miércoles, 16 de abril de 2014

ESTA NOCHE miércoles 16 abril 2014


ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.



MEDIA COLUMNA
Nos engañamos


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com


En el Perú los problemas no se resuelven, se esquivan. 

Si la maraña legal entrampa las inversiones, la solución no es eliminarla. La salida ilegal son los “operadores” de servicios de desalojo, resguardo o chuponeo delivery para clientes selectos. Mejor aún, hay una salida legal: contratar organismos internacionales para sacar adelante las inversiones en tiempo récord eludiendo la fiscalización con el argumento de la inmunidad diplomática. El país ha sido testigo de un audio en que un funcionario de uno de esos organismos consuela a un postor perdedor diciéndole que no se preocupe, que hay sitio para todos. Ollanta Humala dijo que acabaría con esa corrupción. Dos años y medio después, dice que es la única manera de hacer obras. Es el posgrado más nocivo de la historia.     

Igualmente, es difícil cambiar a la Policía para luchar contra la inseguridad, pero la salida es crear una red paralela de gobernadores (y convertirla en la organización del partido político del gobierno). Si no hay equilibrio de poderes, hay que darle al gobierno el premio consuelo de la delegación de facultades para que le saque la vuelta a las leyes con ideas creativas, como las anteriores.

Si los gobiernos regionales son pasto de la corrupción y el crimen, la solución no es revisar la legislación fallida de la descentralización, la salida es mandar fiscales a los que convertirán en cómplices. Si años atrás despolitizar la justicia se hacía cuesta arriba, la salida fue despojar a la Corte Suprema de sus funciones -de acusar, vigilar la constitucionalidad y nombrar a los jueces- para dárselas, respectivamente, a una fiscalía de la nación, a un tribunal constitucional y a un consejo de la magistratura que de inmediato se politizaron también e hicieron política con la justicia.

Esto tiene que parar. Suprimir a los gobernadores, repensar el tema de la institucionalidad en seguridad, revisar los mecanismos de fiscalización de la inversión, reequilibrar la descentralización, reconstruir la justicia, recuperar el equilibrio de poderes para la gobernabilidad, esa es la agenda de mañana.

Tenemos que tomar el toro por las astas. Este gobierno ha sido incapaz de hacerlo, el próximo no podrá esquivarlo.



REPORTE DE NOTICIAS

Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
La opinión expresada en la MEDIA COLUMNA corresponde exclusivamente a su autor.

Usted puede leer, reproducir y republicar libre y gratuitamente la MEDIA COLUMNA de este Reporte de Noticias tomándola de jorgemorelli.blogspot.com



GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA



Correo
Un hecho que pone al descubierto el uso político de los gobernadores se aprecia en los miles de bienes que el gobierno de Ollanta Humala les adjudicó para que estos los distribuyan con "fines sociales".
El Ministerio del Interior aprobó, el 8 de agosto de 2012, modificar el proceso de "recepción, control y adjudicación" de los premios no reclamados (desde vehículos y artefactos hasta dinero en efectivo) provenientes de las promociones comerciales y rifas con fines sociales, a fin de colocarlos bajo la administración de la nacionalista Dacia Nena Escalante.
La Resolución Directoral 5887-2012-IN-DGGI no solo amplía el concepto de "fines sociales" para contar con un mayor margen de beneficiarios en la entrega de bienes, sino que faculta a los gobernadores y tenientes gobernadores a acudir a los "llamados de solidaridad" de las poblaciones vulnerables con la adjudicación de estos "premios" en todo el territorio nacional.
El documento del Mininter que contiene el referido requerimiento es firmado por Dacia Nena Escalante en calidad de directora de la Oficina Nacional de Gobierno Interior (Onagi).
Para derivar estos bienes del Estado a su despacho, la titular de esa oficina tuvo que eliminar una ley en desmedro de otras importantes instituciones.
La ex congresista nacionalista, acusada de ordenar a los gobernadores que actúen como portátil del Partido Nacionalista, aprobó la Resolución Directoral 5791-2012-IN-DGGI que deja "sin efecto" la administración por el Instituto Peruano del Deporte de los premios no reclamados.
El documento, fechado el 3 de agosto dl 2012, hace referencia a un "nuevo estudio" que establece "modificaciones al procedimiento de adjudicación de los premios" en virtud de la nueva configuración orgánica de la Onagi como un organismo público con estructura administrativa, a diferencia de años anteriores cuando era solo una dirección más en el Mininter.
Dos meses después de aprobar la nueva directiva, el 4 de octubre de 2012, el despacho de Escalante ordenó "destinar a fines sociales" una relación de skates, DVD, vales de compra en Ripley y Saga Falabella, implementos de belleza, tabletas Galaxy, licores, entradas al cine y diversos cheques por un monto ascendente a los S/.20 mil.
El 17 de octubre, a las poblaciones vulnerables se destinaron esta vez sesiones de belleza, pack's de cervezas, celulares inteligentes y cheques por un monto superior a los S/.10 mil.
El 28 de diciembre, entre los premios que se destinan, se aprecia 22 vales de S/.1 mil para consumo en tiendas por departamento, 50 hornos polleros y 50 celulares.
El 15 de enero del 2013 se repartieron membresías a gimnasios, vales para centros de spa, paquetes de turismo y televisores LCD, scooters y más cheques por un valor de más de S/.40 mil.
Con la rúbrica de Escalante, el 30 de enero se ordenó a los gobernadores repartir consolas de videojuego, vales para manicure, entradas para el circo y botellas de pisco y tres cheques cuya suma asciende los S/.25 mil.
En opinión de Luis Galarreta (PPC-APP), las normas que permiten el traslado de premios no recogidos a los gobernadores, da paso a un claro uso proselitista del tema. "Recordemos que algunos nacionalistas también regalaban bienes incautados por la Sunat", manifestó.
Por su parte, Wuiliam Monterola (Unión Regional) denunció que la actuación de Dacia Escalante debe ser investigada.




Correo
La primera dama, Nadine Heredia, habría ordenado que Dacia Escalante asuma la Dirección Nacional de Gobierno Interior (Onagi), señaló el ex ministro Fernando Rospigliosi al abordar el tema del uso de los gobernadores como portátil del nacionalismo.
“Ella (Escalante) tiene una relación directa con Palacio, especialmente con la Primera Damas. Ella la ha puesto en el cargo, ella la mantiene y es la que le da las órdenes, a ella es a quien responde”, aseveró.




RPP, Andina
El pleno del Parlamento dio cuenta ayer de la moción de interpelación al ministro del Interior, Walter Albán, sobre las funciones de los gobernadores.
También de la interpelación a las ministras de Salud, Midori de Habich, y de Trabajo, Ana Jara, para que informen sobre la contratación de médicos cubanos en el Perú.
La admisión de ambas mociones, presentadas por congresistas de la Bancada Fuerza Popular, serán consultadas en la próxima sesión.




ATV+
La Asociación de Municipalidades del Perú pide suprimir los cargos de gobernadores y teniente gobernadores en todo el país.




La República
Columna de Alvarez Rodrich
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…el uso político de los gobernadores y tenientes gobernadores a manera de portátil privada pagada con recursos públicos… puede contribuir a que, de una vez por todas, desaparezca esta instancia de gobierno que hoy resulta a todas luces anacrónica.
(…)
Son funciones que, a simple vista, ya son realizadas por otras entidades del Estado, lo cual significa una duplicación onerosa de gestiones, y que hoy nos cuestan a todos los peruanos S/.84 millones al año. Es un monto que podría ser destinado a fines mucho más relevantes que financiar el proselitismo que realiza un gobierno.
(…)
Por ello, se debe suprimir los cargos de gobernadores y tenientes gobernadores en todo el país, tal como lo ha sugerido la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE).




Correo
El periodista Miguel Ángel Bastenier publicó en El País un texto respecto a la primera dama Nadine Heredia y su supuesta influencia en los asuntos del gobierno.
"A mitad de periodo Humala ya va por su quinto primer ministro, René Cornejo, que recibía la confianza de la cámara el pasado 17 de marzo apenas en una segunda votación. Por orden de aparición ante los micrófonos le antecedieron en el cargo Oscar Valdez, Salomón Lerner, ambos con ministerios que no pasaron de cuatro meses, Juan Jiménez, 15 meses, y César Villanueva, nombrado a fin de octubre de 2013. Y esa formidable atrición de gobernantes se atribuye urbi et orbi a la 'intromisión' de la señora presidenta", señala.
El también historiador hispanoamericano agrega en su texto que es “el propio Humala quien daba pábulo a todas las conjeturas homologando las inclinaciones de su señora al decir que era mejor gobernar como familia que hacerlo solo".
Bastenier finaliza en su texto "...Si Churchill decía que los Balcanes producían más historia de la que eran capaces de consumir, Perú fabrica toda la política que su pueblo es capaz de asimilar y la clase política peruana padece o se ufana de una antropofagia…”.




El Comercio, editorial
(…)
Confrontado por el dato de que bajo su gobierno se ha triplicado el número de contrataciones que el Estado realiza con entidades internacionales –y, por lo tanto, fuera de los controles del sistema general de contrataciones del Estado–, (el presidente Ollanta Humala) ha respondido que esta es la única forma de “avanzar con las obras” porque “los mecanismos que tiene el Estado son muy burocráticos”.
Lejos han quedado pues los días en que el candidato Humala prometía fiscalizar estos contratos, ante los fuertes indicios de corrupción que comenzaron a salir a la luz en varios de ellos, y aún incluso expulsar del país a las instituciones internacionales que resultaran culpables.
La mayor ironía, sin embargo, está en que tanto el candidato Humala como el presidente Humala han tenido razón en lo que han dicho sobre el punto: es cierto que estos contratos, donde se dispone de cientos de millones de soles de los recursos públicos sin control alguno, son una oportunidad ideal para la corrupción. Y es también verdad que los trámites que contemplan las normas de contrataciones del Estado constituyen una maraña inmovilizante, con la que resulta muy difícil avanzar en la realidad.
De hecho, los requisitos de esta maraña son tan insensatos que han generado el surgimiento dentro del propio Estado del mismo fenómeno que este ha creado, con otra maraña semejante, en nuestra economía: la informalidad. ¿O es que esta manera tan ingeniosa que han encontrado nuestros funcionarios para contratar al margen de lo que disponen sus reglas de contrataciones, por encontrar a estas últimas incumplibles, no es la versión estatal de la informalidad empresarial? Sin duda lo es, con la diferencia, claro, de que el Estado ha creado para sí mismo una excepción normativa a fin de dar forma legal a su informalidad.
Así es como tenemos que solo en los últimos tres años el Estado ha contratado S/.3.000 millones por medio de estos organismos internacionales, sin que la contraloría pueda meter sus narices en ellos, entre otras cosas, porque el carácter altruista de las aludidas entidades permite que las comisiones que cobran por su participación en estos contratos puedan registrarse como “donaciones”. Lo que hace que a nadie deba extrañar que en el Perú la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) compre gorras, pasajes aéreos y uniformes para el Ministerio de Educación, o que la Organización Internacional para las Migraciones haya sido la encargada de realizar el año pasado la licitación de la nueva sede del Banco de la Nación (por S/.412 millones) y la de un vecino Centro de Convenciones (por S/.520 millones).
Lo que es más, estas organizaciones suelen gozar también de inmunidad diplomática, la misma que pueden alegar, por ejemplo, en caso el Ministerio Público esté investigando alguna adquisición para la que el Estado las haya subcontratado.
Así sucedió cuando se investigaba una adquisición de 79 ambulancias aparentemente sobrevaluadas que el hoy famoso presidente regional de Áncash realizó por medio de una de estas instituciones; y así se frustró la entrega por parte de la antes mencionada OEI de la información que poseía sobre ciertas proyectadas licitaciones de hospitales que quedaron registradas en los inolvidables ‘petroaudios’ del gobierno anterior y que iban a ser realizadas por medio de esta organización.
Desde luego, nada de esto quiere implicar que la respuesta que el presidente ha dado al problema haya sido satisfactoria. En lugar de decir “como las normas regulares son inviables, las modificaremos para que sean viables y así el Estado pueda contratar dentro de un sistema con controles”; ha dicho “como las normas regulares son inviables, el Estado va a seguir contratando al margen de estas y sin ningún control”.
Lo que sí ha sido la respuesta del presidente es sintomática. Ha reflejado la mentalidad de nuestro Estado. Una mentalidad para la cual la ley es una forma de hipocresía: lo que importa es lo que ella dice, no si esto se cumple. Y así, de la misma manera en que no se puede flexibilizar, digamos, nuestro régimen laboral porque ello supondría “quitarle derechos a los trabajadores” (aunque según la OIT el 68% de ellos esté contratado informalmente); no se puede simplificar el régimen ordinario de contrataciones del Estado porque ello supondría facilitar las cosas a la corrupción. Mucho mejor que este régimen siga ahí, exhibiendo orgullosamente todas sus fiscalizaciones y garantías, mientras el Estado continúa contratando, tranquilamente, al margen de él.






NARCOTERRORISMO, INTELIGENCIA, DDHH, USO DE LA FUERZA



ESTA NOCHE (tomado de RPP, Andina)
El pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley, presentado dos años atrás por el congresista fujimorista, almirante Carlos Tubino, que permite la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico.
Al respecto, el Congreso se allanó a las  observaciones que luego de dos años hizo el Poder Ejecutivo.
La iniciativa dispone que las Fuerzas Armadas en zonas de emergencia están facultadas a realizar interdicción contra el tráfico de drogas.
La norma fue aprobada por 45 votos a favor, cinco en contra y 33 abstenciones.




Correo
El presidente del gobierno regional de Tumbes, Gerardo Viñas, realiza actos proselitistas en colegios, regala cuadernos escolares con su rostro y promociona, en actividades oficiales, su partido político. También amedrenta periodistas opositores y las denuncias en su contra caen en saco roto. ¿Tumbes va en camino a convertirse en el nuevo Ancash?
Manuel Merino de Lama, congresista por Tumbes, advierte: Gerardo Viñas es mucho más peligroso que el presidente regional de Ancash, César Álvarez, y -asegura- es una persona antisistema.
Estuvo preso por terrorismo durante nueve años. Fue detenido el 6 de enero de 1993 por la muerte de un policía en 1989 y por participar en las Escuelas Populares de Sendero Luminoso, según un reporte de Inteligencia de la Policía Nacional. Sin embargo, fue puesto en libertad en 2001, amnistiado durante la gestión de Diego García Sayán en el Ministerio de Justicia en el gobierno de Valentín Paniagua.
En 2004, Viñas pidió una indemnización de US$250 mil por daños y perjuicios, y el 22 de julio de 2010 la Sala Civil de Tumbes ordenó indemnizarlo con S/.190 mil.
"Desde que Viñas Dioses asumió el poder en Tumbes pidió la liberación de Abimael Guzmán y trajo gente con vínculos con el terrorismo para que trabaje en esta región", denunció.
Explica que existen irregularidades en el manejo de los fondos públicos en la gestión de Viñas, pero las denuncias en su contra y las de sus funcionarios no prosperan debido a que se ha rodeado de gente influyente en el Ministerio Público y el Poder Judicial.




Correo
El presidente regional de Tumbes, Gerardo Viñas, se negó a presentarse hoy ante la comisión de Fiscalización del Congreso de la República a responder por presuntos actos de corrupción en su gestión. Ha pedido que le envíen las pruebas contra su persona y que precisen en el documento si es citado como testigo o investigado.




Correo
Entrevista al exfiscal Javier Estrada
-El jefe de Control Interno Carlos Ramos lo destituyó en el 2011 y ahora promueve una denuncia penal contra usted y tres exfiscales por investigar a la mafia de Áncash. Ramos Heredia es el nuevo fiscal de la Nación. ¿Le ha sorprendido esta elección?
Francamente, no. Todo el camino ha sido limpiado para que este señor sea elegido fiscal de la Nación. Primero, la designación de Gladys Echaiz al JNE, y su posterior renuncia; segundo, la designación allí de Pedro Chávarry contra su voluntad. Sin embargo, sí pensé que se haría a un lado por decencia.
(…)
-¿Por qué piensa que el flamante fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, es allegado de César Álvarez?
Fue lo que le dijo el fiscal superior Dante Farro al fiscal César Jiménez (coordinador de la diligencia) al enterarse que íbamos a intervenir la "Centralita" de Álvarez. Farro le dijo: "tenga cuidado porque César Álvarez y Heriberto Benítez son muy allegados al fiscal de la Nación, Peláez Bardales, y al fiscal supremo Ramos Heredia".
(…)




Correo
El presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, sostuvo hoy que el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, debe responder por la designación del coronel EP Elio Rincón como gerente general de la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME) y la existencia de una presunta conexión que beneficiaría a proveedores de armas de Ucrania.
Correo informó el 11 de abril que Rincón, designado en FAME, es de la promoción del presidente Ollanta Humala.
"Yo creo que las cosas del sector que las responda el sector. Yo soy presidente de la República", dijo Humala consultado por Correo. Este no ocultó su incomodidad, incluso agentes de seguridad empujaron al redactor de Correo lejos del Jefe de Estado. "Esas cosas que las responda el Ministro", finalizó.
Ayer se confirmó la designación del coronel Elio Rincón en FAME.




El Comercio
Columna de Alfredo Torres
Desde hace más de una década el Perú sorprende por el contraste entre sus notables resultados económicos y la impopularidad de sus gobernantes. En la época de Toledo se decía que poco faltaba para que la tasa de crecimiento del PBI fuese mayor a la aprobación presidencial. Alan García logró una espectacular tasa de crecimiento cercana al 9% el 2010 y, sin embargo, su gestión ese año fue desaprobada por dos de cada tres peruanos. Se decía entonces que la economía podía crecer al margen de lo que ocurriese en la política…
(…)
Con el tiempo, se fue adquiriendo conciencia de que este divorcio entre la política y la economía era insostenible. Hace un año, por ejemplo, Roberto Abusada escribió en estas páginas que las fallas institucionales y las ambigüedades en la conducción política del presidente Humala frenarían el crecimiento. La semana pasada, “The Economist” comparó al Perú con el modelo de Gobierno Italiano y advirtió que si el sistema político no es capaz de actuar en el beneficio del largo plazo de la mayoría, termina contaminando la economía con sus fallas.
(…)
Las temidas consecuencias del divorcio entre la política y la economía ya se están empezando a sentir. La confianza empresarial está declinando no tanto porque se dude del compromiso de Humala con los grandes lineamientos macroeconómicos del modelo sino por su falta de liderazgo en combatir la proliferación de trámites interminables y sobrecargas regulatorias que encarecen la actividad económica formal.
Por el lado de la opinión pública, la pérdida de confianza en el liderazgo presidencial se origina en la inseguridad ciudadana. Hoy no cabe duda de que el desarrollo del país está amenazado por la delincuencia en todas sus modalidades: narcotráfico, minería ilegal, sicariato, invasiones, extorsión, pandillas y asaltos callejeros a lo cual se suman los remanentes del terrorismo y de las rondas campesinas armadas. La gravedad de estas plagas –que son más de siete– se incrementa por la creciente corrupción que afecta a los organismos encargados de enfrentar el delito: la policía, la fiscalía y el Poder Judicial.
A estos males se suma el desmadre institucional. La apresurada regionalización promulgada por Toledo y no corregida por García ha generado un conjunto de entes subnacionales que desconocen la autoridad del gobierno nacional –como en Cajamarca– o crean feudos donde campea la violencia –como en Áncash– y los distintos líderes políticos se muestran renuentes a plantear una reforma significativa del modelo de regionalización.
(…)
El renombrado politólogo estadounidense Francis Fukuyama declaró recientemente que en América Latina se requieren estados fuertes, pero no en el sentido tradicional de intervencionismo económico sino en su capacidad de “reafirmar el Estado de derecho, aplicar las leyes, garantizar la seguridad jurídica y proveer servicios básicos como educación, salud o infraestructura”.
(…)
 Como dice Julio Cotler, “el Estado primero es seguridad. El Estado que no garantiza la seguridad, no es tal”.
(…)
…la población sigue esperando el cumplimiento de la gran promesa electoral de Humala que fue recuperar la seguridad ciudadana.
(…)






ANTICORRUPCION, PERSECUCION, JUDICIALIZACION POLITICA



El Comercio
El congresista de Gana Perú Josué Gutiérrez anunció hoy que ya no presentará una moción de censura contra el fujimorista Juan José Díaz Dios para que deje la presidencia de la Comisión López Meneses.
Gutiérrez indicó que la bancada de Gana Perú no respaldó su iniciativa. “Siguiendo a mi bancada, ya no plantearé la censura”, manifestó.
El legislador oficialista negó que recibiera órdenes de Palacio para buscar apartar al fujimorista Díaz de la presidencia de la Comisión. 




Canal N
El congresista fujimorista Juan José Díaz Dios sostuvo que su labor no es defender al Gobierno presuntamente implicado en el ilegal resguardo a la casa del exoperador López Meneses. Consideró que el intento de censurarlo responde al temor del Ejecutivo a que se llegue al fondo del asunto. "Si hubiera ido (Josué Gutiérrez) a las sesiones de la Comisión, hubiera entendido el sentido de mis declaraciones", añadió.




Canal N, ATV+, El Comercio
El congresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril, señaló enfáticamente que su bancada no aceptará imposiciones del presidente del Congreso, Fredy Otárola, en la elección de los miembros del Tribunal Constitucional y el defensor del Pueblo.
Otárola declaró que no hubo consenso para la designación de los miembros del TC y el DP.
Sostuvo que el APRA no quiere que el TC cambie, porque lo tiene controlado.
El Comercio se enteró que los nombres de los postulantes son: Francisco Eguiguren, Ernesto Blume Fortini, Carlos Ramos Nuñez, José Luis Sardón y Marianella Ledesma Narváez.
Para que cada uno de esos candidatos sea designado se requieren 87 votos del Congreso.




RPP
El presidente del Tribunal Constitucional, Oscar Urviola, tras acudir ayer a la Comisión de Presupuesto a explicar los gastos de su institución, tuvo que retirarse debido a que no se alcanzó el quórum.



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