ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.
MEDIA
COLUMNA
Nos engañamos
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
En el Perú los problemas no se resuelven, se esquivan.
Si
la maraña legal entrampa las inversiones, la solución no es eliminarla. La salida
ilegal son los “operadores” de servicios de desalojo, resguardo o chuponeo
delivery para clientes selectos. Mejor aún, hay una salida legal: contratar
organismos internacionales para sacar adelante las inversiones en tiempo récord
eludiendo la fiscalización con el argumento de la inmunidad diplomática. El país
ha sido testigo de un audio en que un funcionario de uno de esos organismos consuela
a un postor perdedor diciéndole que no se preocupe, que hay sitio para todos. Ollanta
Humala dijo que acabaría con esa corrupción. Dos años y medio después, dice que es la única
manera de hacer obras. Es el posgrado más nocivo de la historia.
Igualmente, es difícil cambiar a la Policía para luchar
contra la inseguridad, pero la salida es crear una red paralela de gobernadores (y convertirla en la organización del partido político del gobierno). Si no hay equilibrio
de poderes, hay que darle al gobierno el premio consuelo de la delegación de facultades
para que le saque la vuelta a las leyes con ideas creativas, como las anteriores.
Si los gobiernos regionales son pasto de la corrupción
y el crimen, la solución no es revisar la legislación fallida de la
descentralización, la salida es mandar fiscales a los que convertirán en cómplices. Si
años atrás despolitizar la justicia se hacía cuesta arriba, la salida fue
despojar a la Corte Suprema de sus funciones -de acusar, vigilar la
constitucionalidad y nombrar a los jueces- para dárselas,
respectivamente, a una fiscalía de la nación, a un tribunal constitucional y a
un consejo de la magistratura que de inmediato se politizaron también e hicieron política con la justicia.
Esto tiene que parar. Suprimir a los gobernadores, repensar
el tema de la institucionalidad en seguridad, revisar los mecanismos
de fiscalización de la inversión, reequilibrar la descentralización, reconstruir
la justicia, recuperar el equilibrio de poderes para la
gobernabilidad, esa es la agenda de mañana.
Tenemos que tomar el toro por las astas. Este gobierno ha
sido incapaz de hacerlo, el próximo no podrá esquivarlo.
REPORTE
DE NOTICIAS
Las siguientes notas
periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y
ordenadas
temáticamente. No se las
debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que
se indican sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
La opinión expresada en la
MEDIA COLUMNA corresponde exclusivamente a su autor.
Usted puede leer,
reproducir y republicar libre y gratuitamente la MEDIA COLUMNA de este Reporte
de Noticias tomándola de jorgemorelli.blogspot.com
GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO,
DEMOCRACIA
Correo
Un
hecho que pone al descubierto el uso político de los gobernadores se aprecia en
los miles de bienes que el gobierno de Ollanta Humala les adjudicó para que
estos los distribuyan con "fines sociales".
El
Ministerio del Interior aprobó, el 8 de agosto de 2012, modificar el proceso de
"recepción, control y adjudicación" de los premios no reclamados
(desde vehículos y artefactos hasta dinero en efectivo) provenientes de las
promociones comerciales y rifas con fines sociales, a fin de colocarlos bajo la
administración de la nacionalista Dacia Nena Escalante.
La
Resolución Directoral 5887-2012-IN-DGGI no solo amplía el concepto de
"fines sociales" para contar con un mayor margen de beneficiarios en
la entrega de bienes, sino que faculta a los gobernadores y tenientes
gobernadores a acudir a los "llamados de solidaridad" de las
poblaciones vulnerables con la adjudicación de estos "premios" en
todo el territorio nacional.
El
documento del Mininter que contiene el referido requerimiento es firmado por
Dacia Nena Escalante en calidad de directora de la Oficina Nacional de Gobierno
Interior (Onagi).
Para
derivar estos bienes del Estado a su despacho, la titular de esa oficina tuvo
que eliminar una ley en desmedro de otras importantes instituciones.
La
ex congresista nacionalista, acusada de ordenar a los gobernadores que actúen
como portátil del Partido Nacionalista, aprobó la Resolución Directoral
5791-2012-IN-DGGI que deja "sin efecto" la administración por el
Instituto Peruano del Deporte de los premios no reclamados.
El
documento, fechado el 3 de agosto dl 2012, hace referencia a un "nuevo
estudio" que establece "modificaciones al procedimiento de
adjudicación de los premios" en virtud de la nueva configuración orgánica de
la Onagi como un organismo público con estructura administrativa, a diferencia
de años anteriores cuando era solo una dirección más en el Mininter.
Dos
meses después de aprobar la nueva directiva, el 4 de octubre de 2012, el
despacho de Escalante ordenó "destinar a fines sociales" una relación
de skates, DVD, vales de compra en Ripley y Saga Falabella, implementos de
belleza, tabletas Galaxy, licores, entradas al cine y diversos cheques por un
monto ascendente a los S/.20 mil.
El
17 de octubre, a las poblaciones vulnerables se destinaron esta vez sesiones de
belleza, pack's de cervezas, celulares inteligentes y cheques por un monto
superior a los S/.10 mil.
El
28 de diciembre, entre los premios que se destinan, se aprecia 22 vales de S/.1
mil para consumo en tiendas por departamento, 50 hornos polleros y 50
celulares.
El
15 de enero del 2013 se repartieron membresías a gimnasios, vales para centros
de spa, paquetes de turismo y televisores LCD, scooters y más cheques por un
valor de más de S/.40 mil.
Con
la rúbrica de Escalante, el 30 de enero se ordenó a los gobernadores repartir
consolas de videojuego, vales para manicure, entradas para el circo y botellas
de pisco y tres cheques cuya suma asciende los S/.25 mil.
En
opinión de Luis Galarreta (PPC-APP), las normas que permiten el traslado de
premios no recogidos a los gobernadores, da paso a un claro uso proselitista
del tema. "Recordemos que algunos nacionalistas también regalaban bienes
incautados por la Sunat", manifestó.
Por
su parte, Wuiliam Monterola (Unión Regional) denunció que la actuación de Dacia
Escalante debe ser investigada.
Correo
La primera dama, Nadine Heredia, habría ordenado que Dacia Escalante asuma
la Dirección Nacional de Gobierno Interior (Onagi), señaló el ex ministro
Fernando Rospigliosi al abordar el tema del uso de los gobernadores como
portátil del nacionalismo.
“Ella (Escalante) tiene una relación directa con Palacio, especialmente con
la Primera Damas. Ella la ha puesto en el cargo, ella la mantiene y es la que
le da las órdenes, a ella es a quien responde”, aseveró.
RPP, Andina
El pleno del Parlamento dio cuenta ayer de la moción de
interpelación al ministro del Interior, Walter Albán, sobre las funciones de
los gobernadores.
También de la interpelación a las ministras de Salud, Midori de Habich, y de Trabajo, Ana Jara, para que informen sobre la contratación de médicos cubanos en el Perú.
La admisión de ambas mociones, presentadas por congresistas de la Bancada Fuerza Popular, serán consultadas en la próxima sesión.
También de la interpelación a las ministras de Salud, Midori de Habich, y de Trabajo, Ana Jara, para que informen sobre la contratación de médicos cubanos en el Perú.
La admisión de ambas mociones, presentadas por congresistas de la Bancada Fuerza Popular, serán consultadas en la próxima sesión.
ATV+
La Asociación de Municipalidades del Perú pide suprimir los cargos de
gobernadores y teniente gobernadores en todo el país.
La República
Columna de Alvarez
Rodrich
(…)
…el uso político de
los gobernadores y tenientes gobernadores a manera de portátil privada pagada
con recursos públicos… puede contribuir a que, de una vez por todas,
desaparezca esta instancia de gobierno que hoy resulta a todas luces
anacrónica.
(…)
Son funciones que, a
simple vista, ya son realizadas por otras entidades del Estado, lo cual
significa una duplicación onerosa de gestiones, y que hoy nos cuestan a todos
los peruanos S/.84 millones al año. Es un monto que podría ser destinado a
fines mucho más relevantes que financiar el proselitismo que realiza un
gobierno.
(…)
Por ello, se debe
suprimir los cargos de gobernadores y tenientes gobernadores en todo el país,
tal como lo ha sugerido la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE).
Correo
El
periodista Miguel Ángel Bastenier
publicó en El País un texto respecto a la primera dama Nadine Heredia y su supuesta influencia en los asuntos del
gobierno.
"A
mitad de periodo Humala ya va por su quinto primer ministro, René Cornejo, que
recibía la confianza de la cámara el pasado 17 de marzo apenas en una segunda
votación. Por orden de aparición ante los micrófonos le antecedieron en el
cargo Oscar Valdez, Salomón Lerner, ambos con ministerios que no pasaron de
cuatro meses, Juan Jiménez, 15 meses, y César Villanueva, nombrado a fin de
octubre de 2013. Y esa formidable
atrición de gobernantes se atribuye urbi et orbi a la 'intromisión' de la
señora presidenta", señala.
El
también historiador hispanoamericano agrega en su texto que es “el propio
Humala quien daba pábulo a todas las conjeturas homologando las inclinaciones
de su señora al decir que era mejor
gobernar como familia que hacerlo solo".
Bastenier
finaliza en su texto "...Si Churchill decía que los Balcanes producían más
historia de la que eran capaces de consumir, Perú fabrica toda la política que su pueblo es capaz de asimilar y
la clase política peruana padece o se ufana de una antropofagia…”.
El Comercio, editorial
(…)
Confrontado
por el dato de que bajo su gobierno se ha triplicado el número de
contrataciones que el Estado realiza con entidades internacionales –y, por lo
tanto, fuera de los controles del sistema general de contrataciones del Estado–,
(el presidente Ollanta Humala) ha respondido que esta es la única forma de
“avanzar con las obras” porque “los mecanismos que tiene el Estado son muy
burocráticos”.
Lejos
han quedado pues los días en que el candidato Humala prometía fiscalizar estos contratos,
ante los fuertes indicios de corrupción que comenzaron a salir a la luz en
varios de ellos, y aún incluso expulsar del país a las instituciones
internacionales que resultaran culpables.
La
mayor ironía, sin embargo, está en que tanto el candidato Humala como el
presidente Humala han tenido razón en lo que han dicho sobre el punto: es
cierto que estos contratos, donde se dispone de cientos de millones de soles de
los recursos públicos sin control alguno, son una oportunidad ideal para la
corrupción. Y es también verdad que los trámites que contemplan las normas de
contrataciones del Estado constituyen una maraña inmovilizante, con la que
resulta muy difícil avanzar en la realidad.
De
hecho, los requisitos de esta maraña son tan insensatos que han generado el
surgimiento dentro del propio Estado del mismo fenómeno que este ha creado, con
otra maraña semejante, en nuestra economía: la informalidad. ¿O es que esta
manera tan ingeniosa que han encontrado nuestros funcionarios para contratar al
margen de lo que disponen sus reglas de contrataciones, por encontrar a estas
últimas incumplibles, no es la versión estatal de la informalidad empresarial?
Sin duda lo es, con la diferencia, claro, de que el Estado ha creado para sí
mismo una excepción normativa a fin de dar forma legal a su informalidad.
Así
es como tenemos que solo en los últimos tres años el Estado ha contratado
S/.3.000 millones por medio de estos organismos internacionales, sin que la
contraloría pueda meter sus narices en ellos, entre otras cosas, porque el
carácter altruista de las aludidas entidades permite que las comisiones que
cobran por su participación en estos contratos puedan registrarse como
“donaciones”. Lo que hace que a nadie deba extrañar que en el Perú la Organización de Estados Iberoamericanos
(OEI) compre gorras, pasajes aéreos y uniformes para el Ministerio de Educación, o que la Organización Internacional para las Migraciones haya
sido la encargada de realizar el año pasado la licitación de la nueva sede del
Banco de la Nación (por S/.412 millones) y la de un vecino Centro de Convenciones (por S/.520
millones).
Lo
que es más, estas organizaciones suelen gozar también de inmunidad diplomática,
la misma que pueden alegar, por ejemplo, en caso el Ministerio Público esté investigando alguna
adquisición para la que el Estado las haya subcontratado.
Así
sucedió cuando se investigaba una adquisición de 79 ambulancias aparentemente
sobrevaluadas que el hoy famoso presidente regional de Áncash
realizó por medio de una de estas instituciones; y así se frustró la
entrega por parte de la antes mencionada OEI de la información que poseía sobre
ciertas proyectadas licitaciones de hospitales que quedaron registradas en los
inolvidables ‘petroaudios’ del gobierno anterior y que iban a ser realizadas
por medio de esta organización.
Desde
luego, nada de esto quiere implicar que la respuesta que el presidente ha dado
al problema haya sido satisfactoria. En lugar de decir “como las normas
regulares son inviables, las modificaremos para que sean viables y así el
Estado pueda contratar dentro de un sistema con controles”; ha dicho “como las
normas regulares son inviables, el Estado va a seguir contratando al margen de
estas y sin ningún control”.
Lo
que sí ha sido la respuesta del presidente es sintomática. Ha reflejado la
mentalidad de nuestro Estado. Una mentalidad para la cual la ley es una forma
de hipocresía: lo que importa es lo que ella dice, no si esto se cumple. Y así,
de la misma manera en que no se puede flexibilizar, digamos, nuestro régimen
laboral porque ello supondría “quitarle derechos a los trabajadores” (aunque
según la OIT el 68% de ellos esté contratado informalmente); no se puede
simplificar el régimen ordinario de contrataciones del Estado porque ello
supondría facilitar las cosas a la corrupción. Mucho mejor que este régimen siga
ahí, exhibiendo orgullosamente todas sus fiscalizaciones y garantías, mientras
el Estado continúa contratando, tranquilamente, al margen de él.
NARCOTERRORISMO, INTELIGENCIA, DDHH, USO DE
LA FUERZA
ESTA NOCHE (tomado de RPP, Andina)
El
pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley, presentado dos años atrás por el
congresista fujimorista, almirante Carlos Tubino, que permite la participación
de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico.
Al respecto, el Congreso se allanó a las observaciones que luego de dos años hizo el
Poder Ejecutivo.
La iniciativa dispone que las Fuerzas Armadas en zonas de emergencia están facultadas a realizar interdicción contra el tráfico de drogas.
La norma fue aprobada por 45 votos a favor, cinco en contra y 33 abstenciones.
La iniciativa dispone que las Fuerzas Armadas en zonas de emergencia están facultadas a realizar interdicción contra el tráfico de drogas.
La norma fue aprobada por 45 votos a favor, cinco en contra y 33 abstenciones.
Correo
El
presidente del gobierno regional de Tumbes, Gerardo Viñas, realiza actos
proselitistas en colegios, regala cuadernos escolares con su rostro y
promociona, en actividades oficiales, su partido político. También amedrenta
periodistas opositores y las denuncias en su contra caen en saco roto. ¿Tumbes
va en camino a convertirse en el nuevo Ancash?
Manuel
Merino de Lama, congresista por Tumbes, advierte: Gerardo Viñas es mucho más
peligroso que el presidente regional de Ancash, César Álvarez, y -asegura- es
una persona antisistema.
Estuvo
preso por terrorismo durante nueve años. Fue detenido el 6 de enero de 1993 por
la muerte de un policía en 1989 y por participar en las Escuelas Populares de
Sendero Luminoso, según un reporte de Inteligencia de la Policía Nacional. Sin
embargo, fue puesto en libertad en 2001, amnistiado durante la gestión de Diego
García Sayán en el Ministerio de Justicia en el gobierno de Valentín Paniagua.
En
2004, Viñas pidió una indemnización de US$250 mil por daños y perjuicios, y el
22 de julio de 2010 la Sala Civil de Tumbes ordenó indemnizarlo con S/.190 mil.
"Desde
que Viñas Dioses asumió el poder en Tumbes pidió la liberación de Abimael Guzmán
y trajo gente con vínculos con el terrorismo para que trabaje en esta
región", denunció.
Explica
que existen irregularidades en el manejo de los fondos públicos en la gestión
de Viñas, pero las denuncias en su contra y las de sus funcionarios no prosperan
debido a que se ha rodeado de gente influyente en el Ministerio Público y el
Poder Judicial.
Correo
El presidente regional de Tumbes, Gerardo Viñas, se negó a presentarse
hoy ante la comisión de Fiscalización del Congreso de la República a responder
por presuntos actos de corrupción en su gestión. Ha pedido que le envíen las
pruebas contra su persona y que precisen en el documento si es citado como
testigo o investigado.
Correo
Entrevista al exfiscal Javier
Estrada
-El jefe de Control Interno Carlos Ramos lo destituyó en el 2011 y ahora promueve una
denuncia penal contra usted y tres exfiscales por investigar a la mafia de
Áncash. Ramos Heredia es el
nuevo fiscal de la Nación. ¿Le ha sorprendido esta elección?
Francamente, no. Todo el camino ha sido limpiado para que este señor sea
elegido fiscal de la Nación. Primero, la designación de Gladys Echaiz al JNE, y
su posterior renuncia; segundo, la designación allí de Pedro Chávarry contra su voluntad. Sin embargo, sí pensé que se
haría a un lado por decencia.
(…)
-¿Por qué piensa que el flamante fiscal de la
Nación, Carlos Ramos Heredia, es allegado de César Álvarez?
Fue lo que le dijo el fiscal superior Dante Farro al fiscal César Jiménez
(coordinador de la diligencia) al enterarse que íbamos a intervenir la
"Centralita" de Álvarez. Farro le dijo: "tenga cuidado porque
César Álvarez y Heriberto Benítez son muy allegados al fiscal de la Nación,
Peláez Bardales, y al fiscal supremo Ramos Heredia".
(…)
Correo
El presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, sostuvo hoy que el ministro
de Defensa, Pedro Cateriano, debe responder por
la designación del coronel EP Elio Rincón como gerente general de la Fábrica de
Armas y Municiones del Ejército (FAME) y la existencia de una
presunta conexión que beneficiaría a proveedores de armas de Ucrania.
Correo informó el 11 de abril que Rincón, designado en FAME, es de la
promoción del presidente Ollanta Humala.
"Yo creo que las cosas del sector que las responda el sector. Yo soy
presidente de la República", dijo Humala consultado por Correo. Este no
ocultó su incomodidad, incluso agentes de seguridad empujaron al redactor de
Correo lejos del Jefe de Estado. "Esas cosas que las responda el Ministro",
finalizó.
Ayer se confirmó la designación del coronel Elio Rincón en FAME.
En el Congreso hay
un pedido de la bancada del Apra para crear una comisión investigadora de la
denuncia de Correo.
El
Comercio
Columna
de Alfredo Torres
Desde
hace más de una década el Perú sorprende por el contraste entre sus notables
resultados económicos y la impopularidad de sus gobernantes. En la época de
Toledo se decía que poco faltaba para que la tasa de crecimiento del PBI fuese
mayor a la aprobación presidencial. Alan
García logró una espectacular tasa de crecimiento cercana al 9% el
2010 y, sin embargo, su gestión ese año fue desaprobada por dos de cada tres peruanos.
Se decía entonces que la economía podía crecer al margen de lo que ocurriese en
la política…
(…)
Con
el tiempo, se fue adquiriendo conciencia de que este divorcio entre la política
y la economía era insostenible. Hace un año, por ejemplo, Roberto Abusada escribió en estas páginas
que las fallas institucionales y las ambigüedades en la conducción política del
presidente Humala frenarían el crecimiento. La semana pasada, “The
Economist” comparó al Perú con el modelo de Gobierno Italiano y
advirtió que si el sistema político no es capaz de actuar en el beneficio del
largo plazo de la mayoría, termina contaminando la economía con sus fallas.
(…)
Las
temidas consecuencias del divorcio entre la política y la economía ya se están
empezando a sentir. La confianza empresarial está declinando no tanto porque se
dude del compromiso de Humala con los grandes lineamientos macroeconómicos del
modelo sino por su falta de liderazgo en combatir la proliferación de trámites
interminables y sobrecargas regulatorias que encarecen la actividad económica
formal.
Por
el lado de la opinión pública, la pérdida de confianza en el liderazgo
presidencial se origina en la inseguridad ciudadana. Hoy no cabe duda de que el
desarrollo del país está amenazado por la delincuencia en todas sus
modalidades: narcotráfico, minería ilegal, sicariato, invasiones, extorsión,
pandillas y asaltos callejeros a lo cual se suman los remanentes del terrorismo
y de las rondas campesinas armadas. La gravedad de estas plagas –que son más de
siete– se incrementa por la creciente corrupción que afecta a los organismos
encargados de enfrentar el delito: la policía, la fiscalía y el Poder Judicial.
A
estos males se suma el desmadre institucional. La apresurada regionalización
promulgada por Toledo y no corregida por García ha generado un conjunto de
entes subnacionales que desconocen la autoridad del gobierno nacional –como en
Cajamarca– o crean feudos donde campea la violencia –como en Áncash– y los
distintos líderes políticos se muestran renuentes a plantear una reforma
significativa del modelo de regionalización.
(…)
El
renombrado politólogo estadounidense Francis
Fukuyama declaró recientemente que en América Latina se requieren
estados fuertes, pero no en el sentido tradicional de intervencionismo
económico sino en su capacidad de “reafirmar el Estado de derecho, aplicar las
leyes, garantizar la seguridad jurídica y proveer servicios básicos como
educación, salud o infraestructura”.
(…)
Como dice Julio
Cotler, “el Estado primero es seguridad. El Estado que no garantiza
la seguridad, no es tal”.
(…)
…la
población sigue esperando el cumplimiento de la gran promesa electoral de
Humala que fue recuperar la seguridad ciudadana.
(…)
ANTICORRUPCION, PERSECUCION,
JUDICIALIZACION POLITICA
El Comercio
El congresista de Gana Perú Josué Gutiérrez anunció hoy que ya no
presentará una moción de censura contra el
fujimorista Juan José Díaz Dios para que deje la presidencia de la
Comisión López Meneses.
Gutiérrez indicó que la bancada de Gana Perú no respaldó su iniciativa. “Siguiendo
a mi bancada, ya no plantearé la censura”, manifestó.
El legislador oficialista negó que recibiera órdenes de Palacio para
buscar apartar al fujimorista Díaz de la presidencia de la Comisión.
Canal N
El
congresista fujimorista Juan José Díaz Dios sostuvo que su labor no es defender
al Gobierno presuntamente implicado en el ilegal resguardo a la casa del
exoperador López Meneses. Consideró que el intento de censurarlo responde al
temor del Ejecutivo a que se llegue al fondo del asunto. "Si hubiera ido
(Josué Gutiérrez) a las sesiones de la Comisión, hubiera entendido el sentido
de mis declaraciones", añadió.
Canal N, ATV+, El Comercio
El
congresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril, señaló enfáticamente que su
bancada no aceptará imposiciones del presidente del Congreso, Fredy Otárola, en
la elección de los miembros del Tribunal Constitucional y el defensor del
Pueblo.
Otárola declaró que no hubo consenso para la designación de los miembros
del TC y el DP.
Sostuvo que el APRA no quiere que el TC cambie, porque lo tiene controlado.
Sostuvo que el APRA no quiere que el TC cambie, porque lo tiene controlado.
El Comercio se
enteró que los nombres de los postulantes son: Francisco Eguiguren,
Ernesto Blume Fortini, Carlos Ramos Nuñez, José Luis Sardón y Marianella
Ledesma Narváez.
Para que cada uno de esos candidatos sea designado se requieren 87 votos
del Congreso.
RPP
El
presidente del Tribunal Constitucional, Oscar Urviola, tras acudir ayer a la Comisión
de Presupuesto a explicar los gastos de su institución, tuvo que
retirarse debido a que no se alcanzó el quórum.
No hay comentarios:
Publicar un comentario