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Gobierno designa dos
viceministros y un analista político para reorganizar la Dirección de Inteligencia
(DINI)
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La acusación constitucional contra el ex presidente
Alan García por el caso “narcoindultos” será debatida en 45 días en la subcomisión
de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que preside Solidaridad Nacional
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Expreso: magistrado César
San Martín se equivocó en el caso de la terrorista a quien la Comisión IDH ahora
manda pagarle cien mil dólares. No leyó peritaje de las supuestas torturas, según
Carlos Chipoco
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MEDIA COLUMNA
El gobierno
lo sigue pensando
Jorge
Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
La
Comisión de Defensa del Congreso aprobó esta semana la iniciativa que desde hace
cuatro años reitera incansablemente el congresista Carlos Tubino, de retomar la
política de interceptación de las narcoavionetas en vuelo, que vienen del extranjero
a llevar droga desde el Perú. Esa que fuera quince años atrás la política del gobierno
fujimorista, sigue siendo hoy la única que verdaderamente funciona contra el
narcotráfico. El gobierno, sin embargo, luego de cuatro años, lo sigue pensando.
Incluso
Devida, la institución que ejecuta la política antidroga, sabe que es lo único eficaz.
Su jefe declaró hace poco que se necesitaban los radares y sugirió donde
ubicarlos. Esta archidemostrado. Quince años atrás, las narcoavionetas venían
de Colombia al Huallaga a comprar hoja de coca, la materia prima. El derribamiento
de más de cien de ellas redujo en tres cuartas partes el área sembrada de coca
en el Perú. Simple ley de la oferta y la demanda: cuando los vuelos
disminuyeron significativamente por temor a ser derribados, la demanda cayó, el
precio se derrumbó y los cocaleros pasaron a cultivar otra cosa. Allí los esperaba
el gobierno con un programa para orientarlos.
Durante
el quinquenio de Toledo, un grave error humano causó el derribamiento de la avioneta
de una familia de misioneros norteamericanos. Estados Unidos retiró sus radares.
Toledo firmó un convenio vigente hasta hoy por el que suspendió la interceptación.
No vamos a especular aquí sobre la naturaleza del error que permitió poner fin
a la única política que ha funcionado contra el narcotráfico. La transcripción
de las comunicaciones entre las aeronaves ha sido publicada. El hecho es que hoy,
quince años después, el Perú sigue paralizado por ese convenio al que, evidentemente,
ha llegado la hora de poner fin, de manera respetuosa pero firme para con nuestros
socios americanos en la lucha antidroga. Así tengamos que poner nosotros toda la
red de radares necesaria para retomar la política antidroga correcta.
Obviamente,
ello requiere decisión política. Pero el gobierno humalista aun lo está pensando.
Las
narcoavionetas no vienen hoy ya desde Colombia. Vienen desde Bolivia y Brasil
al valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), a razón de una veintena
de vuelos diarios. Y no compran ya materia prima, sino el producto terminado: cocaína.
Lo que entonces funcionó, sin embargo –la ley de la oferta y la demanda-, volverá
a funcionar.
La decisión
política de interceptar nuevamente las avionetas con el marco legal adecuado, previo
protocolo internacional de señales universalmente conocido. La demanda se retraerá,
el precio se derrumbará, los cocaleros se pasaran a cultivar otros productos. Lo
saben desde hace décadas todos los expertos y opinólogos sobre este tema,
incluso los que se oponen. Así lo comprendió desde un principio el
parlamentario fujimorista, un respetado almirante de la Marina peruana, cuyo
proyecto recogió al fin esta semana la Comisión de Defensa, cuatro años después
de que fuera presentado. Pero el gobierno lo sigue pensando…
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo
como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
NARCOTERRORISMO, INTELIGENCIA, FFAA, DDHH,
USO DE LA FUERZA
Expreso
El 17
de abril de 1993, en el óvalo de la avenida Brasil, en Pueblo Libre, fue
detenida la emerretista Gladys Carol Espinoza Gonzales, junto a Rafael Salgado
Castilla, por un grupo de agentes de la División de Investigación de Secuestros
(Divise) de la Policía Nacional, en el operativo “Oriente”, que buscaba a los
secuestradores del empresario Antonio Furukawa Obara.
Los
padres de la mencionada sediciosa, Teodora Gonzales y Manuel Espinoza,
denunciaron que esta fue torturada y violada por sus interrogadores, según el
epígrafe 167 de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(Corte IDH) del caso ‘Espinoza Gonzales vs. Perú’, del 20 de noviembre de 2014.
Allí
se da cuenta que Gladys Espinoza, el 18 de abril de 1993, “padecía de lesiones
en la cabeza y los miembros superiores del cuerpo”, y en los días posteriores
se constataron otras contusiones, como un traumatismo encéfalo craneano, y al
mes siguiente una desfloración antigua con acto contra natura reciente.
Otro
es el asunto para el juez César San Martín, quien en pronunciamiento público
sostuvo días atrás que “el cuarto fundamento jurídico de la ejecutoria suprema
precisa, respecto a la tortura que denuncia la víctima, que durante el
desarrollo del juicio oral los peritos médicos señalaron que las lesiones que
presenta Espinoza Gonzales no resultan compatibles con una tortura; además la
pericia psicológica concluye que la peritada es una persona manipuladora para
obtener ventaja”.
San
Martín agrega que la Corte IDH “se limita a reproducir, en el juicio
supranacional, la opinión de un perito, pero no proporciona elementos objetivos
consistentes de la realidad de las supuestas torturas –que incluyeron violación
sexual–, ni criterios de valoración específicos que orienten el análisis de los
jueces ordinarios en sede interna”.
Pero
la Corte IDH ya había determinado “…que la valoración estereotipada de la
prueba por parte de la Sala Penal (…) que derivó en que declarara que la señora
(Gladys) Espinoza no fue víctima de tortura y, por tanto, en que no se ordenara
la investigación de los hechos denunciados, constituyó discriminación en el
acceso a la justicia por razones de género”, señala el ítem 307 de la
sentencia.
Independientemente
del subjetivismo de pensar que tan altos magistrados, como el mismo San Martín
y los vocales supremos Molina Ordóñez (fallecido), Palacios Villar, Barrientos
Peña y Lecaros Cornejo padecieran de prejuicios contra el género femenino,
según la Corte IDH, “lo más probable es que César San Martín no leyó los
informes de abril y mayo de 1993 del médico legista –que están en el citado
epígrafe 167– emitidos a raíz de las denuncias de los padres de Gladys
Espinoza”, afirma Carlos Chipoco Cáceda, master in law de la Universidad de
Harvard en asuntos de derechos humanos.
“Por
eso San Martín no acepta su error y ahora está en problemas, y, lo que es más
delicado, el Estado peruano no tiene por qué defender a violadores ni
torturadores; esto significa que si hubo estos problemas, debieron investigarse
en su momento, para de esta forma impedir que esos presuntos ilícitos lleguen a
la CIDH y a la Corte IDH, donde además la defensa del Perú por lo general es
pésima”, sostuvo Chipoco.
El
abogado además negó que sea cierto que en esos años de violencia hubiera una
política Estado en favor de las violaciones, como sostiene la Corte IDH, aunque
la Sala Penal de la Suprema debió ordenar una investigación. “Pero ya es tarde.
Ahora no nos queda más que acatar la sentencia de la corte supranacional, pero
debemos tomar medidas en salvaguarda de los recursos del erario público”,
agrega el también exlegislador del PPC, al indicar que la salida sería embargar
los pagos que debe hacer el Estado a Gladys Espinoza Gonzales a cuenta de la
reparación civil que le debe al Perú, que asciende a S/. 35 mil más intereses.
Tuvieron
que pasar 11 años para que la Sala Penal de la Corte Suprema, el 24 de
noviembre de 2004, dictara 25 años de carcelería por terrorismo a Gladys
Espinoza Gonzales, quien habría estudiado derecho en Cuba y que se integró
mucho antes a las filas del MRTA.
El Comercio
El
Gobierno Peruano designó finalmente a los integrantes de la Comisión
Reorganizadora de Alto Nivel de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI)
y al secretario técnico de la misma, a través de dos resoluciones supremas
publicadas en el diario oficial El Peruano.
La RS N°067-2015-PCM anunció que la Comisión
Reorganizadora de la DINI será
presidida por el señor Jakke Valakivi Álvarez, viceministro de Recursos para la
Defensa y los señores Mauro Medina Guimaraes, viceministro de Orden Interno del
Ministerio del Interior; Francisco Guerra García Cueva, analista político. Se designó
a Enrique Obando Arbulú como encargado de la Secretaría Técnica de la Comisión.
ELECCIONES, PARTIDOS, ENCUESTAS, MEDIOS,
PSICOSOCIALES
El Comercio
La
acusación constitucional al ex presidente Alan García por el Caso 'Narcoindultos'
se debatirá en 45 días en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales,
informó su presidente, José Luna (Solidaridad Nacional).
Expreso
A través
de las redes sociales, Alan García respondió ante la revelación de los informes
de la extinta Megacomisión.
“Gracias
a la “megacomisión”. Dice que “mis bienes y gastos están cubiertos por mis
ingresos netos”. Ahora vean cuentas de los Humala y Belaunde”, escribió en
Twitter.
García
también se refirió al decreto de urgencia que le permitió construir 52 colegios
emblemáticos, el cual –según refirió– también ha sido utilizado por el gobierno
actual.
“Critican
Decreto de Urgencia que permitió construir 52 colegios emblemáticos. Pero lo ha
usado este Gobierno. Que acusen a (el actual presidente Ollanta) Humala
también”, agregó.
El
exmandatario agregó que su Gobierno “usó normas de urgencia para colegios, agua
potable, hospitales; para crecer y dar empleo. Es la diferencia entre 8 % y 2
%” de crecimiento del producto interno bruto (PIB), en referencia al porcentaje
alcanzado durante su gestión y en la actual Administración.
El Comercio
Martín
Hidalgo
La Comisión de
Fiscalización acaba de
abrir una nueva investigación, esta vez para indagar sobre los aportes
recibidos por los partidos en la campaña del 2011. Sin embargo, este
grupo de trabajo registra investigaciones pendientes que tienen más de un año
congeladas.
La más llamativa, pues tiene de lejos el mayor tiempo
sin que se haya producido una sola actividad desde que se otorgaron
las facultades, es contra Keiko Fujimori.
Data del 2013 y nunca se efectuaron pesquisas.
La moción tramitada el 29 de mayo del 2013 propuso otorgar
facultades a la Comisión de Fiscalización por el plazo de 180 días para que se
investigue a Keiko Fujimori por el inmueble que ocupa, registrado
a nombre de Jenny Mery Kagami Fujimori, sobrina de Rosa Fujimori.
La moción dice que el origen de este inmueble “podría
ser consecuencia de delito, producto de dineros apropiados ilícitamente de
Apenkai y/o de las arcas de Estado”. De comprobarse esto último, Fujimori
estaría incurriendo en el delito de tenencia ilegal.
La moción también pide indagar sobre la venta por
US$669.500 de la casa ubicada en la calle Pinerolo, de propiedad de su familia,
dinero con el que, según Keiko Fujimori, se financiaron sus estudios en el
extranjero. El documento pide también ahondar en la compra del terreno en la
playa Toyo Seco-Puerto Fiel, en Cañete, por parte de la lideresa fujimorista.
En esa línea, los 12 congresistas firmantes también
propusieron, a través de la moción, que se lleven a cabo averiguaciones
respecto de cómo “solventa el holgado estilo de vida de su familia, si no se le
conocen ingresos ni empleo o propiedades registradas, siendo gerente de dos
empresas desactivadas y con deudas en Essalud”.
Casi 15 días después de presentada, la moción fue
aprobada en el Consejo Directivo del Congreso con votos de la bancada de Fuerza
Popular incluidos. Es decir, se le otorgó facultades a la Comisión de
Fiscalización para investigar a Keiko Fujimori.
Fueron ocho votos a favor, tres en contra y siete
abstenciones. De los ocho a favor, seis fueron fujimoristas.
También
están en espera el caso Helios iniciado en marzo del 2014, el caso Onagi cuya investigación
comenzó en abril del 2014, el caso de la Caja Metropolitana que se abrió en
junio del 2014.
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