domingo, 8 de agosto de 2021

MEDIA COLUMNA domingo 8 agosto 2021 "Primero quienes tienen sus raíces en la tierra"

 
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MEDIA COLUMNA

Primero quienes tienen

sus raíces en la tierra

 


Jorge Morelli

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@jorgemorelli1


 

 

Primero, el gobierno afirma, a través del ministro de Energía y Minas, que el Perú requiere un modelo para la minería que no solo genere ingresos al fisco, sino también beneficios a la población, que cuide el ambiente y respete la cultura local. Esto es indiscutible y debió hacerse hace mucho tiempo –lo hemos dicho por 20 años- por iniciativa privada de las propias empresas mineras orientadas a la siembra y cosecha de bosque y de agua en las comunidades de las zonas de influencia de las minas.

 

Eso comenzó en 1999 y fue suspendido por Toledo por razones puramente políticas.

 

Retomado luego el 2006 con el llamado “aporte voluntario” de 500 millones anuales deducibles del impuesto a la renta de la empresas, asombrosamente, 2,500 millones de soles en cinco años fueron ejecutados en un cien por ciento con la intervención directa de las empresas en la ejecución de obras para las comunidades mediante convenios de gestión en los que las empresas fueron un dedo en las costillas de los gobiernos regionales o locales. El experimento fue cancelado por Humala para centralizar los fondos en el Fisco nuevamente. De nuevo el Estado antes que las comunidades.

 

En segundo lugar, el gobierno afirma hoy por medio de su ministro de Economía, que pondría a las empresas mineras un impuesto a la “sobreganancia” por los altos precios de los metales. En la pandemia esto es equitativo. El cobre ha pasado de cuatro dólares la onza en el mercado global, gracias a la demanda de China.

 

Tercero -y esto proviene del propio presidente en su mensaje de 28- no se trataría solo de un impuesto por una única vez, sino de establecer una relación permanente entre los precios internacionales y los ingresos fiscales. Esto supone compartir el riesgo. Bueno para el Fisco cuando los precios internacionales suben, pero cuando caen, ¿va a compartir el Estado el riesgo? Lo que no puede pretender es aplicar la estabilidad tributaria cuando los precios bajan y desconocerla cuando suben. Podría pensarse en que el Estado comparta el riesgo dentro de un rango, donde el ingreso fiscal baja con el precio hasta un cierto piso y sube con él hasta un  techo. Esto tendría que ser negociado.

 

Pero compartir el riesgo supone modificar el régímen constitucional de los contratos-ley de estabilidad tributaria. Y, según confesó el presidente en su mensaje, esta es una de las razones –no la única- por las que quiere un cambio constitucional.

 

No obstante, en cuarto lugar, parece que el gobierno podría pretender ir más allá. Hablemos claro: apuntaría a obligar a las empresas a renegociar las concesiones mismas de recursos naturales, retirándolas a algunas americanas o europeas para otorgárselas a otras rusas o chinas. Esto no puede imponerlo el gobierno, menos aun retroactivamente, salvo en violación de los contratos-ley constitucionales vigentes. Hacerlo generaría juicios masivos al Perú. Y no es algo negociable con las empresas.

 

En quinto lugar, aun en esa hipótesis, el gobierno no habría hecho sino pensar en sí mismo, en su propia conveniencia -fiscal o política- y no en las comunidades andinas o amazónicas en cuyo nombre justifica, sin embargo, sus actos.

 

Hoy por hoy, lo que las comunidades andinas quieren es la propiedad de los recursos naturales bajo sus tierras. Es algo que este gobierno no les dará. Ni siquiera en su utopía más extrema. Ya que ¿pará qué gobernar un Estado que no controla recursos naturales?

 

Esta es, por eso, una invocación al gobierno actual a poner a las comunidades en el centro de sus intereses. Y, ya que no va a traspasarles la propiedad del subsuelo, debería dar a los comuneros peruanos la propiedad real –no informal, imperfecta y ficticia- del suelo, y poner sus tierras en valor en el mercado global.

 

A su vez, eso multiplicaría exponencialmente el valor de todos los activos peruanos en el exterior –incluidos los recursos naturales-, permitiría al Perú negociar soberanamente o de igual a igual con empresas y gobiernos extranjeros, y reportaría al Fisco peruano más ingresos de lo que jamás soñó. Pero debe mirar primero el interés de quienes tienen raíces en la tierra.

 

 

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jueves, 5 de agosto de 2021

MEDIA COLUMNA miércoles 4 agosto 2021 "¿Gobierno cancela Tía María?"



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¿El gobierno cancela Tía María?

 

Jorge Morelli

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Un comunicado del congresista Jaime Quito Sarmiento, dirigente de Perú Libre, dio a conocer al país la cancelación definitiva del proyecto Tía María. Esto sería anunciado con la presencia en el Valle del Tambo del premier Guido Bellido y el ministro de Energía y Minas, Iván Merino, “ante la necesidad de reafirmar la improcedencia del proyecto”, según el comunicado.

 

De ser cierto, se trata de un acto unilateral del Estado de serias consecuencias jurídicas y económicas para el Perú. 

 

¿Es este el ejemplo de la “rentabilidad social” que mencionó el presidente Pedro Castillo en su mensaje de 28 de julio? ¿Es este el “nuevo pacto con la minería” a que se refiere el ministro de Energía?

 

Según dijo Merino a una agencia de presa internacional, el “nuevo pacto” es un “modelo” que debe promover, incluso con incentivos, proyectos que tengan “rentabilidad social” en el Perú, el segundo mayor productor mundial de cobre. El “nuevo pacto”, aseveró, “sale de la conversación con todos los agentes, con las empresas grandes, medianas y pequeñas”.
 
¿Lo anunciado respecto de Tía María es el incentivo que el gobierno tiene en mente?
 
¿Es así como termina el anunciado impuesto a la sobreganancia minera aprovechando los precios internacionales promovido por Pedro Francke, ministro de Economía?

 

Bellido y Merino estuvieron días antes en el corredor minero, la vía de salida de la producción de la empresa minera china MMG Las Bambas, bloqueada desde hace semanas por las comunidades la zona. Dijeron que las comunidades acordaron levantar la medida a cambio de una “mesa de diálogo” dentro de dos meses. ¿El gobierno mece a los comuneros de Las Bambas con la enésima “mesa de diálogo”?

 

Todo lo dicho por Castillo, por Merino, por Francke, no es sino viento de palabras, porque la realidad la dispone un comunicado de un congresista del partido que ordena al gobierno reafirmar la improcedencia del proyecto y cancelar definitivamente Tía María.
 
O la manipulan dos ministros que ofrecen a los comuneros de Las Bambas lo que saben de antemano que no van a cumpli, pese a que se trata de sacar del atolladero a un proyecto emblemático de la minería peruana que, gracias a los precios del cobre que nos compra China, es hoy por hoy lo único que mantiene a flote a la economía del Perú.

 

¿Hasta dónde creen que va a llegar este cortoplacismo?

 

 

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domingo, 1 de agosto de 2021

MEDIA COLUMNA domingo 1 agosto 2021 "Frontera del no retorno"


 


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Frontera del

no retorno

 

Jorge Morelli

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El oficialismo tiene 50 votos en el Congreso que no le permiten hacer cambios a la Constitución a menos que la oposición los respalde. Eso no lo ignora el partido de gobierno, que buscaría ahora disolver el Congreso. Tendrá que conseguir la disolución de manera constitucional, sin embargo, o el gobierno se pondrá fuera de la Constitución, del Estado de derecho y de la democracia.

 

Para disolver constitucionalmente el Congreso -como el Perú entero ya sabe- hace falta que este niegue la confianza a dos gabinetes. En lo inmediato, al gabinete Bellido, por ejemplo, que más de uno sospecha una provocación.

 

Constitucionalmente, la negación de confianza requiere más de la mitad de los votos del Congreso: 66 de los 130 votos. La oposición tiene 80. Podría hacerlo, pero no lo hará, por supervivencia. El Congreso no se va a suicidar. No ignora que caería en la trampa de regalar una de las dos negaciones que requiere su disolución.

 

El oficialismo, por su parte, tiene 50 de los 130 votos. Podría eventualmente tratar de forzar una negación prefabricada, una maniobra burda, una jugada de laboratorio. Pero tampoco lo hará. Solo alcanzaría 66 votos si 16 congresistas de la oposición se avinieran a facilitarla.

 

La reposición de Francke en Economía es el resultado de la contraofensiva caviar luego del nombramiento de Bellido, el caballazo del partido de gobierno. Pero ha funcionado solo porque el pánico del alza del dólar sobre los cuatro soles, la caída de la Bolsa de Lima y de los bonos peruanos en Nueva York lo ha hecho posible. Ha sido un alto precio para tan poco beneficio.

 

El partido de gobierno no va a renunciar ahora a su plan, e intentará todo para legitimar en las calles su mal disimulada deriva fuera de la democracia para imponer el poder absoluto de una constituyente al servicio de una utopía reaccionaria. 


Eso provocará una respuesta también en las calles. Nada nuevo bajo el sol. “Si las ideas se combaten con ideas, las masas se combaten con las masas”, dijo Rafael Belaunde, padre del ex presidente, meses antes de que la disolución del Congreso en 1947 condujera al golpe militar al año siguiente. Es lo que la historia enseña.   

 

El delirio del poder absoluto no se halla dentro de los límites de la realidad política que la democracia permite. Esa es la frontera del no retorno.

 

 

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miércoles, 28 de julio de 2021

MEDIA COLUMNA miércoles 28 julio 2021 "Cancha marcada"

  

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Cancha marcada

 

 

Jorge Morelli

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@jorgemorelli1

 

 

Del resultado de la elección de la Mesa Directiva del Congreso se deducen cinco consecuencias que marcan la cancha al conflicto de poderes en el futuro inmediato.

 

En primer lugar, de los 130 votos del Congreso la oposición tiene 80 y el oficialismo 50. Es la primera vez que esta realidad maciza queda plasmada en la pantalla  electrónica del hemiciclo.


En segundo lugar, los 80 votos de la oposición no son suficientes para declarar la vacancia de la Presidencia de la República ni para nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional, lo cual requiere en ambos casos dos tercios del número legal de miembros, o sea 87 votos.

 

No obstante, tercero, los votos de la oposición sí bastan para censurar ministros e insistir en leyes observadas por el Ejecutivo, lo cual requiere solo de más de la mitad del Congreso, o sea 66 votos. (Dicho sea de paso, el Perú es el único país de America donde decisiones tan duras como esas pueden tomarse fácilmente con solo la mitad de los votos de un Congreso unicameral. Esa es la causa formal del conflicto de poderes. Como se ve, el equilibrio de poderes no consiste en que el Legislativo esté en manos de la oposición -como se cree ingenuamente- sino en que exista una ingeniería constitucional balanceada entre ambos poderes, lo que en el Perú jamás ha existido en 200 años de república).   

 

La cuarta consecuencia es que el oficialismo carece igualmente de los votos necesarios para forzar, si fuera el caso, una disolución constitucional del Congreso negando la confianza a dos gabinetes sucesivos.


Finalmente, la quinta y última consecuencia de la elección de la Mesa -quizá la más notoria en el contexto político actual- es que los 50 votos del oficialismo –el partido de gobierno y sus aliados- no bastan para aprobar cambios constitucionales porque esto requiere de dos tercios de los votos en dos legislaturas sucesivas. Y tampoco alcanzan siquiera para aprobar su reforma en una legislatura y un referéndum posterior, ya que eso requiere de la mitad de los votos. Y el oficialismo no tiene 87 ni 66 votos, tiene 50. En suma, el cambio de Constitución que el partido de gobierno busca no va a ocurrir de manera constitucional a menos que la oposición lo respalde.

  

Esta es la nueva realidad política. La cancha está marcada. Ahora, que comience el juego.  

 

 

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domingo, 25 de julio de 2021

MEDIA COLUMNA domingo 25 julio 2021 "La prueba ácida es la constituyente"

 




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La prueba ácida

es la constituyente

 

 

Jorge Morelli

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Pedro Castillo ha reiterado en su proclamación: “no somos chavistas, no somos comunistas, no somos extremistas, menos terroristas”. Y una vez más, en este su discurso inaugural, no mencionó la asamblea constituyente.

 

Como es costumbre en tales ocasiones, sin embargo, las emociones expresadas son solo viento de palabras a menos que los actos prueben lo contrario.

 

Porque todos hemos entendido ya que la constituyente es el instrumento del autoritarismo y la dictadura de izquierda.

 

No pocos asumen de hecho que la discrepancia pública entre Castillo y Cerrón sobre la constituyente no es sino la pantalla de la gran mecida.

 

Por lo mismo, la constituyente se ha convertido en la prueba ácida de la deriva del gobierno de Pedro Castillo.

 

Anunciarla dejaría a su gobierno sin legitimidad de entrada desde el primer día.  

 

No existe un camino constitucional para una asamblea constituyente. Tampoco para un referéndum que apruebe su convocatoria. Es una treta inconstitucional modificar la Constitución mediante una asamblea. Los caminos constitucionales para hacer cambios a la Constitución pasan por el Congreso. Ninguno permite trasladar esa labor a una asamblea. Una asamblea no es el Congreso. Desde la Revolución Francesa sabemos la clase de decisiones que una asamblea puede tomar. No es sino un tumulto lleno de ruido y de furia.

 

Días atrás, Castillo anunció que iría al Congreso el 28 de julio a pedir que el Legislativo agende la constituyente. Esto significaría que dejaría el tema en manos de la decisión del Congreso. Es una decisión que, evidentemente, el Congreso no aprobará porque significaría su propia muerte.

 

Castillo debe saberlo. No solo los caminos inconstitucionales para convocar a una asamblea –el recojo de firmas o el decreto supremo- estarían entonces fuera de sus planes, sino que tampoco lo estaría la propia constituyente como tal.

 

Pero el solo anuncio de Castillo acabó con la tregua provisional que se había instalado entre ambas facciones y desató la ofensiva de Cerrón de los últimos días por arrinconar a Castillo ante un congreso del partido que defina los temas “irrenunciables”. Obviamente, para Cerrón la asamblea es “irrenunciable” aunque sea inconstitucional.

 

Los cambios a la Constitución son necesarios, para una nueva gobernabilidad democrática que deje atrás nuestra fallida democracia de baja gobernabilidad. Pero debe hacerlos el Congreso y no una afiebrada multitud en una asamblea convertida en poder supremo.   

 

Hoy Castillo parece comprender la necesidad de que sus actos respalden sus palabras para que su gobierno no pierda su ya mellada legitimidad de entrada. Pero la prueba ácida sigue siendo si pide o no al Congreso una asamblea constituyente en su mensaje a la nación el próximo 28 de julio.           

 

 

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jueves, 22 de julio de 2021

MEDIA COLUMNA miércoles 21 julio 2021 "La prueba ácida"

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La prueba ácida

 


Jorge Morelli

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@jorgemorelli1

 

Como es costumbre en tales ocasiones, las emociones expresadas por Pedro Castillo en su balconazo de la proclamación son solo viento de palabras y ruidos correctos a menos que haya actos que prueben lo contrario.

 

No obstante, uno  tiene que preguntarse qué habrá pensado Vladimir Cerrón de que, una vez más, Castillo no mencionara la asamblea constituyente en su discurso. No pocos asumen de hecho que la discrepancia pública entre Castillo y Cerrón no es sino la pantalla de la gran mecida. Pero el hecho es que la asamblea misma se ha convertido en la prueba ácida de la deriva comunista del gobierno de Pedro Castillo.

 

Un referéndum que aprobara esa asamblea solo tiene dos caminos constitucionales, ambos previstos
en la Carta. No hay un tercero, como el que lanza Cerrón a través de un congresista: recoger firmas para pedirlo. Mucho menos un cuarto camino: convocar a referéndum por decreto supremo. Ambos son inconstitucionales.

 

El asunto pareció zanjarlo el propio Castillo días atrás cuando anunció que iría al Congreso el 28 de julio a pedir que el Legislativo agende la constituyente. Esto significaría –o es la impresión que quiso dar- que el camino pasa por el Congreso y que los caminos inconstitucionales ajenos al Congreso –el recojo de firmas o el decreto supremo-  no estarían en sus planes.

Aquel anuncio críptico no fue comprendido por nadie, pero causó un cisma en el partido. Acabó con la tregua provisional que se había instalado entre las dos facciones y desató la ofensiva de Cerrón de los últimos días por llevar a un congreso del partido la definición de los temas “irrenunciables”. Obviamente, para Cerrón la asamblea es “irrenunciable” aunque sea inconstitucional.

 

Castillo no parece compartir esa posición. Reiteró esta semana en tres tuits en las redes que en su opinión los peruanos “merecen una nueva constitución”, pero una vez más no mencionó la asamblea.  

 

Acto seguido, para sorpresa general, Ollanata Humala fue recibido en Perú Libre ofreciendo los servicios de su ex ministro Alonso Segura para el gabinete, desplazando a la caviara de Pedro Francke a llos programas sociales del Midis. Esto acabó con la paciencia no solo de Cerrón, atrincherado en el próximo plenario del partido, sino de Antauro Humala que habría amenazado con romperlo todo si su hermano entra al partido. El sainete no ha terminado. Todo indica por el momento que el pupilo de Ollanta ya no corre, pero los caviares están de regreso en el gabinete, para desmayo de Cerrón.   

 

Hace ya algún tiempo Castillo declaró no ser comunista ni chavista. Ya veremos si es cierto. La prueba ácida es si menciona o no directamente la asamblea constituyente en su mensaje a la nación el próximo 28 de julio.           

 

 

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