ESTA NOCHE miércoles 1 marzo 2017
ESTA NOCHE, donde
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MEDIA
COLUMNA
Las
malas amistades
Jorge
Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
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El vicepresidente
y ministro de Transportes, Martín Vizcarra, se ha visto obligado a dar marcha
atrás en el contrato de Chinchero. Ha dejado la decisión en manos de la Contraloría,
que ahora se va a tomar su tiempo en opinar, y ha propuesto bajar de 40 a 30
años el plazo de la concesión.
Vizcarra
está entre la espada del Congreso y la pared del Cusco. No ha logrado sacar
adelante este proyecto emblemático para sus aliados políticos en los gobiernos regionales
del Sur. Y, aunque no sea censurado, ahora probablemente deberá enfrentar una
interpelación del Congreso por concesiones indebidas en la adenda al contrato de
Chinchero que hizo firmar a Kuczynski.
Esto significa que Zavala habría logrado prevalecer en el forcejeo sordo aparentemente entablado entre ambos desde hace algún tiempo. Vizcarra, con su ímpetu constructor, comenzó a despertar sospechas, por lo visto, de que se proponía desplazar a Zavala del premierato. Zavala es un premier que dice ser técnico, no político. No lidera, no se anticipa, solo reacciona a los incendios que apaga constantemente. Es un formidale bombero, pero no un gran premier. Vizcarra, no obstante, habría dado pie a que se sospeche que, luego de defenestrar a Zavala, su próximo paso sería reemplazar al propio Kuczynski en la Presidencia. Y, de nuevo, no es que Kuczynski sea un gran presidente, pero…
Quizás Vizcarra no lo sepa, pero parece el mascarón de proa de una intriga de la caviarada para ponerlo en la Presidencia y volver por la puerta falsa al Estado del que fuera echada por enésima vez. Cierto o no, la caviarada cree que Vizcarra le abriría de nuevo las puertas del Estado.
Por su
parte, el Vicepresidente cree ser objeto de un maltrato político. A punto de
ser defenestrado, al parecer no tiene claro a dónde lo han llevado las malas
amistades.
REPORTE
DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de política y
economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como tomadas
directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo como una
forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO,
DEMOCRACIA
El Comercio
El
ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín
Vizcarra, se refirió esta tarde desde el Cusco a las críticas en su
contra a raíz de la firma de una adenda para la construcción del aeropuerto de
Chinchero, en el Cusco.
“He
sido calumniado en las últimas semanas, pero mi compromiso es con el Cusco. Nos
mantenemos firmes y estamos aquí para dar la cara, explicando nuestras razones,
de manera transparente y honesta”, destacó el también vicepresidente tras una
reunión con autoridades en la Ciudad Imperial.
Sobre
el contrato con Kuntur Wasi, consorcio encargado de la construcción del
terminal aéreo, Martín Vizcarra indicó
que el Ejecutivo sugerirá que la concesión sea por 30 años, 10 años menos que
lo acordado inicialmente.
Asimismo,
se planteará la inclusión de una cláusula anticorrupción. Los cambios, no
obstante, recién podrán hacerse desde el 4 de julio próximo, cuando se cumplan
tres años de la firma del contrato inicial.
Al ser
consultado sobre la moción de interpelación presentada en su contra, Martín Vizcarra respondió: “Es un
tema que depende del Congreso de la República. Como demócratas que somos,
aceptamos y atendemos los requerimientos que nos haga".
Horas
después, el jefe del Gabinete Ministerial, Fernando Zavala, reiteró su respaldo
a Vizcarra e indicó que responderá las inquietudes del Parlamento o de
cualquier otra institución cuando sea necesario.
El Comercio
La
moción de interpelación que presentaron congresistas de distintas bancadas
contra el ministro de Transportes, Martín
Vizcarra, contempla 42 preguntas iniciales, pero a
ellas se suman otros bloques con más consultas.
Llama
la atención que uno de esos bloques extra sea de una misma bancada separada en
dos grupos. De acuerdo al documento, hay preguntas de parlamentarios de la
agrupación Nuevo Perú y también del Frente Amplio.
En
total, el documento consigna unas 92 preguntas respecto a la adenda que el
gobierno firmó con el consorcio Kuntur Wasi al contrato de concesión del
aeropuerto de Chinchero, en Cusco.
La
moción impulsada por Acción Popular -pero apoyada también por legisladores del
Frente Amplio, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular y el Apra- señala que
esa adenda ha generado numerosas dudas sobre su idoneidad y que no salvaguarda
los intereses nacionales, pues “únicamente” beneficia al consorcio.
“A
lo largo de los últimos meses el Ministro de Transportes y Comunicaciones ha
venido realizando declaraciones públicas, con criterios diferentes e incluso
contradictorios, lo que ha motivado un clima de duda sobre la transparencia en
el actuar de este Ministerio con respecto al Proyecto Aeropuerto Internacional
de Chinchero - Cusco”, señala el documento.
Asimismo,
señala que Martín Vizcarra ha tenido un comportamiento “errante, cambiante,
poco claro y poco transparente”.
En
diálogo con este Diario, el congresista de Acción Popular, Yonhy Lescano,
manifestó que lo que sigue ahora es que se dé cuenta de la moción en la próxima
sesión del pleno del Congreso. Y ahí se decida la fecha para la interpelación.
—Vizcarra en Cusco—
Mientras tanto, Martín Vizcarra se presentó hoy ante autoridades locales y regionales de Cusco, donde aseveró que la adenda evita el pago de intereses por US$589 millones, lo que representa un ahorro para el Estado.
Mientras tanto, Martín Vizcarra se presentó hoy ante autoridades locales y regionales de Cusco, donde aseveró que la adenda evita el pago de intereses por US$589 millones, lo que representa un ahorro para el Estado.
“He
sido calumniado en las últimas semanas, pero mi compromiso es con el Cusco. Nos
mantenemos firmes y estamos aquí para dar la cara, explicando nuestras razones,
de manera transparente y honesta”, refirió.
Asimismo,
sostuvo que no hubo ningún apresuramiento en firmar la adenda al contrato.
—Las preguntas—
Por qué se aprobó la adenda, si es cierto que Kuntur Wasi no tenía capacidad financiera, por qué dijo que hubo un informe técnico desfavorable a la adenda, cuál es el beneficio económico para el país y para Cusco, de qué ahorro de intereses se puede hablar, si se cuenta con autorización previa del Ministerio de Cultura para la construcción del aeropuerto, cuál ha sido la injerencia del presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, en la negociación.
Por qué se aprobó la adenda, si es cierto que Kuntur Wasi no tenía capacidad financiera, por qué dijo que hubo un informe técnico desfavorable a la adenda, cuál es el beneficio económico para el país y para Cusco, de qué ahorro de intereses se puede hablar, si se cuenta con autorización previa del Ministerio de Cultura para la construcción del aeropuerto, cuál ha sido la injerencia del presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, en la negociación.
Esas
son algunas de las preguntas del pliego interpelatorio. Incluso se le consulta
sobre la presencia de Carlos Vargas Loret de Mola, director ejecutivo de Kuntur
Wasi, en un almuerzo en el que se celebró el triunfo electoral de Peruanos por
el Kambio y su vínculo con el partido.
Otro
cuestionamiento señala: “El consorcio ha solicitado se incorpore la cláusula
anticorrupción en vista de que usted no pensó e incluirla en la adenda. ¿No
siente usted vergüenza de que el cuestionado concesionario esté más dispuesto a
combatir más a la corrupción de lo que usted está?”.
El Comercio
El
congresista Víctor Andrés
García Belaunde considera
que el Gobierno debe anular el contrato de concesión del aeropuerto de
Chinchero al consorcio Kuntur Wasi o, en caso contrario, reducir el período del
mismo a 10 años renovables y no a 30 años, como planteó ayer el ministro de
Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra.
— El
ministro Vizcarra ha pedido a la contraloría una auditoría del contrato y
adenda para Chinchero. ¿Es una señal de transparencia que usted destaca?
Está bien lo que ha hecho el ministro, lamentablemente lo ha hecho después de firmar la adenda. La contraloría tiene que opinar y es cierto que tampoco va a querer asumir la responsabilidad si opina mal, como parece que lo va a hacer, porque ya han dicho que la adenda es ilegal.
Está bien lo que ha hecho el ministro, lamentablemente lo ha hecho después de firmar la adenda. La contraloría tiene que opinar y es cierto que tampoco va a querer asumir la responsabilidad si opina mal, como parece que lo va a hacer, porque ya han dicho que la adenda es ilegal.
— El
contralor dijo que “sería” ilegal.
Dice que “podría”, porque el que tiene que calificarla de ilegal es el Poder Judicial. La contraloría dice que una APP [asociación público-privada] no se puede cambiar antes de tres años y el ministro ya lo ha hecho. Si es así, esta adenda es ilegal.
Dice que “podría”, porque el que tiene que calificarla de ilegal es el Poder Judicial. La contraloría dice que una APP [asociación público-privada] no se puede cambiar antes de tres años y el ministro ya lo ha hecho. Si es así, esta adenda es ilegal.
— ¿Qué debe
hacer el Gobierno?
Es la gran oportunidad para que el Gobierno haga el aeropuerto. Ya tiene el presupuesto para el movimiento de tierras que dura dos años, y después tiene otros dos para ver qué hace. Todos los aeropuertos han sido hechos por el Estado. Luego se concesionaron algunos para su mantenimiento y servicio.
Es la gran oportunidad para que el Gobierno haga el aeropuerto. Ya tiene el presupuesto para el movimiento de tierras que dura dos años, y después tiene otros dos para ver qué hace. Todos los aeropuertos han sido hechos por el Estado. Luego se concesionaron algunos para su mantenimiento y servicio.
— Vizcarra
plantea que en julio, cuando se cumplan tres años de la firma del contrato y se
puedan hacer modificaciones, se reduzca de 40 a 30 años la concesión. ¿Le
parece bien?
Creo que hay que anular el contrato. Si no se puede anular, hay que reducir a la mínima expresión los beneficios del concesionario. Bajar de 40 a 30 años es poco. Yo les daría 10 años porque los pagas tú [el Estado]. Y si en 10 años ellos lo administran bien y le dan rentabilidad, les renuevas 10 o 20 años más.
Creo que hay que anular el contrato. Si no se puede anular, hay que reducir a la mínima expresión los beneficios del concesionario. Bajar de 40 a 30 años es poco. Yo les daría 10 años porque los pagas tú [el Estado]. Y si en 10 años ellos lo administran bien y le dan rentabilidad, les renuevas 10 o 20 años más.
— El
Gobierno suspendió el adelanto de US$40 millones a Kuntur Wasi hasta tener la
auditoría de la contraloría. ¿Pese a eso sigue en pie la interpelación, paso
previo a la censura?
Probablemente esto suspenda la censura. La interpelación no. En todo caso no ha suspendido nada el ministro, tú no puedes suspender algo que no se ha hecho. No hay ni siquiera la primera piedra.
Probablemente esto suspenda la censura. La interpelación no. En todo caso no ha suspendido nada el ministro, tú no puedes suspender algo que no se ha hecho. No hay ni siquiera la primera piedra.
— ¿Se
arrepiente de haberle dicho vendepatria a Vizcarra?
La palabra se ha usado para graficar el poco interés del Estado en defender los intereses públicos y entregarlos alegremente al privado. No sé cómo calificar que se regale un aeropuerto 40 años a una empresa cuya gerenta es la hermana del primer ministro. Mi arrepentimiento está supeditado a que se corrija esto. Mi percepción es que están defendiendo un negocio familiar.
La palabra se ha usado para graficar el poco interés del Estado en defender los intereses públicos y entregarlos alegremente al privado. No sé cómo calificar que se regale un aeropuerto 40 años a una empresa cuya gerenta es la hermana del primer ministro. Mi arrepentimiento está supeditado a que se corrija esto. Mi percepción es que están defendiendo un negocio familiar.
— El primer
ministro ha dicho que él no participó en la adenda.
Él ha debido participar evitando esto. No es cuestión de inhibirse, él tiene la obligación de oponerse porque la ley y la ética lo prohíben. [...] Creo que hay un tufillo de corrupción en la concesión porque hay un contrato malo hecho por tres personas, y dos de ellas ocupan puestos importantes en este gobierno.
Él ha debido participar evitando esto. No es cuestión de inhibirse, él tiene la obligación de oponerse porque la ley y la ética lo prohíben. [...] Creo que hay un tufillo de corrupción en la concesión porque hay un contrato malo hecho por tres personas, y dos de ellas ocupan puestos importantes en este gobierno.
— ¿A
quiénes se refiere?
A los actuales jefes de Osiptel y de la ONP, que hicieron el contrato el 2014 y van a ser investigados.
A los actuales jefes de Osiptel y de la ONP, que hicieron el contrato el 2014 y van a ser investigados.
— El
abogado Juan Monroy ha puesto en duda el acta que sustentó la firma de la
Interoceánica negando un informe suyo del 2005. ¿Ha entregado a la Comisión
Lava Jato el documento que pruebe su afirmación?
No, es su testimonio, pero ha ofrecido entregar el cargo. Ahora, Monroy nos dice que el 4 de agosto del 2005 no había hecho nada todavía y que finalmente él presenta su informe el 8 o el 10. ¿Entonces bajo qué informe tomaron decisiones los ministros?
No, es su testimonio, pero ha ofrecido entregar el cargo. Ahora, Monroy nos dice que el 4 de agosto del 2005 no había hecho nada todavía y que finalmente él presenta su informe el 8 o el 10. ¿Entonces bajo qué informe tomaron decisiones los ministros?
— ¿Esto
compromete más a Alejandro Toledo?
Sí y no. De acuerdo con la Constitución, el ministro responde por el presidente de la República. Allí estuvieron los ministros Kuczynski, David Lemor, José Ortiz, Carlos Ferrero, que tendrán que ser citados por la comisión.
Sí y no. De acuerdo con la Constitución, el ministro responde por el presidente de la República. Allí estuvieron los ministros Kuczynski, David Lemor, José Ortiz, Carlos Ferrero, que tendrán que ser citados por la comisión.
El Comercio, editorial
Nunca desperdicies una buena crisis”. La frase,
comúnmente atribuida a Winston Churchill, carga un especial significado hoy
para las políticas económicas de la administración de Peruanos por el Kambio.
El entramado de corrupción que se devela poco a poco
está pasando una alta factura al crecimiento de la economía y tensionando a las
instituciones del sistema. Las consecuencias previsibles apuntan a un
crecimiento hasta un punto porcentual menor al proyectado a inicios de año y
las consecuencias indirectas tienen un potencial devastador mucho más profundo.
Si la crisis, entonces, está servida, pues por lo menos habrá que aprovecharla.
Hay mucho que mejorar, por ejemplo, en el sistema de
iniciativas estatales, de inversión pública y de asociaciones
público-privadas (APP),
que permite que obras de enorme costo y dudosa utilidad sean emprendidas en su
mayor parte con dinero de los contribuyentes.
El gasoducto del sur y la carretera Interoceánica son algunos de los ejemplos que más
llaman la atención en este sentido. El primero, destinado a ser un elefante
blanco de más de US$7.000 millones al no tener estudios de demanda claros –pero
sí garantías del Estado–, fue devuelto pues el consorcio a cargo no consiguió
el cierre financiero en el plazo estipulado debido a los destapes de corrupción
de Odebrecht. Según el titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Gonzalo
Tamayo, el proyecto se volverá a concesionar a finales de este año y existe
amplia oportunidad para trabajar las bases de la licitación de modo que –esta
vez– el costo justifique los potenciales beneficios. Y si la estimación no
resultase positiva, para abortarla en lugar de desperdiciar recursos que bien
podrían aprovecharse en tantas otras necesidades de la población.
Y si de proyectos faraónicos con beneficio
incierto se trata, no hay duda de que la refinería de Talara debería
incluirse en la lista destacada. Con US$4.800 millones en inversión, los
responsables del proyecto tampoco tienen claro de dónde saldrá todo el petróleo
para refinar ni cómo así una empresa estatal como Petro-Perú –incapaz de
mantener adecuadamente el vetusto Oleducto Norperuano– será capaz de obtener
petróleo refinado más barato que el que se puede hoy importar. Ello sin contar
que el financiamiento y la rentabilidad del proyecto también están en duda. ¿No
había necesidades de presupuesto público más apremiantes que la refinación de
petróleo? Después de todo, solo una fracción del costo de la refinería de Talara
sería suficiente, por ejemplo, para digitalizar los sistemas de todo el Poder
Judicial.
El dinero de los contribuyentes al parecer tampoco será
puesto a su mejor uso con la inversión necesaria para organizar los Juegos
Panamericanos del 2019. A cambio de una factura de US$1.200
millones, el retorno real de la inversión –más allá de cháchara patriotera– es
desconocido incluso para los que respaldaron la candidatura de Lima. Al margen
de los evidentes retrasos, las construcciones especializadas corren el riesgo
muy real de ser elefantes blancos sin uso pasados los juegos (tal y como sucede
hoy en Brasil luego de las Olimpiadas), de no alcanzar un valor de venta
adecuado (el costo de construcción de los departamentos de la Villa
Panamericana, por ejemplo, supera largamente los precios de venta en la zona) y
de costar mucho más de lo planificado dada la premura en los plazos (la
Universidad de Oxford estima que el sobrecosto promedio de estos eventos es de
156% respecto del presupuesto inicial).
En la medida en que existan espacios políticos y
económicos para repensar las enormes inversiones públicas en proyectos y
actividades sin correlato con el bienestar ciudadano, el gobierno tiene el
deber de tomar ventaja. Y quizá nunca se abran tantos espacios de este tipo
como en períodos de crisis. Aprovechemos la máxima de sir Churchill.
ANTICORRUPCION,
PERSECUCION, JUDICIALIZACION POLITICA
El Comercio
La
Agencia de Promoción de la Inversión Privada, Pro Inversión, dejó sin sustento
las sospechas levantadas en la víspera por el abogado Juan Monroy Gálvez, quien
ante la Comisión Lava
Jato desconoció
haber entregado el 4 de agosto del 2005 un informe suyo, que fue utilizado por
la entidad como base para rechazar las observaciones de la contraloría y poder
firmar el contrato de la Interoceánica Sur.
A
través de un comunicado, Pro Inversión señaló que el informe, firmado por Monroy,
tiene la fecha y sello de recepción del 4 de agosto del 2005. Lo único ilegible
es la hora de la recepción.
“El
4 de agosto del 2005 el estudio Monroy emitió un informe legal sobre las
implicancias del Oficio N° 262-2005-CG/CV de la contraloría”, señala el
comunicado.
En
declaraciones a El Comercio, el parlamentario oficialista Gino Costa explicó
que el mismo Monroy llevó a la Comisión Lava Jato dicho informe, aunque en
calidad de borrador, pues no tenía sello de recepción. Tras ello, Costa se
comunicó con Pro Inversión y solicitó todos los documentos sobre el tema.
Al despacho de Costa llegaron tres documentos: el referido informe legal del 4 de agosto del 2005, el informe complementario del 23 de agosto y la factura mediante la cual el estudio Monroy Abogados cobró US$14.280 por la elaboración de estos.
Al despacho de Costa llegaron tres documentos: el referido informe legal del 4 de agosto del 2005, el informe complementario del 23 de agosto y la factura mediante la cual el estudio Monroy Abogados cobró US$14.280 por la elaboración de estos.
En
la factura que emite el estudio del abogado Monroy Gálvez se lee claramente que
en la descripción del servicio dado se hace referencia a la “preparación del
informe legal de fecha 4 de agosto del 2005 con relación al Oficio N°
282-2005-CG/CV”.
El
oficio en referencia es el que remitió a Pro Inversión la vicecontralora Rosa
Urbina e indicaba que las constructoras Norberto Odebrecht, Queiroz Galvao y la
peruana Graña y Montero estaban impedidas de contratar porque mantenían juicios
pendientes con el Estado Peruano.
En
las conclusiones del informe legal se lee: “Consideramos que el oficio de
contraloría es inocuo respecto de la regularidad del concurso llevado a cabo
por Pro Inversión”.
Para
el congresista Gino Costa, los documentos mostrados desbaratan la versión de
Monroy y esto podría acarrearle problemas legales.
“Se
equivoca [Monroy] cuando dice que el Consejo Directivo, que estaba integrado
por los ministros, miente. Quien ha faltado a la verdad fue él. Si no recordaba
bien debió ser más prudente y cauteloso. Su acusación es falsa”, dijo Costa.
La
congresista fujimorista Lourdes Alcorta tiene otra interpretación. “El informe
y la factura dicen 4 de agosto del 2005 pero eso no necesariamente significa
que fue entregado en esa fecha. Uno factura por la fecha en que hace el pedido
pero no significa que lo entregaste en esa fecha. El 4 de agosto se vencía el
límite para firmar el contrato”, dijo en Canal N.
Esta
hipótesis también es manejada por la Comisión Lava Jato, que preside el
fujimorista Víctor Albrecht.
Monroy
fue citado a la Comisión Lava Jato para explicar la premura con la que Pro
Inversión absolvió las observaciones de la contraloría. El informe del ex
congresista Juan Pari, ex presidente del grupo Lava Jato en el 2015-2016,
señala al respecto: “En 18 minutos se comunicó a las empresas sobre las
observaciones de la contraloría y ellas respondieron por escrito. En ese mismo
tiempo se le solicitó al asesor legal de Pro Inversión [Percy Velarde] una
opinión y este la respondió por escrito, y se solicitó una opinión legal de un
estudio jurídico externo [estudio Monroy], se seleccionó el estudio y este
alcanzó su respuesta”.
Este
Diario envió correos electrónicos, mensajes de texto, mensajes de WhatsApp e
intentó comunicarse ayer con el abogado Monroy, pero no contestó por ningún
medio. En la Comisión Lava Jato no descartan volver a citarlo para esclarecer
lo revelado por Pro Inversión.
Expreso
María Teresa García
Graña y Montero (GyM),
cuestionada por su asociación con la corrupta Odebrecht, se ha adjudicado casi
todos los procesos de varias instituciones públicas a través de su compañía GMD
(Graña y Montero Digital), y con el presunto apoyo de ciertos funcionarios que
le facilitaron las contrataciones como proveedores únicos.
Según
su propio portal web, GMD es la empresa de Outsourcing de Procesos de Negocios
y Outsourcing de Tecnología de la Información (TI) que forma parte de la
compañía Graña y Montero. Esta tuvo un crecimiento de capital y muchos procesos
del Estado ganados como postor único desde el 2010 al 2016.
Coincidentemente,
esta compañía registra sus picos más altos de contrataciones tanto en el
Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec) como en la Oficina
Nacional de Procesos Electorales (ONPE), al término del periodo gubernamental
de Alan García y durante toda la gestión de Ollanta Humala.
De
esta forma, GMD consiguió ganar los concursos de servicios informáticos como
único postor en el caso de la ONPE en el periodo del 2014 al 2016 y en Reniec
del 2011 al 2014.
Como
ejemplo citamos dos casos. El 17 de julio de 2014, la Gerencia de Informática y
Tecnología Electoral de la ONPE abre el procedimiento de selección
106-2014/ERM-ONPE, para el servicio de habilitación, acondicionamiento y
logística informática-ERM por un valor de 29 millones 850 mil soles, siendo los
únicos postores el consorcio de Gestión de Proceso Electoral conformado por
Cosapi y GMD.
De
igual forma, el 25 de agosto de 2014 efectúa otra convocatoria, esta vez para
la adquisición de servidores y equipo de almacenamiento por un valor de S/
4,990.000.
En
este proceso que tuvo una postergación de un mes (del 29 de septiembre de 2014
al 28 de octubre de 2014), los postores fueron GMD y Cosapi, pero pese a que
Cosapi propone S/ 4’409,972.18 se le adjudica a GMD que presenta una propuesta
de S/ 4,298.999.
En
cuanto a Reniec, el 23 de diciembre de 2013, a través del procedimiento
24-2013/RENIEC, se efectúa una convocatoria para el servicio de soporte para
plataforma de almacenamiento XP24000, siendo el valor referencial de S/
2,973.600.
Este
proceso se hace bajo la modalidad de postor único y es adjudicada a
GMD que ofrece S/ 2,970.000, es decir 3,600 soles menos que lo solicitado.
Pocos
días después, el 28 de diciembre, se hace otro proceso bajo el procedimiento de
selección del 30-2012/RENIEC para el mantenimiento preventivo y correctivo de
unidad de arreglo de disco Diskarray con un valor referencial de S/
2’645,835.70.
Se
le otorga el servicio como postor único a GMD con un valor ofrecido de S/
2,643.210.
También,
el 9 de julio del mismo año se contrata a GMD para hacerse cargo del
servicio de soporte, mantenimiento, garantía de los componentes de
infraestructura, hardware y software de la planta de certificación digital PKI.
El
valor referencial en este proceso fue de S/ 6,422.976 con postor único y
otorgado a GMD, que ofreció S/ 6,422.333 siendo la diferencia de sólo 643
soles.
Para
hoy miércoles 1 de marzo ha sido reprogramada la presentación de los ejecutivos
de GyM ante la comisión Lava Jato para que respondan sobre sus vínculos con la
empresa brasileña Odebrecht.
GMD ganó todas las contrataciones bajo la modalidad de postor único durante las
gestiones como funcionarios de Ernesto Aranda Vergara y de Javier Alvarado
Carvajal, quienes trabajaron primero en la ONPE, luego en Reniec y ahora en el
Ministerio de Educación.
Entre
los años 2011 al 2014, Ernesto Aranda Vergara fue gerente de Reniec, en tanto
que Javier Alvarado Carvajal fue subgerente en el 2010.
Entre
los años 2014 al 2016 los mismos funcionarios pasan a ser miembros del ‘staff’
de la ONPE, esta vez Aranda como gerente en 2014 y Alvarado como subgerente. En
la actualidad Javier Alvarado es jefe de la Oficina de Tecnología de
Información y Comunicaciones.
El
25 de enero de 2016, a través la Resolución Jefatural Nº 000020-2016 –J/ONPE la
ONPE acepta la renuncia de Ernesto Antonio Aranda Vergara al cargo de confianza
de gerente de Informática y Tecnología Electoral dándole las gracias por sus
servicios prestados.
En
tanto, el 1 de agosto del 2013 Reniec, a través de la Resolución Jefatural Nº
249 -2013/JNAC/RENIEC, resolvió aceptar la renuncia de Ernesto Antonio Aranda
Vergara al cargo de confianza de gerente de Certificación y Registro digital
del Reniec.
En
el caso de Javier José Alvarado Carvajal, el 22 de abril de 2014 la ONPE, a
través de la Resolución Jefatural Nº 0086-2014-J/ONPE, resuelve nombrar a
Javier José Alvarado Carvajal en el cargo de subgerente de la gerencia de
proyectos electorales de las Gerencia de Informática y Tecnología Electoral de
la ONPE.
El
12 de agosto de 2016, a través de la Resolución Jefatural Nº
000178-2016-J/ONPE, el organismo electoral resuelve aceptar la renuncia de
Alvarado.
Antes,
el 28 de enero del 2014, Alvarado Carvajal, renuncia a Reniec en donde
trabajaba como subgerente de Registro Digital de la Gerencia de Certificación y
Registro Digital.
La
exprocuradora y actual congresista Yeni Vilcatoma opinó que tanto GyM como
Enagas deberían estar incluidos en la investigación penal que se está
efectuando a la empresa brasileña Odebrecht en el caso del gasoducto del sur
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