miércoles, 25 de enero de 2017

ESTA NOCHE miércoles 25 enero 2017

ESTA NOCHE miércoles 25 enero 2017


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MEDIA COLUMNA
El huayco se lleva
a las autoridades  


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com


El desembalse violento de la corrupción ha originado un huayco que esta arrastrando consigo a todas las autoridades.

Odebrecht desarrolla paso a paso, fría y sistemáticamente, una estrategia de control de daños. Lo primero fue tratar de quedarse, con el argumento de que en otros lados le ponen multas pero no la botan. Ahora Kuczynski dice que tiene que irse y debe vender sus activos, pero la empresa insiste en que, para poder pagar, tiene que quedarse. Y que, para colaborar, espera que no haya medidas de fuerza en su contra.

¿Qué es esto, un chantaje? ¿Su silencio es uno de sus activos?

Ademas, ¿la empresa brasileña va a vender sus activos sin llevarse el importe de la venta mientras su socia local, Graña y Montero, según dice, recupera de esa misma venta el 95% de lo invertido?

En lo judicial, de otra parte, el huayco se está llevando a algunos responsables de manera selectiva.

La Fiscalía está tratando de direccionar, encauzar, canalizar el huayco. Pero cada vez queda más claro que se ocupa solo del caso del Metro de Lima. Y se ha detenido solo a funcionarios del gobierno aprista.

Según Cecilia Valenzuela, el fiscal del caso habría concedido a Jorge Barata -el mandamás de la corrupción brasileña- el estatus de colaborador eficaz a cambio de que hable sobre el Metro de Alan y la Interoceánica de Toledo. Del Gasoducto Sur Peruano, en cambio -el caso emblemático de la mega corrupción de Humala-, ni una palabra. ¿Cuál es el “acuerdo”, entonces, de Barata con la Fiscalía? Es un secreto que la Fiscalía no revelará ni a la comisión investigadora del Congreso, menos a la opinión pública.

La estrategia de control de daños de la empresa corrupta está llevando de la nariz no solo al gobierno sino también a la Fiscalía.

Esta, no obstante, se siente perfectamente en control de los acontecimientos y conduce una investigación que, según ella, tiene su cadencia propia. Y exige paciencia a la opinión pública. El mal aspecto que las cosas dan, sin embargo, es que los poderes Ejecutivo y Judicial del Perú danzan al son de la música que toca la empresa.

En la práctica, la Fiscalía se ha convertido en un dique que trata de desviar el huayco para controlarlo. Lo que va a ocurrir, sin embargo, es que, igual que al gobierno, el huayco pronto se llevará consigo a la Fiscalía también.



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GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA



El Comercio
Entrevista a Mauricio Cruz Lopes, nuevo representante de Odebrecht en el Perú
(…)
—¿Por qué tuvieron que pagar sobornos para ganar obras?  
Eso fue un error, la empresa quería participar de algunos procesos importantes, no quería dejar de participar, percibió que usando la técnica y la capacidad de dar un buen precio o planeamiento no sería suficiente y tomó la decisión equivocada de aceptar pagar sobornos. Ese fue un error. La empresa no necesitaba participar en todos los procesos, podría haber participado en aquellos donde no había un soborno. Lo que puede hacer [Odebrecht] es reparar el error.
(…)
— ¿Van a seguir operando en el Perú o se van a marchar?
(…)
Tenemos que pagar una multa, una reparación civil, entonces la empresa necesita sobrevivir para cumplir con sus obligaciones y para que sirva como un ejemplo positivo. Imagine usted que la empresa que decide colaborar con la justicia, ser un colaborador entregando pruebas, es exterminada, cerrada, diluida, prohibida de trabajar y expulsada, eso será el peor ejemplo posible, porque ninguna otra empresa va a querer colaborar con la justicia por su propia voluntad.
(…)
— ¿La colaboración eficaz no significa que Odebrecht no asuma ninguna responsabilidad por el pago de sobornos?
No estamos hablando de que sea libre totalmente, estamos hablando de pagar una multa… la empresa estará sujeta a un monitoreo para que sus clientes se sientan seguros de que no volverá a ejercer prácticas corruptas… ¿Qué beneficio le traerá al Estado [expulsarnos]? Ninguno. Puedo imaginar que [una eventual expulsión] es una intención para que no exista la colaboración y no se revele la información.
— ¿La intención de Odebrecht es colaborar, pagar una multa y continuar licitando con el Estado?
Una cosa no está condicionada a la otra, nosotros no estamos diciendo que solo vamos a colaborar si es que logramos mantener el derecho de existir, de seguir haciendo obras… tenemos las mejores intenciones de seguir existiendo para generar caja y pagar los compromisos… porque al final si la empresa muere posiblemente no logrará cumplir con sus objetivos.
(…)
— ¿Sus socios peruanos, como Graña y Montero, también tienen responsabilidad en el pago de sobornos?  
Yo no sabría decirle… no sé quiénes han participado [en el pago de sobornos].
(…)
— El acuerdo firmado entre Odebrecht y la fiscalía, ¿contempla que su ex gerente Jorge Barata se someta a la colaboración eficaz en el Perú?
(…)
Las personas [como Barata] que quieran acogerse a la colaboración tendrán que hacer sus acuerdos de manera directa y de forma individual con la fiscalía.
(…)
— La UIF indicó que las cuentas de Odebrecht no fueron congeladas por un pedido de la fiscalía. ¿Ese tema también fue parte del acuerdo suscrito?
(…)
[Pienso] que mientras la empresa esté colaborando no debería sufrir un allanamiento o el congelamiento de sus cuentas.
— ¿Ese punto está por escrito?
El texto del acuerdo [con la fiscalía] es confidencial, el texto no puede ser revelado. Pero entiendo que durante el tiempo en que las empresas están colaborando, una de las cosas que se espera es que no existan medidas de fuerza toda vez que la información está siendo entregada.
(…)



ESTA NOCHE (tomado de Gestión)
Luego que el Gobierno diera por terminado el contrato de concesión del Gasoducto Sur Peruano, el Grupo Graña y Montero –accionista del 20% de la concesionaria– sostuvo que “la devolución del monto invertido en el GSP nos proveerá de la liquidez necesaria”, refirió el gerente general, Mario Alvarado.
Graña y Montero viene trabajando en un plan de desinversiones que será presentado mañana al directorio para su aprobación.
El monto total de activos que la firma espera vender asciende a US$ 300 millones.
Graña y Montero recuperaría más del 95% del monto total invertido.



Expreso
En comunicado, Odebrecht recordó su “compromiso formal para colaborar irrestrictamente con las investigaciones”, siguiendo “el modelo de los EE.UU. y Brasil en donde la empresa ha mantenido sus operaciones”.
La compañía respondió así a las palabras del presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien el martes afirmó en declaraciones que la empresa “se tiene que ir” del Perú.



El Comercio, Gestión
El presidente, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), ordenó cobrar la carta fianza de US$262 millones que había presentado el consorcio Odebrecht en garantía por el proyecto.
El gobierno anunció que se llevará a cabo una nueva licitación para el Gasoducto Sur Perú (GSP) bajo nuevas condiciones. “Es una nueva licitación en condiciones más convenientes”, apuntó el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo.
El Ejecutivo encargó a ProInversión la constitución de un Comité Especial. “Esperamos que sea en un plazo máximo de 12 meses”, arguyó.
Tamayo Aseguró que hay varios inversionistas interesados en el Gasoducto.



ESTA NOCHE (tomado de El Comercio)
Según el ministro de Energía, Gonzalo Tamayo, el monto de la carta fianza de 262 millones de dólares que cobrará el Estado peruano al ejecutar la fianza del contrato GSP se halla previsto en el contrato.
Recordó que durante el gobierno humalista hubo una reducción de esta garantía. Originalmente esta era de 350 millones de dólares.
Tamayo dijo que el contrato contemplaba una reducción cuando la obra alcanzara un avance de 25% en su ejecución, lo que habría sido certificado en su momento por las autoridades. Según el congresista Victor Andrés García Belaunde, esta certificación se hizo sin auditoría.



Expreso
Ya se conoce una versión respecto a que la Fiscalía peruana tendría la lista de 314 peruanos involucrados en el caso de sobornos de la transnacional brasileña Odebrecht.
Pese a un escenario extremo de confidencialidad, se supo que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, tendría en su poder esta lista. Figuran los nombres de 314 peruanos que han ocupado diversos cargos entre 2004 y 2014.
Se trataría de una acuciosa indagatoria que ya no puede mantenerse en el anonimato, exigen los integrantes de la Comisión Lava Jato del Congreso de la República y la misma opinión pública.
Entre los involucrados en estas investigaciones –siempre según la versión antes citada– estarían comprometidos dos expresidentes de la República, un exministro, y dos actuales congresistas.
El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ha negado conocer esta lista tanto en la comisión congresal que investiga, como ante los medios.
Semanas atrás la presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Julia Príncipe, dijo que “el fiscal Pablo Sánchez tiene los nombres de implicados en caso Odebrecht.


martes, 24 de enero de 2017

ESTA NOCHE martes 24 enero 2017




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MEDIA COLUMNA
Aún creen que pueden negociar  


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
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Ayer, el presidente Kuczynski anunció que el gobierno cobró los 262 millones de dólares de la fianza de Odebrecht. Es lo menos que podía hacer.

Kuczynski  secas ahora –el bonachón apelativo PPK ya fue- añadió que el contrato de concesión es un problema, ya sea que se mantenga o que se cambie. Pero él preferiría –dijo- licitar otra vez el proyecto con un nuevo contrato. Es lo que le toca hacer.

Kuczynski no precisa la cuestión medular, sin embargo. Esto es, si el proyecto, una vez rediseñado, es viable sin la garantía del Estado peruano.

Porque poco importa si esa exacción la pagan los usuarios de electricidad o los contribuyentes. Da lo mismo, son los mismos. Es la garantía del Estado como tal lo que no debe existir en el nuevo contrato. Punto. Si el proyecto es inviable sin la garantía del Estado, mala suerte.

Además, no es el caso. Dirigentes del Consejo Empresarial Chileno Peruano vienen insistiendo en que el Perú tiene3 hoy una sobreoferta energética de 45% no colocada y que puede vender a Chile; que el costo de la energía en Chile es de dos a tres veces el nuestro, y que la utilidad generada por la interconexión permitiría solventar el Gasoducto sin cargo a los usuarios.

“Odebrecht tiene que irse”, dice Kuczynski. No va a quedarse a operar en el Perú ni abierta ni dismuladamente detrás de otra empresa. Que hoy pida perdón por los “errores” de sus “ex dirigentes” es penoso. La verdad es que pretende quedarse sacando provecho de la información que tiene, ya sea para decirla o para callarla. Cree que aun puede negociar con el gobierno.

La empresa se confunde. No está en Brasil, donde ha pagado una fortuna a cambio de seguir medrando. Acá va a desfilar por las fiscalías y las comisiones investigadoras a cambio de nada.

Porque este gobierno no va a negociar con Odebrecht ni para que hable ni para que calle. No está en condiciones de negociar nada. Se halla vigilado, marcado al centímetro, por los peruanos. Porque estos ya saben todo lo que necesitaban saber.  



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Gestión
El jefe de Estado, Pedro Pablo Kuczysnki, afirmó que con la ejecución de la penalidad del Gasoducto Sur Peruano de US$ 262 millones se ha salvaguardado los intereses del Estado.
“Con esto se puede continuar la obra. Se tendrá que llegar a un acuerdo con los contratistas como Graña y Montero, que no fue parte del grupo original, Enagás y otros posibles inversionistas con los cuales se está hablando”, apuntó.
Dijo que Odebrecht deberá vender sus activos en el Perú.
“Odebrecht va a tener que vender sus proyectos. Lamentablemente, tienen esta tara de la corrupción así que tienen que irse, se acabó”, dijo.
“Y tendrán que llegar a un acuerdo con la fiscalía”, añadió. Consideró que debe ser un acuerdo para el pago de una multa millonaria, como en Estados Unidos. “En EE.UU le han puesto una multa de US$ 2,500 millones pese a que Odebrecht tenía pocas actividades de infraestructura en ese país, cuando la segunda gran nación, aparte de Brasil, con mayor presencia de obras es el Perú y nuestra multita es de apenas 30 palitroques, que son 10 millones de dólares, una vergüenza. EE.UU se lleva el grueso de la plata y aquí que somos las víctimas no recibimos una multa millonaria aparte de la garantía de US$ 262 millones”, remarcó.
Respecto a la nueva licitación del GSP, el jefe de Estado dijo que es “complicado” legalmente utilizar el viejo contrato o hacer uno nuevo. “Preferiría hacer algo nuevo y tratar de bajar el precio”.
“Pero no hay tanta oportunidad de bajarlo –agregó de inmediato- porque el 80% (de los tubos) ya están comprados”, dijo.



Peru21
Odebrecht , a través de un comunicado, expresó sus “disculpas” “por los graves errores cometido por ex dirigentes”.
Odebrecht también indicó que se está trabajando para el pago “de la justa reparación al Estado”.
En el comunicado, Odebrecht también muestra su interés por continuar operando en el Perú.
Hay “el compromiso formal para colaborar irrestrictamente con las investigaciones, siguiendo el modelo de Estados Unidos y Brasil, donde la empresa ha mantenido sus operaciones”, dice el comunicado.



La República
Jorge Simões Barata, el ex director ejecutivo de Odebrecht Latinvest en el Perú, lo va a contar todo. Puede que en este mismo momento ya esté declarando ante el fiscal supraprovincial Hamilton Castro Trigoso o que lo haga en los siguientes días.
Barata se ha convertido en aspirante a colaboración eficaz.
Según el diario Stadao de Sao Paulo, es uno de los 77 directivos de Odebrecht que se han acogido a la delación premiada en Brasil.
No será el único. Otros directivos de la constructora brasileña que han trabajado en el Perú harán lo mismo.
A esto se refería el actual director de Odebrecht Perú, Mauricio Cruz, cuando el 7 de enero, en una entrevista con La República afirmó: "La empresa va a entregar información a través de una o más personas”.
Los colaboradores entregarán pruebas documentales: transferencias bancarias, correos electrónicos, números de cuentas, nombres de las cafeterías en que se realizaron las reuniones de coordinación, etc.
La caída de Edwin Luyo Barrientos y de Jorge Cuba Hidalgo formaría parte de la colaboración eficaz de Barata.
El ex director ejecutivo de Odebrecht Latinvest contará en qué obras tuvieron que pagar sobornos, quién solicitó el pago, cuál es el nombre del intermediario y de los funcionarios que recibieron los pagos, así como el modo como se pagó. También las cuentas bancarias y offshore que se utilizaron, las fechas y horas de las reuniones de coordinación, en qué lugares sucedieron, quiénes participaron, qué se habló en cada oportunidad y lo que los socios peruanos sabían.



Peru21
Cambio de jugadores. El consorcio Gasoducto Sur del Perú (GSP), conformado por la brasileña Odebrecht (55%), la española Enagás (25%) y la peruana Graña y Montero (20%) se quedó sin el Gasoducto del Sur, proyecto cuya concesión había obtenido en 2014.
Esta información la confirmó el titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Gonzalo Tamayo, luego de que venciera el plazo para que el consorcio presentara el financiamiento por US$4,125 millones sin poder lograrlo.
Hoy, el MEM enviaría la comunicación oficial a Gasoducto Sur del Perú, y con ello se iniciará una nueva historia en uno de los proyectos más emblemáticos del gobierno de Ollanta Humala, cuya inversión se proyectaba en US$7,300 millones.
El contrato establece que en caso de producirse la rescisión, en un año se tiene que realizar una subasta, lo cual fue confirmado por el ministro Tamayo.
La obra tiene un avance de aproximadamente 35%, por lo que ahora se tiene que valorizar lo que se ha hecho. “Vamos a entrar a una identificación de qué es lo que hay, la valorización, y se va a convocar a una nueva licitación, y producto de la licitación se van a generar recursos para pagar a aquellos trabajadores que tengan contingencias laborales y posteriormente (pagar) aquellos bienes de la concesión”, fue la respuesta del Ministro.
De acuerdo con el contrato entre el Estado y el consorcio, el Estado tiene que devolverle un mínimo del 72.25% del valor contable del avance del proyecto menos los gastos para el nuevo concurso que se realizará.
Uno de los cuestionamientos que ha recibido este proyecto es el pago que tienen que hacer los usuarios por la obra a través de su recibo de luz.
Según cifras del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), solo entre mayo de 2015 y octubre de 2016, todos los peruanos pagaron US$108 millones por este concepto.
A inicios de año, el ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, adelantó que este pago iba a ser eliminado, lo cual fue reiterado ayer por Tamayo.
No obstante, fuentes de este diario indicaron que el gobierno está revisando ahora de qué manera se solventará la obra, pues en la nueva licitación tampoco se incluirá el pago a través del recibo. Trascendió que habría un subsidio del Estado.



Peru21
Entrevista a Manuel Romero Caro
-¿Qué significa que el consorcio Gasoducto del Sur ya no continúe operando la obra?
Es positivo lo que ha sucedido porque Odebrecht ya no participará del proyecto, pues, para mí, la probabilidad de que no haya habido un acto de corrupción en el Gasoducto del Sur es casi nula. En mi opinión, el soborno y las coimas han estado presentes en esta obra para que la empresa brasileña imponga sus condiciones.
-¿Qué va a pasar con las otras dos empresas?
Tanto Odebrecht como sus socios (Enagás y Graña y Montero) están fuera, por lo que no van a poder participar de las subastas posteriores de la obra, así que ya no tienen vela en este entierro. A lo que sí tienen derecho es a que se les pague el 72.25% del valor contable, menos los gastos incurridos para realizar la nueva subasta.
-¿Qué va a pasar en esta nueva subasta?
Lo que se espera es que el gobierno realice la subasta para vender la concesión, y el que gane lo hará con el contrato que ha dejado Odebrecht.
(…)
-¿Qué se tendría que hacer en ese caso?
El gobierno no está obligado a una subasta y puede hacer una nueva licitación, con la cual no seguiríamos con el contrato que tenemos ahora.
(…)



Peru21
Los empresarios del Consejo Empresarial Chileno Peruano (CEChP) señalaron que nuestro país tiene una sobreoferta energética de 45% no colocada y que el costo de energía MW/hora en Chile es alrededor de dos a tres veces el precio peruano.
Anthony Laub, asesor del CEChP, dijo que “la utilidad generada por una potencial interconexión eléctrica con Chile permitiría solventar el Gasoducto Sur Peruano sin cargos al usuario, asegurando, además, el requerimiento eléctrico del Perú por los próximos 40 años”.
El CEChP indicó que, debido a la sobreoferta, se podría explotar el potencial de 70,000 MW de generación hídrica peruana.
Sin embargo, propusieron empezar con un proyecto piloto de 150 MW, a través de una línea de transmisión corta que solo demoraría de cuatro a seis meses construir. Con esto, se podría generar unos S/100 millones anuales en peaje de transmisión para el país del sur.



Gestión, Reuters
Chile avanza en negociaciones para concretar conexiones eléctricas con países vecinos, dijo el ministro de Energía, Andrés Rebolledo.
Chile, que atravesó años de estrechez energética e importa casi la totalidad de los combustibles que consume, ve oportunidades de reducir costos aprovechando sinergias con Perú, mientras desarrolla energías no convencionales.
Con Perú, el país avanza inicialmente en la prospección de una línea entre Tacna y Arica, para aprovechar un potencial gasífero en el sur peruano.
El sector energético chileno, que lideró el año pasado las inversiones en el país con unos 5.830 millones de dólares, avanza en las construcción de diversos proyectos con énfasis en fuentes no convencionales como energía solar y eólica.



El Comercio
Chile-Perú: sueños de integración
Juan Eduardo Errázuriz
Hace  pocos meses, con ocasión del APEC CEO Summit Lima 2016, se celebró la reunión del Consejo Empresarial Chileno-Peruano, donde se acordó que la integración fronteriza es decisiva para avanzar en el desarrollo comercial, económico y social conjunto, especialmente de esas zonas con intereses y necesidades comunes.
(…)
El sueño de integrar a Chile y el Perú, sus gentes, sus costumbres y sus economías, fue lo que animó al Consejo Empresarial Chileno-Peruano a solicitar a nuestros gobiernos que nos acompañen en esta tarea, uniendo a las ciudades fronterizas de ambos países mediante un tren moderno, que cuente con las frecuencias requeridas y que sea la primera etapa de una futura extensión del ferrocarril hasta Arequipa (norte) e Iquique (sur).
(…)
Como dijo el ministro de Energía de Chile, nuestros países tienen la oportunidad de afianzar los lazos andinos a través de la energía. Y citándolo, un buen comienzo sería concretar el empalme de Tacna y Arica, por ser ciudades fronterizas de alto intercambio, y que se beneficiarían por una mayor seguridad de suministro eléctrico.
(…)


lunes, 23 de enero de 2017

ESTA NOCHE lunes 23 enero 2017



ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.

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MEDIA COLUMNA
¿Cómo que “igualito”?


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
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El ministro de Energía ha dejado congelados a quienes le escucharon decir ayer que el Gasoducto debe ser vuelto a concesionar “sin modificaciones”. "El contrato suscrito tiene una característica inusual”, dijo, por lo cual se tiene que licitar “el mismo proyecto”, sostuvo increiblemente.   

Ya había dicho el ministro de Economía también que lo que se va a subastar es el contrato mismo. Es decir, sin modificaciones.

La cosa adquiere ribetes pintorescos, sin embargo, cuando en entrevista reciente el gerente de Graña y Montero -luego de lamentar copiosamente haber sido engañado por Odebrecht- aseveró con impertinencia -siendo la suya una empresa investigada-, que esa contructora tiene interés en participar en la próxima licitación, pero que, según el contrato, tiene que subastarse “el contrato igualito a la vez anterior. Es una nueva licitación –dijo-, pero no se pueden cambiar las bases”. Esto afirma el gerente de la empresa cuestionada. Asombrosamente, agregó aun que el intento de cambiar la garantía del Estado que se cobra en las tarifas eléctricas puede complicar la subasta.

En efecto, el ministro de Energía anunció ayer, como ya había adelantado el propio Kuczynski, que el mecanismo de financiamiento que involucra el pago a través de los recibos de luz será eliminado. No dijo, sin embargo, que la garantía del Estado vaya a ser eliminada. Dijo solo que ya no la pagarán los usuarios. No, qué va. En adelante la pagarán los contribuyentes.

Más vale que el gobierno piense bien los que está haciendo. Subastar el contrato de la concesión sin rediseñar el proyecto, con el mismo costo escandalosamente sobredimensionado, es algo que la opinión pública no va a tolerar. Ahora ya sabe que el proyecto fue inflado seis veces en su valor y que Proinversión, a nombre del Estado peruano, le entregó por medios escandalosamente corruptos la concesión a Odebrecht como postor único.    



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GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA



El Comercio, Gestión
El Gobierno resolvió terminar la concesión del Gasoducto Sur Peruano debido a que el consorcio no cumplió con lograr el financiamiento necesario para la  obra, informó el ministro de Energía, Gonzalo Tamayo.
No obstante, el Ministro dijo que las normas señalan que el Gasoducto debe ser vuelto a concesionar antes de un año, pero “sin modificaciones”. "El contrato suscrito tiene una característica inusual”, por lo cual se tiene que licitar “el mismo proyecto”, sostuvo.
Tamayo aseguró, de otra parte, que el mecanismo de financiamiento, que involucra un pago a través de los recibos de luz, será eliminado.



Gestión
La cláusula 6.5 del contrato de concesión menciona el plazo para el cierre financiero y la 6.7 establece que en caso el concesionario no acredite el cierre financiero al término de los plazos establecidos, el concedente (es decir, el Estado) queda facultado a declarar la terminación de la concesión por causa imputable al concesionario, y facultado para ejecutar la garantía de fiel cumplimento al 100%, esto último es por US$ 262 millones.
Es decir, hoy que vence el plazo, el Estado debe enviarle una comunicación al consorcio para informarle la terminación del contrato. La finalización no es automática, el Estado debe enviar la comunicación.
Asimismo, según lo establece la cláusula 20.4.1, ocurrida la terminación del contrato, el concedente (el Estado a través del Ministerio de Energía y Minas) nombrará a un funcionario para que actúe como interventor del consorcio GSP.
En tanto, la cláusula 20.4.2 señala que el concedente, a través del interventor, convocará a una subasta pública para la transferencia de la concesión. El contrato establece tres posibles subastas a realizarse en un plazo máximo de un año.
Para la primera subasta, el precio de referencia es el 100% del valor contable. Si no se presentaran postores hay una segunda subasta con un precio que tiene como referencia el 85% del valor contable. La tercera subasta, en caso nuevamente no hubiera postores, sería al 72.25%. Finalmente, si las subastas no alcanzan el valor contable referido, el Estado debe completar el monto. Es decir, en última instancia si no hubiera subasta de los bienes el Estado tendría que pagar el 72.25% del valor contable de los activos.
Del monto que se reciba en la subasta se establece como máximo a pagar por el Gobierno el valor contable de los bienes descontando los gastos incurridos en la intervención y la propia subasta. Si luego hubiera un saldo, se paga remuneraciones, derechos laborales, dinero que hubiera sido dado como deuda garantizada, tributos, multas y cualquier otro pasivo. Por último, si quedara dinero se le entrega al consorcio GSP. Si producto de la subasta se obtiene más del valor en libros de los activos la diferencia es para el Estado
Surgen dos interpretaciones acerca de cómo llevar a cabo la subasta de los activos que entregue GSP. Las interpretaciones se dan a partir de que el ministro de Economía, Alfredo Thorne, afirmó que el contrato de concesión tiene varios candados, advirtiendo que, de no realizarse el cierre financiero, lo que se tiene que subastar es el contrato mismo, con lo cual no sería tan fácil en la licitación a llevarse a cabo hacer modificaciones.
En esa misma línea, el gerente general de Graña y Montero, Mario Alvarado, dijo el viernes que, según las cláusulas del contrato, lo que se tiene que subastar es exactamente “el contrato igualito a la vez anterior. Es una nueva licitación, pero no se pueden cambiar las bases”. Alvarado agregó que lo que puede complicar la subasta es el intento de cambiar el esquema de ingresos garantizados que se cobra en las tarifas eléctricas por una garantía del Estado.
Para otros expertos consultados por Gestión, la transferencia de la concesión no tiene que hacerse bajo los mismos términos. En opinión de los especialistas, el Estado puede cambiar los términos y condiciones. Señalan que siendo el contrato un acuerdo obligatorio entre las partes, una vez terminado el mismo nada obliga al Estado a mantener los mismos términos de la concesión ante nuevos postores interesados en la concesión.
Advierten que, caso contrario, se estaría asumiendo la garantía que se carga a los recibos de luz.
El ministro Tamayo dijo que se nombrará una comisión en ProInversión para la relicitación.
El último informe de la Contraloría que se conoce señala que a junio pasado el consorcio ha ejecutado US$ 1,440 millones del proyecto.



ESTA NOCHE
Carta abierta de Keiko Sofía Fujimori
“Amigas y amigos, hoy me permito usar las redes sociales para hacer algunas reflexiones y dar ciertas opiniones. Los acontecimientos de este fin de semana en torno al caso Odebrecht, nos muestran que tanto la Fiscalía como el Poder Judicial ya encendieron los motores, lo cual es positivo, sin embargo esperamos que las recientes detenciones sean sólo el inicio de una gran ruta para llegar a la verdad, y así identificar a todos los responsables. Los peruanos necesitamos tener plena confianza en las instituciones encargadas de administrar la Justicia. Los tribunales tienen una gran oportunidad.
“Por otro lado, estas denuncias de corrupción con pagos de coimas tienen una serie de implicancias sociales y económicas. Un hecho importante: hoy ha vencido el plazo para asegurar la continuidad del proyecto del Gasoducto del Sur y es claro que dicha obra no será administrada por Odebrecht y, si el gobierno se pone de costado carente de sentido proactivo, esto podría perjudicar seriamente al sur de nuestro país. Por ejemplo, cerca de 4,000 personas perderían su trabajo. Además muchas otras actividades económicas que giraban en torno a esa gran obra se podrían detener.
“Similar es la situación en el norte del país: en La Libertad, el proyecto Chavimochic III para irrigar la zona comprendida entre el valle Moche y Paiján también quedaría paralizado en perjuicio de nuestros hermanos liberteños. En Lambayeque, en el proyecto Olmos, quienes compraron tierras y esperan un suministro seguro de agua por los próximos años, verán su inversión en peligro.
“Estando así la situación, me permito invocar al Presidente de la República para que ejerza su liderazgo como Jefe de Estado y tome las decisiones políticas que impidan que el comportamiento ilegal y equivocado de ciertas empresas y de malos funcionarios afecte el crecimiento de nuestro país. El Estado peruano debe asumir el rol que la emergencia obliga y garantizar que estos proyectos salgan adelante cuidando todas sus etapas.
“El sur, el norte y todo el país necesita que esos proyectos funcionen. Presidente, en sus manos y en las de su equipo está asegurar su justa y transparente operatividad. No permita que se generen espacios para nuevos baches en nuestra economía ni para más conflictos sociales. Ninguna investigación, ningún proceso y ninguna empresa puede ponerle trabas al desarrollo de nuestros pueblos”.






ANTICORRUPCION, PERSECUCION, JUDICIALIZACION POLITICA



El Comercio
Edwin Luyo, ex funcionario del segundo gobierno aprista acusado de recibir coimas de la empresa brasileña Odebrecht, afirmó que "todos saben que la pita se rompe por el lado más débil".

Luyo integró el comité que otorgó la buena pro de la Línea 1 al Consorcio Tren Eléctrico de Lima y fue funcionario de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico de Lima (AATE), encargada de la ejecución de la Línea 1 durante el mandato del ex presidente Alan García.