ESTA NOCHE,
donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.
MENU DEL DIA
ü Teniente EP cobraba por aterrizaje de narcoavionetas en pistas clandestinas del río Satipo, Junín
ü
“Justicia atolondrada” llama
Ollanta Humala a la sentencia del TC que ordena seguir adelante con la
investigación de su esposa. Fiscal de la Nación está de acuerdo con la sentencia
ü
Comisión de Fiscalización del Congreso solicita a
la Presidencia la contratación de peritos grafotécnicos para examinar las
agendas
La opinión
en MEDIA COLUMNA representa exclusivamente a su autor. Usted puede reenviar y
publicar libre y gratuitamente cualquier MEDIA COLUMNA tomándola de este correo
o de
jorgemorelli.blogspot.com
MEDIA COLUMNA
Canje para frenar la informalidad
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
El ex ministro Jorge Baca Campodónico ha
hecho en Expreso una propuesta para frenar la informalidad removiendo buena
parte de la llamada “cuña fiscal”, el porcentaje que representan los impuestos
y aportaciones respecto del salario de los trabajadores.
Es claro que, a mayor cuña fiscal, mayor
informalidad dice-. Esos sobrecostos pasan en el Perú del 50% del salario. Y el
BID muestra que, pese al crecimiento entre 2007 y 2012, el empleo informal no
bajó mucho (de 80% a 74%). Con la desaceleración actual, habrá vuelto a
aumentar.
Basado en un experimento que el BID y el FMI aplican
con éxito en Jamaica, Baca propone que el Estado peruano ofrezca a las empresas
un canje, un ayni, un acto de provecho recíproco, un lenguaje que los peruanos
entienden.
A cambio de contratar trabajadores
formalmente, las empresas recibirían un incentivo tributario equivalente al total
del aporte previsional. Se otorgaría solo contra el pago de las aportaciones
previsionales durante todo un año. De manera que la empresa genera primero el empleo
formal y al final del año recibe el reembolso de las aportaciones mediante un
crédito tributario contra su impuesto a la renta.
El esquema no permitiría todavía la
formalización de las empresas informales –ya que no se ve por qué una empresa
informal habría de aceptar formalizarse a cambio de que le devuelvan solo parte
del impuesto a la renta que pagará-. Pero sí permitiría frenar la contratación
de trabajadores informales por las empresas formales. No solo pondría freno al
crecimiento de la informalidad, además. El esquema se autofinancia porque se paga
con ingresos que de otro modo el Estado no tendría. Y el ahorro en el sistema
previsional aumentaría la inversión.
A todo eso, desgraciadamente, se suma la
rigidez laboral. En el Perú, como se sabe, es más fácil divorciarse que
despedir a alguien. Esto obliga a revisar la sentencia del Tribunal
Constitucional que puso un candado a esta pesada cadena.
El mensaje, entonces, es que la
desinformalización de la economía depende de la reforma laboral, que es la otra
cara de la reforma tributaria. Y que, en las circunstancias actuales de la
economía global, de ellas depende la reactivación de nuestra economía. Las
cuatro juntas o ninguna.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las
siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas,
editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo
como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
LIBERTAD ECONOMICA,
GLOBALIZACION, REFORMAS, INVERSION
Peru21
Las falacias de Toyama
Aldo Mariátegui
Me escribe un experto: “Aldo, me indigna lo
falazmente escrito recientemente por el laboralista Jorge Toyama en El
Comercio, que esboza una falsa dicotomía “década de los 90 = antiobrero, década
actual = pro obrero”, más digna de un demagogo dirigente de la CGTPque la
de ese abogado serio de grandes empresas.
En los 90 la CTS se convirtió en un
derecho efectivo al depositarse cada 6 meses en una cuenta del trabajador. Las
horas extras se elevaron de 25% al 50%, para luego quedar en 25% las dos
primeras y 35% las siguientes. Se estableció un mínimo remuneratorio por trabajo
nocturno (35% sobre la RMV).
Se regularon las vacaciones y se impuso el
triple sueldo en caso el trabajador no las goce. La indemnización por despido
pasó a un sueldo y medio por año laborado. Se establecieron rígidos
procedimientos sobre las facultades del empleador para modificación de horarios
y jornadas. Se reconoció la pluralidad sindical (D. Ley 25593) . Se elevaron
mucho las multas. Lo que sí felizmente se eliminó fue la reposición por
despido, gran barbaridad creada por el asesor velasquista Jorge Rendón Vásquez
y profundizada por el laboralista rojo Carlos Blancas en el primer alanismo. A
ese desastre regresamos desde el año 2002 por culpa de la ideología
izquierdista de ese nefasto TC de los ‘sabios’ Javier Alva Orlandini, Delia
Revoredo y Víctor García Toma.
Este pobre Toyama parece sufrir de
esquizofrenia: se muestra un tremendo pro capitalista en los foros
empresariales donde van sus ricos clientes y un ardiente progresista en los
medios de prensa, la academia y los congresos en el extranjero, más si los
intocables ‘expertos’ (son charlatanes) de la OIT están allí
presentes”.
El Comercio
El
pleno del Congreso aprobó la
insistencia del dictamen que faculta a la estatal Petro-Perú a explorar y
explotar el lote 192, ubicado en la región
Loreto. A favor de dicho proyecto de ley votaron
74 congresistas, mientras que 10 lo hicieron en contra y cuatro se
abstuvieron.
Esta
insistencia fue aprobada previamente, a finales de setiembre, en la Comisión de
Energía y Minas por nueve votos a favor y cinco en contra, luego de que se
analizaran las observaciones del Ejecutivo.
En
sus observaciones, el Ejecutivo planteó incorporar un artículo que precisa que
la autorización para que Petro-Perú explote el yacimiento “será aplicable al
vencimiento del contrato de servicios vigente”, es decir el que existe con
Pacific Stratus Energy del Perú S.A.
El
Gobierno también advirtió que el proyecto del Congreso contraviene el contrato
con Pacific y que esta podría iniciar un arbitraje contra el Estado por daños y
perjuicios.
NARCOTERRORISMO, INTELIGENCIA, FFAA, DDHH,
USO DE LA FUERZA
La República
Tras
intensas reuniones de coordinación, oficiales de inteligencia de la Dirandro, agentes DEA y el equipo 2 de la
Segunda Fiscalía decidieron finalmente dar luz verde ayer a una operación que
pone en entredicho el rol que juegan los militares en el VRAEM.
Desde hace varias semanas, "Constelación", el programa de escuchas auspiciado por
la DEA,
tenía interceptados los
teléfonos del teniente Wilmer
Delgado Ruiz y de
otros cinco civiles porque había fuerte indicios de que estaban coordinando la llegada de avionetas de Bolivia en pistas
clandestinas del
río Satipo,
en el distrito de San Martín de Pangoa, provincia de Satipo, región de Junín.
El teniente Wilmer Delgado, de 35
años de edad y
perteneciente al arma de infantería, había prestado servicios en más de una
ocasión en el Comando Especial del Vraem desde hace siete años. El 2007
resguardó la base
contrasubversiva (BCT)
Sargento Rodríguez Cerro Judas, y desde el año
pasado, estaba al mando del BCT Alto Comaina 79, cerca de
la ciudad de Satipo.
Los contactos del oficial con las personas ligadas al narcotráfico se
habrían producido desde el año pasado. Los diálogos que
"Constelación" grabó dan cuenta de una relación de larga data, una
confianza plena entre el militar y
los narcos.
En algunas conversaciones,
el militar menciona sin mayor problema los montos
de dinero que
deberían abonarse a
una cuenta
bancaria por su
apoyo.
Según fuentes consultadas los pagos podían alcanzar hasta 50 mil soles mensuales por el ingreso planificado
de varios vuelos provenientes de Bolivia.
El equipo fiscal dirigido por la doctora Irene Mercado y la Policía lograron confirmar que los depósitos realizados por los narcos a la cuenta de un familiar del militar
suman hasta cien
mil soles. De acuerdo con la resolución de la fiscalía, el militar indicaba los días y las horas más seguras para que las naves decolaran y pudieran cargar la droga.
No se descarta que el "servicio"
ofrecido por el militar incluyera un cordón
de seguridad alrededor
de la zona del embarque de la ilegal mercancía para evitar posibles operativos
policiales.
El militar fue intervenido por el fiscal Manuel Castro y un equipo
policial cuando se disponía a almorzar en un restaurante ubicado en el distrito
de Mazamari, provincia de Satipo.
Si bien las autoridades tenían la orden de captura, optaron por
esperar que el efectivo saliera de su base militar para capturarlo en forma
sorpresiva y evitar posibles confrontaciones con personal militar.
Tres de los narcotraficantes con
quienes Delgado Ruiz habría coordinado
los vuelosfueron arrestados ayer por agentes
antidrogas, pero solo el teniente fue trasladado en un vuelo especial
a Lima. Él
permanecerá en los calabozos
de la Dirandro por
15 días.
Los narcos presos eran conocidos como "Los
Lápiz", una de las firmas que operan en la selva de Satipo
desde hace años.
De acuerdo con las conversaciones chuponeadas por la Dirandro, el oficial señalaba
que los pagos eran de conocimiento de sus superiores. Hasta el momento no se
determina si el militar usaba el nombre de ellos o si realmente contaba con el
apoyo de estos.
Hasta el cierre de esta edición ni el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ni el Ministerio de Defensa daban a conocer su versión oficial sobre
el teniente investigado por el delito de encubrimiento y favorecimiento al
tráfico ilícito, menos por las medidas que adoptarán para cortar ese nexo de
corrupción.
El plan para capturar al teniente estaba previsto desde la semana
pasada pero inteligencia policial señaló una vez más que no había
condiciones para detener a los narcotraficantes que
coordinaban con el militar.
Un informe de La República del 2014 ya señalaba que entre seis y ocho avionetas aterrizaban sin problema alguno en pistas clandestinas para recoger droga
producida en el Vraem, según los cálculos del Comando militar de la zona CEVRAEM.
ANTICORRUPCION, PERSECUCION,
JUDICIALIZACION POLITICA
El Comercio
"La
justicia que tarda no es justicia. Como también la justicia atolondrada tampoco
lo es [sic]", enfatizó en Puno el presidente, Ollanta Humala.
Humala enfatizó
que le preocupa "la inseguridad jurídica que puede estar pasando por los
ciudadanos de a pie, que a partir de ahora probablemente no haya el concepto de
cosa decidida o cosa juzgada".
Más
temprano, Nadine
Heredia cuestionó la
decisión del TC para que continúe la indagación contra ellas y sus allegados,
entre los que están su hermano Ilan y su amiga Rocío Calderón. Los mensajes de
Heredia son similares al discurso de Ollanta
Humala en
Puno.
"El
TC revoca mi hábeas corpus en base a una sentencia excepcional sobre
criminalidad organizada y narcotráfico. Se equivocan, la mafia está en otro
lado", escribió ayer. “Con este fallo, no existe cosa decidida ni cosa
juzgada, cualquier investigación puede ser reabierta. Los ciudadanos están en
indefensión", sostuvo.
El Comercio
El
fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, aseguró que está de acuerdo
con la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que dispuso que continúe la
investigación a la primera dama Nadine Heredia por el supuesto delito de lavado
de activos.
Sánchez
garantizó “la objetividad, imparcialidad y la independencia en el trabajo de
investigación de los fiscales”.
El
magistrado confirmó que la
investigación a Nadine Heredia y sus
allegados estará a cargo del fiscal Lizardo Pantoja, titular de la primera
Fiscalía de Lavado de Activos. El caso antes estuvo bajo la dirección
del magistrado Ricardo Rojas, quien regresó a su despacho de la Fiscalía
Penal de Lurín.
El Comercio
La
Comisión de Fiscalización del Congreso solicitó a la Mesa Directiva que
preside Luis Iberico la contratación de peritos grafotécnicos que puedan
examinar las agendas que se atribuyen a la primera dama Nadine Heredia.
Este
Diario accedió al oficio que la comisión presidida por Gustavo Rondón
(Solidaridad Nacional) presentó a Iberico. En el documento se
solicita "la contratación de los servicios profesionales de peritos
grafotécnicos, para que realicen el examen pericial sobre el contenido de las
agendas que supuestamente pertenecerían a Nadine Heredia".
La
semana pasada, el Ministerio Público tomó
juramento a
los dos peritos que se encargarán del examen grafotécnico a las
libretas atribuidas a la primera dama. Esto es parte de la investigación
por presunto lavado de activos por los aportes al Partido Nacionalista en las
campañas del 2006 y el 2011.
Para
proceder con el análisis, los peritos necesitarán que Nadine Heredia entregue documentos privados o
públicos que contengan textos manuscritos suyos realizados entre el 2002 y el
2006. Además, la primera dama tendrá que escribir delante de los especialistas.
Correo
Ausencia total de mea culpa
Iván Slocovich
Increíble y preocupante que ante la andanada
de golpes que esta semana ha recibido el gobierno, tanto el presidente Ollanta
Humala como su esposa y sus ayayeros insistan en que los problemas no son por
sus acciones, muchas de ellas de alcance penal, sino por culpa de la oposición,
de los medios o de desleales que deberían explicar su proceder. O estamos ante
un grave caso de miopía política o es que esta gente no tiene el menor reparo
en mentir y creer que los peruanos somos tontos.
(…)
La República
En
su más reciente columna, el periodista César Hildebrandt no solo denuncia que
el Ejército lo estaría 'reglando' por órdenes de Ollanta Humala,
sino que afirma que el presidente de la República debería ser vacado del cargo
pues, asegura, no garantiza que la transición al siguiente mandatario se
realizará de forma democrática.
“Mi
tesis, modestamente, es que este dúo (Ollanta Humala y Nadine Heredia) no
garantiza un proceso electoral mínimamente democrático. Quizá sea hora de
pensar en otras vías. Una de ellas sería declarar, por razones morales más o
menos evidentes, la vacancia de la presidencia”, indicó en su columna de Hildebrandt en
sus Trece.
De
este modo, sigue Hildebrandt, la presidencia sería tomada por
Marisol Espinoza, quien renunció hace poco a Gana
Perú. Ella, “con
un gabinete abierto y de consenso, sí podría asegurar una transición limpia y
una sucesión democrática sin sobresaltos”.
ELECCIONES, PARTIDOS, ENCUESTAS, MEDIOS,
PSICOSOCIALES
Expreso
Se
juegan su última carta. En medio de la crisis política que afronta el Gobierno
por las acusaciones de corrupción contra la primera dama Nadine Heredia, el
exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Milton von Hesse, anunció
que será precandidato del Partido Nacionalista a la Presidencia de la
República, luego que el extitular del Interior, Daniel Urresti, declinara de
representar al oficialismo en las elecciones generales del año 2016.
En
declaraciones a un medio de comunicación local, Von Hesse manifestó que tomó
esa determinación a pedido del mandatario Ollanta Humala y algunos congresistas
oficialistas.
Dijo
que recibió una carta del Partido Nacionalista, firmada por el vocero de la
bancada Hugo Carrillo y Ana Jara, Teófilo Gamarra, Emiliano Apaza, José
Urquizo, Rubén Coa, Johny Cárdenas, Josué Gutiérrez, Fredy Otárola y Ana María
Solórzano.
Daniel
Urresti dirigió una carta al presidente Ollanta Humala, en la que afirmó que se
debe enfocar en el proceso judicial que afronta por la autoría mediata del
asesinato del periodista Hugo Bustíos.
Expreso
“Esta precandidatura es contradictoria, porque
Milton von Hesse viene de las canteras del fujimorismo, él se inició como
funcionario en la década del 90, y ahora Nadine Heredia despotrica del
fujimorismo”, sostuvo la congresista Martha Chávez.
El Comercio
La Comisión de
Constitución del Congreso aprobó en sesión
extraordinaria el dictamen sobre financiamiento público y privado a los
partidos políticos, que considera la participación de los organismos
electorales y la Contraloría General en la fiscalización del uso del
financiamiento público.
El
titular de esta comisión congresal, Fredy Otárola, precisó que la iniciativa
recoge los planteamientos formulados por los organismos electorales.
“Hemos
dado un gran paso para lograr la transparencia en las aportaciones que reciben
los partidos políticos, con la participación de los órganos electorales y la
Contraloría General”, apuntó.
De
acuerdo al proyecto aprobado, la Oficina Nacional de Procesos Electorales
(ONPE) colaborará con la Contraloría de la República en el suministro de
información para fiscalizar el financiamiento público directo.
Los
partidos o alianzas que hagan uso indebido de este financiamiento serán
sancionados con una multa equivalente a no menos de diez veces ni más de 30
veces el monto usado indebidamente.
En
caso de persistir el incumplimiento en el pago de dichas multas, las
organizaciones partidarias y políticas podrían perder su inscripción.
Respecto
al financiamiento privado, el texto establece que las aportaciones privadas de
personas naturales o jurídicas, ya sea en efectivo o en especies, no debe
superar las 200 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) al año.
Se
ha propuesto modificar el artículo 46° de la Ley de Radio y Televisión para que
la contratación de publicidad electoral se realice en igualdad de condiciones y
con tarifas mínimas para todas las organizaciones políticas, las mismas que no
deben ser superiores a las cobradas por publicidad comercial entre privados.
No hay comentarios:
Publicar un comentario