductores de RB, más allá de
los modales? ¿Cuántos liquidadores parecidos operan en el país? El informe de
Castilla es una lectura indispensable.
Peru21
Solo
en los tres primeros años del régimen de Ollanta Humala, las dos principales
firmas de la empresa brasileña Odebrecht en el país –que acaba de ganar la
buena pro del Gasoducto del Sur como parte de un consorcio– obtuvieron
contratos con el Estado por S/.486’392,775, más que lo adjudicado en los
gobiernos de Alan García y Alejandro Toledo, según cifras oficiales del
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Se
trata de Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C. y Constructora
Norberto Odebrecht S.A. (Sucursal Perú).
Entre
el 2011 y 2014, la primera compañía ganó contratos estatales por
S/.198’250,703, los cuales fueron otorgados principalmente por gobiernos
regionales como Cusco (Partido Nacionalista), Callao (Chimpum Callao) y
Lambayeque (Alianza para el Progreso).
La
segunda empresa, en el mismo periodo, logró adjudicaciones por S/.288’142,072
de parte de la administración regional de Áncash y durante la gestión del
suspendido presidente regional César Álvarez (Cuenta Conmigo).
Cabe
anotar que estos montos no comprenden las concesiones como la de la licitación
del Gasoducto del Sur, la cual ganó –como postor único– el consorcio Odebrecht
y Enagás por US$7,328’657,511, en medio de cuestionamientos por presunto
conflicto de intereses.
La
misma base de datos del MEF registra que en el segundo régimen de Alan García
la firma brasileña recibió S/.406’129,836 en total de fondos públicos, por
contrataciones con el sector de Transportes y Comunicaciones, con gobiernos
regionales de Áncash, Ayacucho, Lambayeque y San Martín.
En el
gobierno de Toledo, Odebrecht consiguió la adjudicación de contratos estatales por
un monto total ascendente a S/.260’999,354.
La
compañía Odebrecht tuvo participación en la ejecución del Tramo 1 del Tren
Eléctrico, el Tramo 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur, así como en la vía
Interoceánica Norte. En la adjudicación del Gasoducto del Sur, el consorcio de
la firma brasileña resultó único postor al descalificoarse a su competidor.
El Comercio
El Poder Judicial informó que investiga
en diversas instancias a ocho presidentes regionales por presuntos actos
irregulares y de corrupción en el desempeño de sus funciones.
Se trata de las autoridades regionales César Álvarez (Áncash), Gregorio Santos (Cajamarca), Gerardo Viñas (Tumbes), Kléver Meléndez (Pasco), Yván Vásquez (Loreto), Wilfredo Oscorima (Ayacucho), Jorge Velásquez (Ucayali) y Juan Manuel Guillén (Arequipa).
Álvarez, quien cumple prisión preventiva por 36 meses, está procesado
junto a 30 personas por homicidio calificado y asociación ilícita por el
asesinato del ex consejero regional Ezequiel Nolasco. Álvarez, además, es procesado con otras 60 personas por el delito de
peculado doloso y asociación ilícita por el caso “La Centralita”.
El Comercio
La fiesta de los chivos
Cecilia Valenzuela
Dentro
de tres meses tendremos nuevos alcaldes y presidentes regionales;
aunque decir nuevos en el caso de las cabezas de región es solo un decir,
porque nueve de los actuales postulan a la reelección. Algunos de ellos han
sido severamente cuestionados, como Gregorio Santos de Cajamarca, Wilfredo Oscorima de Ayacucho e Yván Vásquez de Loreto; sin embargo, se han inscrito
haciendo evidente así que lo que les falta en probidad les sobra en cuajo.
La
visión monárquica que tienen del poder les permite creerse políticamente
inmortales. Podemos estar seguros de que creen que se saldrán con la suya, de
que el poder sirve para elegir a dedo a los proveedores, adjudicar licitaciones
sin procesos de compra, coimear para tener fondos para su próxima campaña
política.
Creen
que lo que la contraloría y la fiscalía puedan probar,
jamás será más contundente que los votos que ellos obtengan, y justifican la
coima en su fin político, en la posibilidad de que ese dinero les permita
seguir usufructuando el poder que el pueblo les da con su voto.
Santos
le entregó todas las obras millonarias de su región, al empresario que llevaba
de viaje a su hija y le depositaba su comisión en una cuenta bancaria; Oscorima
les compró millones de soles en maquinarias a sus amigos, a los que exoneró de
los incómodos concursos ¿A cambio de qué? Vásquez convirtió a su parentela en
la lista de proveedores de su región: una familia, un partido.
¿Y
qué responden cuando la prensa y la justicia los encara? Que son víctimas de
persecución política…
(…)
El
problema es que esta dramática distorsión de la manera de administrar y
conservar el poder es compartida por buena parte nuestros líderes, que creen
que, así como los reyes reciben el poder directamente de Dios, ellos reciben el
poder absoluto del voto. El presidente Humala también se cree rey: las grandes
obras que se han otorgado en su gestión, han sido asignadas al único postor.
(…)
El Comercio
La fiscal provincial Elizabeth Parco, que investigó el llamado Caso Ecoteva desde su inicio, ya no verá
más este proceso de lavado de activos. Fuentes
del Ministerio Público indicaron que un nuevo fiscal lo ha asumido.
Según se supo, el manejo de esta investigación recaerá en el fiscal
Marco Antonio Cárdenas. El cambio se habría producido porque las actuales
autoridades del Ministerio Público le habrían perdido la confianza a Parco,
debido a que no denunció al ex presidente Alejandro Toledo,
ni a su esposa, Eliane Karp, cuando concluyó su investigación en mayo. Parco
solo denunció a la suegra del ex mandatario, Eva Fernenbug, y al apoderado de
esta, David Eskenazi.
Según nuestras fuentes, el fiscal superior Marco Guzmán Baca, con la
autorización del fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, dispuso el
último lunes que el Caso Ecoteva sea encomendado al fiscal Cárdenas.
Peru21
El empresario minero Aquiles
Gómez, quien denunció una supuesta estafa por parte de Alexis Humala, se
ratificó en la acusación contra el hermano del mandatario.
“Es falso lo que dijo Alexis Humala sobre que no me
conoce, pues yo he trabajado con él”, dijo. “Él (Alexis) me llamaba por teléfono desde su
oficina en la empresa Krasny y me comentaba de algunos negocios
en Huánuco y yo le hablé de mis proyectos mineros en Ica. Eso debe de haber
sido en 2006”, sostuvo.
Insistió en que le entregó US$10 mil a Alexis Humala con el fin de
que este desalojara, con ayuda policial, a mineros ilegales de
un denuncio de 300 hectáreas en Ica. En Panorama,
el denunciante mostró mensajes electrónicos de coordinación con Alexis Humala y
su personal.
ELECCIONES,
ENCUESTAS, MEDIOS DE PRENSA, PSICOSOCIALES
El Comercio
El personero legal del
Partido Nacionalista no es habido. ¡Ni a mí me contesta
(las llamadas)!”, dijo ayer a El
Comercio el presidente del Congreso e integrante del Comité Ejecutivo
Nacional del partido de gobierno, Fredy Otárola.
Curiosa respuesta de Otárola, toda vez que el personero del partido
oficialista, Marco Barboza Tello, es un alto funcionario
de gobierno: es secretario del Consejo de Ministros.
Hace dos días el
Jurado Nacional de Elecciones (JNE) denunció penalmente al representante legal
del Partido Nacionalista Peruano por el presunto delito contra la fe pública en
la modalidad de falsificación de documentos.
El domingo el programa periodístico “Sin Medias Tintas” dio a
conocer que la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, estaba inscrita como militante de esta
agrupación política. Luego la burgomaestre aseguró, a través de un
comunicado, que ella nunca se había inscrito en el partido oficialista. Esa
misma noche, el JNE procedió, a pedido de Barboza, a desafiliar a Villarán por
“inconsistencias” e “irregularidades” en el padrón de afiliados.
Correo
La
alcaldesa Susana Villarán sigue sorprendiendo. Un vistazo a su lista de
candidatos al concejo metropolitano de Lima evidencia la triangulación con Perú
Posible y el Partido Nacionalista. Aunque no llegaron a concretar una alianza, la
nómina que Diálogo Vecinal inscribió ante el Jurado Nacional Especial de Lima
tiene a la peruposibilista Pilar Freitas, cuya postulación a la Defensoría del
Pueblo hace un año desencadenó una protesta nacional.
Otro
nombre que destaca en la nómina de Villarán es Vicente Pinedo Manrique, primo
de Alejandro Toledo, quien fuera procesado por las 'firmas falsas' para la
inscripción de PP.
Pinedo,
en el número 7 de regidores, también fue acusado de malversación de S/.2
millones cuando dirigió el Centro de Operaciones de Emergencia Regional Lima.
El
respaldo del partido de gobierno a la campaña reeleccionista de Villarán se
plasma en la presencia de nacionalistas en la lista de regidores.
Peru21
Los “Marco Turbio”
Carlos Meléndez
Marco Tulio Gutiérrez es el primero de su
tipo que salió a la luz pública tan flagrantemente. Abogado, “experto en
legislación municipal”, asesor y operador político a discreción, responsable de
resolver el encargo que el líder político necesita. Su frágil lealtad política
y sus formas heterodoxas en el verbo y la maniobra despertaron la indignación
de sus rivales. Hoy su (¿mal?) ejemplo ha cundido y ha pasado a formar parte de
la fauna política de “escuderos”, “especialistas 2.0” y opinólogos. Víctor
Guerrero y Juan Carlos Becerra decidieron hace un par de años promover una
nueva organización política. Leyeron la letra chiquita de la legislación
vigente e identificaron que formar una organización política local no es algo
tan oneroso y puede ser el vehículo para alguna candidatura a la municipalidad
capitalina. Así, en medio de la demanda desesperada de políticos sin partidos,
estos ‘Marco Turbio’ hicieron click con una Villarán reeleccionista en apuros.
Pero, en este bajo mundo, las actas de compromiso y las fotografías no tienen
valor. Así, Guerrero quedó afuera, Becerra como candidato número tres a regidor
y Villarán, a quien se le recomendaba hacer ‘real politik’, terminó haciendo
real politiquería.
La dinámica de la política sin partidos
requiere este tipo de infraestructura organizativa. Es decir, ‘services’
políticos que crean ‘vientres de alquiler’, recolectan firmas, arman campañas
de revocación y ‘fundan’ comités distritales. Se trata de los ‘Marco Turbio’
como ‘brokers’ políticos a sueldo o con intereses más mundanos que acortan la
distancia entre el sueño de un ‘outsider’ que despierta un día con ganas de ser
alcalde o presidente y su registro ante el JNE. La dinámica partidaria se ha
‘tercerizado’ e informalizado aún más.
GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO,
DEMOCRACIA
El Comercio
El presidente Ollanta Humala promulgó ayer la ley universitaria,
cuestionada por intervencionista. Hoy,
la norma salió publicada en El Peruano.
El jefe del Estado dijo ayer que no iba a permitir que continúen
operando universidades que sirvan de caja chica para partidos.
Como se recuerda, el líder del Partido Aprista es el director del
Instituto de Gobierno de la Universidad de San Martín de Porres (USMP).
Bankada Prensa
La
lideresa del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, manifestó ayer su opinión sobre
la ley universitaria a través de su cuenta de twitter.
Escribió
lo siguiente:
“Presidente
Humala, con su política educativa estamos en último lugar en la evaluación
PISA. Ese es su “gran aporte” a la educación escolar. Da pena.
“La
ley nacionalista-chacana no ayuda a los universitarios, ahora el bachillerato
demandará más tiempo y dinero. ¿Dónde quedó la inclusión?
“Todo
parece indicar que ahora también busca controlar políticamente las
universidades privadas desde Palacio de Gobierno. Sólo con escolares bien
preparados podremos tener mejores universitarios.
“Comandante,
ya tiene 3 años gobernando, es hora de tener una mirada de largo plazo y una
visión de estadista ¿No cree?”, demandó.
El Comercio
El ex presidente Alan García volvió a cuestionar la ley
universitaria. “La intromisión del Gobierno en la universidad busca distraer de
Helios, postores únicos, aportes mineros ilegales y narcos”, escribió.
De esta manera hizo alusión a los cuestionamientos que pesan sobre el
primer ministro, René Cornejo, y a la acusación hecha por un
grupo de mineros ilegales, que señalan que entregaron miles de dólares para la campaña
presidencial de Humala en el 2011.
Por medio de su cuenta de Twitter, García Pérez afirmó que “la
superintendencia militar sobre las universidades es un remedio peor que la
enfermedad. Y como es pésima será pasajera”.
El Comercio
Según la norma, las universidades tienen cinco años para adecuar su
plana docente. El 25% de los profesores deben ser contratados a tiempo
completo. Los profesores que no
cuenten con maestría tendrán ese tiempo para obtenerla.
También se elimina el vicerrectorado de administración para dar paso a vicerrectorado
de investigación.
El ministro de Educación, Jaime Saavedra, estimó que en 90 días empezará a funcionar la
Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu), adscrita a su
despacho.
La Sunedu aprobará o denegará las solicitudes de licenciamiento de
universidades, filiales, facultades, escuelas y programas de estudios
conducentes a grado académico.
Un grupo de trabajo tendrá 90 días para el cierre presupuestal, patrimonial,
administrativo, de personal y financiero de la Asamblea Nacional de
Rectores (ANR) y su Consejo Nacional para la Autorización de
Funcionamiento de Universidades. Después
de ello ambos organismos se extinguirán.
Diez días calendarios después de su promulgación, en cada universidad se
formará un Comité Electoral Universitario Transitorio y Autónomo- integrado por
docentes principales, auxiliares y por estudiantes- que elegirá vía proceso
electoral a los miembros de la asamblea estatutaria en un máximo plazo de 25
días. Esta nueva asamblea- que está conformada por 12 profesores principales,
ocho asociados, cuatro auxiliares y 12 estudiantes- debe redactar y aprobar en
un plazo no mayor de los 55 días el nuevo estatuto de la universidad. Tras ello, se convoca a elecciones para
reemplazar a las autoridades vigentes (rector, vicerrector, decanos, Asamblea
Universitaria, Consejo Universitario y los Consejos de Facultad).
En las universidades privadas, asociativas y societarias, el proceso de
adecuación a la presente ley, en lo que se resulta aplicable, será en un máximo
de 90 días calendario.
De acuerdo al artículo 66 de la norma, el rector y los vicerrectores de
las universidades públicas y privadas serán electos por voto universal por
todos los docentes ordinarios y estudiantes matriculados mediante la seguiente
distribución: a los profesores les corresponde dos tercios de la votación y a
los alumnos un tercio.
El rector y los vicerrectores de las instituciones públicas, cuyas
gestiones duran cinco años, "no
puede ser reelegidos para el periodo inmediato siguiente".
El Comercio
El ministro del ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, denunció semanas atrás
que un grupo de empresas mineras se
propone desaparecer al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
(OEFA), afectándolo en un tema sensible: el pago del Aporte por Regulación o APR.
Son, por lo menos, media docena
las compañías mineras que se niegan a pagar esta contribución por
considerarla inconstitucional y confiscatoria. Entre ellas se encuentra Minera Yanacocha, que ya ha interpuesto una
acción de amparo.
Según Gabriela Pérez Costa, subgerenta legal de Minera Aurífera Retamas (Marsa), el APR
encubre, en realidad, un impuesto para financiar al tesoro público, tipo
Fonavi.
El APR reemplaza al Arancel de Fiscalización Minera, que reguló la
fiscalización en materia ambiental y de seguridad minera hasta el 2013. La
posibilidad de interponer acciones constitucionales contra el APR venció en
mayo. Una alternativa valedera ahora son las acciones de amparo.
El
Comercio, editorial
Puerto
trabado
Ayer
nuestra sección “Portafolio” reportó una noticia que debería preocuparnos: los
sobrecostos logísticos en el Perú son nueve veces el costo de los aranceles,
convirtiéndose así en el principal obstáculo al comercio internacional en
nuestro país. Este índice resulta muy alto pues, para tener una idea de su
onerosidad, basta ver que en la gran mayoría de países que forman la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) la proporción es tan solo
de 2 a 1.
El
principal problema, por supuesto, es meter y sacar los productos por el puerto
del Callao, por el que pasa el 85% de nuestras exportaciones. Y es
que mientras que en el año 2000 pasaban por él 400.000 contenedores, hoy pasan
más de 1,8 millones. Esto significa que 4.100 camiones diarios circulan por las
tres angostas vías que llegan al puerto, en una operación que puede tomar hasta
diez horas, luego de, claro está, atravesar nuestras muchas ya colapsadas
carreteras.
Así,
mientras el gobierno trabaja, por un lado, para reducir los aranceles vía
tratados de libre comercio; por el otro, los costos logísticos dificultan la
salida y entrada de los productos a nuestro territorio. Ahora, lo irónico es
que buena parte de estos sobrecostos son culpa del mismo Estado.
En
ese sentido, una ley del Congreso restringe la posibilidad de que se
desarrolle el servicio del cabotaje (esto es, el de transporte de mercancías
entre un puerto y otro de nuestro litoral). Esta norma prohíbe que las empresas
extranjeras se dediquen a esta actividad y que las empresas peruanas alquilen
buques de bandera extranjera con ese fin (salvo por períodos de seis meses no
renovables, lo que es igual que nada). Así, la ley creó una gigantesca barrera
de entrada: solo los empresarios nacionales que pueden asumir el costo de
adquirir toda la flota pueden operar en este mercado.
Como
se puede imaginar, señor lector, la consecuencia de esto es que el servicio de
cabotaje es una actividad prácticamente inexistente. Así, desperdiciamos la
posibilidad de usar el mar como vía de transporte y descongestionar tanto las
carreteras como la entrada y salida del Callao. Y, además, nos privamos de la
oportunidad de aprovechar una vía de transporte más barata que la que hoy se
usa mayormente. El flete marítimo, después de todo, cuesta un octavo de lo que
cuesta el terrestre.
Existe
desde hace buen tiempo un proyecto en el Congreso para liberalizar en cierta
medida (aunque tímidamente) el cabotaje, presentado por la congresista Luciana
León. Pero nuestros parlamentarios prefieren dedicarle tiempo a
otros proyectos normativos –como aquel que sirvió para ponerle nombre al cielo,
por ejemplo– en vez de atender esta situación tan importante.
La
excusa que generalmente se escucha para defender las restricciones existentes
es que “el mar es de los peruanos”. Una frase sin duda demagógica, pues en la
práctica, como hemos visto, lo que ha terminado sucediendo es que el mar no es
ni de los peruanos ni de los extranjeros, pues nadie puede aprovechar todo su
potencial como vía de transporte entre los puertos del litoral.
Por
otro lado, las iniciativas que existen para desarrollar mayor infraestructura
que permita reducir los costos logísticos se encuentran atoradas en el pantano
de la burocracia. Se ha planteado la construcción de un viaducto elevado por el
que circulen los camiones que entran al puerto del Callao, la construcción de
puertos secos (terminales en las que se realiza el control aduanero para
agilizar la entrada y salida de mercancías hacia su destino) y el desarrollo de
ferrovías pues los trenes sirven para transportar carga de manera más
eficiente. Sin embargo, el Estado permanece impávido y no coge ninguna de estas
iniciativas (cuando bien podría coger todas) ni deja que los privados se
encarguen de las mismas.
Así,
mientras una mano del Estado lucha con ahínco por destrabar nuestro comercio
internacional celebrando tratados de reducción de aranceles, la otra mano
deshace lo que hizo la primera empeñándose en mantener altos los costos de
movilizar las mercancías que nuestros comerciantes buscan importar o exportar.
El
Comercio
El
Perú en el mundial del desarrollo
Alfredo
Torres
La
fiebre del campeonato mundial de fútbol es un buen pretexto para reflexionar
sobre el lugar que ocupa el Perú en el mundo. Todos sabemos que, una vez más,
no estuvimos entre los 32 países que lograron su clasificación al Mundial de Brasil, pero no está tan claro
si somos capaces de lograr “la clasificación” en otros campos de la vida. Como
referencia, el Perú ocupa según la FIFA el puesto 45 en el ránking mundial de
fútbol. Por lo tanto, si creemos que estamos mal en fútbol, cualquier ubicación
por debajo de esa cifra en otros campos debería hacernos reflexionar sobre
nuestro grado de desarrollo.
El
Perú ha sido durante la última década la estrella de la región en crecimiento
del PBI:
campeón sudamericano y segundo puesto en América Latina después de Panamá. Si
el indicador clave fuese crecimiento económico, estaríamos en el Mundial. Sin
embargo, si el indicador fuese el PBI per cápita, no clasificamos. El campeón
sudamericano sería Chile y el Perú ocuparía el séptimo lugar. El campeón
mundial en esta categoría es Luxemburgo y el Perú, si bien ha venido subiendo
posiciones, está a media tabla: ocupa el puesto 75 en el planeta. Similar
posición ocupa el Perú en el Índice de Desarrollo Humano, donde el campeón
mundial es Noruega y el regional, Chile.
En
democracia estamos algo mejor, pero, nuevamente, sin llegar a clasificar entre
los top 32 del mundo. El Perú ocupa el puesto 61 en el ránking de democracia
que elabora The Economist Intelligence Unit, donde el campeón mundial es
también Noruega. Similar posición ocupamos en el ránking mundial de
competitividad del World Economic Forum (WEF), donde el
campeón mundial es Suiza.
El
ránking del WEF nos ayuda a entender dónde están nuestras fortalezas y
debilidades, ya que es un resumen de 12 ránkings. Donde somos más competitivos
es en estabilidad macroeconómica (puesto 20) y en sofisticación de los mercados
financieros (puesto 40). Las peores posiciones las tenemos en salud y educación
primaria (puesto 95), en instituciones (puesto 109) y en innovación (puesto
122). Es evidente, por lo tanto, que para avanzar en el ránking mundial de competitividad
el trabajo prioritario debe darse en los factores donde estamos más rezagados.
Habría
que ser muy obtuso ideológicamente para negar que el acelerado crecimiento del
PBI ha sido beneficioso para los peruanos. Los ingresos de la población se han
triplicado desde que se empezó a aplicar el modelo económico de mercado a
principios de los noventa y la pobreza se ha reducido a la mitad en la última
década. Pero sabemos también que la economía y la política no pueden ir por
cuerdas separadas por mucho tiempo y el deficiente funcionamiento de las
instituciones públicas no solo frena el desarrollo económico sino que también
genera insatisfacción ciudadana, lo que puede llevar al electorado a buscar un
cambio de modelo.
Existen
ya campos en los que el Perú se encuentra entre los mejores del mundo. Ocupamos
el primer lugar del planeta, según el World Travel Award, como el mejor destino
culinario y la fama de nuestros cocineros avanza rápidamente. Menos conocidos
pero igualmente notables son los primeros lugares que ocupan en el mundo
nuestras exportaciones de espárrago (primer puesto), banano orgánico (primer
puesto), quinua (segundo puesto), palta (puesto 4), uva (puesto 5), mango
(puesto 5) y café (puesto 6) gracias al esfuerzo de muchos peruanos. Historias similares
de éxito se pueden encontrar en la minería, la pesca, la industria, el turismo
y el arte, entre otros campos.
Para
avanzar más rápido en los ránkings mundiales de desarrollo y bienestar, el Perú
requiere facilitar la inversión privada –menos trámites y sobrecostos–, pero al
mismo tiempo reforzar al Estado en sus funciones esenciales en los campos donde
la ciudadanía más lo reclama, que son la educación, la salud y, sobre todo, la
lucha contra la delincuencia y la corrupción. El desarrollo institucional toma
tiempo, pero si se actúa con liderazgo y perseverancia da resultados. Nuestros
vecinos Chile y Colombia han tenido un gran desempeño en el Mundial de Fútbol y
han venido avanzando también en el mundial del desarrollo. No hay ninguna razón
para que el Perú no pueda también hacerlo.
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