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Devolver para descentralizar de nuevo
Jorge Morelli
La regionalización es un fracaso. Ha
producido instituciones que son pasto de la corrupción. De los 25 presidentes
regionales, 19 están procesados o investigados. El de Ancash está en la cárcel,
el de Pasco fue detenido, el de Tumbes -un ex condenado por terrorismo- tiene
orden de detención y está prófugo, el de Cajamarca podría tener orden de captura en cualquier
momento. Los de Loreto y Arequipa están investigados. Sin más, esos seis ya son
la cuarta parte del total. Entre 2003 y 2013, el lavado de activos en el país ha
sobrepasado los 10 mil millones de dólares del narcotráfico, la minería ilegal,
la corrupción de funcionarios, la evasión de impuestos. La regionalización no
resistió ni un round.
Pero el gobierno parece estar en un
universo paralelo. “No se puede manchar la honra o la buena gestión de todos
los gobiernos regionales” por dos casos de corrupción, dijo esta semana el Presidente.
Y anunció medidas “correctivas” de las fallas de la regionalización. Nadie sabe
exactamente a qué se refiere. Según el ministro de Economía, se trataría de cambios
para que el gobierno nacional pueda suspender las cuentas de los gobiernos
regionales sin que la Contraloría tenga que pedirlo. Y cambios para impedir la
reelección en las regiones. Lo último es inútil. Lo primero, innecesario.
Si se trata de ponerle al gobierno
regional un interventor -para que no ocurra como en Ancash, donde no queda sino
el guachimán para hacerse cargo- o de crear una superintendencia que decida, eso
supone una organización nueva y una casuística para la intervención. Nada de
eso existe ahora. Suponiendo que el gobierno tenga el equipo humano capaz de intervenir,
no le queda en realidad otro camino que tomar la decisión política de hacerlo
cuando lo crea necesario y asumir la responsabilidad política.
El gobierno no tiene el equipo
necesario para rediseñar la arquitectura fallida de esta regionalización que es
una falsa descentralización. Tal vez este modelo no pueda ser corregido y deba
ser desechado y reemplazado por una nueva descentralización. Así las cosas, que
el Presidente diga que “hay que repensar la regionalización” es una frase hueca.
No se puede repensar las cosas en el vacío.
Debemos dejar de lado esta regionalización.
La nueva descentralización debe ser devolución. Devolver es, por ejemplo, asegurar
el derecho a la propiedad. El derecho de las comunidades andinas a la propiedad
de la tierra, no solo a la posesión precaria de un activo. Devolver a los empresarios
informales o no el derecho a la propiedad
de una idea, de una innovación, de una patente, una marca protegida.
Devolver es restablecer progresivamente
a los directores de los 50 mil colegios estatales la autonomía para contratar y
despedir maestros y la posibilidad de reclutarlos de entre los mejores -no solo
de entre los que tienen hasta hoy un monopolio sobre las plazas magisteriales
de la educación pública-. Devolver es restablecer la autoridad del gobierno
nacional para dirigir los sistemas principales –no solo los de control- y a las
provincias las funciones que les son despojadas por las regiones.
La devolución es el modelo en el que
debemos rediseñar la descentralización.
Por tres años, el gobierno eludió esa
decisión política, y el tiempo crucial se ha ido. Al comenzar su cuarto año, es
demasiado tarde. Hará lo que pueda, ahora que por fin ha tomado conciencia. Esta
será la tarea del próximo gobierno.
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