jueves, 31 de marzo de 2016

ESTA NOCHE jueves 31 marzo 2016



ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.


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ü  El voto electrónico alcanza esta vez a 3 millones 26 mil 660 electores, el 13 % de los votantes a nivel nacional, y existe un posible peligro

ü  Távara: la vigente Ley de Organizaciones Políticas que sanciona con la exclusión a los candidatos que entreguen dádivas "es el elemento más perturbador de estas elecciones"

ü  Iberico: el problema con la ley de partidos es que no fue reglamentada y "eso no es competencia del Congreso”

ü  Comunicado contundente de las Pymes: “la decisión política de aumentar la remuneración mínima vital afecta directamente a la pequeña empresa formal”


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Jorge Morelli
@jorgemorelli1
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El 10 de abril, el voto electrónico va a alcanzar a más de tres millones de electores.

Es mandatorio por la vigente Ley Orgánica de Elecciones (26859) que los miembros de mesa con voto electrónico comparen, al término del escrutinio, los votos físicamente depositados en la urna con el contenido que arroja el acta electrónica que produce la máquina.

Al respecto, es urgente que la ONPE Y el JNE emitan cuanto antes instrucciones precisas sobre este hecho a los miembros de mesa. La ley es la misma para todos los casos, voto electrónico o no. 

La verificación de la coincidencia de los votos contados con el acta y la posterior publicación de esa acta en internet es la única verdadera garantía de la limpieza de las elecciones. La única forma en que cualquier ciudadano u organización, incluida la propia autoridad electoral, pueden demostrar fehacientemente esa limpieza. De otro modo, la denuncia de fraude no tiene modo alguno de ser desmentida o confirmada.

El voto electrónico no es más seguro que el método tradicional, que ha funcionado bien por décadas. No lo sustituye, no lo mejora. Solo hace lo mismo algo más rápido. Es inadmisible retroceder en lo que se refiere a la seguridad y la transparencia de las elecciones.

EXPRESO repara en esta cuestión y la pone sobre la mesa: es posible que los miembros de mesas de voto electrónico no tengan claro qué es lo que la ley manda. La ONPE y el JNE, por lo tanto, necesitan emitir de inmediato instrucciones inequívocas sobre la obligación de comprobar que el acta electrónica coincide con los votos físicamente emitidos. No es una cuestión optativa o discrecional. Es lo que la ley ordena.

Ante el desorden del proceso electoral, el presidente del Congreso ha deslindado ayer la responsabilidad del Parlamento. Las modificaciones a la ley de Partidos –señala- se aprobaron el 1 de octubre y fueron observadas el 14 de noviembre por el Ejecutivo, mes y medio después. Al insistir el Congreso en ellas el 23 de diciembre, fueron finalmente publicadas recién el 17 de enero. El proceso tomó, pues tres meses y medio por causa de la demora, sobre todo, del Ejecutivo. A estas dilaciones vinieron a sumarse aún erradas decisiones de las autoridades electorales en cuanto a los artículos modificatorios que debían entrar en vigencia para este proceso. Entre ellos se incluyó –contra todo buen criterio- el que sanciona con la exclusión la entrega de dádivas.

Estos despropósitos –llamémoslos así- han perjudicado gravemente este proceso electoral. A esto viene a sumarse un posible desmanejo del voto electrónico que podría desembocar en acusaciones de fraude que luego no podrán ser confirmadas ni desmentidas.



REPORTE DE NOTICIAS en Internet
 Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.


ELECCIONES, PARTIDOS, ENCUESTAS, MEDIOS, PSICOSOCIALES



Expreso
El próximo domingo 10 de abril, aproximadamente 23 millones de peruanos elegirán al próximo presidente de la República, así como a dos vicepresidentes, 130 congresistas y cinco representantes ante el Parlamento Andino. La novedad de este proceso electoral se encuentra en la aplicación del voto electrónico, que en esta ocasión permitirá que 3’026,660 electores, que representan el 13.21 % de los votantes hábiles, elijan a sus autoridades en 30 distritos a nivel nacional.
¿Qué es el Voto Electrónico Presencial (VEP)? ¿Son confiables y seguras estas herramientas? Para el experto en temas informáticos Erick Iriarte, “el problema no es de credibilidad. El asunto es que deben mostrar las auditorías al software. Aquí no puede haber una fe ciega. Tienen que demostrar que el software hace lo que dice que hace, pero no lo han hecho. Para eso tienen que pasar por auditorías de software neutras. Eso no existe”, comentó a EXPRESO.
Explicó que, como  señaló la ONPE, una de cada diez mesas de votación donde se aplique el voto electrónico pasará por un proceso de corroboración del conteo físico –a través del voucher– y el resultado virtual de las máquinas, pero que esto no garantiza que el resultado no sea manipulado.
“¿Quién establece qué mesas son las que van a usarse en la corroboración? ¿Por qué no lo establece el JNE o un auditor externo? Si tú estás decidiendo qué máquinas vas a revisar y qué resultados van a arrojar, vas a buscar que no haya ningún error. ¿Qué pasará con el otro 90 % de las máquinas? ¿Por qué no lo hace un tercero de manera independiente?”, cuestionó.
Iriarte. “Se tiene que ver quién va a llevar esa transmisión. ¿Qué pasa si se malogra el USB? ¿Qué pasa si alguien le introdujo algo al USB? ¿Quiénes han auditado esos USB para que no tengan nada incorporado?”, demandó.
El especialista José Manuel Villalobos señaló que, para que la ONPE garantice la transparencia en el voto electrónico, los partidos políticos, la prensa y los observadores internacionales deben tener acceso a revisar y auditar el software utilizado en estas elecciones.
“La ONPE dice que la máquina funciona sin ninguna conexión externa”, refirió. “El sistema te imprime un ticket y en ese está el voto expresado. Ese ticket es una especie de cédula de votación que se introduce al ánfora. Eso sirve para que, al final de la votación, el resultado que ha arrojado el sistema pueda ser contrastado con los tickets que están en el ánfora y que deberían coincidir. Si no es así, es que el sistema ha sido alterado”, finalizó.
A diez días de las elecciones generales, la ONPE no responde los petitorios y consultas sobre el voto electrónico remitidos por la Secretaria Técnica Electoral de la Alianza Popular, que dirigen los personeros legales José Pimentel Aliaga y Pedro Panta Jacinto. En el oficio Nº 0010-2016-STE-PLT/AP que recibió la ONPE el 16 de marzo último, los citados juristas de la coalición electoral del Partido Aprista y el Partido Popular Cristiano, que postula a la presidencia a Alan García Pérez, han hecho notar la falta de certificaciones y de transparencia en el software que será usado para el voto informático.
Las sospechas empezaron en la Demostración del Sistema de Voto Electrónico Presencial (VEP) de fecha 11 de marzo de este año que se llevó a cabo en el auditorio de la ONPE, donde los representantes de los partidos políticos dejaron constancia de las incoherencias legales y técnicas del sistema que esta entidad quiere imponer.
El proceso de configuración inicial de los equipos de votación electrónica se realizará a través de un cargo de responsabilidad, al que se le llama coordinador técnico de mesa, que no está definido en la ley electoral vigente. Este nuevo funcionario, a decir de los mismos técnicos de ONPE, configurará los equipos desde el día anterior, solo, sin presencia de ningún personero de los partidos.
Además, la transmisión de la información de las mesas de votación electrónica instaladas, vía un USB amarillo al servidor central por parte del citado coordinador técnico (sin participación del presidente de mesa), no le da ningún valor agregado al proceso de escrutinio final, indica Panta Jacinto. “Ingresar un dispositivo USB como una actividad intermedia, es decir fuera de la red o del sistema, no brinda seguridad ni menos transparencia al proceso en su conjunto”, advierte.
El problema se complica con el uso diferente de tres tarjetas electrónicas y de tres USB de diferentes colores para cada mesa de sufragio.
Si a todo lo anterior se adiciona que los representantes de los partidos hasta ahora no conocen la plataforma tecnológica que se utilizará en el escrutinio automatizado, ni tampoco han recibido la capacitación adecuada y demostración de cómo sería el proceso, menos hay certificación del software.
Los personeros de la Alianza Popular han solicitado en el oficio Nº 0010-2016-STE-PLT/AP no usar el voto electrónico en estas elecciones generales.
EXPRESO se comunicó desde el martes 28 con la Oficina de Prensa de la ONPE para coordinar la entrevista con su jefe máximo, Mariano Cucho. El señor Jorge Loayza, coordinador de prensa, indicó que procesaría el pedido y que apenas tuviera una respuesta se comunicaría con nuestra redacción. Sin embargo, hasta el cierre del presente informe no hubo ninguna respuesta.
La legisladora Luz Salgado, de Fuerza Popular, recordó que el jefe de la ONPE no informó previamente al Congreso que se iba a cambiar la forma de sufragar, y pidió que, si no se va a cambiar, debe hacerse una campaña intensiva de información a los electores. “Yo estoy recorriendo cerros, y la gente no sabe cómo se va a aplicar esto. Vamos a tener voto asistido y podría ser peor, porque un 25 % no sabe utilizar el voto preferencial”, acotó.



Expreso
Riesgos del voto electrónico
Jorge Peschiera
La introducción del voto electrónico en las próximas elecciones presenta riesgos que de­ben ser mitigados a fin de evitar suspicacias y eventuales acusaciones de fraude. Para entender los riesgos conviene recordar, en primer lugar, el funcionamiento del sistema ac­tual.
De acuerdo con el procedimiento que se viene utilizando desde el siglo pasado, la pulcritud del conteo de votos está protegida porque, al final de la votación, los miembros de cada mesa de votación, acompañados de personeros de los partidos políticos asignados a dicha mesa, abren las urnas en el mismo local de votación y examinan uno a uno los votos, para luego completar las actas que contienen un resumen de los resultados de la votación en cada mesa. Cada miembro de mesa, así como los personeros, conservan una copia del acta, que lleva la firma de todos ellos. La ONPE recibe las actas originales que son la base para el conteo de votos a nivel nacional.
Desde el año 2000 la ONPE ha publicado en internet todas y cada una de las actas de vota­ción del país, para permitir que cualquier ciudadano o partido político pueda comprobar que las mismas concuerdan con las copias que ellos conservan. Con esa información, o con las copias de las actas que conservan los partidos, es posible comprobar que las cifras finales de la ONPE concuerden con la información contenida en las actas.
El sistema de voto electrónico que la ONPE utilizará en las elecciones del 10 de abril, permite al elector seleccionar los candidatos de su preferencia en una pantalla táctil y luego imprime un “comprobante” que contiene los nombres seleccionados. A continuación, el elector in­troduce el comprobante en la urna correspondiente a su mesa de votación. Al final de la vo­tación el sistema imprime un acta que resume los resultados de la votación por cada mesa.
Pero, ¿cómo se garantiza que el acta producida por el sistema coincida con la información contenida en los comprobantes introducidos en la urna respectiva? La ONPE indica que se seleccionará al azar algunas urnas, al parecer el 10 % de ellas, para comprobar que las actas electrónicas coincidan con los comprobantes introducidos en las urnas.
¿Por qué podría generarse una sospecha de fraude?
Escenario 1: Algún experto en computación de la ONPE o algún hacker logra acceder a los sistemas de la ONPE, obtiene información sobre las urnas seleccionadas para revisión, al­tera los resultados de las mesas no seleccionadas y genera actas fraudulentas sin conoci­miento de nadie.
Escenario 2: Si las urnas no fueran abiertas y revisadas en el lugar de la votación, podría ocurrir que alguna urna fuera sustituida por otra antes de ser seleccionada al azar. Las urnas sustitutas podrían llenarse previamente con comprobantes producidos por el sistema, que concuerden con actas fraguadas.
Escenario 3: Por intervención de algún experto o hacker, algunas actas producidas por el sistema son alteradas adrede, para que no concuerden con los comprobantes introducidos en su respectiva urna. Al detectarse las discrepancias se crea una sombra de duda sobre todo el proceso electoral.
Los riesgos descritos podrían controlarse permitiendo que los miembros de mesa y perso­neros de partidos examinen el contenido de las urnas in situ, para ver si los comprobantes concuerdan con las actas. En caso de encontrar discrepancias se producirían actas manua­les de la misma forma como se hará en las mesas donde no habrá voto electrónico. Las nuevas actas, junto con los comprobantes de votación, se remitirían a la ONPE para que sean utilizadas en lugar de las actas electrónicas.
También podría permitirse a los partidos políticos solicitar la revisión de un cierto número de mesas que ellos seleccionen, además de las mesas elegidas al azar por la ONPE. En caso de discrepancias éstas se reportan a la ONPE para que los resultados válidos se computen a partir de los comprobantes de votación. Si el número de discrepancias fuera muy elevado se procedería a revisar todas las urnas y se procedería a elaborar nuevas actas en forma manual, las que reemplazarían las actas electrónicas.
Será interesante conocer la opinión de la ONPE sobre estos riesgos y las medidas que tiene contempladas para mitigarlos y disipar de antemano cualquier duda que pueda generarse a raíz de la introducción del voto electrónico.



El Comercio
El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Francisco Távara, criticó hoy la vigente Ley de Organizaciones Políticas, que sanciona con la exclusión a los candidatos que entreguen dádivas. "Es el elemento más perturbador de estas elecciones", indicó el titular del JNE. Agregó que la norma es lo que "nos ha dado más problemas" en este proceso electoral y precisó que no fue propuesta ni impulsada por el JNE.



El Comercio
El titular de la Mesa Directiva del Congreso, Luis Iberico, señaló que el problema con la ley de partidos es que no fue reglamentada y que "eso no es competencia del Congreso”. Así dejó entrever que la responsabilidad sería del Ejecutivo.
Hay cosas que se deben definir porque hay vacíos en la normativa legal. Esta es una tarea ardua en la que hay muchos intereses”, agregó.



El Comercio
El titular de la Mesa Directiva del Congreso, Luis Iberico, declaró que las autoridades electorales aplicaron una “sanción draconiana” al excluir al candidato César Acuña de esta campaña, pero no actuaron del mismo modo con Keiko Fujimori ni Pedro Pablo Kuczynski (PPK).
“El JNE es el intérprete de la ley y de la Constitución en materia electoral. En el caso de Acuña pedimos eso: que se interprete la ley. La sanción es draconiana, por un caramelo te mandan al paredón”, consideró Iberico, quien postula a la reelección con Alianza para el Progreso, en Canal N. Consideró que el JNE “no midió con la misma vara a otros candidatos”.
Pero “no hemos dicho que hay fraude ni que se deslegitima [el proceso]”, agregó.



El Comercio
La Dirección de Fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitió su informe sobre la presunta entrega de regalos efectuada por Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en una actividad en Sapallanga, Junín, en enero pasado.
Concluyó que, a partir de las pruebas entregadas, el candidato congresal Mauricio Vila fue quien en un estrado mencionó que PPK "no había venido con las manos vacías", sino "con quice cajas de cerveza, coquita y cañita".
"Se observa en el video a PPK como actor pasivo, no se le observa haciendo entrega de manera conjunta de dichos obsequios, ni de forma directa a los ciudadanos”, sostiene el documento.
De otro lado, el informe señala que se aprecia al candidato presidencial de Peruanos por el Kambio recibiendo una botella con cañazo, así como una bolsa que contenía hojas de coca. "El candidato las recibe y las transfiere a ciudadanos del lugar, pasa lo que le alcanzan a las manos", indica.
"No se le observa que esté haciendo proselitismo político en dicho acto", acota.
Luego de cursarse este informe al Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1, este decidió abrir procedimiento de exclusión contra PPK.
El Jurado Electoral Especial (JEE) de Huancayo decidió excluir al candidato al Congreso de Peruanos por el Kambio Mauricio Vila Bejarano por violar el artículo 42° de la Ley de Organizaciones Políticas, que prohíbe el ofrecimiento o entrega de dádivas durante la campaña.
Declaró fundados los dos pedidos de exclusión contra Mauricio Vila Bejarano y dispuso la exclusión del candidato del partido de Pedro Pablo Kuczynski (PPK).






ANTICORRUPCION, PERSECUCION, JUDICIALIZACION POLITICA



El Comercio
Tras la aparición de correos electrónicos que datan de la época en la que Verónika Mendoza pertenecía a las filas del Partido Nacionalista, el Frente Amplio acusó al oficialismo de difundir el contenido de estos mensajes. “Parece que viene de un sector del oficialismo, del nacionalismo”, indicó Mendoza desde Andahuaylas.
Marisa Glave, candidata congresal del Frente Amplio, también culpó al oficialismo. “Hay una intencionalidad de parte de la cúpula del nacionalismo, que no quiere que Verónika Mendoza gane”, sostuvo Glave a través de Twitter.
Al respecto, el ex embajador del Perú en Venezuela Luis Raygada, quien reveló los e-mails, negó estar dirigido desde Palacio y recordó que él forma parte de la facción del nacionalismo que se opuso al retiro de la candidatura de Daniel Urresti.
Raygada, quien en el 2007 residía en Venezuela, mostró hace unos días un e-mail de ese año en el que Mendoza, a través de la cuenta pnp_cai@yahoo.com, hace coordinaciones para que personas en el extranjero envíen aportes a una cuenta bancaria del partido. Dicho número es el mismo que aparece en una anotación de una de las agendas de Nadine Heredia y que, según tres peritos, fue hecha con una letra similar a la de Mendoza.
La anotación en la libreta corresponde al 2007, año en el que Mendoza viajó, en dos oportunidades a Venezuela acompañando a Nadine Heredia.
En otro correo de ese año enviado desde la misma cuenta y con la firma de Verónika Mendoza, el nacionalista Ronal Barrientos escribe a Abel Ego Aguirre Lozano, entonces coordinador nacionalista en Estados Unidos. “Necesitamos que nos hagas llegar una carta mediante un fax o escaneada vía email, en la cual declares el aporte que hiciste al partido tal y como está en la ONPE”, le solicita Barrientos. Este correo fue mostrado por primera vez el 18 de octubre del 2015, en “La República”.
En comunicación con El Comercio, Ego Aguirre confirmó la veracidad de ese email. “Barrientos fue [el que escribió] porque yo coordinaba con Verónika Mendoza. Me mandaron ese correo para que yo diga lo que le convenía a ellos”, sostuvo.
Daniel Abugattás sostuvo que este es un tema delicado. “Ella ha sabido que desde su correo se estaba pidiendo que se cometa un delito. Eso es grave”, dijo a este Diario.



El Comercio
Nadine Heredia dijo a la Comisión Lava Jato en el Congreso que en 2011 acompañó al entonces candidato Ollanta Humala en reuniones con empresarios brasileños durante la campaña. Sostuvo, sin embargo, que no significaron “ni sobornos ni coimas ni vinculación alguna con ningún proyecto, concesión u obra".
En las agendas de Nadine Heredia aparecen anotaciones que señalan reuniones con representantes de la empresa Odebrecht: "Reunión el Sr. Jorge Barata, representante de Odebrecht en el Perú –OH (sería Ollanta Humala)", se lee en un cuaderno.
Con anterioridad, el titular de la Comisión Lava Jato, Juan Pari, indicó que "Nadine Heredia tendrá que explicar qué significa cada uno de sus apuntes relacionados con los funcionarios de Brasil".






GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA



Expreso
A través de un comunicado que reproducimos en su integridad las asociaciones de pequeñas y medianas empresas se pronunciaron sobre el aumento del sueldo mínimo vital.
“El populismo nunca nos conducirá al desarrollo
“La decisión política de aumentar la remuneración mínima vital afecta directamente a la pequeña empresa formal.
“La pequeña empresa del Perú requiere de un entorno propicio para el crecimiento empresarial y de un Estado que sea un verdadero promotor que genere condiciones para que las PYMES se transformen, acumulen, crezcan y generen más empleo.
“La situación de la pequeña empresa formal, donde la burocracia, la informalidad, la inseguridad y la corrupción generan sobrecostos importantes nos indica que las PYMES no están para asumir mayores cargas y costos laborales y/o tributarias.
“La PYME formal peruana será gravemente afectada con esta medida populista que fomenta la informalidad de las actividades empresariales.
“Asociación Ciudad Industrial de Lima –  ACITEL
“Asociación de Acuicultores El Milagro de Ucayali
“Asociación de Confeccionistas El Tumi
“Asociación de Confeccionistas de Chimbote
“Asociación de Empresarios MYPE de Huancavelica
“Asociación de Fabricantes de Equipos para Gastronomía – AFEG Perú
“Asociación de Industriales del Tejido y Confecciones de Huancayo
“Asociación PYME San José, La Molina
“Asociación MYPE y Afines de Cantagallo Perú
“Asociación de Micro y Pequeños Empresarios Fuerza San Juan
“Asociación de Micro y Pequeños Industriales Gráficos y Afines
“Asociación de Microempresarios del Parque Industrial de Trujillo – AMINOR
“Asociación de Pequeñas Empresas Industriales del Parque Industrial de Huaycan
“Asociación de Pequeños Industriales de Metal Mecánica de Villa El Salvador – APIMEAVES
“Asociación de Pequeños Y Microempresarios Ciudad Pachacutec – Ventanilla
“Asociación de Productores, Artesanos y Comerciantes Las Maravillas, Ate
“Asociación de PYMES de Ucayali
“Asociación de PYMES para la Innovación Textil Perú de Gamarra
“Asociación Nacional de Costureros y Confeccionistas del Perú
“Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería – ASPAN
“Cámara PYME de Arequipa
“Cámara Peruana de  Micro y Pequeños Exportadores
“APEMIVES Cono Sur
“Consorcio AITEX de HUANUCO
“Parque Industrial EL ASESOR de Ate Vitarte
“Plataforma Empresarial Lima Este”.



Expreso
El sorpresivo anuncio del aumento del sueldo mínimo impactaría en un aumento en la escala de remuneraciones que ya aplican las empresas del país y no todos los sectores podrían costearlo, afirmó Norma Contreras, representante de la Cámara Pyme.
"En la actualidad a los trabajadores que son muy calificados se les paga por encima del sueldo mínimo. Con este incremento, pese a no ser tan elevado, significa un reajuste en los salarios que para algunos sectores son sinónimo de sobrecosto", indicó.
Así, consideró que el sector de artesanía, fabricación de calzado y confecciones -que aún no despegan en competitividad- no están preparados para hacer efectivo el incremento del sueldo mínimo.
"Creo que el aumento del sueldo no ha tomado en cuenta el aspecto técnico ni de mayor atención a elevar la productividad, así como la desaceleración económica y la retracción del mercado. Algunas empresas han tenido que diversificar sus servicios para mantenerse [...] Es una medida populista y no tenemos claro por qué el anuncio se hace en estas circunstancias", concluyó.



El Comercio
Algunas planchas han prometido subir hasta un 33% la RMV, de S/.750 a S/.1.000. ¿Cuántos se benefician con un aumento de la RMV? Se estima que entre 250 mil y 270 mil personas, lo que equivale a solo el 1,5% de la Población Económicamente Activa (PEA) Ocupada, llamados así a aquellas personas mayores de 14 años que están trabajando.
Actualmente, el promedio de los salarios mensuales en las zonas urbanas es mayor que la RMV, según datos de setiembre del 2015.
Actualmente, del total de la PEA Ocupada, el 65,3% labora en mypes de entre 1 y 10 trabajadores, el 10% en empresas de entre 11 y 50 trabajadores, y el 24,7% en compañías de 51 trabajadores a más. Un alza en la RMV podría provocar que contraten menos trabajadores o que lo hagan de manera informal, sin pagar beneficios sociales.
Según un estudio del BCR, un incremento de 10% en la RMV podría generar una caída del empleo formal de 0,7% e incrementarse el empleo informal en 0,2%.



El Comercio
El presidente Ollanta Humala anunció ayer el aumento del sueldo mínimo a S/850 y la medida fue oficializada hoy con un decreto supremo en "El Peruano".
¿Qué proponen los principales cinco candidatos sobre el tema?
Fuerza Popular
Que lo defina el Consejo Nacional del Trabajo. La propuesta de Keiko Fujimori es que el Consejo Nacional del Trabajo debe definir si procede el incremento del sueldo mínimo y en qué proporción sería.
Peruanos por el Kambio
Proponía subir el sueldo mínimo a S/850. Diversos voceros de Peruanos por el Kambio y el propio Pedro Pablo Kuczynski lo señalaron reiteradamente.
Acción Popular
Propone aumento pero no precisa la cantidad. Alfredo Barnechea ha señalado que es necesario aumentar el sueldo mínimo, pero no indica cuánto.
Frente Amplio
Propone subir el sueldo mínimo a S/1.000, uno de los ofrecimientos que Verónika Mendoza ha enarbolado como su bandera de campaña.
Alianza Popular
Por ahora no es viable el aumento. La propuesta es crecer primero y aumentar después.



Expreso
El aumento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) de 750 a 850 soles a partir del 1 de mayo recuperará la capacidad de gasto de los peruanos y dinamizará el consumo privado, opinó el abogado laboralista, Jorge Toyama.
“Este incremento beneficiará directamente a más de 100,000 trabajadores, pero adicionalmente a ello habrá otro importante grupo que se beneficiará de un incremento en sus remuneraciones por el llamado efecto cascada”, manifestó. En ese sentido, explicó que muchos trabajadores que ya ganaban 850 soles verán un aumento en sus sueldos, por el efecto indirecto del incremento en la RMV.
Asimismo, subrayó que este aumento de sueldo generará que se dinamice el consumo privado, toda vez que se recupera la capacidad de gasto golpeada por la inflación. “Y no sólo gastarán más, pues con este saldo adicional pagarán deudas generadas por su bajo poder adquisitivo”, sostuvo.



El Comercio
La derecha “bamba” de PPK
Franco Giuffra
Si alguien esperaba encontrar en el plan de Peruanos por el Kambio (PPK) el recetario acabado de la ‘derecha peruana’, mejor busque en otro lado. Va a tener dificultad de encontrar allí una defensa cerrada de la economía de mercado, la reducción del Estado inoperante y el impulso del sector privado.
Una alerta temprana fue la posición reciente de su fundador respecto del famoso SNIP. Hay que decirle chau, declaró. Una mutación respecto de su pensamiento anterior, cuando escribió, por ejemplo: “Para evitar estos despilfarros se creó el SNIP. Es absolutamente esencial mantener este control previo [...] El SNIP, lo quieran o no los políticos, es una parte esencial...” (“Perú por venir”, Aguilar, 2010).
Luego está el asunto de la reforma laboral y la reducción de la informalidad. Sobre este tema, el candidato de PPK se ha pronunciado hace años en contra de los costos laborales, como las altas indemnizaciones por despido y el exceso de regulación. Pero el plan de gobierno es sumamente tímido y solo propone cambiar la CTS por un seguro de desempleo y establecer incentivos tributarios. Nada más.
Pero lo que más sorprende del plan es la profusión de nuevas entidades y programas públicos. Una colección de propuestas para agrandar el Estado, crear más burocracia y enredar aun más la telaraña institucional.
Ojalá solo fueran las recientes ideas sobre los ministerios de juventud y turismo. En la página 141 se habla también de un ministerio de infraestructura (que luego no se vuelve a mencionar), además del polémico ministerio de apoyo a las regiones que seguramente será un enredo cuando se enfrente a las direcciones regionales de los 19 ministerios que ya tenemos.
Luego hay nuevos entes para todo. Un observatorio judicial, muy similar al Consejo Nacional de la Magistratura, y una procuraduría general de la República. Una oficina encargada del cumplimiento del análisis del impacto regulatorio; un centro de gobierno, adscrito a la presidencia; y una autoridad nacional para la transparencia y acceso a la información.
Faltan más, como el banco de fomento minero, la comisión nacional de cultura, la entidad autónoma de planeamiento urbano y gestión de suelos de Lima Metropolitana, el sistema nacional de prevención y solución pacífica de conflictos sociales, el organismo nacional de gestión de riesgos de desastres, una cosa que se llamará Serviagro (para impulsar la “revolución de la productividad” agraria) y otros varios entes que se sumarían a la constelación de 150 entidades públicas que hoy componen el organigrama estatal.
Y luego los programas con los que se transmite esa misma vocación para poner el énfasis de las iniciativas de desarrollo en manos estatales. Por ejemplo, De Vuelta a la Cancha, para la reinserción laboral de la gente mayor; Perú Ponte a Leer, para fomentar la lectura; Oro Limpio, para apoyar a la pequeña minería; Perú Produce Limpio, para apoyar la producción con parámetros de responsabilidad ambiental y social; y el programa Sierra Azul, para hacer represas y microrreservorios.
Es decir, un bufet completísimo de nueva burocracia, gasto y regulación. Muy difícilmente lo que propondría un defensor del mercado y la libertad. Tal vez el candidato se ablandó con los años o ha preferido descafeinar sus ideas para ganar la elección. Ojalá le funcione. Si se trata de relajar el control del gasto público, mantener invariable el mercado laboral y agrandar el Estado, su plan trae munición suficiente para derrotar a todos los demás







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