ESTA NOCHE,
donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.
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üAldo Mariátegui: “Según intensos rumores,
Humala va a aprovechar los feriados de esta semana para capturar los ascensos
del Ejército con su promoción y la de Antauro”
üGeneral EP en retiro Leonardo Longa: “los puestos clave en los que se encuentra la
promoción de Humala servirían para que estos puedan realizar una manipulación
en las elecciones de 2016”
üCarlos Gálvez (SNMP) sobre Las Bambas: “Todos
los que estaban en el trayecto del mineroducto iban a cobrar por servidumbres
de paso. Cuando cambió el propietario, no tenía lógica hacer el mineroducto”
üComunidades de Las Bambas quieren hacer el
transporte de concentrados, pero ya hay un contrato firmado con una empresa para
el traslado a Arequipa y por tren a Matarani
üKeiko Fujimori: "lo que causan los insultos
en nuestro país es que pierde quien los dice. Así que no me merecen ningún
comentario estas aseveraciones intolerantes (de Mario Vargas Llosa)"
üJuan José Garrido (Peru21): “A mí me habría gustado escuchar a Mario… haciendo
un
übalance de este gobierno (antes de volvernos
a iluminar sobre sus preferencias electorales)… Sospecho, en todo caso, que,
sin dicho balance, a la mayoría de peruanos ya no le volverán a vender el
cuento del garante”
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MEDIA COLUMNA
Torre derrumbada
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
César San Martín es el juez que exculpó a Ollanta Humala del caso Madre
Mía. El secretario de San Martín cuando
fue presidente de la Suprema es un miembro actual del Tribunal Constitucional.
Hay opiniones en el sentido de que es a él a quien se refiere una de
las agendas atribuidas a Nadine Heredia en la ya harto conocida anotación sobre
el tal “Ojitos”, que se habría reunido con San Martín a tratar el caso Madre
Mía. “No te preocupes”, concluye la anotación en la agenda, tranquilizando al
destinatario de la información.
Las agendas ya son objeto de investigación tanto por la Fiscalía como
por el Congreso. Y la identidad de “Ojitos” no será un misterio por mucho
tiempo.
Pero la sola sombra de la duda respecto de la referida anotación debería
ser razón más que suficiente para que el magistrado del TC en referencia se
inhiba cuando el próximo miércoles 14 le toque al Tribunal ver el recurso presentado
por la Fiscalía contra la resolución judicial que excluyó a Nadine Heredia de la
investigación de la Fiscalía sobre los aportes extranjeros a las campañas humalistas.
Tanto más cuando el TC acaba de cambiar las reglas y bastan ahora
cuatro votos (antes eran cinco) para resolver esta materia.
De otra parte, en el juicio de Madre Mía, Omar Chehade fue el abogado
defensor de Humala. Chehade, por lo tanto, sabe todo sobre el caso Madre Mía. Y
este díscolo personaje se halla hoy expulsado de la bancada y del partido nacionalista
y afirma que su expulsión se debe a una orden de Nadine Heredia.
Uno diría que hay elefantes balanceándose sobre una torre derrumbada.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido
seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo
como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
-(Usted) fue pasado a retiro pese a ser primer puesto de su
promoción. ¿Hasta ahora qué respuesta
ha obtenido del Ejército sobre su reincorporación?
Ninguna.
El Ejército y el Ministerio de Defensa están desobedeciendo una orden judicial
sobre mi reincorporación, y esto es preocupante porque no solo es mi caso sino
el de muchos coroneles y generales que tenían proyección para seguir
ascendiendo. Esto definitivamente beneficia a la promoción de Humala, como se
ha comprobado con la denuncia del Plan “Polo Verde”.
-¿Usted cree que con la presencia de militares
cercanos a Humala dirigiendo el Ejército exista la posibilidad de un golpe de
Estado?
Sí
existe, pero tengo información de que eso ya ha sido, por el momento,
descartado en el círculo del Presidente. Lo concreto es que los puestos clave
en los que se encuentra la promoción de Humala servirían para que estos puedan
realizar una manipulación en las elecciones de 2016.
-¿Cómo lo harían?
Ellos
aprovecharían la organización territorial que tiene el Ejército y la misión de
dar seguridad al material electoral. Resulta sospechoso que a la fecha en
puestos operativos y administrativos exista casi un 70% de oficiales que
pertenecen a su promoción o son de su arma, artillería. El plan de ellos no sería
ganar las elecciones sino obtener la mayor cantidad de congresistas en
provincias, donde la fiscalización es menor, a diferencia de Lima… La promoción
de Humala hará proselitismo político para las elecciones de 2016.
(…)
-¿Y solo es el Ejército o hay otras instituciones?
Me han
informado que funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional
(Sedena), dirigida por el amigo y compañero del presidente Humala, Marco
Miranda, quien tiene poca experiencia en seguridad nacional, viene realizando
viajes al interior, donde tendría coordinaciones con fines proselitistas con
gobernadores regionales y alcaldes.
(…)
-¿Por qué cree que no ha sido citado hasta hoy en
la Comisión de Defensa?
Los
irregulares ascensos, cambios de colocación e inexplicables pases a retiro al
parecer tienen poca importancia en esa comisión, que casualmente la dirige un
nacionalista. Sería mejor que la Comisión de Fiscalización investigue estos hechos.
(…)
Hay
una evidente politización del Ejército, se debe reorganizar para que en los
ascensos de este año la promoción de Humala no termine de coparlo.
(…)
Peru21
Columna de Aldo Mariátegui
Según intensos rumores, Humala va a aprovechar los feriados de esta
semana para capturar los ascensos del Ejército con su promoción y la de
Antauro. Peligroso que el “partido político más antiguo del Perú” (Basadre)
pierda así su institucionalidad. En el peor de los casos, será por amiguismo.
En el peor, solo para Dios sabe qué… ¿Amedrentar a la civilidad? ¿Manipular las
elecciones? ¿Golpismo de guante blanco? ¿Soltar tranquilo a Antauro? De suceder
este acaparamiento en los mandos, esta también será una gran responsabilidad
del premier Cateriano y del ministro de Defensa.
El
epicentro de la nueva ofensiva antiminera es el corredor de Las Bambas,
Abancay, y de allí apunta en dirección al yacimiento de Antapaccay, en lo que
fue Tintaya, en las alturas de Espinar, Cusco, para pasar, como en otras minas,
de las supuestas deficiencias de los estudios de impacto ambiental (EIA) a la
exigencia de la licencia social y su adecuación al convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Una
ofensiva que en esta fase ha cobrado cuatro vidas y una treintena de heridos en
el paro de Apurímac, en la provincia de Cotabambas, y ha mostrado la vuelta a
prácticas senderistas del “juicio popular” que ha sufrido en carne propia un
exalcalde de esta localidad, Guido Ayerbe Quispe, por no estar de acuerdo con
las medidas de fuerza de los frentes de defensa provincial y distrital contra
la empresa china MMG que opera Las Bambas.
Por el
testimonio de Ayerbe y otros se supo que se está transmitiendo información
distorsionada desde Challhuahuacho y Tambobamba, como ocultar que esa zona ha
estado infestada de mineros informales a quienes se los ha visto en la última
huelga lanzando incluso cartuchos de dinamita, al estilo boliviano, aparte del
uso de “huaracas” u hondas letales para atacar con piedras a sus contrincantes
y a las fuerzas del orden.
Aunque
resulta que de las 17 comunidades campesinas que están en el entorno de Las
Bambas, tan solo la de Pumamarca tiene participación sistemática en los actos
de violencia, aunque esta práctica haya aparecido últimamente en otras
localidades, como en Challhuahuacho, donde durante los días del paro hubo
saqueos, ataques a restaurantes y amenazas de muerte. Por eso es que Gobierno
decreta el estado de emergencia el 29 de septiembre.
Y de
esa forma se quiebran tanto las buenas intenciones del empresariado minero, de
tender puentes políticos con el excura Marco Arana, por ejemplo, de Tierra y
Libertad, como se ha visto en el último cónclave de Perumín, cuanto la pacífica
convivencia de cerca de diez años con las comunidades lugareñas, primero con
Glencore Xstrata y luego MMG.
Hasta
aquí vemos que los políticos como Arana a nivel nacional y Verónika Mendoza en
Cusco, han recuperado la iniciativa, pero a costa de la incorporación de
prácticas del grupo terrorista Sendero Luminoso, como el mencionado “juicio
popular”, probablemente bajo el mando de elementos infiltrados provenientes de
la Universidad Micaela Bastidas o de activistas llegados de Espinar y otras
ciudades.
La
otra faceta de esta ofensiva no es tanto ambiental sino compartir negocios. Si
en la mina hay reservas de 952 millones de toneladas de cobre, Luis Rivera,
gerente de Operaciones de MMG, ha declarado a Caretas que “los dirigentes
tienen interés en acceder al transporte de concentrados”.
Pero
ya hay un contrato firmado con la empresa Transalpisa, la que además tiene
subcontratos para el traslado de los concentrados a la estación de Mata, en Arequipa,
materia prima que luego será trasladada por tren al puerto de Matarani, también
en Arequipa.
Otros
negocios a los que le han echado ojo son los restaurantes, hoteles y similares
con plazos contractuales vitalicios con MMG. Los que postulan a estos “emprendimientos”
no necesariamente son de la zona sino paisanos suyos que hace años salieron de
su tierra. Hasta aquí las posiciones de comerciantes y mercaderes.
Luego
vienen las ONG ambientalistas y de derechos humanos que están buscando el
pretexto de la falta de consulta previa en cada etapa de los expedientes
técnicos de los proyectos mineros, bien para impedir su funcionamiento, o para
negociar una participación del 10% en la explotación de los recursos de
subsuelo. Esta es su última pretensión, según versiones de un vocero del sector
que solicitó el anonimato.
Por
eso es que han puesto pica en Flandes en varios lugares. EXPRESO informó que la
comunidad cusqueña de Huisa ha interpuesto demanda de nulidad de todas las
autorizaciones para la explotación del yacimiento de Antapaccay a cargo de
Glencore-Xstrata en Tintaya, Espinar.
Hay
tres minas en Puno que corren la misma suerte: BHP Billiton, Aruntani SAC y
SurOeste SAC.
Incluso
se ha utilizado la misma figura con la petrolera Pluspetrol en uno de sus lotes
en selva.
En la
minera Río Blanco, ubicada en Huancabamba-Ayabaca, Piura, no hay día que no
haya amenazas por el tema de la licencia social.
Una
licencia, según el diccionario de la Real Academia Española, es un “permiso
para hacer algo”, en este caso para explotar la mina, cuyo uso ha sido
capturado por el ambientalismo antiminero. Y el pretexto de la licencia social
va amarrado, según ese punto de vista, al Convenio 169 de la OIT. Esto porque
para las ONG ambientalistas y de derechos humanos, el espíritu de la consulta y
la participación constituye la piedra angular de este convenio que exige que
los pueblos indígenas y tribales sean consultados en los procesos de desarrollo
y de formulación de políticas que los afectan.
Si no
hay esa consulta, o no la permiten con sus rondas campesinas, o pierden en los
procesos que han entablado en todo el país, obviamente el camino para ir a la
Corte Interamericana de Derechos Humanos estará abierto. Y ahí las ONG no
tienen pierde, como bien sabe el Perú.
En Río
Blanco, en Huancabamba- Ayabaca, Piura, en la zona de los territorios liberados
por la minería informal, hay una campaña diaria para obligar a la empresa a
retirarse por falta de licencia social.
Samuel
Labán Clemente, dirigente de la comunidad de Segunda y Cajas, amenazó a todo
aquel que “reciba algo del proyecto minero”, en especial a directores de
colegios y profesores, afirmando en la emisora Laser Star que “no se
responsabilizaba de lo que les podría pasar” en una empresa sin licencia
social. Estas declaraciones motivaron el rechazo del comandante de la Policía
Nacional de Huancabamba, Óscar Novoa, por ser amenazantes.
El
presidente de la central única provincial de rondas campesinas de Huancabamba,
Juan Rentería Rivera, hizo algo parecido, a través de radio Cutivalú,
enfatizando que no hay ni habrá licencia social para la minera.
El Comercio
Andrew
Michelmore, CEO deMMGLtd.,
la empresa que lidera el consorcio detrás del proyecto mineroLas Bambas, tiene algo en común con el
presidente Ollanta Humala: su defensa respecto a las empresas estatales en la
economía actual.
“Es
hora de dejar de juzgar y empezar a entender los retos y oportunidades que
presentan las empresas con participación estatal mayoritaria”, señaló
Michelmore en setiembre del 2013 en China.
Incluso,
en relación con casos como el de China Minmetals Corporation, socia mayoritaria
de MMG, afirmó: Siento una profunda responsabilidad de comunicar mejor la
realidad competitiva y comercial de las empresas estatales chinas”.
Este
ingeniero químico australiano ha visto amenazado esta semana uno de los activos
más importantes de la compañía a la que representa:Las Bambas, la segunda mina de
cobre más grande del mundo, cuya producción será más del doble de la producción
actual de MMG, y que fue adquirida el año pasado por US$7.000 millones.
Para
un ejecutivo que tiene más de 30 años de experiencia en la industria de metales
y minería, los conflictos sociales contra proyectos mineros no deben resultar
ninguna sorpresa. De hecho, Michelmore es miembro del Comité de Seguridad,
Salud, Medio Ambiente y Comunidad de la MMG Lmtd.
La
gestión de Michelmore en MMG –CEO desde el 2010– destaca por ser el primer
ejemplo de un ejecutivo occidental con autoridad de gestión al frente de una
empresa estatal china, afirma “Financial Times” (FT).
Oz
Minerals, su casa previa a MMG, fue llevada casi a la quiebra en el 2008 por la
crisis financiera internacional –antes de que en el 2009 China Minmetals
pague US$1.400 millones por la mayor parte de sus activos–, por mencionar
solo un caso. Hoy, este ejecutivo cuenta con la confianza del Gobierno Chino,
confianza que implicó un período de 18 meses para conocerse mutuamente, según
una fuente citada por FT.
El
mantra de negocios de Michelmore es el siguiente: “Las relaciones se basan en
la confianza. La confianza construye transparencia. La transparencia construye
soluciones. Y las soluciones guían a resultados”. Habrá que ver si para el caso
deLas
Bambasresulta
efectivo.
El Comercio
Fernando Vivas entrevista a Carlos Gálvez,
de la SNMP
(…)
Lo de
Las Bambas no es aislado, ya sabíamos que era el objetivo final de los
antimineros después de haber paralizado Conga, de haberse enfrentado para que
Tía María se retrase. El objetivo siguiente era Las Bambas.
— ¿No cree que el cambio de dueño (de Xstrata a
MMG) llevó a un cambio explicable de las reglas de juego y eso obligaba a un
trabajo de comunicación mucho más intenso?
No ha habido cambio de reglas de juego. El EIA es dinámico y tiene que ser
actualizado de acuerdo a la realidad. ¿Qué ha pasado? Que cada vez que hay un
proyecto minero, las comunidades empiezan a incrementarse. Hay quienes trafican
con eso. Todos los que estaban en el trayecto del mineroducto iban a cobrar por
servidumbres de paso. Cuando cambió el propietario, no tenía lógica hacer el
mineroducto.
(…)
— ¿Ha leído las tesis del posextractivismo?
He leído, y se dará cuenta de que están planteando una economía de autoconsumo,
para asegurarse el máximo nivel de pobreza para poder mantener los liderazgos
de las izquierdas. Porque donde no haya pobrezas no habrá izquierdas.
(…)
—¿Ha conocido en algún país el paraíso de la
minería armónica, con la cadena productiva completa?
Ese paraíso no funciona, está en la mente de un señor uruguayo [Eduardo
Gudynas] que no ha tenido minería nunca. ¿Cómo puede pontificar de lo que no
conoce? Los chinos que han pasado por la industria minera ya están concentrados
en la educación.
(…)
Aquí
hay una mesa de tres patas donde debe estar el Estado cumpliendo su rol de
redistribuir el ingreso…
Constituye
cerca del 40% de la economía mundial, 800 millones de personas, lo integran
potencias como Estados Unidos y Japón, pero sólo tres de los 11 países
latinoamericanos que lo pueden integrar forman parte de él. Y tampoco estáChina.
Se trata del Acuerdo
Transpacífico de Cooperación Económica(oTPPpor
sus siglas en inglés), un controversial acuerdo de integración económica que
este lunes firmaron Estados Unidos, Japón y diez países más de la Cuenca del
Pacífico.
Entre las naciones que formarán parte del bloque hay
tres países latinoamericanos: México, Perú y Chile. Y el gran ausente entre las potencias económicas
del Pacífico esChina, que no hace parte del TPPpor el momento.
El acuerdo, que todavía debe ser ratificado por los
respectivos países, sienta las bases para un súper bloque económico que
reducirá las barreras comerciales en las 12 naciones que participan en él. Los
otros países integrantes delTPPson Australia, Brunei Darussalam,
Canadá, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.
El compromiso fue alcanzado luego de cinco días de
negociaciones en la ciudad estadounidense de Atlanta. Pero las negociaciones llevaban cinco años en
curso, durante las cuales se produjeron varias demoras por diferencias en
patentes farmaceúticas.
El
nuevo bloque comercial abarca 800 millones de personas. Se estima que el acuerdo al que se llegó el
lunes puede aumentar la actividad económica mundial en US$200 mil millones
anuales.
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