ESTA NOCHE lunes 11 setiembre 2017

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Malas buenas noticias  

Jorge Morelli

@jorgemorelli1 
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Rebosante de optimismo, Elmer Cuba, el economista estrella de la campaña de Fuerza Popular, afirma (Gestión 7/9/17) que “se están dando las condiciones para repetir el crecimiento del año 2014 en adelante”.

En efecto, sus ojos no lo engañan. Lo que usted esta leyendo es lo que dice Cuba.

Según el principal asesor económico del partido más importante de la oposición, el alza de los precios de las exportaciones mineras estaría por llevarnos de vuelta a esos años dorados en que la economía peruana creció siete por ciento anual durante varios años y que cambió para siempre el perfil del Perú.

Transportado en alas del sueño, Cuba agrega, además, que la inversión privada ya dejó de caer.

Desconfiando con razón de tanta bonanza, el periodista le pregunta si el entorno político no frenará el crecimiento. Y la respuesta del primer asesor económico de la oposición es que ya en 2004 tuvimos un gobierno débil y eso no fue ningún inconveniente, porque “la economía lo jaló para adelante”.   

  

Si fuera verdad tanta belleza, no obstante, ¿cuál sería la necesidad del monstruoso shock de inversión pública (con déficit fiscal y endeudamiento fuera de control) que el gobierno está cocinando? Si la economía navega bien con el viento del factor externo, ¿para qué fuerza el gobierno el vetusto motor económico interno aun sin reformar?

¿Es este renacimiento económico uno a prueba no solo del gobierno débil sino también de una oposición con mayoría parlamentaria?

Seguramente, ya ha puesto Cuba al tanto de tantas buenas noticias a sus asesorados del primer partido de oposición y sus representantes en la comisión de Presupuesto del Congreso.

Pero, ¿son estas las noticias que ellos quieren escuchar?

   

REPORTE DE NOTICIAS en Internet

-Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas

temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican

sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.

GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA

ESTA NOCHE, Correo

El recurso de nulidad contra el proceso del fallo que declara inconstitucional la ley antitránsfugas, presentado por el Congreso el jueves 31 de agosto a través del abogado Aníbal Quiroga fue rechazado por cinco votos de los magistrados un día después –el viernes 1 de setiembre-, en sesión extraordinaria del Tribunal Constitucional (TC).

Una fuente informó que el magistrado Óscar Urviola fue parte de la votación. Recién tres días después, el lunes 4 de setiembre, Augusto Ferrero juró como miembro del TC en su reemplazo.

Otra fuente informó que las resoluciones del TC tanto sobre la "ley antitransfuguismo" como sobre el recurso de nulidad serían publicadas juntas el próximo miércoles 13 de setiembre.

El Comercio

“El presidente no es capaz de darse cuenta de lo que pasa en el país”, sostuvo la congresista de Fuerza Popular Rosa Bartra sobre el mandatario Pedro Pablo Kuczynski.

En Agenda Política, la presidenta de la Comisión Lava Jato agregó que el presidente en funciones es, realmente, el primer ministro, Fernando Zavala. "Es un gobierno necio, de lobbistas [...] Kuczynski está ausente y desconectado de la realidad”, añadió.

El Comercio

El vocero alterno de Fuerza Popular, Héctor Becerril, señaló que el jefe del Gabinete, Fernando Zavala, debería “dar un paso al costado en el premierato y quedarse con lo que él mejor sabe”, dijo, en referencia al MEF. Añadió que la economía está atravesando un proceso difícil y que el titular de esa cartera debería concentrarse en su sector.

El Comercio

El presidente del Congreso, Luis Galarreta (Fuerza Popular), sostuvo que son varios los sectores que piden cambios en el Gabinete. “Creo que (Kuczynski) puede refrescar en una visión mucho más política y más social”, dijo a la prensa.

El Comercio

Fuerza Popular decide el martes si apoya la censura contra la ministra de Educación,

Marilú Martens, interpelada por el Congreso el pasado viernes durante casi 14 horas.

Rosa Bartra sostuvo que al 75% del país le gustaría que Martens deje de ser ministra.

El Comercio

Carlos Bruce lamentó que Rosa Bartra haya referido que el presidente es, realmente, el primer ministro Fernando Zavala, y no Pedro Pablo Kuczynski. Dijo que las expresiones de Bartra son una falta de respeto.

Bruce indicó que en las dos últimas semanas se han intensificado los cuestionamientos fujimoristas contra miembros del Ejecutivo, por lo que parece que hay propósito de encubrir otros temas. “¿Qué ocurrió? Lo único que veo de nuevo es… la investigación relacionada a supuestos escritos de Marcelo Odebrecht sobre Keiko Fujimori”, dijo.

El Comercio

La lideresa del Partido Popular Cristiano (PPC), Lourdes Flores, se opuso a que la ministra de Educación, Marilú Martens, sea censurada en el Congreso. "La ministra no debe ser censurada porque me parece que es un momento en el que, mirando los intereses del Estado…, hay que reforzar la autoridad en un Gobierno al que no se le percibe fuerte", dijo.

Flores Nano atribuyó la principal responsabilidad política a Fuerza Popular.

A consideración de Lourdes Flores, hay la "amenaza de un radicalismo antisistema que está socavando la autoridad".

Flores Nano descartó cualquier tipo de conversación con el Gobierno para integrar el Gabinete.

El Comercio

El vocero de la bancada fujimorista, Daniel Salaverry, señaló hoy que en la reunión de mañana de su bancada se le pedirá sus descargos a las congresistas Yesenia Ponce y Marita Herrera. En el primer caso por presuntamente haber pagado S/.10 mil "como prebenda" al director de un colegio en Puente Piedra donde ella habría terminado de estudiar secundaria.

"Son denuncias muy graves", dijo Salaverry a la prensa. "Quiero que quede claro es que en Fuerza Popular no blindamos a nadie", aseveró.

En el caso de la legisladora Marita Herrera, integrantes de la Comisión de Ética consideran oportuno abrir un proceso para investigar a la fujimorista por realizar “viajes fantasma” durante la semana de representación.

NARCOTERRORISMO, INTELIGENCIA, FFAA, DDHH, USO DE LA FUERZA

Expreso

El experto en terrorismo Luis Alberto Sánchez consideró que Sendero Luminoso se ha concentrado en el plan llamado ‘Nuevo Amanecer’, diseñado por el comité central senderista, que busca su resurgimiento.

El plan tiene tres fases, la primera a cargo de Movadef, que ve el tema de las universidades y los jóvenes. Son las escuelas de entrenamiento de SL.

Luego está el Fudepp, diseñado para organizaciones sociales, colectivos, sindicatos.

El tercero es la Coordinadora Internacional de Libertad por los “Presos Políticos” que tiene la finalidad de lograr la libertad de Abimael Guzmán y su cúpula’.Plantea que, mediante las protestas sociales, el Estado sucumba y para ello desestabilizar al Gobierno.

De acuerdo a Sánchez, después de la captura de Guzmán hubo un congreso nacional en 1993, en San Martín de Porres, donde se decide el fin de la lucha armada y acatar los acuerdos de paz.

Allí se decide la cuarta etapa del plan ‘Amanecer’, que se ejecuta mediante el Movadef.

“No han cambiado mucho en cuanto a ideología política, consideran que apenas se den las condiciones necesarias van a continuar con la lucha armada, aspiran a que los sigan miles de jóvenes, por lo menos 5 mil u 8 mil, lo que no tienen, pero los están captando”.

Lo segundo es infiltrarse en las protestas, lograr banderas de lucha, como el Conare Sutep con el tema del aumento a los profesores, y generar condiciones.

El Comercio

Poco se sabe sobre las características y condiciones de vida de los 309.038 docentes que laboran en las escuelas públicas. La última Encuesta Nacional a Docentes de Instituciones Públicas y Privadas (ENDO), elaborada en el 2016 por el Ministerio de Educación (Minedu), brinda precisiones sobre el tema.
¿Cuál es el perfil del maestro peruano? Según la ENDO, tiene un rostro femenino, una edad promedio mayor de 40 años, ingresos bajos y muchas veces cuenta con una ocupación adicional que le permita solventar sus gastos. Trabaja mayormente en zonas urbanas y no está satisfecho con la valoración que el Minedu le da a su labor. [Ver cuadro]

Fuente: Encuesta Nacional de Docentes de Instituciones Educativas Públicas y Privadas (ENDO) 2016

A diferencia de otras ocupaciones, el 63% de los docentes es egresado de un instituto superior pedagógico, mientras que un 36% ha estudiado en una universidad, cifra que se reduce al 24% en el ámbito rural.
El rezago también se da en el aspecto salarial. Según el portal Ponte en Carrera, una iniciativa del Minedu y del sector privado, el maestro actualmente ocupa los últimos lugares en el ránking de ingreso promedio de egresados, con S/1.350; es decir, un 39% de lo que percibe un egresado de la carrera mejor pagada (Geología).
Hugo Ñopo, investigador principal de Grade, opina que el problema de partida está en la formación inicial de los docentes. La educación, a diferencia de otras carreras, no atrae a los mejores estudiantes de secundaria.
“[Los estudiantes de educación] no solo ingresan con los puntajes más bajos a la universidad, sino que son entre uno y dos años mayores que los estudiantes de otras especialidades. Quiere decir que estos jóvenes intentaron más de una vez ingresar a carreras más prestigiosas, pero no lo consiguieron. Entonces, la docencia termina siendo un espacio de refugio”, explica.
Esta realidad se refleja en la encuesta. Solo la mitad de los educadores señala que eligió su carrera por vocación, mientras que un 24% dijo que lo hizo porque le gustaba la idea de trabajar con niños y adolescentes. En tanto, el 14% manifestó que era la única carrera que podía pagar o la única opción disponible en su área de residencia.
Los ingresos insuficientes, que son el principal reclamo del gremio, constituyen una preocupación recurrente para los maestros. Cabe recordar que el Minedu anunció –durante la reciente paralización del magisterio– que en noviembre próximo se incrementará el piso salarial de los docentes a S/2.000.
La creciente brecha salarial también se observa en relación con otros países. Según la Unesco, el ingreso anual de un docente de primaria en el Perú bordea los US$7.146, cifra por debajo de países como México o Chile, donde alcanza los US$14 mil y US$18 mil, respectivamente.
La ENDO, además, revela que cerca del 95% de los profesores públicos no está conforme con su salario, mientras que un 27% tiene una ocupación secundaria para financiar sus gastos. Más de la mitad de estos últimos opta por iniciar un negocio propio, frente a un 19% que elige trabajar en alguna otra institución pública o privada.
Estos factores impactan en la opinión de los profesores respecto a su carrera: el 18% de los maestros públicos no elegiría nuevamente su ocupación, mientras que un 56% no quisiera que alguno de sus hijos dicte en un salón de clases.
Frente a este escenario, uno de los principales desafíos que tendrá el gobierno será el de mantener los altos estándares en la contratación docente, así como el incremento progresivo de las remuneraciones, opina Ñopo.
Desde el 2014, unos ocho mil docentes han accedido a la carrera pública, mientras que 63 mil han ascendido y otros 23 mil han accedido a puestos directivos. “Las evaluaciones han sido impecables. Ingresaron ocho mil, pero se presentaron 160 mil; o sea, uno de cada veinte. La puerta de entrada se ha hecho bien estricta, no va a entrar cualquiera”, señala.
Sin embargo, los maestros desconfían de la Ley de Reforma Magisterial y piden su derogación. Un 39% de los encuestados afirma que esa normativa los perjudica, mientras que solo un 25% la identifica con posibles beneficios.
Las entidades educativas del Estado tampoco gozan de credibilidad entre los profesores. Un 34,1% confía poco o nada en el Minedu, mientras que esta cifra sube a 52% respecto a las direcciones regionales de educación (DRE).
Idel Vexler, ex viceministro de Educación, cree que la evaluación de desempeño, que se aplicará a los docentes de educación inicial, debería implementarse gradualmente a partir del 2018, pero convocando anualmente a evaluaciones de nombramiento y contratación docente.
En esta prueba, los resultados no han sido alentadores: de los 227.688 maestros que la rindieron, solo el 10,5% de los postulantes obtuvo el puntaje necesario para pasar a la segunda etapa del proceso.
“No digo que no se tengan estándares altos, pero esto tiene que ser progresivo y con una capacitación continua. Los maestros que no pasaron la prueba de nombramiento han seguido trabajando como contratados en el sector público. Eso es un absurdo”, opina.

El Comercio

Jaime de Althaus entrevista a Duberlí Rodríguez

(…)

- ¿Hay dirigentes magisteriales presos por atacar aeropuertos, bloquear carreteras o golpear a policías? 
Por lo que conozco a través de la prensa y por declaraciones del ministro Carlos Basombrío, quien se quejaba de que no se ordenara la captura de dos profesores que fueron detenidos en flagrancia porque estaban atacando a policías, no hay presos, pero el Poder Judicial no toma decisiones de oficio, toma decisiones a pedido de parte. En el caso de los dos profesores que fueron detenidos agrediendo a la policía, la fiscalía pidió comparecencia, no prisión preventiva, por razones que ellos deberán explicar. Pero a lo largo y ancho del país no conozco que se haya detenido a profesores y que se esté procesando.

— ¿Cómo se entiende que a una persona como Silvana Buscaglia, que le dio un empujón a un policía, le dieran siete años de cárcel y a estos profesores que atacan física y violentamente a policías ni siquiera se les dé prisión preventiva? 
El delito de resistencia a la autoridad, por el que fue acusada la señora Buscaglia, tiene como pena mínima ocho años, en tanto que el delito de homicidio, que es más grave, tiene como pena mínima seis años. La pena es desproporcionada, por eso el gobierno de Humala la indultó. A raíz del indulto, las salas penales de la Corte Suprema tomamos el acuerdo plenario de que esa misma conducta estaba recogida en otros tipos penales, por ejemplo, en lesiones contra la policía, que tienen penas absolutamente menores, entonces establecimos como criterio jurisprudencial que cuando se juzgara por esos hechos también se tuvieran en cuenta los otros tipos penales que recogen la misma conducta. Y establecimos que lo recomendable es que se pusiera pena suspendida en su ejecución de no más de cuatro años.

— El Ministerio del Interior me confirma que en los casos de estos dirigentes gremiales que tomaron aeropuertos, etc., la fiscalía ni siquiera les ha abierto investigación. Los fiscales no se atreven o están presionados. ¿No debería crearse una jurisdicción nacional para ver estos delitos? 
Creo que no se amerita, porque tendríamos que estar creando juzgados para cada protesta que haya. El tema, más bien, es que la fiscalía acopie la información que tiene y luego presente las peticiones que considere pertinentes.

— En el caso del ex presidente Toledo hay un conflicto entre la fiscalía y el juez Concha, que pide más elementos de prueba para enviar el cuadernillo de extradición, y no hay manera de ponerse de acuerdo. 
Es que los jueces tienen que poner un poco de orden. El proceso Ecoteva se abrió con comparecencia y luego, cuando llega el Caso Odebrecht, la fiscal pide que se varíe la comparecencia por detención. El juzgado del doctor Concha dio la prisión preventiva para Toledo y era necesario entonces tramitar ante la justicia norteamericana un arresto provisorio. Allí ha venido el entrampamiento. Concha ha dicho que al comienzo la fiscalía tenía ocho teorías acerca de la procedencia del dinero, pero cuando ya surge Odebrecht, se va reduciendo a esta fuente. Entonces, el juez le dice a la fiscal: “Dígame, de todas las fuentes delictivas con cuál me quedo porque tengo que mandar un expediente a EE.UU. y no puedo mandar una cosa muy floja porque lo pueden rechazar. El día 5 de setiembre la fiscal ya le remitió subsanando observaciones, pero ha pedido al juez unos días más para completar toda la información, me imagino la relativa a la colaboración de Maiman. Eso me parece muy bien. Felicito a la fiscal Villar, que ha presentado una solicitud bien fundamentada. El juez Concha acaba de conceder el tiempo adicional pedido.

— Pero, además, el Caso Toledo, siendo el mismo, resulta que se ve en dos juzgados distintos, y eso también es un problema para conseguir la extradición…
No necesitamos ser abogados para entender que una persona no puede ser perseguida ni castigada dos veces por el mismo hecho. Tengo el temor de que cuando lleguen dos solicitudes de arresto con fines de extradición, una vía Ecoteva y otra vía Odebrecht, la autoridad norteamericana se pregunte por qué tengo dos solicitudes por lo mismo. El sentido común me aconseja que debe juntarse. Lo he declarado mil veces, pero yo no puedo ordenar. Ya se han presentado dos pedidos de acumulación. En el Caso Odebrecht, Maiman, que también está comprendido en Ecoteva, pidió al juez Concepción Carhuancho la acumulación, pero el juez lo desestimó porque un caso ya estaba muy avanzado y el otro estaba empezando recién.

— ¿Quién toma la decisión de la acumulación? ¿No debería ser en todo caso la Sala Plena de la Corte Suprema o usted? 
No, no, se hace dentro del proceso, y dentro del proceso se tiene que hacer a pedido de una de las partes. El juez va a resolver pero en base a un pedido. Por lo que he escuchado a Concha y a Concepción en la Comisión de Justicia, dan a entender que, como han cambiado las circunstancias, ahora la acumulación es inevitable. Pero tiene que haber un pedido de las partes.

— Para bajar la impunidad habría que distritalizar la justicia poniendo en un mismo local a un fiscal, un juez y una pequeña carceleta para poder condenar a penas de días o semanas a pequeños delincuentes. La fiscalía tiene un programa, Un Fiscal en cada Distrito, para que el alcalde ponga el local, pero allí faltan el juez, la carceleta. ¿Por qué no hay coordinación entre la fiscalía, el Poder Judicial y el INPE para avanzar en esto? ¿El Acuerdo por la Justicia no sirve? 
Ese tema lo vamos a volver a abordar en el Acuerdo por la Justicia. En el tema de la violencia familiar, que genera la mayor carga procesal, tenemos un plan piloto de un módulo integrado en Villa El Salvador. Allí están juntos el médico legista, los jueces las 24 horas, el psicólogo, y hasta una ludoteca para los niños que puedan estar acompañando a sus madres. Antes se han establecido los módulos básicos de justicia en los que se integraban todos los servicios. Estaban la policía, el juzgado y la fiscalía, pero no ha avanzado más porque no hemos tenido los recursos económicos. Hemos pedido que se nos habilite el mecanismo de obras por impuestos para que las grandes empresas construyan locales judiciales. También hemos entregado un proyecto al Congreso para que habilite a los gobiernos regionales y a las municipalidades a invertir en infraestructura para el Poder Judicial y el Ministerio Público.

— Algunos jueces reciben coimas para acelerar un trámite o para orientar una decisión. ¿Ese punto cómo se va a arreglar? ¿Hay un ISO antisoborno? 
El problema principal del Poder Judicial no es la corrupción. Tengo 21 años en el Poder Judicial y vengo de provincias, yo lo conozco desde adentro. No niego que haya corrupción, pero considero que a nivel de jueces es excepcional. Si hablamos de 3.071 jueces que tenemos, no creo que más de 70 sean corruptos. Los 3.000 restantes son personas idóneas, íntegras, que hacen su trabajo con toda responsabilidad.

— De repente solo conversa con jueces que son honestos, como usted, pero hable con cualquier abogado penalista y le dirá que si quiere ganar su caso hay que pagar…
No niego [que se den esas situaciones], sería ciego si dijera que no hay corrupción, sí la hay. Nosotros tenemos mecanismos para combatir a la corrupción, como la OCMA [Oficina de Control de la Magistratura].

— Pero no tiene poder ni recursos…
Sí los tiene. Incluso tenemos una línea telefónica abierta para denunciar la corrupción. Yo he hecho una invocación a que el baluarte de la lucha contra la corrupción debe ser cada juez, porque cada juez tiene a su alrededor a su secretario de confianza y a los notificadores, por allí se filtra la corrupción.

— Hay jueces y fiscales que validan la usurpación de terrenos…
Nuestra debilidad está en no tener jueces titulares. Tenemos 800 jueces supernumerarios [suplentes] de 3.071, casi un tercio. Son abogados libres y los invitamos para cubrir las vacantes…

— ¿Ellos son los que están vinculados a las mafias?
Por ejemplo, quien liberó a unos delincuentes de Huaura fue un juez supernumerario. Al supernumerario le pagamos solo 3.100 soles. Mejor sería que a los que ya trabajan en el Poder Judicial, como los secretarios de sala o los relatores, los promovamos a ser jueces. Los he invitado a que sean jueces, pero ninguno me ha aceptado porque ganan más como secretarios o relatores que como jueces supernumerarios.

— ¿Por qué hay tantos supernumerarios? ¿Por qué no se nombran jueces titulares?
El CNM [Consejo Nacional de la Magistratura] está convocando a concurso progresivamente y entiendo que en un tiempo corto, a fin de año, vamos a tener por lo menos el 90% de jueces titulares.

— Una de las reformas que pidió la Asociación Transparencia fue eliminar la ratificación de los jueces por el CNM cada siete años y que haya más bien un sistema de evaluación permanente del desempeño...
El CNM nos ha hecho una propuesta para que, en lugar de que esperemos siete años para que los jueces envíen sus sentencias para que hagan una evaluación de nuestra producción, lo hagamos anualmente. Nosotros estamos en contra de la ratificación cada siete años porque es como estar con un pie afuera cada siete años. Quisiéramos que haya una ratificación automática cada siete años con la información anual…

— Pero debería haber un sistema interno de medición de rendimiento y productividad de los jueces que pueda eventualmente terminar en el retiro del juez si este realmente no funciona.
Esos son temas que lo estamos conversando con el CNM. Nosotros no nos oponemos a que tengamos un mecanismo de evaluación.

— Existe el reclamo para que el mandato del presidente del Poder Judicial pase de dos a cuatro años, a fin de que pueda llevar a cabo reformas profundas. Sin embargo, la sala plena se opone, porque sus integrantes quieren llegar a dirigir el sistema de justicia…
Gino Costa ha presentado un proyecto de ley en el Congreso para que el período del presidente de la Corte Suprema sea de tres años. Estoy de acuerdo con eso. Si uno tiene un plan de trabajo de largo alcance, en dos años es imposible. Mi principal propuesta de reforma es el expediente judicial electrónico, pero soy consciente de que eso va a demorar mínimo cuatro o cinco años. Yo la voy a empezar en octubre con la justicia comercial en Lima. Tenemos asegurado un crédito del Banco Mundial de 400 millones de dólares: 200 los da el banco; y la contraparte, el gobierno.

— El Poder Judicial pide autonomía para fijar su presupuesto, pero no puede controlar la enorme corrupción que hay en su administración. Las compras son un festín. Hay 23.000 trabajadores administrativos para 3.000 jueces. Es una relación de 8 a 1 que no existe en ninguna parte del mundo. Aquí hay un descontrol total. 
Toda reforma implica racionalización del personal. Por ejemplo, el expediente electrónico judicial va a conllevar que si necesitamos a 10 personas en una mesa de partes, ahora solo se necesitarán dos o tres. Ya tenemos más de un millón de notificaciones electrónicas. Si vamos a tener notificación electrónica, ya no vamos a necesitar gente que vaya en moto a llevar las notificaciones.

— ¡Pero justamente en Lima ha aumentado el personal en notificaciones de 183 a 196 pese a que ahora son electrónicas! 
Será para las notificaciones escritas, pero las notificaciones electrónicas imposible, porque eso es automático. En fin, ese es un dato que habría que verificar.

— Me dicen que parte del sindicato de trabajadores del Poder Judicial en Lima está controlada por el Movadef…
Eso es un tema que sí me preocupa, voy a reunirme con el ministro del Interior y le voy a pedir la lista de los adherentes que solicitaron la inscripción del Movadef en el JNE. También voy a pedir al JNE que nos haga llegar los nombres de todos los adherentes al Movadef. Luego de que tenga esas listas, voy a pedir a la gerencia del personal del Poder Judicial que me haga un cruce para saber si entre esas personas que han firmado están trabajadores del Poder Judicial, y tenga por seguro que si aparecen tomaremos medidas.

— Los sindicatos se oponen a la incorporación de los trabajadores a la Ley de Servicio Civil. El Poder Judicial está en desacato frente a esa norma. 
Tengo que respetar las decisiones institucionales. El propio Poder Judicial pidió la exclusión de la Ley Servir y los trabajadores también. Los trabajadores consideran que va a estar en riesgo su estabilidad. Este tema se debatirá cuando el Congreso vea el proyecto de la ley de carrera del servidor judicial. Allí se plantea la meritocracia, pero no dentro del ámbito de Servir…

LIBERTAD ECONOMICA, GLOBALIZACION, REFORMAS, INVERSION

El Comercio

La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional del Poder Judicial (PJ) revocó la prohibición que impedía a la constructora Odebrecht vender el proyecto Olmos en Lambayeque a un consorcio de la canadiense Brookfield y la francesa Suez.

El impedimento, pedido por la procuradora del Estado Katherine Ampuero —despedida en julio— había detenido la operación. Ampuero solicitó una orden que impedía a la firma la venta de acciones en Olmos, la misma que fue admitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional del PJ.

El Comercio

El dólar mantuvo la tendencia a la baja de la semana pasada. El BCR optó por comprar dólares para evitar una mayor caída en su cotización.

El dólar interbancario terminó en S/3,232; en casas de cambio se situó en S/3,24 en la tarde, y en los bancos se ubicó en S/3,32.

ELECCIONES, PARTIDOS, ENCUESTAS, MEDIOS, PSICOSOCIALES

La República

Tensión en el decanato

Mirko Lauer

Hay problemas económicos en el grupo El Comercio, algo de lo que no está libre ningún medio impreso en la era de Internet. No solo el emblemático diario está rindiendo menos, también buena parte de los negocios adquiridos como parte de una estrategia de expansión empresarial. Circula el rumor de que todo esto está creando tensiones.

Luego de algunos años de bonanza, en que era posible repartir utilidades anuales por encima de los US$ 100 millones, han llegado las vacas flacas. Muchos de los dueños tienen un reducido porcentaje de acciones, y básicamente viven de las utilidades que les llegan. Su descontento se refleja en los organismos directivos del grupo.

Este año hay un factor adicional. Algunos socios están atribuyendo los problemas a la dirección periodística que modernizó el diario hace un tiempo, con lo cual el descontento pecuniario corre riesgo de desbordarse hacia lo ideológico. Esto a pesar de que la modernización se hizo por los problemas económicos de un periodo anterior.

Algunos voceros de la extrema derecha (un sector sin diario propio) han detectado una oportunidad, y ahora venden la idea de que cambiar al director periodístico solucionará los problemas de esta hora. El argumento no solo es interesado, sino que no tiene real asidero en la realidad del negocio periodístico hoy.

La modernización de El Comercio fue el intento de poner al día a un medio vetusto, en las ideas, la gráfica, la técnica periodística. El objetivo era no perder la fidelidad de las clases media y alta que se estaban modernizando ellas mismas. Para ello aligeró su visión del mundo, redujo su formato, y liberalizó su práctica del periodismo.

Es probable que los socios afectados por la economía del grupo vuelvan, como en anteriores ocasiones, a presionar por la venta del periódico. Una opción que perciben más provechosa que vender sus acciones dentro del grupo mismo. El caso de referencia es la venta de El Tiempo de Bogotá por unos US$ 400 millones hace ya ciertos años.

En lo estrictamente ideológico, cabe hacer notar que entre los medios más volcados hacia la derecha no hay un solo caso de éxito económico, y en los impresos mucho menos. No es el liberalismo de centro-derecha el verdadero problema de El Comercio.