miércoles, 8 de diciembre de 2021

MEDIA COLUMNA miércoles 8 diciembre 2021 "El consorcio de la mina, el agua y el bosque"

 

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El consorcio de la mina,

el agua y el bosque

 

 

Jorge Morelli

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@jorgemorelli1




 

El Congreso anuncia, vía la comisión de Economía, que otorgaría facultades al Ejecutivo para legislar en algunas materias tributarias, no todas. Es de suponer que esto incluye el impuesto a la renta de las mineras. Pero la Comisión de Constitución niega esas facultades. El conflicto es en la arena del Congreso.  

 

Al respecto, el ministro Francke adelantó que, si el gobierno no obtiene las facultades delegadas, presentará al Congreso proyectos específicos para su debate. Es de suponer que lo hará en el caso de los impuestos de periodicidad anual, que deben aprobarse antes del 31 de diciembre para poder entrar en vigencia el 2022. Entre estos, el más importante -si no el único, es el de la renta de la minería, al que el gobierno solía llamar impuesto a las “sobreganancias” por los precios excepcionalmente altos del cobre en el mercado global. Últimamente, ha dejado de usar ese nombre. 

 

Para el caso, Francke ha adelantado que el proyecto que enviaría al Congreso dispone que las mineras invertirían ese impuesto adicional cada una en su propia área de influencia -que usualmente incluye varias comunidades andinas-, y que lo invertido sería deducible del impuesto a la renta de la empresa minera dentro del mecanismo de obras por impuestos.  

 

Por una oscura razón, sin embargo, el mecanismo de obras por impuestos se encuentra trabado. La Alianza de Obras por Impuestos (Aloxi), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la ONG Agua Limpia han elaborado un sistema de consulta. Al 15 de noviembre, el portal registra 81 obras por 1,319 millones. No obstante, de los 81 proyectos, solo 27 han terminado y hay apenas tres en ejecución. Ocurre que el MEF cambió las reglas de verificación para otorgar el crédito fiscal que usan las empresas en su declaración para deducir lo invertido. Si el MEF no se los da hasta abril, tienen que esperar al año siguiente. Si las empresas no pueden deducir, no ejecutan obras por impuestos. El MEF, en suma, traba el mecanismo por razones fiscales miopes.


Esa no fue la experiencia original. Durante el quinquenio 2006-2011 se avanzó con éxito mediante el “aporte voluntario” minero. De los 2,500 millones de soles entregados por las empresas en esos cinco años, ellas mismas ajecutaron por convenios el cien por ciento. Lo comprobó la propia Sociedad de Minería en un informe al cabo de los cinco años.  

 

Pero Humala malogró esa experiencia en 2011 para instalar un nuevo régimen tributario minero que centralizó nuevamente todos los recursos. Como Toledo arruinó por razones políticas subalternas el antecedente de 1999, llamado Sierra Verde.  

 

Si hoy el Congreso aprueba el proyecto para la renta de la minería y el gobierno de izquierda destraba el mecanismo de obras por impuestos, podrá reivindicar en algo los desaciertos que viene cometiendo. 


Pero podrían finalmente tener lugar las obras de las minas en bosques y en siembra y cosecha de agua para que el agua de lluvia en las punas penetre en el suelo. Si la propiedad del suelo, a su vez, se consolida y se entrega papeles a esos bienes para que puedan negociarse en las bolsas de Nueva York, Toronto, Londres y Hong Kong (como ha propuesto De Soto al Perú y al mundo) saldremos adelante. Hace décadas que debió ocurrir. 

 

Hay que entender lo siguiente. El futuro de la minería en el Perú y en el mundo está en los consorcios de empresas que incluyan inversión en minería, agua y bosque. Será así o las poblaciones bloquearán las minas aun en su propio perjuicio.  




              

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jueves, 2 de diciembre de 2021

MEDIA COLUMNA miércoles 1 diciembre 2021 "Dos pájaros de un tiro"

 

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Dos pájaros de un tiro

 

 

Jorge Morelli

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La pregunta que flota en todos lados, cuya respuesta nadie quiere explorar, es la relativa a los votos que tendría en el Congreso la tercera vacancia de la Presidencia en este malhadado quinquenio. La aritmética arroja que no la habrá, a menos que ocurran eventos políticos de proporciones sísmicas.

 

A favor de la vacancia votarían cerrado los 24 congresistas de Fuerza Popular, a estas alturas ya es su especialidad. También los diez de Avanza País, los nueve de Renovación y los cinco de Somos Perú. Igualmente, quizá, facciones dentro de las demás bancadas: no más de una mitad de los 16 de Acción Popular, sin embargo; acaso dos de los 15 de APP; los tres morados; y tal vez incluso los siete del patíbulo cerronista de Perú Libre. Todos esos suman 68 votos.

 

Si la estimación no es abismalmente errada, a la vacancia le faltarían 19 votos para alcanzar los 87 votos, los dos tercios de 130 que la Constitución exige.


¿De dónde podrían eventualmente provenir? ¿Diez cismáticos más de Perú Libre? ¿Todo Acción Popular completo? Parece improbable, y ni así alcanzarían los votos para la tercera vacancia del quinquenio.

 

Detrás de cada vacancia anterior del quinquenio ha venido algo peor. La experiencia enseña que la vacancia es un hoyo negro, un vacío de poder que se llena de cualquier manera impredecible. Es la triste realidad. El resto es viento de palabras.

 

En lugar de malgastar su tiempo en quimeras inconducentes, lo que el Congreso debería exigir al Gobierno que renuncie explícitamente a la constituyente que claramente es un golpe de Estado que instala la dictadura comunista.

 

Pero el Congreso necesita, además, abandonar la complicidad en el autoengaño compartido con el Ejecutivo de darse todos los años un Presupuesto de inversión que no se ejecutará. Ambos -Legislativo y Ejecutivo- contentan a sus electorados en el papel, que todo lo soporta, con proyectos que saben que no se harán.

 

La desastrosa ejecución de inversión revela cada año que el Estado peruano, haga lo que haga, no es capaz de ejecutar inversión por más de 30 mil millones de soles al año. En cambio, estamos siempre, permanentemente, a un paso de la orgia populista en la incesante generación de empleo estatal con el descontrolado aumento del gasto corriente.

 

En este sentido, muestra más responsabilidad por fin el Tribunal Constitucional: la ley que el Congreso aprobó que incorporaba a todos los trabajadores bajo régimen de contrato administrativo de servicios (CAS) a los regímenes laborales de las leyes 276 y 728, ha sido declarada inconstitucional. Pero es una excepción. La regla es la complicidad de Gobierno y Congreso en el viejo truco de inflar el Presupuesto para tener contentos a los tontos.

 

Es lo que hace nuestra democracia de baja gobernabilidad, incapaz de resolver los problemas del pueblo.

 

En vez de agravar el conflicto de poderes con bravatas, la oposición debería debatir un proyco de ley sobre el régimen tributario de la minería, que tiene que ser aprobado antes del 31 de diciembre o no podrá entrar en vigencia el próximo año.

 

Ese proyecto debe incluir que lo que genere el impuesto será ejecutado por las propias empresas mineras en sus zonas de influencia mediante Obras por Impuestos. Esto permite a las empresas deducir lo invertido de su impuesto a la Renta, y ha probado funcionar perfectamente con el “aporte voluntario” del quiquenio 2011-2016. No solo es el modo correcto de controlar el gasto corriente sino de ejecutar al mismo tiempo más y mejor inversión pública: dos pájaros de un tiro.  




              

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domingo, 28 de noviembre de 2021

MEDIA COLUMNA domingo 28 noviembre 2021 "Fin de la pesadilla comunista"

 


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Fin de la pesadilla comunista

 

 

Jorge Morelli

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El significado de la alianza política de Pedro Castillo con César Acuña va más allá de la confianza que el presidente tenga en su paisano de Chota, y más allá también de los negocios universitarios de Acuña. Mas allá de la vacancia incluso. Es un giro que puede tener importancia para el Perú.

 

Desde que Castillo llegó al gobierno, una mitad de los peruanos ha estado sumergido en la pesadilla de la amenaza comunista en versión chavista. La alianza Castillo-Acuña apunta al corazón de ese fantasma.

 

Uno puede creer lo que quiera de César Acuña, pero comunista no es. Por años ha gerenciado una red de universidades y fundado simultáneamente un partido político con presencia en todo el país, le guste o no a la clase política o a la académica.

 

Más de uno ha elegido leer en esa alianza, sin embargo, un supuesto giro de Castillo hacia la chicha asociada al mercantilismo y la corrupción. Si ese fuera el caso, no obstante, solo habríamos vuelto a la “normalidad” con la que hemos bregado sin éxito por décadas. La corrupción vive del sistema, se aloja en sus fracturas, crece en las fallas de su arquitectura. El comunismo, en cambio, lo destruye para sustituirlo por algo que no puede funcionar.

       

La extrema izquierda es un peligro para el Perú no solo porque se cree incorruptible sin serlo, sino sobre todo porque su composición de lugar es errada y su diagnóstico y remedio fallidos. Cree que el Perú se halla en una coyuntura prerrevolucionaria. Y lo está, pero de una revolución burguesa. Cuando la extrema izquierda comprueba palmariamente, sin embargo, que el país no se halla donde ella cree -es el caso de Vladimir Cerrón-, en lugar de aceptar la realidad y trabajar a partir de ella, niega la evidencia y retorna con arrogancia a su zona de confort leninista.

 

Lenin se equivocó. La revolución proletaria que Marx vaticinaba no podía resultar en la Rusia feudal de 1917, una economía de campesinos, no de obreros. La gran transformación no podía venir desde la periferia hacia los centros de la revolución industrial en Inglaterra o Alemania. Debía ir del centro hacia la periferia. Marx lo sabía y dejó constancia de ello en su formidable obra “Formas precapitalistas” (Formen). Si hacia el final de su vida estudiaba a Rusia y se aferraba a esa vana  esperanza, fue solo luego de los fracasos revolucionarios de 1848 y 1870 en Francia, narrados en dos de sus grandes libros. Pero eso solo muestra una duda políticamente poco desinteresada, una grieta en su lectura de la realidad, una debilidad de carácter perdonable en un pensador que ve su obra camino de ser mal usada.  

 

No puede haber revolución proletaria si lo que hay son campesinos migrantes a la ciudad devenidos en emprendedores informales que reclaman igualdad de oportunidades y papeles para sus bienes y activos. Lo que quieren es una revolución burguesa auténtica, no una farsa. Esperan aun la verdadera revolución, la que corresponde al “momento” peruano y a la coyuntura política, la que consolida los derechos de propiedad, no la que los niega o los relativiza con ambigüedades colectivistas. La revolución rusa fracasó por ir contra la historia. Lenin no iba a producir sino a Stalin. No podía sino ser profundamente reaccionario. Y la izquierda peruana fracasa por la misma razón.

 

En buena hora. La ruptura de Castillo con el leninista Vladimir peruano y su alianza con Acuña apuntan a impedir la vacancia, pero pueden significar también el comienzo del fin de la amenaza del comunismo reaccionario.  


 

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jueves, 25 de noviembre de 2021

MEDIA COLUMNA miércoles 24 noviembre 202 "Lamento minero"

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Lamento minero

 

 

Jorge Morelli

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Los mineros piensan en plazos de 30 años, no de cinco. Si el gobierno les pone un impuesto a la “sobreganancia”, lo pagarán. Pero ni un centavo más de sus utilidades irá a la reinversión. Proseguirán en su actividad hasta donde la inercia se los permita y luego echarán llave a la mina y se irán. Tienen espaldas, pueden esperar. Los perjudicados son los trabajadores y las comunidades del área de influencia. En cinco o diez años, cuando ni este gobierno ni su ministra estén ya, el oro, la plata, el cobre  estarán aún ahí. Reabrirán la mina si no la han vendido a otros con más espaldas que ellos mismos.

 

Nada nuevo bajo el sol. Esto es exactamente lo que trató de advertir José María Arguedas describiendo esta misma historia en su mejor novela, "Todas las sangres", para abrirles los ojos a los peruanos. Por ello fue denunciado por la intelectualidad caviar en una famosa asamblea en el Instituto de Estudios Peruanos que es un baldón y una vergüenza para todos ellos.

 

Hoy, más de cinco mil trabajadores de las minas Inmaculada y Pallacata, dos de las cuatro minas ayacuchanas en el centro de la controversia, han rechazado el cierre con que los amenazara la premier, Mirtha Vásquez. Escupió la sopa al gobierno, que venía de lanzar la víspera un giro hacia la seguridad jurídica para las inversiones.“La pretendida medida de cierre es ilegal y arobitraria y se contradice con los anuncios del Presidente, de trabajar para el pueblo”, dijeron los trabajadores de las minas, precisando ser testigos de los estándares ambientales de las mineras. Desde luego, no es una sorpresa que quienes pueden perder su trabajo denuncien la ignorancia, desubicación e impertinencia de la funcionaria.

 

Lo sorprendente es que lo hayan hecho igualmente las comunidades las provincias de Parinacochas, Lucanas y Paucar de Sara Sara, al sur de Ayacucho. En su propio comunicado demandaron que ella se retractara -como ya ocurrió, nunca bien- de su declaración “que desconoce -dijeron- a las personas que se encuentran en un diálogo con la empresa', q0ue la ministra interrumpió y perjudicó.

 

Circula, de otra parte, la versión no confirmada de que la operación de una de las minas en cuestión venía perdiendo 15 millones de soles al mes, y habría estado de acuerdo con el anuncio ministerial, que le permite escapar de la situación. Un alto funcionario de gobiernpo que ni siquiera advierte a quién puede estarle haciendo un favor sin saberlo muestra ante todos no saber lo que hace. Así se abre paso la realidad de las cosas.

 

 

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martes, 23 de noviembre de 2021

MEDIA COLUMNA domingo 21 noviembre 2021 "El poder y el bolsillo"

 


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El poder y el bolsillo

 

 

Jorge Morelli


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Claramente, el Congreso no piensa darle al gobierno facultades para una reforma tributaria. Y este recurrirá entonces al endeudamiento. Lo viene haciendo ya, con emisiones de bonos por miles de millones de dólares y euros, que ha colocado con relativa facilidad en el mercado global.

 

El candado puesto en los 90 establecía que la deuda externa no debía pasar del 30% del PBI. Esa valla quedó por los suelos desde comienzos de la pandemia. La deuda externa alcanzó el 39% del PBI ya antes de Castillo y, según Latinfocus, llegaría a 42% este año. Para fines comparativos, sin embargo, la deuda chilena llega a 72% de su PBI. En suma, el gobierno tiene techo aún para endeudar al país. Y lo hará.

 

Previniendo una inflación masiva -la actual ya llega a 6% anual, algo no visto en tres décadas-, el BCR se ha adelantado a subir la tasa de interés a 2%. Nadie sabe si realmente la inflación será transitoria y bajará cuando se recompongan las cadenas de la oferta global rotas por la pandemia -como creen Joe Biden y la Fed-. Puede  ser permanente en el Perú si no hay inversión y la oferta no es capaz de responder a un aumento inflacionario de la demanda. 

 

La decisión del BCR desatará las furias en ambas orillas, sin embargo. Porque el alza de la tasa para frenar la inflación frena también el crecimiento.  

 

La decisión del BCR no va a contentar ni a empresarios ni a emprendedores ni mucho menos a los trabajadores. Supone el retiro del estímulo monetario que les ha permitido sobrevivir en la travesía de la pandemia. Por gradual que sea, sentirán la pegada.

 

Por su lado, la izquierda en el gobierno se halla aún más descontenta con esta decisión del BCR, que marca el inicio del fin de la política monetaria expansionista en el Perú. No podrá impedirla. Comenzará a sospechar que está en el gobierno, pero no en el poder. Creerá que es objeto de una conspiración política y tramará una venganza.

 

La decisión del BCR no bastará, sin embargo. El banco no puede abatir la inflación por sí solo.

 

De un lado, el endeudamiento va a permitirle al gobierno el populismo a que se compromete a diario con sus ofrecimientos, que no sabe cómo cumplir. Es innecesario enumerarlos. De otro, la oposición radical cree que el gobierno planea una orgía demagógica y ha optado oportunistamente por una política de tierra arrasada, a la espera de que la inflación y el malestar popular se encarguen de la vacancia para la que no tiene votos en el Congreso.

 

Nada nuevo bajo el sol. Vacancia parlamentaria y renuncia por acción de la calle son, desde hace décadas, las formas latinoamericanas del golpe no tradicional. Las hemos sufrido todas en el corto plazo de tres años. Y no hemos aprendido nada. Más de lo mismo nunca produce resultados diferentes.

 

Nada resolverán la vacancia o la renuncia. Por el contrario, como sucedió en Iraq con el Estado Islámico, en Libia y en Egipto luego de la “primavera árabe”, lo que viene después puede ser peor si el pueblo es engañado. La extrema derecha está jugando con fuego.

 

Gobierno y oposición deberían pensar mejor, negociar las facultades legislativas y elaborar una estrategia para domar la inflación, que es el flagelo del pueblo. Si ambas orillas coinciden hoy, en cambio, en impedir el abatimiento de la inflación, estaremos ante la paradoja de que los extremos se tocan cuando se trata del poder o del bolsillo. 


Claramente, el Congreso no piensa darle al gobierno facultades para una reforma tributaria. Y este recurrirá entonces al endeudamiento. Lo viene haciendo ya, con emisiones de bonos por miles de millones de dólares o euros, que ha colocado con relativa facilidad en el mercado global.

 

El candado puesto en los 90 establecía que la deuda externa no debía pasar del 30% del PBI. Esa valla quedó por los suelos desde comienzos de la pandemia. La deuda externa alcanzó el 39% del PBI ya antes de Castillo y, según Latinfocus, llegaría a 42% este año. Para fines comparativos, sin embargo, la deuda chilena llega a 72% de su PBI. En suma, el gobierno tiene techo.

 

Previniendo una inflación masiva -la actual ya llega a 6% anual, algo no visto en tres décadas-, el BCR se ha adelantado a subir la tasa de interés a 2%. Nadie sabe si realmente la inflación será transitoria y bajará cuando se recompongan las cadenas de la oferta global rotas por la pandemia -como creen Joe Biden y la Fed-. Puede  ser permanente en el Perú si no hay inversión y la oferta no es capaz de responder a un aumento inflacionario de la demanda. 

 

La decisión del BCR desatará las furias en ambas orillas, sin embargo. Porque el alza de la tasa para frenar la inflación frena también el crecimiento.  

 

La decisión del BCR no va a contentar ni a empresarios ni a emprendedores ni mucho menos a los trabajadores. Supone el retiro del estímulo monetario que les ha permitido sobrevivir en la travesía de la pandemia. Por gradual que sea, sentirán la pegada.

 

Por su lado, la izquierda en el gobierno se halla aún más descontenta con esta decisión, que marca el inicio del fin de la política monetaria expansionista en el Perú. No podrá impedirla. Comenzará a sospechar que está en el gobierno, pero no en el poder. Creerá que es objeto de una conspiración política y tramará una venganza.

 

La decisión del BCR no bastará, sin embargo. El banco no puede abatir la inflación por sí solo. El endeudamiento va a permitirle al gobierno caer en el populismo a que se compromete a diario con sus ofrecimientos, que no sabe cómo cumplir. Es innecesario enumerarlos.

 

La oposición radical, por su parte, cree que el gobierno planea una orgía demagógica y ha optado oportunistamente por una política de tierra arrasada, a la espera de que la inflación y el malestar popular se encarguen de la vacancia para la que no tiene votos en el Congreso.

 

Nada nuevo bajo el sol. Vacancia parlamentaria y renuncia por acción de la calle son, desde hace décadas, las formas latinoamericanas del golpe no tradicional. Las hemos sufrido todas en el corto plazo de tres años. Y no hemos aprendido nada. Más de lo mismo nunca produce resultados diferentes.

 

Nada resolverán la vacancia o la renuncia. Por el contrario, como sucedió en Iraq con el Estado Islámico, en Libia o en Egipto luego de la “primavera árabe”, lo que viene después puede ser peor si el pueblo es engañado. La extrema derecha está jugando con fuego.

 

Gobierno y oposición deberían pensar mejor, negociar las facultades legislativas y elaborar una estrategia para domar la inflación, que es el flagelo del pueblo. Si ambas orillas coinciden hoy, en cambio, en impedir el abatimiento de la inflación, la paradoja es que los extremos se tocan cuando se trata del poder o del bolsillo.

 

 

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