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ü Según
encuesta CPI de febrero, en una hipotética segunda
vuelta entre Keiko Fujimori y Alan García el
2016, la lideresa de Fuerza Popular obtendría el 50.8% de los votos y García el
18.8%
ü El
Comercio: el presidente, Ollanta
Humala, hizo
hoy un llamado a “no
mezclar lo jurídico con lo político para tener un diálogo alturado”. Consultada,
Nadine Heredia
dijo que Humala se refirió a todos y no solo a su casa cuando dijo que no se debe
mezclar lo jurídico y lo político
ü El
cierre de la DINI
no obstaculizará las investigaciones de la fiscalía y el Congreso sobre el
espionaje a políticos, aseguró la premier, Ana Jara. Dijo que la DINI tiene la obligación de seguir colaborando durante su
reestructuración “entretanto no salga la disposición legal que la cierra”. “Aunque
ingresara a una etapa de reestructuración también se dará todas las facilidades
a las autoridades”, agregó acto seguido. “Por ahí algunos quieren leer entre
líneas que estamos tomando esta disposición para evitar las investigaciones,
nada más apartado de la verdad”, aseveró
ü Vocero
de Gana Perú, Josué Gutiérrez, sostuvo que se tendrá cuidado con el material de
inteligencia, a fin de que no termine en manos de terceros
ü La ex procuradora Yeni Vilcatoma aseguró que la renuncia de
Eduardo Roy Gates es “una consecuencia de las denuncias que yo he interpuesto”
ü La
premier, Ana Jara, dijo que, si bien el presidente Humala tiene la potestad de
renovar el Gabinete, ella está evaluando la performance de cada uno de los
ministros. Tres grupos políticos propusieron en
el diálogo realizar cambios en el Gabinete, dijo
ü Director de El Comercio: “además de dejar sus cargos de editora, la señora (Martha)
Meier no publicará más sus artículos bajo mi gestión”.
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MEDIA COLUMNA
El fujimorismo vuelve
a ganar la mitad del voto
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
Según
la encuesta CPI de febrero, en una segunda vuelta el 2016 entre Keiko Fujimori y Alan García,
la lideresa de Fuerza Popular obtendría el 50.8% de los votos y el expresidente
aprista el 18.8%. El fujimorismo alcanza nuevamente y sobrepasa esta vez la
mitad de los votos en segunda vuelta, como ocurrió hace cuatro años.
Carlos
Meléndez es un estudioso del antivoto. Esto es, el voto que no es a favor sino
en contra de alguien. Sigue desde hace tiempo la evolución del voto que podría llamarse
antiaprista y antifujimorista. Tiempo atrás
concluyó que el primero era ya apreciablemente mayor que el segundo.
Tiene lógica, tratándose en el caso del Apra
de un gobierno relativamente reciente, que ha dejado el poder hace solo cuatro
años en medio de acusaciones políticas. En el caso del fujimorismo, se trata de
una percepción que ha variado sustantivamente en los quince años desde que dejara
el gobierno. Ello se debe al meritorio esfuerzo de Keiko Fujimori, que ha
logrado con su partido, Fuerza Popular, convencer a los peruanos de la transparente
sinceridad de su compromiso contra la corrupción y por la democracia y la
igualdad de oportunidades en el Perú.
Meléndez sostiene hoy en su columna que “las
expectativas sobre el advenimiento de un outsider se incrementan (69% cree que
habrá uno)”. Hasta hoy, sin embargo, no aparece
quien esté realmente dispuesto a apostar su vida a ese casillero. Y una vocación
política no se improvisa. Por eso agrega
el columnista a continuación que “de no aparecer
esta figura, los ‘antis’ –nuevamente– terminarán decidiendo la elección”.
A un año de las elecciones, sin embargo, ese 51% de Keiko frente al 19%
de Alan en una hipotética segunda vuelta del 2016 es indicio de que el fujimorismo
finalmente puede haber vencido en su largo empeño de despejar los oscuros temores
de un antifujimorismo que queda en el pasado.
REPORTE
DE NOTICIAS en Internet
Las
siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas,
editadas y ordenadas
temáticamente.
No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las
mismas que se indican sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer
la cortesía.
ELECCIONES, PARTIDOS, ENCUESTAS, MEDIOS,
PSICOSOCIALES
Correo
Según
la última encuesta
CPI, entre el 2 y el 6 de febrero, en una hipotética segunda
vuelta entre Keiko Fujimori y Alan García el 2016, la lideresa de Fuerza
Popular obtendría el 50.8% de los votos y Alan García el 18.8%.
El
voto blanco y viciado alcanzaría a 27.4%.
Peru21
Columna de Carlos Meléndez
(…)
…las
expectativas sobre el advenimiento de un outsider se incrementan (69% cree que
habrá uno). De no aparecer esta figura, los ‘antis’ –nuevamente– terminarán
decidiendo la elección.
(…)
RPP
Gastón
Acurio deslizó la posibilidad de presentarse como el
”outsider”, según el exprocurador Julio Arbizu, quien afirmo en Diario 16 que
tuvo una reunión Acurio donde este
le contó
de su “preocupación” ante la posibilidad de que Alan García y Keiko Fujimori
sean las alternativas.
GOBERNABILIDAD,
DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA
El
Comercio
La
premier, Ana Jara, dijo que, si bien el presidente Humala tiene la potestad de
renovar el Gabinete, ella ya está evaluando la performance de cada uno de los
ministros.
En
otro momento, la jefa del Gabinete, visiblemente fastidiada, pidió respeto a la
encuestadora Datum luego de que esta preguntara en su último sondeo si Jara
estaba o no “pintada en la pared”.
Capital radio
Tres
grupos políticos propusieron en el diálogo de ayer realizar cambios en el
Gabinete, dijo la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara. Afirmó que la
decisión la tiene el presidente Ollanta Humala.
El Comercio
El presidente, Ollanta Humala, destacó
que “por consenso” en el diálogo se ha expresado una preocupación sobre la
Dirección Nacional de Inteligencia (Dini) y que se recogerá la propuesta del partido
Nacionalista de cerrarla
para reestructurarla.
Ante
las denuncias de seguimiento de agentes de la DINI a políticos de la oposición y el
oficialismo, “el Partido Nacionalista ha planteado el cierre de la DINI con
la intención de reestructurarla, reforzarla y profesionalizarla con una junta
de notables que pueda ver este tema”, dijo.
El
jefe de Estado también exhortó al Congreso a plantear una norma que regule la
actividad de empresas privadas que se dedican a actividades de inteligencia. “Así
como está la DINI,
también hay empresas privadas que se dedican a actividades de inteligencia,
empresas que realizan consultorías a grandes consorcios [y] realizan actos de
seguimiento y reglaje en Cajamarca. No hay una norma que regule eso y eso es
una tarea del Congreso”, acotó.
La
DINI será cerrada por 180 días para su
reestructuración, afirmó la jefa del Gabinete, Ana
Jara, e indicó que es un acuerdo al que llegó el diálogo.
Explicó
que, como las funciones de la DINI se regulan por un decreto legislativo,
su cierre temporal tiene que ser por un proyecto de ley que el Ejecutivo
enviará en los próximos días al Congreso,
donde la Comisión Permanente puede debatirlo y votarlo.
Aclaró
que las direcciones de inteligencia de las FFAA y el Ministerio del Interior se mantendrán
operativas.
Jara
dijo que se revisará la condición laboral de todos sus funcionarios. “Algunos
vienen prestando servicios desde otros gobiernos”, añadió.
El Comercio
El
cierre temporal de la DINI
no obstaculizará las investigaciones que realizan la fiscalía y el Congreso
sobre el presunto espionaje y seguimiento a políticos de la oposición y el
oficialismo, aseguró la primera ministra, Ana Jara. Dijo
que la DINI tiene la obligación de seguir colaborando con estas
indagaciones durante su reestructuración “entretanto no salga la disposición
legal que cierra la DINI”. “Aunque
ingresara a una etapa de reestructuración también se le dará todas las
facilidades a las autoridades”, agregó acto seguido.
“Por
ahí algunos quieren leer entre líneas que estamos tomando esta disposición para
evitar las investigaciones, nada más apartado de la verdad”, manifestó.
Dijo
que la reestructuración de la DINI
no implica que el Gobierno admita responsabilidad por los presuntos reglajes a
políticos. “Eso lo tienen que determinar las autoridades”, añadió.
El Comercio
El
vocero de Gana Perú, Josué Gutiérrez, sostuvo hoy que “la DINI está dañada porque hay muchas
sospechas”. Indicó que se tendrá cuidado con el material de inteligencia, a fin
de que no termine en manos de terceros.
RPP, Andina
La Comisión de Inteligencia del Congreso continúa su
investigación sobre las denuncias por reglajes a políticos, señaló su
presidente, César Yrupailla (NGP).
El grupo parlamentario recibió este mediodía al coronel en retiro Mauro Castañeda, quien
formó parte de la DINI. Otros convocados por la comisión a prestar
declaraciones fueron José Sánchez
y Jorge Feria.
La sesión se realizó en privado y participaron los integrantes de la comisión Luz Salgado (FP), Javier Bedoya (PPC-APP), Hugo Carrillo (NGP) y Daniel Mora (PP).
La sesión se realizó en privado y participaron los integrantes de la comisión Luz Salgado (FP), Javier Bedoya (PPC-APP), Hugo Carrillo (NGP) y Daniel Mora (PP).
El Comercio, editorial
Ayer se cumplió la primera jornada de diálogo convocada
por el gobierno en un contexto un tanto deslucido. Primero porque, en su
mayoría, los sectores políticos presentes difícilmente podían ser considerados
de real oposición (varios de ellos arrojaron salvavidas al oficialismo en
trances tan difíciles como los votos de censura a determinados ministros o la última
elección de la Mesa Directiva del Legislativo). Segundo, porque aun en el caso
de esos partidos, no fueron sus líderes ‘naturales’ (Alejandro Toledo en Perú Posible o Lourdes Flores en el PPC) los que acudieron a la
cita, sino alguna autoridad con credenciales oficiales para hacerlo, pero
escasa representatividad frente a la ciudadanía. Y tercero, porque la inclusión
en el cónclave de organizaciones sin registro electoral, lejos de generar la
impresión de una invitación amplia y democrática, sugería desesperación por
llenar los sitios vacíos.
La inasistencia de determinadas colectividades
políticas fue, en efecto, el dato más saltante de la reunión. Particularmente
porque a la previsible ausencia de Fuerza Popular y del Apra se sumó, por
ejemplo, la del partido del pastor Humberto Lay,
Restauración Nacional, lo que debería ser interpretado por el gobierno como una
verdadera llamada de atención, habida cuenta de la poca inclinación por la
destemplanza que caracterizan a ese movimiento y a su líder.
El humalismo, pues, se ha visto ante la evidencia de
que necesita incorporar de alguna manera al diálogo a las fuerzas de oposición
que no asistieron a la reunión (y, sobre todo, a los ciudadanos que se puedan
sentir expresados en sus reclamos) si quiere que todo este esfuerzo contribuya
a crear el clima que requiere para capear el temporal actual y llegar con
cierta estabilidad al 28 de julio del 2016. Pero ¿cómo hacerlo si los
mencionados sectores no quieren sentarse a conversar?
Pues no es tan difícil. Estar ubicados uno frente al
otro en una mesa puede ser la mejor manera de establecer un diálogo que permita
interacción inmediata entre las partes, pero no la única. Los interlocutores,
en realidad, pueden estar a distancia y eventualmente hasta comunicarse a
través de gestos. Si uno de los partidos no concurrentes –el Apra– se ha pasado
la vida repitiendo que “conversar no es pactar”, a lo mejor está dispuesto a
pactar sin conversar. O, mejor dicho, a llegar a algún entendimiento que no
demande palabras.
El gobierno, en concreto, tiene que haber comprendido,
ya que su plan de tranquilizar las aguas a través del acto ritual del diálogo
pero sin ceder ante ninguna de las exigencias de la oposición radical no ha
funcionado. De hecho, el anuncio de la reestructuración de laDirección Nacional de
Inteligencia (DINI) –una
medida de cuya necesidad, aparentemente, se fueron persuadiendo a lo largo del
día– apunta en ese sentido. Pero no es suficiente.
Así como consentir cambios en la organización de
inteligencia supone admitir que ha existido un funcionamiento inadecuado de
ella, el gobierno tiene que admitir que han existido problemas en la conducta
de algunos ministros y cambiarlos. Basta sumar los votos con los que esa
iniciativa cuenta ya en las diferentes bancadas del Congreso para comprobar
que, si no lo hace, una mayoría de la representación nacional lo hará por él en
marzo, ni bien empiece la próxima legislatura.
¿Para qué extender entonces la agonía? ¿Por qué no
practicar por una vez el control de daños antes de que el problema que tienen
entre manos agote su potencial de daño a la administración? Máxime cuando
alguno de esos ministros –Daniel Urresti– ha continuado hostigando
intermitentemente a la oposición y a la prensa a pesar de las reconvenciones de
la jefa del Gabinete. Y máxime también cuando el licenciamiento oportuno de
otros portadores de fajín que no tienen salvación –Pedro Cateriano, Carmen
Omonte y Daniel Figallo– podría permitir la supervivencia de la señora Ana Jara
en la Presidencia del Consejo de Ministros, evitándole al oficialismo la
necesidad de cumplir con la improbable hazaña de conseguir el voto de
investidura para un nuevo primer ministro.
Si la oposición más crítica, en resumidas cuentas, no
ha acudido a la montaña en la que el gobierno la citó para tratar de apaciguar
el clima político, esa montaña podría intentar ir hacia la oposición con gestos
que digan más que las palabras que se gastaron ayer en un intercambio
protocolar que a todas luces resultó insuficiente.
El Comercio
Columna de Fernando Berckemeyer, director
El sábado 7 de febrero se publicó en la página web de este diario el artículo “#MáximaNoEstáSola”, de Martha Meier Miró Quesada. Luego de unas horas fue retirado, lo que llevó a muchas personas en redes sociales a preguntarse si El Comercio y yo como su director habíamos censurado a la señora Meier. Se dijo además que la censura habría respondido a un interés "neoliberal" o mercantilista en silenciar los abusos que la minera habría estado cometiendo contra la familia Chaupe.
El sábado 7 de febrero se publicó en la página web de este diario el artículo “#MáximaNoEstáSola”, de Martha Meier Miró Quesada. Luego de unas horas fue retirado, lo que llevó a muchas personas en redes sociales a preguntarse si El Comercio y yo como su director habíamos censurado a la señora Meier. Se dijo además que la censura habría respondido a un interés "neoliberal" o mercantilista en silenciar los abusos que la minera habría estado cometiendo contra la familia Chaupe.
Si algo tenía claro cuando asumí la dirección de El Comercio el 17 de noviembre pasado es que nada
es más valioso para un diario que la confianza de sus lectores. Eso, y el
respeto de quienes, aun sin leerlo o incluso discrepando profundamente de sus
posiciones, son ciudadanos informados y justos. Consiguientemente, comencé mi
trabajo como director con la convicción de que, se equivocase o no en sus ideas
o coberturas, El
Comercio tenía
que ser siempre un diario honesto. No puedo, pues, dejar que esta honestidad
sea puesta en duda sin sentirme obligado a defenderla.
Iré al punto. Según mandan los principios rectores de
este Diario –y, ciertamente, el sentido común–, los columnistas del mismo
tienen libertad de expresión, pero no de difamación. Retiré el artículo de la
señora Meier de la edición impresa del sábado (y de la digital, en que salió
por unas horas por error) no porque ella estuviese defendiendo a la familia Chaupe frente a la minera Yanacocha, sino porque se sostenían en
él al menos dos ideas potencialmente difamatorias. La primera, que el financista
internacional George Soros es un "narcopromotor".
La segunda, que la minera en cuestión habría tenido intenciones de “intervenir”
en el Poder Judicial cajamarquino mediante "intereses subalternos",
las que se habrían visto frustradas por la exposición mediática del caso.
Demás está decir que la aludida responsabilidad que
tiene el diario de que no se publiquen en él textos difamatorios se vuelve
especialmente exigente cuando quienes los publican son editores del mismo y
personas que, por lo tanto, pueden generar la percepción de estar hablando a
nombre de él.
La señora Meier ha implicado en redes sociales que el
retiro de su artículo se debe a que el diario, por causa mía, tendría interés
en censurar las denuncias de Máxima Acuña de Chaupe para proteger a la minera. No hace
falta entrar en mayores explicaciones para mostrar que eso no es así. Basta con
mirar las varias notas que sobre el caso publicó El Comercio (en sus versiones
impresa y web) solo en la misma semana en la que ella envió su columna. Todas recogían
las versiones de ambas partes, y muchas de ellas, más aún, destacaban en sus
titulares la postura de la familia Chaupe. Así, por ejemplo, la nota “Familia Chaupe denunciará a Yanacochapor usurpación”, en
la que informamos que la mencionada familia denunció que personas enviadas por
la minera destruyeron su casa. Otro ejemplo es la nota “PNP niega participación en
desalojo de vivienda en Cajamarca”, en la cual relatamos que
la Policía Nacional negó haber participado en la operación de desalojo. Un
tercer ejemplo es la nota “Cajamarca: policía brinda
garantías a la familiaChaupe", en
la que señalamos que la policía afirmó que no permitiría ninguna agresión por
parte de la minera.
El
Comercio, pues, no ha censurado la libertad de expresión de
nadie. Más bien, ha impedido que alguien se tome la libertad de difamar en sus
páginas. Dos cosas muy diferentes.
Por otra parte, la razón que esgrimió en Twitter y en otros medios no públicos la
señora Meier a fin de acusarme de tener mis propios intereses subalternos para
intentar silenciar la historia de los Chaupe es tan endeble como su
acusación de censura: renuncié al estudio de abogados cuyos intereses ella dice
yo habría intentado proteger hace más de cuatro años y no tengo más vínculo con
él que el que supone que un familiar mío sea socio del mismo. En cualquier
caso, no es que esto haga mucha diferencia: la minera Yanacocha no es clienta de ese estudio.
Como se comprenderá, no puedo pretender hacer un
trabajo serio como director del diario y, al mismo tiempo, mantener en él a una
editora que implícita y públicamente me acusa de corrupción.
Finalmente, pienso que El Comercio está llamado a cumplir un rol muy
diferente al que supone publicar este tipo de artículos y que el encargo que me
ha sido dado como director implica esforzarme al máximo de mis posibilidades
para que las páginas del diario estén a la altura de su legado, de su misión y,
sobre todo, de la confianza que depositan en él sus lectores. Por ello, además
de dejar sus cargos de editora, la señora Meier no publicará más sus artículos
bajo mi gestión.
ANTICORRUPCION, PERSECUCION,
JUDICIALIZACION POLITICA
El Comercio
El
presidente, Ollanta Humala, hizo hoy un llamado a “no
mezclar lo jurídico con lo político para tener un diálogo alturado”, manifestó.
Indicó
que si se pone por encima de los temas electorales los temas nacionales, la
población “va a sentir más confianza en su clase política y le va a tener más
respeto”.
Consultada
sobre estas palabras, la presidenta del partido Nacionalista, Nadine Heredia, dijo
que Humala se refirió a todos y no solo a su casa cuando dijo que no se debe
mezclar los jurídico con lo político.
Heredia
Alarcón viene siendo investigada por la fiscalía por lavado de activos, a raíz
de depósitos sospechosos en su cuenta bancaria.
RPP
El congresista nacionalista Santiago Gastañadui negó ser un testaferro de Nadine Heredia en la empresa Todo Graph.
La citada compañía fue creada
el 2006 por Martín Belaunde Lossio y dos meses después este le vendió sus
acciones a Gastañadui, esposo de Rosa Heredia, prima de Nadine Heredia.
El congresista dijo desconocer el documento privado, propalado
por Cuarto Poder, que lleva por título "Declaración de verdadero
propietario" y que cuenta con su firma y la de Maribel Vela, donde ambos
reconocen que la “verdadera propietaria” es Nadine Heredia.
“Nos allanamos a cualquier investigación", afirmó.
El Comercio
El
abogado penalista Eduardo Roy Gates renunció
al cargo de
consejero jurídico del presidente Ollanta Humala, afirmó hoy la jefa del
Gabinete Ministerial, Ana Jara.
“Entendemos
que en este caso se ha aceptado la renuncia que ha sido solicitada con meses de
anticipación”, manifestó.
Consultada
sobre si la denuncia de la ex procuradora anticorrupción adjunta Yeni Vilcatoma
contra Roy Gates por injerencia política en el caso
La Centralita influyó en la salida del abogado, Jara dijo que la
aceptación de su dimisión “obedece a la voluntad directa del primer
mandatario”.
RPP
La
ex procuradora adjunta anticorrupción Yeni Vilcatoma aseguró que la renuncia de
Eduardo Roy Gates es “una consecuencia de las denuncias que yo he
interpuesto en el mes de diciembre”, señaló.
“La interferencia del señor Roy Gates al participar en una reunión donde no tenía por qué estar presente y recibir información reservada de un caso concreto -específicamente de Martín Belaunde Lossio- se vio materializada el día de hoy”, añadió.
Como se recuerda, Yeni Vilcatoma fue despedida del cargo de procuradora adjunta anticorrupción tras exigir la dimisión del ministro de Justicia, Daniel Figallo, por convocar a una reunión -en la que participó Roy Gates-, donde se observó un interés para otorgar el beneficio de la colaboración eficaz a Belaunde Lossio.
“La interferencia del señor Roy Gates al participar en una reunión donde no tenía por qué estar presente y recibir información reservada de un caso concreto -específicamente de Martín Belaunde Lossio- se vio materializada el día de hoy”, añadió.
Como se recuerda, Yeni Vilcatoma fue despedida del cargo de procuradora adjunta anticorrupción tras exigir la dimisión del ministro de Justicia, Daniel Figallo, por convocar a una reunión -en la que participó Roy Gates-, donde se observó un interés para otorgar el beneficio de la colaboración eficaz a Belaunde Lossio.
La República
Llorando la leche derramada
Ricardo
Uceda
El caso llegó a la Corte Suprema
bajo el sistema aleatorio de derivación de expedientes. Pudo haber ido a la
Sala Penal Transitoria, que preside César San Martín, o a la Penal Permanente,
que encabeza Javier Villa Stein. Tras lo visto, poca duda hay de que cualquiera
de las salas hubiera resuelto igual. Algunos piensan que San Martín y Villa Stein
dirigen a sus pares como focas amaestradas. No es así. Estos enfrentados
jueces, quienes aparte de su enemistad usualmente representan corrientes
distintas de interpretación de las leyes, pierden la votación en no pocas
ocasiones.
Pero en el caso Belaunde Lossio
hubo unanimidad para rechazar su pedido de extradición a Bolivia. Es por el
Caso La Centralita, pues en el expediente Antalsis la investigación, aunque con
enorme potencial, aún no ingresa a una etapa judicial. En la Sala de Villa
Stein los cinco jueces tienen una trayectoria disímil respecto de la forma de
condenar al principal delito implicado en La Centralita, el de peculado. ¿Por
qué, entonces, todos votaron por rechazar la demanda?
El peculado es un delito de
funcionarios públicos. Lo comete quien se apropia de bienes públicos en su
beneficio o para terceros. El autor no puede ser un privado, de acuerdo con la
ley. Pero en muchos casos los jueces peruanos interpretan la ley aceptando que
un privado pueda ser “cómplice secundario” del peculado. Le dan una menor pena
que al autor, funcionario público. Otros jueces votan distinto.
Villa Stein, por ejemplo, vota
consistentemente bajo el criterio de que solo un funcionario público puede
recibir castigo por peculado. Otro miembro de la Sala Penal Permanente, Duberlí
Rodríguez, suele votar en un sentido más amplio. Sin embargo, lo que estaba en
juego el viernes 6 de enero, durante una discusión interna de los supremos, era
lo que decía la ley boliviana. ¿Penalizaba por peculado a un privado? Los jueces
tenían el Código Penal del vecino país en sus carpetas. Sabían que es parecido
al de Perú: solo los funcionaron estatales pueden cometer peculado. Pero abre
un resquicio para sancionar a alguien que no lo fuera, con una pena menor. Un
vacío de la demanda de extradición es que no informaba si en Bolivia hay
privados sentenciados como cómplices secundarios de peculado.
–¿Encontraron casos de castigo a
privados por peculado en Bolivia? –le preguntó Villa Stein al procurador Joel
Segura, durante la audiencia pública.
–No –dijo Segura.
La respuesta definió la votación
de los jueces. Quienes escribieron la demanda no se documentaron en el punto de
mayor controversia. Por lo menos pudieron haber citado casos de Alemania, cuya
legislación sobre peculado es idéntica a la de Bolivia –fue su fuente– y donde
los jueces mayoritariamente consideran a privados cómplices secundarios cuando
hay pruebas.
El peculado era el único debate,
porque el otro delito que ofrecía el expediente, asociación ilícita para
delinquir, en Bolivia solo tiene una pena máxima de dos años de prisión,
insuficientes según el Tratado de Extradición. En Perú, en cambio, la pena por
corrupción puede llegar hasta los seis años. En Bolivia hay mayor severidad
solo en casos de narcotráfico o trata de personas, algo de lo que es imposible
acusar a Belaunde Lossio.
De modo que el expediente acusaba
por las puras al prófugo de asociación ilícita para efectos de la extradición.
Por eso los jueces desecharon este cargo desde el primer minuto y se
concentraron en el delito de peculado. No es exagerado afirmar que si la
demanda contenía casuística sobre sanciones por peculado a privados en Bolivia,
el pedido de extradición podría haber sido aprobado por la Corte Suprema. O por
lo menos la objeción a la pertinencia de la figura de peculado hubiera sido
salvada.
–Yo me hubiera dado por satisfecho en ese punto –dijo uno de los vocales confidencialmente–. Y tal vez hubiera habido mayoría.
Este trío, hipotéticamente, quizá hubiera estado compuesto así: Segundo Morales, Duberlí Rodríguez, Enrique Loli.
Pero el expediente tenía otro error, a la vista insalvable: no decía cómo y cuándo se habían cometido los delitos.
–Yo me hubiera dado por satisfecho en ese punto –dijo uno de los vocales confidencialmente–. Y tal vez hubiera habido mayoría.
Este trío, hipotéticamente, quizá hubiera estado compuesto así: Segundo Morales, Duberlí Rodríguez, Enrique Loli.
Pero el expediente tenía otro error, a la vista insalvable: no decía cómo y cuándo se habían cometido los delitos.
El tema de la correcta
tipificación de los delitos cometidos supuestamente por Martín Belaunde Lossio
fue el talón de Aquiles del caso desde un comienzo. ¿De qué se lo acusa? De
haberse beneficiado con los dineros del Gobierno Regional de Áncash para
ejercer actividades ajenas a las obligaciones de un contratista, como son
atacar a los opositores del presidente César Álvarez y pagar ilícitamente a
periodistas. Ilícitamente porque era dinero del Estado. Colaboradores eficaces
dieron testimonios incriminatorios directos, pero su versión no bastaba para
describir pormenorizadamente el delito de peculado, de asociación ilícita,
de lavado de dinero y otros que pudieran configurarse. Faltaba
documentación probatoria.
¿Qué pruebas? Por ejemplo, los
contratos desde donde salió el dinero para pagarle a Belaunde Lossio los veinte
mil soles mensuales que según un testigo percibía. La documentación original de
Ilyos Producciones –la famosa empresa del incriminado– que demostrara su
condición fantasmal. De acuerdo con el Código Procesal Penal, la demanda de
extradición debe contener “la descripción del hecho punible, con mención
expresa de la fecha, lugar y circunstancias de su comisión y sobre la
identificación de la víctima, así como la tipificación legal que corresponda al
hecho punible”. Los fiscales, el Procurador, no tenían esta información durante
la audiencia del pasado viernes. Estaban perdidos en la sala.
–¿Cuáles son los delitos? –le
preguntó Villa Stein al Procurador Anticorrupción Joel Segura, para luego
ridiculizarlo cuando este respondió que Belaunde Lossio encargaba notas
periodísticas. “Entonces cierro la puerta y me llevo presos a los periodistas
que están aquí”, dijo el juez. El fiscal designado para la audiencia, Alcides
Chinchay, no sabía dónde estaba parado. Antes de la sesión gestionó
informalmente ser reemplazado por otro colega, porque “no estaba empapado del
caso”. Recién se lo habían asignado.
Razón tuvo Yeni Vilcatoma en su
insistencia, cuando era Procuradora Anticorrupción, para que el fiscal Marco
Huamán realizara diligencias compulsivas sobre la administración del Gobierno
de Áncash (en el proyecto Chinecas había una caja chica para La Centralita) a
fin de que incautara documentos. Pidió sustentar la acusación de lavado de
activos, lo que tampoco se hizo. En el caso Áncash se sabe lo ocurrido, pero
hay que conseguir las pruebas mediante una investigación voraz del Ministerio
Público. Huamán, según Vilcatoma, no creía en las imputaciones del caso. Él y
su jefe, el coordinador supranacional Gustavo Quiroz, propiciaron una reunión
con el Ministro de Justicia para “unificar criterios”, esto es, sacarse a la
Procuraduría de encima. La Procuraduría pidió la separación de Ramos y Quiroz,
ambas denegadas, y Vilcatoma terminó denunciando al Ministro de Justicia y
subrogada.
El papelón del viernes
protagonizado por el juzgado, el Ministerio Público y la Procuraduría deja al
descubierto asuntos más graves. Decenas de prófugos del caso pueden irse a
Bolivia y mantenerse a buen recaudo. El propio César Álvarez está en una
posición ventajosa. Pues hasta el momento no se ha acreditado cómo se robó
millones de soles para sus actividades ilícitas. Se sabe que robó, pero eso no
sirve de nada en un juzgado.
RPP
Tras
destaparse el escándalo del banco británico HSBC, que supuestamente ayudó a
evadir el equivalente de 12.500
millones de dólares a 9.187 clientes, se sabe que hay varios peruanos involucrados,
entre ellos el ex secretario general de la ONU Javier Pérez de Cuéllar.
Según el diario La Sexta de España, el también ex candidato presidencial tendría unos US$8 millones vinculados a una sociedad llamada Children Client Fundation.
De acuerdo al matutino, la fundación ha negado que Pérez de Cuéllar tenga poder o beneficio sobre la cuenta.
Según el diario La Sexta de España, el también ex candidato presidencial tendría unos US$8 millones vinculados a una sociedad llamada Children Client Fundation.
De acuerdo al matutino, la fundación ha negado que Pérez de Cuéllar tenga poder o beneficio sobre la cuenta.
Felicitado por
algunos, repudiable para otros, el italo francés Falciani brindó los datos que
permitieron que el diario francés Le Monde y El Consorcio Internacional de
Periodistas de Investigación (ICIJ) difundieran los datos de 130.000 presuntos
evasores fiscales. Falciani fue empleado del banco
entre el 2001 y el 2008.
El
banco HSBC contaba
en el 2007 con más de 30.000 cuentas de clientes de más de 150 países con
fondos por más de 118.000 millones de dólares. El número de clientes fue
reducido luego a 10.000 de 50 países y los fondos actuales son de 68.000
millones de dólares.
La República
Un
almuerzo en el restaurante de un hotel ha puesto en aprietos al actual
vicepresidente del CNM. En pleno proceso de evaluación de magistrados, el consejero
del CNM Máximo Herrera Bonilla celebró una reunión informal con uno de los
postulantes.
Fidel
Castro Chirinos, titular de la décimo quinta fiscalía provincial penal de Lima,
se perfilaba como el nuevo fiscal superior especializado en Criminalidad Organizada.Los
puntos de Castro Chirinos estaban por encima de otros magistrados postulantes
como Mirtha Medina Seminario y Marco Guzmán Baca, el entonces ex coordinador de
la Fiscalía de Lavado de Activos.
Con el
examen de conocimientos escrito, solo le faltaba superar la evaluación
curricular y la entrevista de los consejeros, entre ellos Máximo Herrera
Bonilla, para hacerse de la plaza.
El 17 de
diciembre, un mes antes de asistir a la entrevista convocada por los
integrantes del Consejo, el fiscal Castro Chirinos fue convocado por el
consejero Máximo Herrera en un ambiente privado del restaurante del Sheraton
Hotel, ubicado en el centro de Lima.
En la
reunión, además del postulante y Máximo Herrera, estaba Julio Guevara Paricana,
un abogado conocido en el medio judicial. Las fuentes consultadas revelan que
no fue el primer encuentro entre el postulante y su evaluador: otra reunión fue
realizada por esos días y en el mismo lugar. El lente de nuestra reportera
captó discretamente el momento de la animada conversación de consejero,
postulante y compañía. Al culminar el almuerzo el consejero y sus allegados
salieron por la puerta principal del hotel mientras el fiscal Fidel Castro y el
abogado Guevara tomaron otra salida.
Luego, según
se sabe, el presidente del mismo, Pablo Talavera Elguera anunció que Máximo
Herrera se inhibiría de las entrevistas porque había información que
comprometía al consejero y de paso, la labor realizada por el CNM. “Me abstengo
porque me han tomado unas fotos, me han encontrado en una reunión”, habría
dicho ante los demás consejeros reunidos. Sin embargo, su decisión ya era
innecesaria. Un día antes, el postulante Fidel Castro había decidido retirarse
del proceso de evaluación y no asistir a la entrevista.
