ESTA NOCHE miércoles 6 setiembre 2017

ESTA NOCHE miércoles 6 setiembre 2017

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MEDIA COLUMNA

Arroja la muleta

Jorge Morelli

@jorgemorelli1 
jorgemorelli.blogspot.com

El tránsfuga y el disidente son problema solo porque en una democracia de baja gobernabilidad, como la nuestra, ella depende de la mayoría parlamentaria.

La democracia, no obstante, es el sistema de gobierno que debería garantizar la gobernabilidad especialmente cuando el gobierno no tiene mayoría parlamentaria.

Una falla en la arquitectura del equilibrio de poderes, sin embargo, obliga a que el gobierno necesite desesperadamente mayoría parlamentaria propia o prestada para compensar la deficiencia.

La mayoría parlamentaria es, entonces, una muleta. Una prótesis que hace posible alcanzar solo una baja gobernabilidad.

Desde el momento en que nos resignamos a vivir con esa muleta, la gobernabilidad pasa a depender de que unos pocos parlamentarios se muden o no de bancada. Porque estos pueden darle o quitarle al gobierno o a la oposición la mayoría que desesperadamente necesitan.

Era solo cuestión de tiempo, entonces, que se intentara impedirle al parlamentario toda posibilidad de mudar de bancada.

Pero esa no es una solución. La prueba es que, en el caso que nos ocupa hoy, la llamada “ley antitransfuguismo” no logró impedir que una bancada del Congreso -la del Frente Amplio- se partiera en dos a pesar de las penalidades que sufriría.  

Es hora de arrojar la muleta.

La solución es corregir la falla en la arquitectura institucional que hace de la mayoría parlamentaria la única medida de todas las cosas.

Censurar ministros e insistir en leyes observadas por el Ejecutivo con solo la mitad de los votos de la única cámara son armas que le dan al Congreso un poder desmedido, que no tiene un contrapeso en la facultad del Ejecutivo de disolver constitucionalmente el Congreso. 

Retornar a la bicameralidad es una forma de devolver al equilibrio la relación entre Legislativo y el Ejecutivo, entre oposición y gobierno. 

Así, la gobernabilidad no dependará ya de una precaria mayoría parlamentaria siempre en feroz disputa entre oposición y gobierno. Y los parlamentarios, entonces, podrán cambiar libremente de bancada -y la propia mayoría parlamentaria cambiar de manos- sin graves consecuencias para nadie.

REPORTE DE NOTICIAS en Internet

-Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas

temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican

sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.

GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA

ESTA NOCHE (tomado de El Comercio)

“Viví dos días de zozobra y reconozco que sentí miedo, pero no a la muerte, sino a dejar pendientes, como los planes para pasear por el parque con los nietos y unir un poco más a mis hijos”, escribió en una carta publicada hoy el ex presidente Alberto Fujimori, padre de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y del congresista Kenji Fujimori.

La carta es publicada luego de su internamiento en una clínica desde el martes hasta el sábado de la semana pasada a causa de un mal cardíaco, donde el mex andatario permaneció inicialmente en la unidad de cuidados intensivos (UCI). Ello, según explicó, debido a un cuadro de fibrilación auricular.

“La UCI fue una antesala entre la recuperación, la discapacidad o la defunción”, comentó el ex mandatario y dijo esperar que un tercer episodio no tenga un “desenlace fatal”. “En estos casos hay que evitar las secuelas de este mal: uno de cada 6 puede quedar paralítico o cadáver”, escribió.

ESTA NOCHE (tomado de La República)

El lunes, el presidente Pedro Pablo Kuczynski y el premier Fernando Zavala tuvieron una reunión con una parte de la bancada de Peruanos Por el Kambio en la que se trató el tema del enfrentamiento entre el gobierno y la bancada.

Trascendió que en la reunión el presidente Kuczynski se habría referido al indulto posible al ex presidente Alberto Fujimori.

Peru21

El ministro de Cultura, Salvador del Solar, dijo el miércoles que un eventual indulto al ex presidente Alberto Fujimori  no es un asunto que se aborde en el gabinete. Puntualizó que la eventual liberación de ex mandatario es potestad del presidente de la República.

Cuando se le preguntó si renunciaría en caso se indulte a Fujimori, respondió que “cada uno de nosotros, dependiendo de si llega a suceder y cuando suceda, veremos cómo reaccionamos... en ese momento los ministros tomaremos una decisión", dijo.

La República

El presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski sostiene que su agenda política no puede ser modificada porque no puede reprogramar las visitas oficiales a Naciones Unidas y al papa Francisco en el Vaticano, previstas desde el 15 al 23 de septiembre. "Tengo una agenda que está dictada por los eventos en Naciones Unidas, hay una cena con el presidente de los Estados unidos, hay una reunión privada con el secretario de Comercio el fin de semana”, dijo.

La semana pasada, el Pleno del Congreso dejó en cuarto intermedio el permiso solicitado por el mandatario.

El Comercio, La República

El presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) manifestó que por ahora no se realizarán cambios en el Consejo de Ministros.

En este sentido, restó importancia a las declaraciones del primer vicepresidente, Martín Vizcarra, quien se ha sumado al pedido de un posible cambio en el Gabinete Ministerial.

La República

Nuevos aires y espacios políticos

Alvarez Rodrich

Aunque el presidente Pedro Pablo Kuczynski es renuente a cambiar ministros, la presión política que viene recibiendo, desde dentro y fuera del gobierno, podrían hacer inevitable que recurra a un relevo mayor al que él quisiera.

(…)

Lo que necesita el gobierno es un mejor accionar político y es para eso que va a necesitar mover algunas fichas en el gabinete.

A los pedidos interesados por razones subalternas del fujiaprismo –expresión de poder– y del partido ‘oficialista’ PpK –chambas en el gobierno–, se han agregado otros del cogollo presidencial que parecen anunciar el cambio evidente que se viene: “El gobierno necesita más visión política en el concepto responsable y positivo”, dijo el primer vicepresidente Martín Vizcarra el domingo.

El fujiaprismo, sus trolls y locutores exigen un corte radical que incluya no menos que a los ministros de Educación, Salud e Interior, además del propio premier Fernando Zavala.

(…)

Quizá un gambito en el que Zavala se ocupe solo del MEF, desplazando a Jorge Nieto a la PCM, con unos cuatro cambios más trayendo independientes con radar y conexión política para abrir nuevos espacios, y que tengan la confianza de PPK, podría ser, junto con una estrategia política que hoy no tiene, una solución para el gobierno.

ELECCIONES, PARTIDOS, ENCUESTAS, MEDIOS, PSICOSOCIALES

Correo

Según acuerdos del TC al que tuvo acceso Correo, hay un “plazo de 7 días hábiles (...) desde el día siguiente de la votación de la causa” para que los votantes en minoría (2 en este caso) puedan sustentar su posición.

Tras ello, los tribunos en mayoría (5) tienen “tres días hábiles” para ratificarse o rectificarse.

“Espero que esta semana el pleno del Tribunal con el nuevo magistrado Augusto Ferrero decida si se anula este procedimiento”, dijo Aníbal Quiroga.

“Yo no puedo haber salido del TC sin haber emitido un voto, sería inconstitucional si no se mantiene mi voto. Obviamente se tiene que mantener”, dijo Oscar Urviola. Detalló que él ha participado en la causa como “juez natural” y no Augusto Ferrero. Alertó que el recurso de nulidad buscaría “acomodar el TC a la conveniencia” del Parlamento.

Precisó que “es un derecho del magistrado observar o conocer la opinión de los que emiten votos singulares, pero no le obliga a cambiar su voto”. “No quiere decir que la votación queda suspendida y condicionada a la emisión de un voto singular”, subrayó.

Expreso

La bancada de Fuerza Popular considera que el recurso de nulidad del posible fallo del Tribunal Constitucional (TC) se justifica al haberse “quebrado la causa” con el ingreso de un nuevo magistrado, lo que permite retrotraer el proceso al informe oral.

“El abogado que está llevando la causa ha presentado un recurso [de nulidad] en vista de que se ha quebrado la causa al momento de salir un magistrado [Óscar Urviola] y entrar otro [Ferrero], porque el saliente no podrá ratificar su voto. Por lo tanto tiene que retroceder a nivel de informe oral”, dijo el portavoz de la bancada fujimorista, Daniel Salaverry. Agregó que tendrá que ser el nuevo magistrado, el que tome la decisión con respecto al fallo.

Héctor Becerril sostuvo que el Congreso está planteando la nulidad de todo el proceso debido a que Urviola no podrá votar, porque ha sido reemplazado por Augusto Ferrero. “En siete días los que han tenido un voto discrepante tienen que sustentar [su posición] buscando convencer a los magistrados con opinión contraria. ¿Cómo Urviola va a dejar un voto sin haber escuchado las ponencias?”, preguntó.

ESTA NOCHE (tomado de El Comercio)

La tensión entre la mayoría parlamentaria y el Tribunal Constitucional continúa en aumento, a la espera de la confirmación del fallo final de la inconstitucionalidad de la denominada ley antitránsfugas.

A la ya anunciada acusación constitucional que Fuerza Popular evalúa contra los magistrados del TC por la filtración de un borrador del fallo, ayer se sumaron dos posibilidades.

“Además de las acusaciones constitucionales, la nulidad de la vista de la causa es una opción y la presentación de una nueva ley es otra”, comentó Héctor Becerril.

La ratificación de la sentencia del TC debería darse, a más tardar, este viernes.

Correo

El as bajo la manga del fujimorismo para cuando el Tribunal Constitucional emita de manera formal su sentencia es la presentación de una denuncia constitucional contra los magistrados del máximo órgano de control de leyes.

Fuentes de la bancada “naranja” indicaron a Correo que un sector de los congresistas, especialmente los abocados a los temas legales y constitucionales, han recomendado a sus colegas y a la propia lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, tomar acciones que faculten al Congreso sancionar la filtración del fallo que se produjo desde el TC.

 “No se está haciendo una acusación apresurada, creo que en este caso los miembros del Tribunal Constitucional necesitan responder como corresponde ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, indicó el parlamentario Miguel Castro. “Esto amerita una acusación constitucional”, enfatizó. “Repito, esto amerita una acusación constitucional contra los magistrados del TC, porque hay una clara interferencia”, recalcó.

El vocero alterno de Fuerza Popular, Héctor Becerril, dijo que todavía no hay denuncia ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pero existe un “quiebre” en el proceso. “Tiene que volverse a fojas cero”, dijo.  “Si el proceso se ha viciado con muchas situaciones, creo que sí ameritaría que evaluemos una acusación constitucional”, precisó.

El primer vicepresidente del Congreso, Mario Mantilla (FP), respaldó la presentación de la denuncia constitucional contra los magistrados del TC.

Peru21

David Tolentino entrevista a José Luis Sardón

 (…)

…el reglamento establece que hay siete días hábiles para emitir el voto singular o el fundamento de voto, y una vez emitidos estos, hay tres días para el trámite de ratificación o rectificación.

Evidentemente, si es que en ese trámite de ratificación o rectificación algún magistrado cambia su punto de vista, ello tiene que volver a ser puesto en conocimiento de los demás y se tiene que ir a una segunda vuelta de deliberaciones. El procedimiento de emisión de una sentencia solo termina con la publicación de la sentencia.

(…)
-¿Se podría interpretar que hay presión para que convaliden esta decisión ya conocida? 
Lo que es evidente es que, al filtrar la información, se ha querido apurar la decisión.

-¿Este procedimiento podría configurarse como un vicio procesal?
Me atrevería a decir que es una irregularidad, pero tendría que analizar más y discutir con mis colegas cuál es el alcance de que eso haya ocurrido.

(…)

-El Congreso de la República ha presentado un recurso de nulidad. ¿Puede hacerlo pese a que la sentencia aún no ha sido publicada oficialmente?
No puedo adelantar opinión sobre eso, pero entiendo que eso se ha hecho.

(…)

-Se ha cuestionado que un magistrado saliente como el doctor Urviola haya afirmado una decisión como la que estamos hablando. ¿Podía hacerlo pese a que ya estaba de salida? 
Esa es una decisión que corresponde al Pleno del TC. El Pleno va a tener que discutir cuando se entreguen los votos singulares, allí va a tener que discutir y tomar una decisión al respecto.

-¿Cuándo saldría este fallo?
No me atrevería a precisar una fecha, porque el trámite de rectificación o ratificación se puede complicar.

(…)

El Comercio

Al borde de un ataque de nervios

Cecilia Valenzuela

(…)

Al sector keikista del fujimorismo no le conviene que se derogue la ley antitránsfugas. Pero no porque le irriten los parlamentarios inescrupulosos capaces de vender sus votos. Lo que le preocupa son los disidentes, los que puedan criticar los mandatos de su lideresa debilitada por la aparición de un ala liderada por su hermano y su padre.

Las últimas bravuconadas de los voceros de Fuerza Popular ocultan el colapso nervioso que se vive dentro de su partido. Si el TC deroga la ley que ellos evacuaron para arraigar su fuerza en el Legislativo, la imagen estrictamente jerárquica que Keiko Fujimori ha querido proyectar para imponer su autoridad se viene al suelo. Se derrumba. Contrastaría demasiado con la que su hermano Kenji viene construyendo. La verticalidad de una, frente a la paciencia y el sentido del humor del otro. El miedo que ella usa como herramienta, frente a la libertad con la que él se despacha en las redes sociales. Mucho para una dirigente política que quizá no lo está, pero sí se siente muy sola.

Los políticos olvidan que la autoridad se apoya en la tolerancia y el respeto, que no se gana imponiendo sanciones hasta por los codos, ni vengándose de quienes creen que los contrarían, peor si esa venganza daña la imagen del país en el extranjero o ante las Naciones Unidas.

La ley antitránsfugas es un despropósito, riñe con la realidad, la libertad y la democracia.

(…)

El Comercio

El mandato representativo

Ursula Letona

Los derechos constitucionales, incluidos los de participación política, son limitables en salvaguarda de otros. Por ello, es constitucionalmente válido y necesario que el legislador regule las condiciones y límites al ejercicio de tales derechos, siempre que estos resulten razonables y proporcionales.

Esta limitación se ha reflejado en la aprobación de las modificaciones al Reglamento del Congreso, en lo que respecta a los cargos de los congresistas al interior del Congreso y la importancia de la conformación de los grupos parlamentarios, en salvaguarda y respeto de la voluntad popular expresada en las urnas.

Cabe resaltar que el artículo 35 de la Constitución y la Ley de Partidos Políticos establecen que estos se constituyen en el primer estamento para aglutinar la fragmentación propia del pluralismo de la sociedad, con el fin de generar decisiones centralizadas e institucionalizadas que generen gobernabilidad. Asimismo, con relación al Congreso, se requiere que se permita una adecuada toma de decisiones por intermedio de los partidos (que forman los grupos parlamentarios) y no de representantes como personas individuales, partiendo de la premisa de que nuestra democracia se sustenta en el mandato representativo, que surge justamente como consecuencia del rol preponderante que asumen los partidos políticos, lo que ha derivado en que se deje de lado el concepto de mandato imperativo.

En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional en sendas sentencias ha señalado la prevalencia del mandato representativo sobre el mandato imperativo. Así, tenemos la STC 003-2006-AI-TC, fundamento 30, que señala que, tal como lo expresa el artículo 35 de la Constitución, los partidos políticos concurren a la manifestación y formación de la voluntad popular, representan el tránsito de una concepción individualista (mandato imperativo) a una idea comunitaria y social de la representación (mandato representativo), por ello (los partidos políticos) son pilar fundamental como expresión del pluralismo político y democrático organizado. Similar razonamiento se recoge en la STC 030-2005-AI-TC.

En esa misma línea, Carlos Blancas ha señalado que el sometimiento de los representantes a los partidos políticos no elimina ni modifica su independencia de aquello que caracteriza al “mandato representativo”, sin perjuicio de que en cierta medida se afecta su independencia política como consecuencia de que, en virtud de los partidos a los que representan, quedan comprometidos con la realización de los programas de los mismos, para lo cual y en virtud a los cuales fueron elegidos.

La democracia representativa que busque realmente la institucionalidad no puede sustentarse en el carisma o poder económico de candidatos, sino que debe sustentarse en un voto colectivo que se canaliza en consideración a propuestas que presentan las organizaciones políticas, aglutinando en el marco de ellas a los candidatos que se presentan para una representación nacional, regional o local.

Bajo esta premisa, es posible sostener que la limitación que los legisladores han previsto a los derechos de participación política, concretamente a ser elegido, se ejerce de manera institucional y colectiva, no de forma individual y personalista o, si se desea, “caudillista”. Nuestro ordenamiento y las demás legislaciones no admiten candidaturas individuales, ya que las postulaciones se efectúan a través de organizaciones políticas, por lo tanto, en la contienda electoral no participan personas individuales, sino organizaciones políticas por encima de la trayectoria de los candidatos. La democracia actual se sustenta en las ideas, propuestas, principios y planes de gobierno que presentan, en el marco de un proceso electoral, las organizaciones políticas.

Al momento de redactar el presente artículo, no se tiene conocimiento formal si realmente el Tribunal Constitucional ha tomado una decisión sobre la mal denominada ley antitransfuguismo. Por ello, pedimos respetuosamente al citado organismo que recuerde que el derecho a la participación política no es absoluto, y que la democracia no requiere más atomización ni caudillismo, sino de institucionalidad, a nivel del Parlamento y las organizaciones políticas representadas en él.

El Comercio

¿Transfuguismo o recorte de derechos?

Patricia Donayre

La resolución del Tribunal Constitucional que resuelva la inconstitucionalidad de la mal llamada ley antitransfuguismo genera un escenario en el que se apela a argumentos fuera del contexto constitucional para desacreditar el fondo del hecho.

Estamos ante un ordenamiento jurídico con vacíos normativos trascendentales en materia de regulación de partidos y ordenamiento de los mismos. Por ejemplo, no hay una vinculación de origen del representante elegido con su partido en razón de su afiliación y fidelización ideológica como base de su incorporación al partido y designación como candidato. Sin embargo, y a pesar de este vacío, se introducen regulaciones que sancionan conductas posteriores a las que califican de desleales o las pintan de “transfuguismo”.

Este es el contexto en el que nace la ley ahora cuestionada por inconstitucional. Una norma que no soluciona el problema de fondo (que es el fortalecimiento desde su fundación y desde su estructura de los partidos políticos), sino que ataca una conducta derivada ya de la elección.

La primera falla de la ley es que no define lo que supuestamente sanciona: el transfuguismo. Cuando en la legislación comparada y en doctrina, además de definirse, se distinguen claramente los supuestos de disidencia por razones de conciencia e ideológicas de aquellas derivadas de supuestos ilícitos o infracciones graves.

La segunda falla es que se aplica la misma sanción para supuestos desiguales. ¿Se puede dictar una misma regla sancionatoria contra quien renuncia a su grupo parlamentario, y contra quien es expulsado?

La respuesta es no, de ahí la clarísima infracción constitucional. La norma resulta doblemente lesiva cuando trata por igual a aquellos parlamentarios que renuncian a su grupo, con los que son separados o expulsados. Esta regla genera una vulneración al principio universal y constitucional de igualdad, ya que establece una prohibición general, sin tipificación expresa, de dos situaciones potencialmente distintas. La renuncia se sustenta en el principio del no mandato imperativo. La expulsión en supuestos de infracciones.

Además, se vulnera claramente el principio de igualdad cuando se prohíbe a un congresista formar un grupo parlamentario para ejercer los derechos funcionales que el Reglamento del Congreso establece, pues ello constituye un acto discriminatorio frente al resto de legisladores, colocándolo en una situación de aislamiento en nombre del interés del partido, que bajo el criterio de la norma impugnada está por encima de la voluntad popular.

En consecuencia, si el Tribunal Constitucional en su sentencia emplea el Test de Igualdad advertirá, sin duda, que la disposición impugnada es una medida legislativa discriminatoria y, por ende, infractora del principio de la igualdad.

Igualmente, advertirá que la norma, al no tipificar los casos de transfuguismo, incurre en arbitrariedad, careciendo de proporcionalidad y razonabilidad. Además de lesionar el derecho a la participación política, inherente a todo ciudadano, sea o no congresista.

No estamos a favor del desorden organizacional del Congreso. Estamos a favor de que se fortalezca el sistema de partidos. Pero no a costa de sacrificar derechos constitucionalmente establecidos. La reforma electoral que está quedando a medias obvia privilegiar el mecanismo de formación de partidos ideológicamente compactos. Obvia establecer la afiliación obligatoria para ser candidato a un cargo de elección popular con un mínimo considerable de años. Así como tampoco considera la elección de los candidatos mediante la elección universal de sus afiliados. Aspectos que no solo fortalecen sino que legitiman al partido y al que lo representa y crea entre ellos vínculos estrechos fuertes.

Las excepciones que después de subsanar estos vacíos puedan generarse deben también merecer una ley especial, una auténtica ley de transfuguismo que, estableciendo causales puntuales, imponga sanciones ejemplares a quienes ilegítimamente decidan separarse de sus bancadas.

La República

FP gruñón

Mirko Lauer

Como se debate en el programa 3D (La República TV) de esta semana, Fuerza Popular está agestado, y lo muestra por varias vías. Hay profecías de censura ministerial, algunas declaraciones destempladas, acusaciones a congresistas opositores de FP, y un cierto refuerzo del troleo en redes. ¿Qué los está irritando tanto? La respuesta está a la vista.

FP está enfrentando verdaderos peligros y una falta de verdaderos resultados. Entre los primeros están el avance del escenario Keiko-Odebrecht y la inconstitucionalidad de la ley antitransfuguismo. Dos desarrollos que ponen en jaque la autopercepción de superioridad político-moral en que se mueve la cúpula de FP.

¿Qué ha logrado FP a lo largo de un año? Quizás su principal actividad ha sido mantener el acoso al Ejecutivo, y eso termina siendo lo que define a la principal bancada opositora. Pero el Ejecutivo, con todos los problemas y sapos que se tiene que comer a diario, no va a desaparecer, y sigue gobernando.

Además el papel de acosadores del Ejecutivo, definible como una actuación ubicada varios grados por encima de la mera oposición, desgasta a sus practicantes. Hay congresistas FP a los que el celo ha colocado al borde de la caricatura. La aprobación general del Congreso anda baja, como en otros tiempos.

Un motivo para mejorar el humor de FP sería que la aprobación de Keiko Fujimori es la N°1 en las encuestas. Sin embargo el hermano Kenji le va pisando los talones con el N°2, y extrañamente casi todos los candidatos presidenciales del 2016 mantienen aprobaciones parecidas a sus votaciones de entonces.

Pero visto desde fuera, el poder parlamentario no ha hecho milagro alguno por la imagen de Keiko Fujimori. El espléndido aislamiento post-derrota electoral se mantiene, y hay una perceptible pérdida de capital político a futuro. Sus bonos han sido erráticamente invertidos en súbitos acercamientos y distanciamientos del Ejecutivo.

Las oscilaciones de la ex candidata surgen de que FP sigue en su vieja polémica interna sobre el camino hacia la presidencia, entre una línea dura nostálgica de los años 90 y una línea modernizadora. Luego hay la nueva pugna sorda, típicamente parlamentaria, entre los diversos intereses que se mueven debajo de las curules.

Pero visto desde fuera, el poder parlamentario no ha hecho milagro alguno por la imagen de Keiko Fujimori.

ANTICORRUPCION,  PERSECUCIÓN, JUDICIALIZAC ION POLITICA

Peru21

Para el Ministerio Público, las cosas están claras: el ex presidente del comité de Proinversión, Edgar Ramírez Cadenillas, y la ex representante legal de Odebrecht, Claudia Hokama Kuwae, se coludieron para favorecer, durante el gobierno de Ollanta Humala, a la empresa brasileña con la licitación del Gasoducto del Sur.

Así es como el fiscal Reinaldo Abia sustentó su acusación, a la que accedió Perú21, contra el ingeniero de hidrocarburos y la abogada. La misma fue presentada ante el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima el pasado 18 de agosto.

A Ramírez se le atribuyen los delitos de colusión agravada y negociación incompatible como autor, mientras que a Hokama le imputan colusión agravada como cómplice primario.

De acuerdo con Abia, el ex funcionario de Proinversión “faltó al principio de neutralidad al haberse concertado con Claudia Hokama” para beneficiar a la firma con la concesión, que fue otorgada en junio de 2014.

¿Cómo se habría materializado ese favorecimiento? De acuerdo a la Fiscalía, y como lo informó este diario en su momento, Proinversión “descalificó irregularmente” al consorcio con el que competía Odebrecht.

Esta maniobra generó, según la investigación, un perjuicio de US$136 millones para el Estado. Ese monto es la diferencia entre la propuesta económica que entregó el consorcio integrado por la compañía brasileña (US$7,328 millones) y la de su competencia (US$7,192 millones).

Peru21

¿Y los tiburones?

Juan José Garrido

El 23 de julio de 2014, el gobierno de Ollanta Humala le adjudicó a Odebrecht el proyecto Gasoducto Sur Peruano. Al día siguiente, jueves 24, Perú21 anunciaba la firma en portada, con una bajada que cuestionaba el proceso: “Consorcio descalificado en el proceso lleva el caso al Poder Judicial”. Y en el editorial de ese día, sostenía que, más allá de si el proyecto era necesario o no, “habría sido ideal que el concurso sea más transparente y, sobre todo, más estudiado”.

Perú21 corroboró las hipótesis en las siguientes semanas: en efecto, el proceso había sido guiado, desde el Ejecutivo, a través de ex asesores de la empresa Odebrecht (y/o sus empresas satélites). Señalamos, entonces (2 de julio), que Edgar Ramírez, cabeza del comité que brindó la buena pro, había brindado asesorías a Kuntur y Odebrecht. ¿Quiénes lo designaron? El presidente Humala y el ministro de Economía, Miguel Castilla. El ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, también conocía de la relación.

Pero ahí no acababan las denuncias. Los dos estudios de abogados que elaboraron los sustentos legales para descalificar a los postores habían trabajado para Odebrecht. Hasta el ministro Mayorga, como consultor, había trabajado para Odebrecht. Y ni así se armó un escándalo.

Resumiendo: no se tenían reservas probadas para el proyecto, se armó un equipo de ex asesores de una empresa concursante para armar el concurso, se eliminó a la competencia, se adjudicó un proyecto de US$1,300 millones en US$7,000 millones, y solo un par de voces se animaron a llamar la atención. Peor aún: la empresa constructora pretendía, vía Eleodoro Mayorga y el gobierno “nacionalista”, adjudicar una petroquímica (US$8,000 millones adicionales) a Braskem, filial de Odebrecht.

Ramírez ya está en la mira, pero aquí cortaron el jamón muchos más. Humala, Castilla, Mayorga, los estudios involucrados y otros más deberían pasar por la justicia. La pita, en casos de corrupción, no debe cortarse por el lado más débil. Sería una burla que caiga solo un funcionario de tercer nivel y que los verdaderos responsables sigan libres.