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El ministro de Justicia, Daniel
Figallo, sería interpelado luego de que se conociera que se reunió
con el fiscal del caso Belaunde Lossio. También se habría reunido con procuradores
anticorrupción acompañado del asesor presidencial Roy Gates
ü Premier,
Ana Jara, sostiene que el
ministro de Justicia, Daniel Figallo, deberá dar cuenta de la reunión que sostuvo con los fiscales Marco Huamán, Gustavo
Quiroz y Rosario López, coordinadora de la Unidad Central de Protección de
Testigos
ü Procuraduría
solicita ampliar la imputación a Belaunde
Lossio para precisar que es parte de la cúpula de la organización criminal de Áncash
y no califique como colaborador eficaz
ü
Nadine Heredia cuestionó
hoy la prescripción en favor de cuatro procesados por el caso Petroaudios. En Twitter, escribió que
“en la lucha anticorrupción no vale dar un paso adelante y tres atrás…”
ü “La
decisión del Poder Judicial de beneficiar a Rómulo
León y Alberto Químper, implicados en el caso
Petroaudios durante el gobierno aprista, fortalece la impunidad”,
considera Ana Jara
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MEDIA COLUMNA
La oposición
llama a
Figallo
Jorge
Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
Compungida, Nadine Heredia se quejaba ayer de que
Belaunde Lossio haya usado su nombre y el del Presidente. “Personas
que tratamos cercanamente de pronto aparecen como que han estado utilizando el
nombre tanto mío como del Presidente para hacer sus negocios. Y
una se entera por la prensa”, dijo.
Pero el hecho es que su despacho sí recibió aviso. Una comunicación
del ex gobernador de Madre de Dios Gilbert Galindo le advirtió a principios de
2013 de los negocios de Belaunde Lossio. Pedía también que se le informara si Belaunde
Lossio era o no portavoz de Humala. Heredia sostiene que no tuvo conocimiento de
esa denuncia. El Fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, confirma que Palacio de Gobierno le envío la
comunicación de Galindo (que él remitió a la fiscalía de Madre de Dios
“que está haciendo las investigaciones"). La Secretaría
de Prensa de Palacio ha precisado, según los medios, que la comunicación de
Galindo fue remitida a la Fiscalía el 26 de febrero de 2013, un mes después de
recibida en Palacio.
O sea, ¿la versión de Heredia es que alguien
en su despacho abrió la comunicación de Galindo, la guardó un mes y luego tomó
la decisión de enviarla a la Fiscalía sin informar a la Primera Dama de su
contenido, ni preguntarle qué hacer con un documento tan explosivo? Eso es
difícil de creer y tendrá que ser investigado.
De
otra parte, sabemos ahora cómo se originó la
renuncia del procurador Christian Salas. Este se enteró de una misteriosa reunión
del fiscal, Marco Huamán, a cargo del caso La Centralita, con el ministro de
Justicia, Daniel Figallo. Salas envió un oficio a la Fiscalía preguntando: “¿qué
puede justificar que el fiscal provincial a cargo de un caso penal específico se
entreviste con un representante del Poder Ejecutivo?”.
Hace
dos días, ese mismo fiscal ha decidido que la Procuraduría no participe en los
procesos de colaboración eficaz del caso La Centralita. Significa que, si
Belaunde Lossio se acoge a esa figura, los procuradores no podrán saber lo que
diga, solo la Fiscalía lo sabrá. Una garganta profunda de la Procuraduría explica
que, si la Fiscalía acepta que Belaunde
Lossio sea colaborador eficaz, este puede “seguir el
proceso con comparecencia restringida, le darán una clave y saldrá del país”.
Esto también necesita ser investigado.
Finalmente, el Fiscal de la Nación, Carlos Ramos
Heredia, ha salido a cuestionar la pertinencia de que el Congreso investigue
los casos que ve la Fiscalía. “Si existe un poder que está investigando bajo la
dirección del Ministerio Público, ¿cuál sería la razón para que el Congreso
investigue?”, pregunta. Hace quince años que eso es práctica parlamentaria. ¿Recién
ahora viene el Fiscal de la Nación a reparar en su inadecuación?
Le guste o no al Fiscal de la Nación, el Congreso va a investigar
tan groseros intentos de escamotear la verdad y manipular la opinión pública. El
ministro de Justicia probablemente será interpelado para que responda todas
estas interrogantes. Podría, incluso, ser objeto de acusación constitucional. El
artículo 139 de la Constitución señala que ninguna autoridad puede interferir
en el ejercicio de las funciones de un órgano jurisdiccional.
Pero, más allá de eso, hay indicios de que en el Perú
se ha abusado de la colaboración eficaz, que ha hecho posible negociar lo que
un testigo dice y lo que calla. Este baldón lo han compartido por años la
Fiscalía y la Procuraduría y hoy que al fin se hallan contrapuestas entre sí, aparece
en toda su magnitud este atropello de las garantías de justicia. Es tiempo,
entonces, de que el Congreso asuma también la responsabilidad de corregir el
marco legal de ese mecanismo para que esto no vuelva ocurrir ni ahora ni nunca más
en adelante.
REPORTE
DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo
como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
ANTICORRUPCION, PERSECUCION,
JUDICIALIZACION POLITICA
El Comercio
El
ministro de Justicia, Daniel
Figallo, sería interpelado por la oposición, luego de que se
conociera que se reunió con el fiscal del caso La Centralita, Marco Huamán.
El vocero de Fuerza Popular, Héctor Becerril, planteó
que Figallo sea interpelado por este hecho. El parlamentario fujimorista
recordó que Figallo además se ha reunido, junto con el consejero presidencial
Eduardo Roy Gates, con los procuradores anticorrupción para, según varias
versiones periodísticas, hablar de la situación de Belaunde Lossio.
El vocero de Concertación Parlamentaria, Mauricio Mulder,
dijo que su bancada respaldará una eventual moción de interpelación para la que
se están recabando firmas. Mulder deslizó la posibilidad que la moción de
interpelación sea presentada hoy.
El vocero de PPC, Luis Galarreta, propuso públicamente
que Figallo sea censurado, y aseveró que esta voluntad será anunciada en los
próximos minutos por la bancada.
El parlamentario Virgilio Acuña (Solidaridad Nacional)
sostuvo, en cambio, que una interpelación demora, por lo que planteó que el
ministro de Justicia sea solamente invitado.
Peru21
La Procuraduría Anticorrupción solicitó ampliar la
imputación a Martín Belaunde Lossio para precisar que es parte de la cúpula de la organización criminal de Áncash.
El escrito recuerda que la Fiscalía abrió investigación
a Belaunde Lossio únicamente como cómplice secundario de peculado coautor del
delito de asociación ilícita para
delinquir. La Procuraduría sostiene que debe ser investigado como autor de este
último delito, porque “formaba parte de
la cúpula de la red de César Álvarez”. Los procuradores ya
habían formulado esta petición similar a la Fiscalía en abril de 2014 sin obtener respuesta del fiscal a cargo del caso La Centralita.
En el documento se lee que Belaunde Lossio “habría
conformado una organización criminal destinada a cometer actos de corrupción, formando parte de la cúpula de la misma; habría
estado encargado de proporcionar una empresa de ‘fachada’ (Ilios Producciones)
para mantener oculta la labor de edición de información, el manejo de medios de
comunicación y demás actividades ilícitas que se realizaban en La Centralita”.
Si la Fiscalía acoge la solicitud, Belaunde no podría
ser colaborador eficaz, explicaron fuentes de la
Procuraduría.
El Comercio
La
jefa del Gabinete Ana Jara afirmó
que el ministro de Justicia, Daniel Figallo, deberá dar cuenta de la reunión que sostuvo con los fiscales Marco Huamán, a
cargo del caso La Centralita, Gustavo Quiroz y Rosario López, coordinadora de
la Unidad Central de Protección de Testigos. En el encuentro se
habría hablado de la situación de Martín Belaunde Lossio.
Figallo,
asimismo, se reunió con funcionarios de la Procuraduría Anticorrupción. En
la cita, en la que estuvo el asesor presidencial Eduardo Roy
Gates, también se habría hablado del caso.
“[...]
Sobre las visitas, supuestas, que haya tenido el titular de Justicia con
fiscales u otros operadores del derecho será el propio Ministro quien tenga que
dar cuenta de esta situación”, respondió la primera ministra en el Congreso
cuando se le consultó por la cita.
En
setiembre, Christian Salas, cuando era procurador
anticorrupción, se quejó ante el fiscal Quiroz por la reunión. A través de un
documento solicitó la exclusión de Huamán de la investigación del caso La
Centralita. Hace unos días el Ejecutivo aceptó la renuncia de Salas a la
Procuraduría Anticorrupción. Se ha dicho que una de las razones que
motivaron su alejamiento fue su posición respecto a la posibilidad de que Belaunde Lossio se convierta en
colaborador eficaz.
Jara
señaló que, para que Belaunde Lossio se acoja a la colaboración eficaz, “lo que
importa es lo que decidirá un juez”, dijo en referencia a quien define si
alguien puede ser colaborador eficaz.
Correo
Una
cita que compromete seriamente al ministro Daniel Figallo se produjo en mayo
último. Esta fue confirmada a Correo por el propio titular de Justicia. En
dicho mes, Figallo llamó telefónicamente a la procuradora anticorrupción Yeni
Vilcatoma de la Cruz (encargada a tiempo completo del caso La Centralita) para
que acuda a su despacho, según la versión que proporcionó una fuente del
Ejecutivo.
Cuando
la defensora del Estado se presentó a la sede del Minjus, fue recibida por
Figallo; sin embargo, este se encontraba acompañado por otra persona. Era nada
menos que
el
abogado Eduardo Roy Gates, asesor del presidente Ollanta Humala.
Luego
de entrar en materia, Figallo formuló una interrogante a la procuradora: “¿Qué
tan grave es la situación de Belaunde Lossio?”, según la fuente.
A lo
largo de la cita, Roy Gates escuchaba atento y tomaba notas. Correo se comunicó
vía telefónica con el asesor Roy Gates, quien evitó responder a la pregunta
sobre qué hacía reunido con Figallo y procedió a cortar el teléfono.
“Bajo
la hipótesis de la Procuraduría, la cúpula habría estado conformada por Rodolfo
Orellana Rengifo, Heriberto Benítez, Víctor Crisólogo, Martín Belaunde Lossio,
Luis Arroyo Rojas y Jorge Burgos Guanilo”.
Como
base para este pedido de ampliación, la procuradora Vilcatoma se basa en las
declaraciones de los colaboradores eficaces N° 1, 11 y 6, quienes dieron a
conocer a los integrantes de la cúpula.
El Comercio
Desde
Ecuador, Christian Salas volvió a referirse a su alejamiento de
la Procuraduría Anticorrupción y respecto de la
posibilidad de que Belaunde Lossio se convierta en colaborador eficaz,
consideró que “sería nefasto”. “Para evitar eso, para garantizar que esa
circunstancia de impunidad no se dé no solo en ese caso, está la Procuraduría”,
recalcó.
Peru21
Columna de Juan José
Garrido
(…)
…queda
claro que Belaunde Lossio actuó a nombre de la pareja y que, enterados, no actuaron
con la celeridad que uno esperaría en dicho caso. Ello no demuestra que, en
efecto, estuvieran coludidos con la actuación en lo que respecta al plano
delictivo, pero sí obliga a una investigación independiente y profunda del
caso.
(…)
El Comercio
El
ministro del Interior, Daniel Urresti,
sostuvo hoy que está “obsesionado” con capturar al prófugo empresario Martín
Belaunde Lossio. Añadió que si este se acoge a colaboración eficaz por el caso La Centralita y se entrega, deberá ir a un
psiquiatra para que lo ayude a superar la aparente fijación que tiene con él.
“Estoy
obsesionado con cogerlo. Ojalá que eso (la colaboración eficaz) no se dé, ese
es mi deseo. Si está permitido por las normas y se da, tendré
que ir a un psiquiatra para que me quite la obsesión de quererlo coger”,
manifestó. Urresti insistió en que su deseo es que Belaunde Lossio no se
entregue, porque desea detenerlo.
El Comercio
A
Alberto Químper Herrera el Poder
Judicial lo excluyó del juicio oral por el caso 'Petroaudios' debido a que prescribieron los delitos
por ser mayor de 75 años.
La
información fue confirmada por el fiscal adjunto Hernán Mendoza y el abogado de
la procuraduría anticorrupción, Eddy Betalleluz.
El
juicio trata sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de lotes
petroleros a la empresa noruega Discover Petroleum International.
El Comercio
La
primera dama, Nadine Heredia, cuestionó
hoy las prescripciones que se dieron a favor de cuatro procesados por el caso Petroaudios. En Twitter, escribió que
“en la lucha anticorrupción no vale dar un paso adelante y tres atrás…”.
RPP, Andina
La decisión del Poder Judicial de beneficiar a Rómulo León y Alberto Químper, implicados en el caso
Petroaudios durante el gobierno aprista, fortalece la impunidad,
consideró la jefa
del Gabinete, Ana Jara.
“Nos fastidia el hecho de que hasta el día de hoy no haya sentencia en ese caso del gobierno anterior, a pesar de haberse denunciado desde hace años”, manifestó a la prensa.
“Los juristas y principalmente los congresistas deben debatir si se permiten estos beneficios penitenciarios cuando el Estado se ve perjudicado por actos de corrupción”, añadió.
“Nos fastidia el hecho de que hasta el día de hoy no haya sentencia en ese caso del gobierno anterior, a pesar de haberse denunciado desde hace años”, manifestó a la prensa.
“Los juristas y principalmente los congresistas deben debatir si se permiten estos beneficios penitenciarios cuando el Estado se ve perjudicado por actos de corrupción”, añadió.
Correo
La
última carta del oficialismo en busca de retrasar el trabajo de la comisión
investigadora de los nexos entre Óscar López Meneses y la cúpula del Gobierno fue utilizada
ayer. El nacionalismo y sus aliados rechazaron recibir el borrador de informe
final. Josué Gutiérrez y Yonhy Lescano adelantaron durante la sesión
reservada de ayer que no lo recibirán. Gutiérrez y Lescano exigieron
una exposición del titular del grupo en ese momento.
A
su salida, Juan José Díaz Dios,
presidente de la Comisión, indicó
que “hay
un interés de algunos en que la Comisión no culmine, tomando en cuenta que está
próximo el cierre de la legislatura, y eso no lo voy a permitir”.
Este
diario conoció que el borrador que se pondría en conocimiento de los miembros
del grupo solicita, entre sus recomendaciones, acusaciones ante el Ministerio
Público contra varios funcionarios. Asimismo, recomienda prisión preventiva para
más de uno de los investigados.
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