sábado, 25 de noviembre de 2017

ESTA NOCHE sábado 25 noviembre 2017


ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.

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MEDIA COLUMNA
Matando a la gallina


Jorge Morelli
@jorgemorelli1 
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Hubo un postor único para el Gasoducto del Sur, un megaproyecto de 7,500 millones de dólares, el más grande de la historia del Perú. 

Antes de otogarle la buena pro al consorcio de Odebrecht y la española Enagás -del que la peruana Graña y Montero sería la empresa constructora-, se descalificó al consorcio competidor.

Los indicios de que esta descalificación fue irregular son abrumadores.

El competidor era un consorcio de tres empresas, una de las cuales decidió misteriosamente salirse a último momento. Las otras dos solicitaron la oportunidad de reconformar el consorcio, oportunidad que les fue concedida hasta determinada fecha a cierta hora.

El día señalado, antes del vencimiento de la hora, el postor competidor recibió una carta de la entidad que tenía la decisión final –el comité respectivo de Proinversión- en la que se le comunicaba que se había tomado la decisión de que no podría subsanar su situación. Se supo luego que se tomó esa decisión contando con dos opiniones privadas en ese sentido. 

La decisión de darle la buena pro del Gasoducto del Sur a Odebrecht y Enagás como postor único en esas condiciones tuvo lugar un 30 de junio de 2014. Un año después, en junio de 2015, Marcelo Odebrecht era detenido en Brasil.

Los directores de Graña y Montero han renunciado a la empresa, los principales solo a inicios de 2017, y se han apartado. La justicia determinará la responsabilidad penal que les corresponda en los hechos. Es posible incluso que la empresa deba ser tercero civilmente responsable del pago de una reparación civil al Estado peruano.

El Estado no es el único acreedor, sin embargo. Según la prensa, la empresa tiene una deuda que podría ser de 200 millones de dólares con otras empresas proveedoras, que deben poder cobrar los que se les debe o serán arrastradas por el vórtice.  

Pagar esa deuda, sin embargo, será posible solo si la empresa sigue operando. Esa operación debe continuar con las precauciones de una vigilancia adecuada. Pero lo importante es que la gallina solo pondrá huevos mientras siga existiendo.

Con el decreto de urgencia 003 del gobierno y su modificación por el Congreso para incluir en el mismo saco de Odebrecht a Graña y Montero, sin embargo, están matando a la gallina. No tiene sentido castigar a la empresa atándola de manos e impidiéndole funcionar. No habrá huevos si no hay gallina.  
 


REPORTE DE NOTICIAS en Internet

Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican
sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.



ANTICORRUPCION,  PERSECUCIÓN, JUDICIALIZAC ION POLITICA



La República
Entre los megaproyectos que Odebrecht y G&M obtuvieron juntos se encuentra la Línea 1 del Metro de Lima y el Gasoducto del Sur.
El Consorcio Tren Eléctrico de Lima, que ganó la buena pro durante el segundo gobierno de Alan García por 410,2 millones de dólares. Las irregularidades detectadas en este proyecto están registradas en tres informes de la Contraloría General de la República. Entre ellas se encuentra la ampliación del plazo de la obra, que liberó el pago de penalidades por 915,325 dólares.
Según investigaciones de la fiscalía, Odebrecht habría pagado más de siete millones de soles en coimas para ganar la buena pro de este proyecto. El presidente del comité de licitación de la Línea 1, Edwin Luyo, cumple prisión preventiva.
Otro de los grandes proyectos que estuvo en las manos de Odebrecht y G&M fue el Gasoducto sur junto con la española Enagás.
La demora en el lanzamiento del nuevo proceso de licitación del gasoducto ha impactado en el desempeño financiero de G&M, revela Semana Económica. El consorcio aún arrastra deudas por alrededor de 200 millones de dólares a sus proveedores.



Expreso
El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del  magistrado Richard Concepción Carhuancho, realizará el martes 28 de noviembre una audiencia para evaluar la exclusión de Jorge Barata del proceso por el caso Odebrecht.
La audiencia denominada “recalificación de estatus” será a las 11.00 horas en la sala de audiencias de la Sala Penal Nacional.
La diligencia fue convocada a requerimiento del fiscal Hamilton Castro. El representante del Ministerio Público solicita que Barata sea excluido como investigado para obtener sus declaraciones como colaborador eficaz, que no serán utilizadas en su contra.
El juez Richard Concepción Carhuancho notificó al representante del Ministerio Público y al abogado de Barata para la audiencia.



El Comercio
La Oficina Descentralizada de Control Interno de Lima del Ministerio Público abrió investigación preliminar al fiscal Hamilton Castro, a raíz de la denuncia interpuesta por la congresista Yeni Vilcatoma.
Según la denuncia, Castro habría cometido encubrimiento por no haber abierto investigación preliminar a Graña y Montero y otras empresas socias de Odebrecht.
La fiscal Delia Milagros Espinoza, a cargo de la oficina de control interno, ha solicitado del magistrado Castro un informe sobre los hechos expuestos en la denuncia en el plazo de cinco días útiles.
El equipo fiscal que lidera Castro afirma que sí se está investigando a las empresas consorciadas, como Graña y Montero ya que se viene realizando indagaciones previas antes de abrir la investigación preliminar.



La República
El fiscal Hamilton Castro, jefe del Equipo Especial de Investigación para el caso Lava Jato, dijo que se trata de "un procedimiento normal… Sólo que esto distrae del trabajo principal… Siempre se presentará la presión de diversas maneras”, dijo.



El Comercio
El presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Guido Aguila,  informó hoy que su institución evaluará la primera semana de diciembre la denuncia que la congresista Yeni Vilcatoma presentó contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.
En su denuncia, Vilcatoma cuestiona a Pablo Sánchez por haber  designado al fiscal Hamilton Castro.
Vilcatoma busca la destitución del fiscal de la Nación con esta denuncia.



La República
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de Perú analizará este lunes a las 10 a. m. la denuncia contra Manuel Miranda, Carlos Ramos, Eloy Espinosa y María Ledesma, miembros del Tribunal Constitucional, por la presunta comisión del delito de prevaricato.



El Comercio
La ex alcaldesa de Lima Susana Villarán sí se comunicó con el ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata para solicitar apoyo para el financiamiento de su campaña contra la revocación del 2013, estableció el Equipo Especial Anticorrupción, a cargo del fiscal Hamilton Castro.
Bajo ese argumento, la fiscalía solicitó ayer al Poder Judicial el impedimento de salida del país de Villarán y del ex gerente general de su gestión José Miguel Castro.
El Poder Judicial ya había aprobado el levantamiento de las comunicaciones de Villarán y Castro tras las confesiones de Barata y el colaborador eficaz 12-2012, el brasileño Valdemir Garreta.
El Comercio reveló que Garreta –aspirante a colaborador eficaz– declaró ante la fiscalía peruana que asesoró la campaña de Villarán por el No y que, por ese servicio, las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS le pagaron US$3 millones.
La fiscalía, tras obtener el reporte de llamadas, comprobó la existencia de comunicaciones entre Susana Villarán y Jorge Barata. También entre José Miguel Castro y el empresario brasileño durante el primer trimestre del 2013.
En la investigación del caso, que es analizado por el fiscal adjunto Sergio Jiménez Niño, se presume que el dinero habría sido entregado por Odebrecht y OAS para recibir beneficios en los proyectos que tenían en la gestión de Villarán, como Vías Nuevas de Lima y Vía Parque Rímac (antes llamado Línea Amarilla).
El requerimiento fiscal sobre el impedimento de salida para Villarán y Castro fue recibido por el Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, a cargo del magistrado Manuel Chuyo. Chuyo ha programado para el 27 de noviembre la audiencia en la que la fiscalía deberá sustentar su pedido.



La República
Villarán
Mirko Lauer
Susana Villarán entró a las grandes ligas de la política como ministra en el gobierno de Valentín Paniagua. Convirtió esa elevación de su perfil en una fallida candidatura presidencial en el 2006. En el 2010 un traspié de su rival Lourdes Flores permitió a Villarán llegar a la alcaldía de Lima. Se salvó apenas de una revocatoria, fracasó en un intento de reelección.
A pesar de los altibajos de su carrera, Villarán fue por varios años la figura con más atractivo electoral de la izquierda. Esto gracias sobre todo a su posición moderada y a una cierta aureola maternal. Pero para el 2014 todo esto había terminado, sobre todo por los efectos de una intensa campaña de demolición contra su administración municipal.
(…)
Después del 2014 el electorado y los partidos de izquierda perdieron el interés que pudieron haber tenido en la figura de Villarán, para volcarse en el 2016 hacia una Verónika Mendoza más articulada, más joven, con más muñeca política, y quizás con más capacidad de resistir los previsibles y constantes embates desde la derecha.
Visto desde el 2017 y la perspectiva del caso Odebrecht, Villarán hizo lo mismo que virtualmente todos los políticos de su tiempo. Aceptó fondos de campaña y donativos para la gestión provenientes de una empresa dedicada al acopio de contratos públicos, para hoy o para mañana. Probablemente nunca se le ocurrió que toda esa era fruta de un árbol envenenado.
Desde la primera hora el escándalo ha puesto en evidencia que ella no tiene muchos defensores. Su prestigio de política honesta se ha volcado contra ella, pues la sorpresa ha agravado las responsabilidades que se le atribuyen. La modestia con la que ella vive no es argumento suficiente frente a la implacable dinámica de las acusaciones.
Sin duda aquí hay alguien que va a necesitar buenos abogados, y mejores partidarios, capaces de salvar y transmitir lo que quede de su imagen pública.



jueves, 23 de noviembre de 2017

ESTA NOCHE jueves 23 noviembre 2017


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MEDIA COLUMNA
Enemigo del pueblo


Jorge Morelli
@jorgemorelli1 
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Por alguna razón, incluso especialistas en la materia son víctimas de la errada impresión de que la corrupción de la política es el producto de una decadencia relativamente reciente, de que hubo, tal vez tan solo en el siglo pasado, un tiempo mejor en que las cosas no eran así.

No es sino la fantasía recurrente de que todo tiempo pasado fue mejor. El hecho es que la evidencia histórica contradice semejante ilusión.

Ya en tiempos de Aristóteles, en el siglo IV antes de Cristo, la decepción del “maestro de la humana razón” -como le llama Borges- con la democracia ateniense del siglo de Oro de Pericles, cien años antes de su tiempo, era tal que el propio filósofo –siempre atento a la realidad antes que a ideas ilusas- escribió en la Política que la demagogia era la forma ilegítima normal de la democracia, y hasta empleaba a veces indistintamente los términos democracia y demagogia para referirse al mismo fenómeno pollítico.

Para él, la forma de gobierno menos mala era lo que llamó el “gobierno mixto”, una especie de combo de democracia y “aristocracia” (entendida como liderazgo de una élite cuya forma ilegítima, a su vez, era para él la oligarquía).  

Es en lo que pensaban también los “padres fundadores” de EEUU. Si a Ben Franklin, John Adams, Alexander Hamilton e incluso Thomas Jefferson se les hubiera preguntado si estaban fundando una democracia, su respuesta probablemente habría sido que eso no había funcionado ni en el Siglo de Oro ateniense. Habrían respondido, más bien, que el secreto está en la gobernabilidad que nace de los “checks and balances”, del equilibrio de poderes.

La democracia sin equilibrio de poderes, en cambio –que es la falla original en la arquitectura de nuestra democracia de baja gobernabilidad-, se precipita siempre en la demagogia, que incuba luego su propia reacción: el autoritarismo.  

El gobierno que no es del pueblo sino del populacho usurpa siempre la representación popular. Empodera a padrinos corruptos para defenestrarlos luego cuando resultan incapaces de satisfacer las expectativas cada vez más desbocadas de sus clientes.

Este no es un alegato contra la democracia. Todo lo contrario. Es uno contra el idealismo iluso de nuestra democracia de baja gobernabilidad sin equilibrio de poderes, origen de la recaída en el círculo vicioso de la demagogia y el autoritarismo, enemigo de todos los pueblos sobre la Tierra.



REPORTE DE NOTICIAS en Internet

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GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA



El Comercio, Reuters/ Andina
El Gobierno le solicitará al Congreso, dominado por la bancada de Fuerza Popular, facultades legislativas “acotadas” que se centrarán en impulsar el crecimiento económico y la inversión, afirmó hoy la jefa del Gabinete Ministerial, Mercedes Aráoz.
La primera ministra dijo en una conferencia con la prensa extranjera que con las facultades tratará además de mejorar la gestión tributaria para elevar la recaudación, pero que ello no implicará cambios drásticos en los impuestos.
"Serán facultades bastante acotadas, no estamos haciendo un pedido gigante", dijo. No precisó cuando enviarán el pedido al Congreso. 






ANTICORRUPCION,  PERSECUCIÓN, JUDICIALIZAC ION POLITICA



El Comercio
Según el portal IDL-Reporteros, Jorge Barata, ex superintendente de Odebrecht en el Perú, aseguró ante fiscales brasileños que la entonces alcaldesa Susana Villarán lo contactó telefónicamente para pedirle que realice una contribución para pagar los servicios de la empresa de Valdemir Garreta, FX Comunicaciones.
Barata detalla que, primero, fue contactado por el entonces gerente de la Municipalidad de Lima, José Miguel Castro, para reunirse en su despacho. En dicha cita, detalla que le pidió un aporte de US$3 millones para la campaña del No. "Acto seguido recibimos la llamada de la misma alcaldesa (Susana Villarán) pidiendo esa contribución. Ella afirmó la necesidad y la importancia de la continuidad. Entonces, esa señora tenía una proyección política muy grande [...] En ese momento tomamos la decisión de apoyarla en ese proceso", señaló Barata, según IDL-Reporteros.
El ex representante de Odebrecht en el Perú detalló que los aportes se hicieron de la misma manera que durante la campaña de Ollanta Humala. "Entregamos los recursos al señor (Valdemir) Garreta y él entró a gestionar los procesos de la campaña", señaló.
Barata precisó que el pago salió del área de operaciones estructuradas y que se realizó en efectivo, en Lima, a José Miguel Castro y a Valdemir Garreta. También dijo que no se reunió en persona con Villarán, sino solo con el gerente de la Municipalidad de Lima.
El testimonio de Jorge Barata descartó que Odebrecht haya salido favorecida por el aporte, al recordar que al momento de la campaña del No ya se había firmado el contrato de Rutas de Lima.
Susana Villarán ha descartado haber pedido algún aporte a empresas brasileñas, así como algún favorecimiento durante su gestión municipal.




El Comercio
"Recibí una llamada de Susana Villarán para agradecerme por el apoyo a la campaña del No". Esto es lo que declaró el ex superintendente de Odebrecht en Lima Jorge Barata, en el marco de su colaboración con el Equipo Especial del caso Lava Jato en el Perú.
Esa declaración fue el punto de partida de una investigación reservada que desde marzo realiza el equipo del fiscal Hamilton Castro.
La ex alcaldesa de Lima Susana Villarán insiste en que nunca pactó ni negoció con la constructora Odebrecht aporte alguno a su campaña.
El monto del aporte a la "campaña del No" coordinado con Valdemir Garreta fue de más de tres millones de dólares. De ese dinero, de acuerdo con Barata, dos millones de dólares se pagarían en Brasil a la empresa FX Comunicaciones, por los servicios de Luis Favre y el mismo Garreta. Otro millón de dólares se habrían entregado en Lima por medio del entonces gerente de la municipalidad, José Miguel Castro Gutiérrez.
Barata aseguró que tuvo la certeza de que Garreta hablaba por Villarán cuando días después la alcaldesa de Lima lo llamó por teléfono para agradecerle.
El diario El Comercio reveló ayer la declaración de Valdemir Garreta en su proceso de colaboración eficaz. 
Garreta asegura que vino a Lima y se reunió con Villarán y José Miguel Castro, acordando un pago de tres millones de dólares por su asesoría. Agrega que Castro le dijo que Odebrecht pondría dos millones y OAS otro millón de dólares.

  
El Comercio, editorial
Una nueva revelación relacionada con el financiamiento furtivo de las constructoras brasileñas a distintas campañas políticas en nuestro país acaba de dejar en mal pie a la anterior administración municipal metropolitana y, en concreto, a quien la encabezó: Susana Villarán. En este caso, el publicista Valdemir Garreta, que actualmente busca acogerse a la colaboración eficaz en el Perú, ha asegurado que recibió US$3 millones de Odebrecht y OAS como pago por su asesoría a la campaña por el No a la revocación, en el 2013.
Dueño de la consultora FX Comunicaciones, Garreta ha declarado a la fiscalía peruana que a fines del 2012 Luis Favre lo llamó para consultarle si podía realizar la referida campaña y que viajó a Lima para tratar sobre la misma. Como se sabe, un mes antes de que se votase la revocación, la alcaldesa firmó sendos contratos con cada una de las dos constructoras brasileñas: el proyecto Vías Nuevas de Lima, cuyas obras estaban valorizadas en US$499 millones, en el caso de Odebrecht; y la adenda al acuerdo con la empresa Lamsac, con la que se cambió el proyecto Línea Amarilla por Vía Parque Rímac y, entre otras cosas, se autorizó la ampliación de la concesión de los peajes de 30 a 40 años a favor de OAS.
(…)



El Comercio
El ex ministro de Defensa Mariano González acudió a la fiscalía anticorrupción para rendir su testimonio por la investigación del Caso Lava Jato en la cual se encuentra incluido. Tras su manifestación, el parlamentario andino aseguró que no cometió acto irregular en los aportes que entregó a la campaña presidencial de Pedro Pablo Kuczysnki (PPK).
"Cobré mis honorarios y después los deposité a la campaña", señaló González ante la prensa.
El ex ministro reiteró lo que había declarado a El Comercio: que solo recibió un pago por una consultoría realizada a un consorcio integrado por Odebrecht entre finales del 2015 e inicios del 2016. "Yo hice una única consultoría, cobré mis honorarios y pagué mis impuestos [...] Si el dinero de mi persona ingresa a la campaña, es responsabilidad mía. No hay ningún dinero ilegal ahí", concluyó.
Según el portal de la ONPE, en febrero del 2016 Mariano González aportó 69 mil soles a la campaña de Peruanos por el Kambio. Según la investigación fiscal, en ese mismo mes habría recibido un pago de unos 77 mil soles por parte de Odebrecht.
La línea de investigación del fiscal Hamilton Castro considera que este pago fue por una consultoría ficticia que camufló el pago que realizó Odebrecht a favor de Samuel Carlos y Carlos José Campusano Dulanto por realizar trámites en el Ministerio de Defensa que permitieron la emisión de bonos soberanos en la construcción de la vía Evitamiento en Cusco.



El Comercio
La congresista Rosa Bartra (Fuerza Popular), presidenta de la Comisión Lava Jato, se refirió a la situación del ex ministro de Defensa Mariano González para decir que este caso abre nuevamente la posibilidad de que el presidente Pedro Pablo Kuczynski opte por declarar ante la Comisión Lava Jato.
"Cuando tengamos algunos elementos que nos permitan pensar que esto fue parte de una propuesta de campaña para que [Odebrecht] pueda beneficiarse, [...] definitivamente llamaríamos al parlamentario andino", remarcó.



El Comercio
El Ministerio Público tiene planeado interrogar nuevamente al piloto peruano Jesús Vásquez, testigo que entregó un audio a la Administración de Control de Drogas (DEA en inglés) como parte de las investigaciones contra Joaquín Ramírez y Keiko Fujimori por presunto delito de lavado de activos.
Según La República, lo que buscará la fiscalía es que Jesús Vásquez amplíe su testimonio. La fiscal superior Luz Peralta, quien ordenó reabrir las indagaciones que Sara Vidal archivó, detectó que el interrogatorio al cual fue sometido el piloto peruano había sido insuficiente.
En ese sentido, dispuso que se interrogue exhaustivamente a Vásquez respecto a su manifestación sobre un encuentro que tuvo con Joaquín Ramírez, en el que el ex secretario general de Fuerza Popular supuestamente dijo que Keiko Fujimori le confió 15 millones de dólares de origen incierto.
El Ministerio Público también ha dispuesto que se obtenga una copia de la grabación de dicha conversación, que Jesús Vásquez entregó a la DEA.
"Quedó pendiente el pedido a la DEA referente al audio y/o copia de la supuesta grabación de Joaquín Ramírez en la que habría confesado la entrega de 15 millones de dólares a la investigada Keiko Fujimori para fines de lavado a través de sus empresas", dice la resolución que ordenó la reapertura de la investigación.



El Comercio
Por aproximadamente cuatro horas, el secretario general de Fuerza Popular, José Chlimper, rindió su declaración en el despacho del fiscal José Domingo Pérez en el centro de Lima. Como se sabe, este dirige la investigación por lavado de activos contra la ex candidata presidencial Keiko Fujimori a raíz de los aportes a su campaña del 2016 vía cocteles y también por presuntos vínculos con la constructora brasileña Odebrecht.
Sin embargo, según dijo Chlimper a la prensa, el fiscal no le hizo consultas respecto a la frase "Aumentar keiko para 500 e eu fazer visita", que en castellano significa “Aumentar Keiko a 500 y hacer una visita”. “No hubo ninguna pregunta vinculada a ello”, manifestó.
“Presumo que no hubo ninguna pregunta porque el fiscal ha estado en Curitiba y sabe qué ha sucedido allá”, manifestó.
Reiteró que ni Keiko Fujimori ni el partido recibieron aportes de la constructora brasileña.
Chlimper comentó que otra parte de la diligencia consistió en consultas sobre sus aportes.
Comentó que la fiscalía está citando a todos los entre 800 y 900 aportantes a Fuerza Popular para la campaña del 2011. “Como yo soy donante de Fuerza Popular desde el 2011, entonces también se me ha requerido sobre eso. Se ha aclarado el tema, he entregado los recibos, los vouchers de depósitos al banco, han quedado satisfechos los fiscales”, sostuvo.
Según se informó, Chlimper deberá volver a la fiscalía el martes 28 de noviembre a las 2 p.m.



Peru21
Todos mojados
Luis Davelouis
“No sabíamos. Estamos decepcionados”, dicen varios ante la noticia más jugosa de las últimas 24 horas: Odebrecht y OAS, las brasileñas mafiosas con licencia para aceitar, financiaron la campaña contra la revocatoria de Susana Villarán con US$3 millones.
¿Es esto diferente que el caso de Humala, Keiko o incluso PPK? No, es dinero para campaña. ¿Constituye un soborno? No necesariamente: si Villarán perdía, como perdió Keiko, ¿en qué se convierte ese aporte? ¿Es lavado de activos? Habría que demostrar el origen ilícito de los fondos.
Pero para el grueso de la opinión pública, esas diferencias son sutiles, falaces o no existen. La cosa es simple y en blanco o negro: -¿Te dio o no te dio plata Odebrecht? -Sí. -Ok, fuiste. Debo decir que hoy para mí también es igual de extremo.
(…)
Villarán estaba entre nosotros y la mafia, y un montón de gente le creyó.
(…)
¿Ninguno dentro de la campaña del No se dio cuenta de que esta pasó de la existencia precaria a la opulencia de un día para otro?


(…)

miércoles, 22 de noviembre de 2017

ESTA NOCHE miércoles 22 noviembre 2017


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MEDIA COLUMNA
Las riendas de su destino


Jorge Morelli
@jorgemorelli1 
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“Salvo el cobre, todo es ilusión” es el título fascinante de la columna publicada por Waldo Mendoza en El Comercio. Lo que dice es, en esencia, algo que el Perú ha comenzado a comprender hace poco: si el precio internacional del cobre sube, el país es gobernable. Si no, la gobernabilidad desaparece. 

Mendoza precisa que el 60% de las exportaciones son minerales y casi la mitad de ellas son las de cobre. Cuando el precio sube, añade, aumenta la inversión en cobre (y, dada su magnitud, sube la inversión privada total); sube la producción de cobre (y el PBI minero y el PBI total); la minería paga más impuestos y sube la inversión pública; entran más dólares al país y el valor del sol aumenta. Esta relación está comprobada estadísticamente. Entre 1950 y 2016 –dice Mendoza-, el coeficiente de correlación del precio del cobre con la inversión privada es casi perfecto (de 0.92) y ocurre casi lo mismo  con el PBI (de 0.90) y con la inversión pública (de 0,83).

Pero cuando baja el cobre baja este círculo virtuoso se convierte en un espiral directo a la catástrofe de la economía, no importa lo que el gobierno haga o deje de hacer, no importa lo que el sector privado en las demás actividade haga o deje de hacer.

¿Cómo puede un país depender del azar hasta ese punto y pretender llamarse país? ¿Cómo puede el Perú haber permitido que su suerte se encuentre hasta ese punto comprometida en una variable que no controla?

En Chile, la minería representa el nueve por ciento del PBI, pero la actividad forestal y la industria de madera y papel representa el tres por ciento del PBI. Y el potencial forestal del Perú es mayor que el chileno. 

Invertir en agua y en bosque y en mejora de la tecnología de riego articulando la inversión privada de las minas y los fondos de pensiones con las comunidades andinas dueñas de las punas del Perú, crearía otra columna económica, una economía nueva. Lo ha demostrado el grupo económico que reúne el diario Expreso trabajando con PREDICE, un modelo de 1,200 variables desarrollado por el ex ministro y doctor en Econometría Jorge Baca Campodónico.

Esto permitiría duplicar el tamaño del PBI del Perú en 12 años, para el 2030. Nuestro PBI de hoy, de 200 mil millones de dólares podría convertirse en uno de 450 mil millones de dólares. No dependeríamos nunca más solo de los precios de los minerales.

¿Por qué, entonces, no está el Perú dispuesto a tomar en sus propias manos las riendas de su destino?  


REPORTE DE NOTICIAS en Internet

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ANTICORRUPCION,  PERSECUCIÓN, JUDICIALIZAC ION POLITICA



Exitosa
El Consejo Nacional de la Magistratura evaluará la denuncia contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, que presentó la congresista Yeni Vicatoma. La sesión podría producirse mañana jueves.
Según explicaron, el Consejo Nacional de la Magistratura designará a uno de sus miembros como ponente, quien presentará una recomendación sobre la decisión a tomar, que puede ser la destitución. El pleno del CNM tomará la decisión final.  No caben amonestaciones ni suspensiones, se aplica la destitución o se archiva la denuncia.
El viernes pasado, la parlamentaria Yeni Vilcatoma interpuso la denuncia ante el CNM contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, por presunta conducta disfuncional al mando del Ministerio Público al haber  designado a Hamilton Castro para investigar el caso Odebrecht y después ampliar su competencia para investigar lavado de activos. Vilcatoma es también autora de la segunda denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación por las mimas razones.



Exitosa
La presidenta de la Comisión Lava Jato del Congreso, Rosa Bartra, citará a esa comisión al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y al fiscal anticorrupción, Hamilton Castro.
“Que el Ministerio Público aclare cuál es la situación de Jorge Barata. ¿Es colaborador eficaz o no? ¿Cuáles son los términos del convenio o preconvenio, acuerdo o preacuerdo que se suscribió entre la empresa Odebrecht y el Ministerio Público a inicios de año?”, demandó.



Gestión
La presidenta de la comisión Lava Jato, Rosa Bartra, adelantó que no insistirá en citar al presidente Pedro Pablo Kuczynski en caso este ratifique que colaborará por escrito en las indagaciones.
“Nosotros continuaremos la investigación con los elementos de jucio que poseemos”, declaró.



Gestión
El congresista Miguel Torres afirmó que Fuerza Popular está dispuesto a asumir el costo político de destituir al Fiscal de la Nación.
Héctor Becerril anunció que la búsqueda de votos la harán los voceros mediante “conversaciones espontáneas”.



El Comercio
A continuación, los argumentos de Daniel Salaverry y Yeny Vilcatoma para pedir la destitución de Pablo Sánchez.
Salaverry reclama que Pablo Sánchez no tomó las acciones necesarias para evitar una "impunidad" de los directivos de las empresas peruanas involucradas en el Caso Lava Jato. El vocero fujimorista sostiene que las cabezas de empresas como Graña y Montero S.A.A., JJC Contratistas Generales S.A., entre otras, no están siendo investigadas.
El equipo especial iderado por Hamilton Castro tiene a su cargo la investigación preliminar a las empresas que formaron consorcios con Odebrecht.
Para el constitucionalista Aníbal Quiroga, es falso que haya inacción de Pablo Sánchez, pues "no tiene ninguna investigación bajo su responsabilidad".
El ex presidente del Tribunal Constitucional Ernesto Álvarez considera que en el caso que haya alguna falta, corresponde ser evaluado por el pleno del CNM y no por el Congreso de la República.
Yeni Vilcatoma también atribuye a Pablo Sánchez una infracción al artículo 159 de la Constitución por, según dice, la supuesta violación constitucional tendría como origen la designación de Hamilton Castro como fiscal del Caso Lava Jato. La parlamentaria asevera que, hasta hoy, no se ha iniciado una investigación preliminar para incluir a Odebrecht y a otras empresas consorciadas.
Quiroga sostiene que Pablo Sánchez no tiene por qué responder por las acciones del fiscal Hamilton Castro. "Si hubiese un error en la designación de Hamiton Castro, sería un error administrativo y no una infracción constitucional", agrega.
Otro de los argumentos de la congresista Vilcatoma es que no se haya llegado a un acuerdo de colaboración eficaz con Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú.



La República
Los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) investigados han sido convocados por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso a una audiencia el lunes 27 a las 10 de la mañana.
La presidenta, Milagros Takayama –de Fuerza Popular–, notificó en calidad de denunciados al titular del TC, Manuel Miranda, y a los jueces Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinosa-Saldaña.
La Subcomisión ha convocado como testigos a los ex miembros del TC Juan Vergara Gotelli, Oscar Urviola, Carlos Mesía y Ernesto Alvarez. También a los actuales magistrados José Luis Sardón y Ernesto Blume.
Este diario pudo verificar que el informe de la subcomisión presidida por el parlamentario César Segura no ha sido puesto en conocimiento de los magistrados denunciados. Segura sostuvo que la nueva información que se solicita, así como la que se vea en la audiencia pública, servirán para elaborar un nuevo informe con una conclusión final.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y otras ONG presentaron una denuncia constitucional contra los congresistas que admitieron la denuncia contra los magistrados.



Expreso, Peru21
Según se supo anoche, el fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez citó a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para que declare hoy miércoles 22 en el marco de las pesquisas por los aportes que recibió su agrupación política en campaña electoral.
Trascendió que Fujimori Higuchi no asistirá al despacho del fiscal. Edward Núñez, abogado de Fujimori, solicitará que se reprograme la citación.



El Comercio
La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, está siendo investigada en diversas fiscalías por el dinero que fue utilizado en sus dos campañas presidenciales, presuntos vínculos con la constructora Odebrecht y como parte del Caso Joaquín Ramírez.
Hacemos un recuento de las investigaciones en las que está incluida la ex candidata a la presidencia.
ACTUALIZACIÓN: Esta nota ha sido ampliada con las declaraciones que dio Marcelo Odebrecht desde Curitiba el 9 de noviembre y la decisión de no extender la investigación preliminar por los cocteles de la campaña presidencial de Keiko Fujimori.
1. Presuntos aportes fantasmas del 2011
Actualmente, en la 16 Fiscalía Provincial Penal, hay una investigación que empezó en octubre del 2015 por presuntos aportes irregulares que recibió la campaña de Keiko Fujimorien el 2011, cuando era candidata de la entonces llamada Fuerza 2011.
La candidata, así como los demás implicados en la denuncia, ha rechazado todas las acusaciones y asegura que todos los aportes fueron bancarizados y reportandos ante la ONPE.
2. Los cocteles del 2016
El Ministerio Público abrió, en el 2016, una investigación, a fin de determinar si los fondos que se recaudaron en los cocteles que realizó el fujimorismo tienen o no un origen irregular. Estas indagaciones, el 16 de setiembre de este año, fueron derivadas al despacho del fiscal José Domingo Pérez por el presunto delito de lavado de activos. Pérez decidió que la pesquisa se realice en el marco de la Ley contra el Crimen Organizado, ampliando así el plazo de investigación hasta por 36 meses.
El Poder Judicial desestimó esta decisión. El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo de Elizabeth Arias Quispe, exhortó al Ministerio Público a terminar con la investigación preliminar y otorgó un plazo de 10 días para que ocurra una de dos cosas: se archive el proceso o se abra investigación preparatoria.
3. Caso Odebrecht
El 29 de agosto de este año, el fiscal de lavado de activos Germán Juárez Atoche dispuso iniciar una investigación preliminar contra Keiko Fujimori tras la difusión de anotaciones en la agenda de Marcelo Odebrecht que mencionaban su nombre.
El 4 de setiembre, este proceso fue encargado al fiscal José Domingo Pérez, quien tiene en sus manos también las indagaciones por los aportes vía cocteles durante los últimos meses del 2015.
4. Joaquín Ramírez
Desde febrero de este año y hasta setiembre, la fiscal Sara Vidal llevó a cabo una investigación preliminar contra Keiko Fujimori, luego de incluirla en las indagaciones por el presunto delito de lavado de activos contra Joaquín Ramírez, ex secretario general de Fuerza Popular. La fiscal superior Elizabeth Peralda ordenó reabrir la investigación contra Ramírez y Fujimori. También dispuso que el proceso se adecúe a la Ley contra el Crimen Organizado, la cual también está siendo utilizada por el fiscal José Pérez.



El Comercio
Este Diario accedió al acta de compromiso que firmaron las 12 personas que estuvieron presentes durante el interrogatorio a Odebrecht, las mismas que acordaron cumplir una serie de requisitos para que la transcripción y el registro audiovisual lleguen al Perú en el más breve plazo.
El acta señala que “el testimonio recogido a Marcelo Odebrecht no puede ser utilizado en su contra, ni en contra de las empresas Odebrecht y [la subsidiaria] Braskem ni en contra de los otros colaboradores del Ministerio Público brasileño que hayan firmado acuerdos de colaboración premiada en el Caso Lava Jato”.
Dice además el documento que “las personas físicas y jurídicas quedan absolutamente exentas de cualquier tipo de sanción penal o civil”.
En otro extracto del acta se precisa que “la remisión del presente testimonio a la República del Perú queda condicionada a la presentación de una petición conjunta firmada por las autoridades peruanas y por los abogados de la empresa Odebrecht en Brasil y de Marcelo Bahía Odebrecht, dirigida al Ministerio Público autorizando su envío, vía autoridad central, manteniendo el sigilo hasta su entrega a las autoridades peruanas. En caso de no presentar dicha autorización, el documento no se enviará y perderá su efecto”, dice el acta.
Esta exigencia de Marcelo Odebrecht responde a su preocupación respecto a que han pasado once meses desde que la empresa brasileña tomó contacto con las autoridades peruanas y ninguno de los cuatro delatores ha cerrado sus acuerdos de colaboración eficaz en nuestro país.
El envío del tan esperado interrogatorio dependerá, por un lado, de las últimas negociaciones que realicen los fiscales de lavado de activos y, por otro, de las que ejecute el fiscal Castro.



Peru21
Un equipo del Ministerio Público dirigido por el fiscal Hamilton Castro, proseguía recopilando información tras el allanamiento a 12 inmuebles en Lima y Callao de personajes implicados en el presunto pago de sobornos de la empresa Odebrecht a cambio de obtener la concesión de obras públicas en el país.
Una fuente policial señaló que la Fiscalía solicitó al Poder Judicial el descerraje y allanamiento de 16 inmuebles pero solo se aceptó la intervención de 12. De las cuatro intervenciones denegadas, según se informó, una pertenece al ex ministro de Defensa del actual gobierno,Mariano González, ubicado en la avenida Salaverry.
Fuentes de la Fiscalía indicaron que González es investigado como presunto cómplice en tráfico de influencias y en lavado de activos por el caso Odebrecht. La intervención a su vivienda no prosperó debido a que cuenta con inmunidad por su condición de parlamentario andino.



Peru21
El economista Juan José Garrido Koechlin dejó ayer la dirección periodística de este diario tras ejercer el cargo durante cuatro años.
Según señaló, se retira por voluntad propia y en buenos términos con el directorio del Grupo El Comercio.
Garrido Koechlin asumió el cargo de director del diario el 1 de octubre de 2013 en reemplazo del hoy desaparecido economista Fritz Du Bois, quien pasó a dirigir El Comercio.
La dirección de Peru21 será asumida interinamente por Dan Flores.



La República
Choque de trenes
Mirko Lauer
La confluencia de mejores cifras económicas y un mucho mejor ánimo por la clasificación al mundial de Rusia está llevando a algunos a predecir por lo menos tres años de muy buenos negocios en el Perú. El pronóstico suena razonable, y será puesto a prueba en poco tiempo. Pero visto desde la política ese panorama no parece tan seguro.
Pues los vaticinios de la política vienen cada vez más oscuros. El más preocupante es un debilitamiento terminal de la democracia, con posibilidades como vacancia presidencial, adelanto de elecciones, o colapso institucional. Aun si estos escenarios no se materializaran, su sola discusión pública es un signo de los tiempos.
La idea de economía y política moviéndose por dos carriles separados suele referirse a dos conjuntos de reglas que no se interfieren. Como en los países donde coexisten partido único autoritario y capitalismo formalmente moderno. Pero para que esto funcione, cada uno de los carriles debe estar funcionando razonablemente bien. De otro modo hay descarrilamiento.
En este momento el carril político peruano está samaqueado por una cacería de corrupción en sus filas, por una mayoría parlamentaria aparentemente dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias en el pulseo político, y una fragmentación de las demás fuerzas sobre el tablero. El tipo de escenario donde cualquier cosa puede suceder.
Quizás los más grandes inversionistas miran este torbellino desde cierta distancia, con la idea de que siempre tendrán con quién negociar sus intereses y derechos. Para el resto de los empresarios, una amplia e influyente mayoría, la conducta de quienes detentan el poder político está llena de señales a tomar necesariamente en cuenta.
Imaginemos un futuro, no tan lejano, en que el empresariado tenga que evitar a un Ejecutivo puesto de rodillas, y se vea obligado a tratar directamente con una mayoría legislativa. La cual además no parece particularmente versada en cuestiones administrativas. Por lo pronto la prensa privada podría estar al borde de esa situación.
Basta que una parte del poder político sea ejercido con descontrol para que el sistema político entero y luego la marcha económica pronto se vean orientados por ese mismo descontrol. Así, economía y política funcionan como una misma atmósfera, en estos tiempos cada vez más contaminada.
Así, economía y política funcionan como una misma atmósfera, en estos tiempos cada vez más contaminada.