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MEDIA COLUMNA
Keiko Fujimori
mira
el campo de
batalla
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
jorgemorelli.blogspot.com
Imaginemos dos
orillas de un río, la del gobierno y la de la oposición. En ambas hay sectores
duros en los extremos y sectores moderados en el medio. Desde sus posiciones
elevadas, los sectores duros amenazan la otra orilla. El del lado de la
oposición blande el misil de la vacancia presidencial. El del gobierno aun
esgrime el misil de la disolución del Congreso.
Ahora están ojo
contra ojo. Se produce la caída del gabinete y el nombramiento de uno nuevo. De
pronto, como por arte de magia, hay una tregua, un “nuevo diálogo”.
Es un triunfo
momentáneo de los sectores moderados. Pero la comunicación de ida y vuelta a
través del río es demasiado formal, lenta, ineficaz. El diálogo ya ha naufragado
una vez en la travesía.
La tregua no
durará mucho. La comisión Lava Jato del Congreso, presidida por Fuerza Popular,
tiene plazos establecidos, no depende enteramente de la libre voluntad de la mayoría
parlamentaria. Ya ha citado y probablemente investigará al presidente
Kuczynski, lo que puede desembocar en una acusación constitucional y en la
vacancia. Y ha de citar aún a Alan García y también a Keiko Fujimori. ¿El
“nuevo diálogo” sobrevivirá a esto?
Keiko Sofía mira
el campo de batalla desde la altura de la orilla de la oposición. La suya es una
misión difícil. Tiene que defender al país del avance del radicalismo en el
terreno electoral. En el pasado el terrorismo ya intentó tomar el poder y fue
derrotado (por su padre). El radicalismo actual sabe que ya no tomará el poder,
pero ahora tiene el objetivo de impedir la inversión masiva que el Perú
necesita para el siglo XXI. Los movimientos sociales antimineros son su
herramienta política y el gobierno no encuentra el modo eficaz de hacerles
frente.
Keiko Fujimori preside sobre la oposición dura y la moderada. No
puede blindar al gobierno de las investigaciones que podrían precipitar su
caída. Tampoco apuntalar al gobierno pactando con él sin dejar espacio político
libre para el avance del radicalismo. No puede comprometerse con el destino del
gobierno, ni dejarlo caer abriendo la puerta al caos. Su margen de maniobra es
estrecho.
La salida eficaz
es construir un puente entre los sectores moderados de ambas orillas. De hecho,
el nuevo gabinete ya es un puntal en su lugar. Pero la columna central del
puente es un acto político fundacional: la libertad de Alberto Fujimori.
Es el símbolo de
la reconciliación del país en la medida justa para asegurar la gobernabilidad para
los próximos cuatro años. Basta que un emisario, un negociador discreto –el congresista
Kenji Fujimori puede ser la persona indicada- atraviese el puente cuantas veces
sea necesario llevando y trayendo propuestas entre Pedro Pablo Kuczynski y
Keiko hasta que estas tomen forma y sean puestas en vigencia.
Ese puente le
permitiría al Perú afianzar la estabilidad política para defenderse del
radicalismo y, al mismo tiempo, llevar a cabo las reformas institucionales que la
economía necesita urgentemente. Significaría para Pedro Pablo Kuczynski
gobernabilidad para los cuatro años restantes de su gobierno y para Keiko
Fujimori el mérito de salvar al Perú -que lo sabrá en su momento- sin
comprometer a Fuerza Popular en la suerte del gobierno.
Construir el puente
solo requiere decisión política.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican
sólo como una forma de reconocer el crédito
y agradecer la cortesía.
ANTICORRUPCION,
PERSECUCIÓN, JUDICIALIZAC ION POLITICA
El Comercio
La fiscal Sara Vidal ha puesto contra las cuerdas a su
institución tras archivar su investigación al ex secretario general de Fuerza
Popular(FP) Joaquín Ramírez y a Keiko Fujimori
por el delito de lavado de activos.
Entre los argumentos expuestos en su resolución sobre
el archivo de la indagación, de más de 200 páginas, la fiscal Vidal se apoyó en
la polémica casación 92-2017-Arequipa, del Poder Judicial, cuestionada días
atrás por el mismo Ministerio Público porque complicaría las investigaciones
por lavado de activos.
“Cuarto, según la casación N° 92-2017-Arequipa, se precisa de forma coincidente que el delito fuente constituye un elemento del tipo penal de lavado de activos”, se indica.
“Cuarto, según la casación N° 92-2017-Arequipa, se precisa de forma coincidente que el delito fuente constituye un elemento del tipo penal de lavado de activos”, se indica.
Agrega que la misma casación sostiene: “La imputación
debe comprender mínimamente el hecho del suceso fáctico que generó las
ganancias ilegales, tiempo y espacio en que ocurrió; todo ello para garantizar
el principio de imputación necesaria y el derecho de defensa del imputado”.
“Si solo se hace referencia al nombre iuris del delito fuente sin precisar ningún otro dato adicional, entonces no habrá delito fuente y en consecuencia faltará un elemento normativo del tipo objetivo derivando la conducta imputada en atípica”, explica Vidal en su resolución.
Joaquín Ramírez era investigado por un balance patrimonial que llegaba a US$7 millones.
“Si solo se hace referencia al nombre iuris del delito fuente sin precisar ningún otro dato adicional, entonces no habrá delito fuente y en consecuencia faltará un elemento normativo del tipo objetivo derivando la conducta imputada en atípica”, explica Vidal en su resolución.
Joaquín Ramírez era investigado por un balance patrimonial que llegaba a US$7 millones.
En su resolución, la fiscal también hace énfasis en el
Acuerdo Plenario del Poder Judicial 3-2010, que indica que el origen delictivo
debe ser un elemento de tipo penal que se pueda acreditar para poder procesar
un caso de lavado de activos.
La investigación que nació en el 2014 fue ampliada hasta en cuatro oportunidades. Esta semana llegó al plazo máximo –tres años– que permitía la norma bajo el antiguo Código Penal. Por ello, ya no pudo ser ampliada más.
De esta manera, se dejó fuera el peritaje que hace un año se encargó a la Policía Nacional para que analizara el desbalance patrimonial del ex secretario general de Fuerza Popular.
La investigación que nació en el 2014 fue ampliada hasta en cuatro oportunidades. Esta semana llegó al plazo máximo –tres años– que permitía la norma bajo el antiguo Código Penal. Por ello, ya no pudo ser ampliada más.
De esta manera, se dejó fuera el peritaje que hace un año se encargó a la Policía Nacional para que analizara el desbalance patrimonial del ex secretario general de Fuerza Popular.
Para Benji Ramos Espinoza, abogado de Joaquín Ramírez,
la fiscal Vidal ya no pudo ir más allá de lo que establecía la norma y solo
aplicó la ley.
Respecto a las declaraciones del piloto peruano Jesús Vásquez, sobre el presunto dinero que Keiko Fujimori le habría entregado a Ramírez, el abogado indicó que nunca se probaron tales afirmaciones. “Eso fue una fanfarria porque, más allá de eso, no da más referencia dónde o cuándo u otro elemento que lo corrobore, y no se ha tomado en cuenta”, remarcó.
Respecto a las declaraciones del piloto peruano Jesús Vásquez, sobre el presunto dinero que Keiko Fujimori le habría entregado a Ramírez, el abogado indicó que nunca se probaron tales afirmaciones. “Eso fue una fanfarria porque, más allá de eso, no da más referencia dónde o cuándo u otro elemento que lo corrobore, y no se ha tomado en cuenta”, remarcó.
Fuentes de la Procuraduría de Lavado de Activos
confirmaron a El Comercio que la próxima semana apelarán de la decisión de la
fiscal Vidal.
El Comercio
Desde Fuerza Popular han
sido sonoras las críticas a la decisión del fiscal José Pérez de investigar a Keiko Fujimori y
su esposo Mark Villanella bajo la vigente Ley de Crimen Organizado (Ley N°
30077) y el Nuevo Código Procesal Penal.
¿Pero qué implica
esta decisión? En principio, cabe recordar que el fiscal investiga a la
lideresa del partido Fuerza Popular por el delito de lavado de activos a raíz
del Caso Odebrecht y por los supuestos aportes irregulares que la organización
política habría recibido para la campaña electoral del 2016.
El abogado penalista
Carlos Caro explicó a El Comercio que
la calificación de un caso como crimen organizado depende de la fiscalía y no
está sujeta a control judicial. Además, en la práctica, no necesariamente se
hace un sustento de por qué se ha calificado así.
Es así que, si es
que no lo ha hecho ya en su disposición, el fiscal tendrá que establecer a
futuro si existe una organización criminal y detallar en qué consiste. “En
sentido estricto debería implicar que la fiscalía identifique en qué consiste
la organización criminal, quiénes son los cabecillas, financistas, quiénes ven
el aparato legal, las cuestiones operativas. Tendría que establecer el
organigrama”, indicó el especialista.
Caro apuntó también
que, bajo los términos de la Ley de Crimen Organizado, el fiscal puede tener un
plazo de investigación hasta de 36 meses.
“La consecuencia,
aparte del plazo de hasta 36 meses, es que el fiscal va a tener mucha más
facilidades y va a ser más rápido que pueda levantar el secreto bancario,
tributario y bursátil, pueda aplicar medidas restrictivas para los actos de
investigación —como allanamientos o incautaciones—. Es más fácil que el juez se
las de bajo el rótulo de crimen organizado”, comentó.
Otro aspecto a tomar
en cuenta, dijo Caro, es que los sujetos obligados a la prevención de lavado de
activos tomen con mucha más seriedad las operaciones bancarias que puedan
realizar a futuro. “En el caso de Keiko, ella es un personaje expuesto
políticamente, lo cual implica que las actividades bancarias que ella pueda
realizar van a ser doblemente observadas por los bancos”, señaló a este Diario.
Más temprano, en
diálogo con El Comercio, el
vocero de la bancada fujimorista Daniel Salaverry calificó la decisión fiscal
como “una jugarreta de la fiscalía para ganar tiempo, ampliar el plazo y poder
continuar con esta campaña de desprestigio y demolición” contra Keiko Fujimori.
“¿Quién en su sano
juicio puede creer que Keiko y su esposo lideran una organización criminal. No
tiene sentido”, manifestó Salaverry.
Por su parte, en
declaraciones a la prensa en el Congreso, la congresista Úrsula Letona criticó
que el fiscal recurra a otra figura legal. “Ya no es Keiko actuando sola la que
comete los delitos, sino que ahora lo hace asociada. Eso es de verdad escandaloso,
ridículo, preocupante en un estado de derecho”, dijo.
Refirió además que
el fiscal ha dictado una resolución sin mayores motivos, pues el sustento de
esa medida debería de tener algo de probabilidad. “No ha hecho ninguna mención
a algún elemento adicional que le haya permitido colegir que no se cometieron
los ilícitos en forma individual, como Keiko Fujimori, sino a través de una
banda. Esa vinculación entre la individualidad y el accionar en banda debió
reflejarse en la resolución y eso no existe […] El único indicio contra Mark
Vito es que es esposo de Keiko Fujimori, según la resolución”, cuestionó
Letona.
El fiscal también ha
pedido, vía cooperación internacional, información sobre LVF Liberty Institute,
ONG constituida en Estados Unidos que en diciembre del 2015 hizo un aporte a
Fuerza Popular de S/ 220.608, según información de la Oficina General de
Procesos Electorales (ONPE).
La Ley N° 30077
considera organización criminal a “cualquier agrupación de tres o más personas
que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y
ámbito de acción, que, con carácter estable o por tiempo indefinido, se crea,
existe o funciona, inequívoca y directamente, de manera concertada y
coordinada, con la finalidad de cometer uno o más delitos graves” señalados en
la misma norma. Entre ellos está el de lavado de activos, que es por el que se
investiga a Keiko Fujimori.
El Comercio
La ex candidata presidencial de Fuerza Popular Keiko Fujimori se pronunció esta mañana
sobre la decisión del Ministerio Público de investigarla a ella y a su esposo
bajo la Ley de Crimen Organizado.
Como se informó, la decisión fue tomada por el fiscal
José Domingo Pérez, quien lleva a su cargo la pesquisa por presunto lavado de
activos contra la lideresa del partido naranja.
Fujimori señaló que ha sido investigada por el
financiamiento de su campaña electoral del 2016 a través de cocteles por 18
meses, pero “el plazo venció largamente y nada encontraron”.
“Resulta que como ahora la fiscalía ‘necesita más
tiempo’, pretenden calificar mi caso como crimen organizado. Inaceptable. No
hay un nuevo sustento legal para que se continúe la investigación preliminar y
menos como crimen organizado”, manifestó Keiko Fujimori a través de mensajes en
Twitter.
Tras recordar que, como política, nunca se negará a ser
investigada, insistió en su cuestionamiento: “…Calificarnos de organización
criminal por hacer cocteles es el colmo”.
Cabe recordar que el fiscal José Domingo Pérez también
investiga a Keiko Fujimori por lavado de activos a raíz de actos de corrupción
de Odebrecht. Ello debido a información periodística de Brasil, en la que se
decía que la constructora brasileña había reconocido que entregó dinero a la
campaña de Fujimori.
Al despacho del fiscal también se derivó la anotación
hallada en la agenda de Marcelo Odebrecht: “Aumentar Keiko para 500 e eu fazer
visita”, que significa “aumentar Keiko a 500 y hacer una visita”.
El Comercio
A poco más de un año de gestión
parlamentaria, las cinco comisiones investigadoras aprobadas en el pleno del Congreso no avanzan su trabajo a
toda máquina. Una revisión de la labor de estos grupos arroja que hay tres que
no pudieron culminar su tarea a tiempo, por lo que pidieron ampliación de
plazo; una sesionará una vez al mes y la otra aún no se instala.
Lava Jato, que indaga los presuntos sobornos
de las constructoras brasileñas en el Perú, tiene un plan de trabajo avanzado:
interrogará a 40 personas hasta el final del presente año.
En junio pasado, esta comisión del Congreso obtuvo una ampliación de plazo por un año. Hasta la fecha, la comisión ha centrado sus indagaciones en Odebrecht y en OAS, aunque su indagación también abarca a las firmas Camargo Correa, Queiroz Galvao y Andrade Gutierrez.
“En este momento estamos trabajando con muchísima dedicación. Sesionamos cuatro veces por semana, a veces en doble horario, en los temas de la carretera Interoceánica, gasoducto sur peruano (GSP) y Línea Amarilla”, explicó su presidenta, Rosa María Bartra.
En junio pasado, esta comisión del Congreso obtuvo una ampliación de plazo por un año. Hasta la fecha, la comisión ha centrado sus indagaciones en Odebrecht y en OAS, aunque su indagación también abarca a las firmas Camargo Correa, Queiroz Galvao y Andrade Gutierrez.
“En este momento estamos trabajando con muchísima dedicación. Sesionamos cuatro veces por semana, a veces en doble horario, en los temas de la carretera Interoceánica, gasoducto sur peruano (GSP) y Línea Amarilla”, explicó su presidenta, Rosa María Bartra.
En un informe preliminar, el equipo de Salaverry acusó una supuesta colusión en el GSP, que implicaba a Ollanta Humala, Nadine Heredia y el ex ministro Eleodoro Mayorga. Desde junio, tuvo otras citaciones respecto al GSP, pero sin mayor relevancia.
La legisladora Gloria Montenegro, integrante del grupo de Salaverry, indicó que ahora están enfocados en el caso de la refinería de Talara, aunque admitió: “La semana pasada sesionamos, aunque antes de eso no nos habíamos reunido hace dos o tres semanas”.
La Comisión Madre Mía fue creada en mayo
pasado e inició funciones recién un mes después. Su presidenta, Úrsula Letona,
explicó que su grupo se ha reunido pocas veces –desde que se instaló, en junio–
porque “el acuerdo fue sesionar una vez al mes”. “Es un trabajo técnico, no
político. No queremos hacer un show de esto”, justificó.
El fujimorista Rolando Reátegui heredó la
presidencia de la Comisión de Fiscalización con dos investigaciones iniciadas
por su antecesor, Héctor Becerril: el Caso Chinchero y la muerte de Emerson
Fasabi, ex trabajador de Ollanta Humala. Sobre el primer caso, está
pendiente en el pleno un informe preliminar en el que piden una ampliación de
90 días. En cuanto a Fasabi, se llevan a cabo interrogatorios. “Hasta ahora
estábamos haciendo dos sesiones a la semana, pero desde la próxima semana
aumentamos a tres sesiones. Estamos acelerando, sin vulnerar derechos, para
terminar a tiempo”, refirió. Ante la lentitud de otros grupos, agregó que
indagará los casos de la refinería de Talara y la línea 2 del metro de Lima.
De las comisiones que pidieron
ampliación, solo una está próxima a presentar su informe final: la que
investiga los derrames de petróleo en el Oleoducto Norperuano. Sin embargo, su
presidente, César Villanueva, adelantó que no acusarán a nadie.
El último grupo investigador aprobado por el pleno fue el del Caso Sodalicio, el pasado 7 de setiembre. Hasta la fecha, este grupo no se ha instalado, pues las bancadas no han elegido a sus representantes y, por tanto, no tiene presidente. El plazo va corriendo.
El último grupo investigador aprobado por el pleno fue el del Caso Sodalicio, el pasado 7 de setiembre. Hasta la fecha, este grupo no se ha instalado, pues las bancadas no han elegido a sus representantes y, por tanto, no tiene presidente. El plazo va corriendo.
El Comercio
Otros presidentes se
venden, yo no
Alan García Pérez
Como
no logran involucrarme en el escándalo Lava Jato, como sí lo están sus ex candidatos y ex presidentes,
mis adversarios vuelven a la estrategia de “criminalizar a Alan García”
aprovechando la falta de información del pasado. Al igual que el terrorismo,
buscan apropiarse de la memoria colectiva y, con la lógica de “miente, miente,
que algo queda”, repiten patrañas ya desechadas. Debo recordarles:
El 29 de enero de 1992, después de años de insultos e informes fraguados (Larc), que incluían venta de aviones que el Perú nunca tuvo, residencias en Miami y decenas de millones de dólares, la Corte Suprema, a la que el Congreso envió su acusación, me absolvió y archivó definitivamente las acusaciones por carencia de fundamentos y pruebas.
El 29 de enero de 1992, después de años de insultos e informes fraguados (Larc), que incluían venta de aviones que el Perú nunca tuvo, residencias en Miami y decenas de millones de dólares, la Corte Suprema, a la que el Congreso envió su acusación, me absolvió y archivó definitivamente las acusaciones por carencia de fundamentos y pruebas.
Meses después, el
golpe de Estado del 5 de abril expulsó a los miembros de la Corte Suprema,
nombrando dictatorialmente a otros que, obedientemente, reabrieron
inconstitucionalmente el caso ya terminado. Pero, 8 años después, serían ellos
los enjuiciados y encarcelados por sus fechorías. Ante esa ilegal reapertura,
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resolvió el 7 de febrero de
1995, en un fallo de obligatorio cumplimiento, que se había violado el
principio de “non bis in idem”, al reabrir un caso resuelto con autoridad de
cosa juzgada (Caso Nro. 11.0006).
La
dictadura no acató tal fallo y continuó propalando acusaciones absurdas sobre
temas jamás probados, a pesar de cuatro investigaciones parlamentarias y
fiscales. Su propósito era mantenerme fuera del Perú. Caída la dictadura y
lanzada mi candidatura por el Partido Aprista Peruano, la corte, aún integrada
por vocales inconstitucionales, no dio cumplimiento a la resolución de la CIDH,
lo que obligó a mis abogados a interponer un recurso que me permitiera ingresar
al país el mismo día del mitin en la plaza San Martín. Pero no es que el
proceso existente prescribiera, sino que era nulo de origen, manteniendo
validez la resolución de la Corte Suprema de 1992.
Tras el segundo
gobierno aprista, la megacomisión en el Congreso investigó durante 5 años todos
mis actos del período 2006-2011, levantó mi secreto bancario, convocó a una
comisión de peritos, pero concluyó “no haber encontrado enriquecimiento
indebido o desbalance patrimonial en mis ingresos y bienes”, en un informe
aprobado por el pleno del Congreso.
Además, el Ministerio Publico inició una investigación por presunto enriquecimiento ilícito en febrero del 2013, por la adquisición hipotecaria del único inmueble que poseo, en Miraflores. Y concluyó, tras nueve meses de peritajes, que no existió ningún enriquecimiento indebido. Allí presenté el informe detallado de mis sueldos, honorarios por conferencias internacionales, pensión de ex presidente y regalías por libros, todo ello elevado a la web y difundido en un folleto. La resolución del fiscal de la Nación tiene carácter de cosa decidida.
Además, el Ministerio Publico inició una investigación por presunto enriquecimiento ilícito en febrero del 2013, por la adquisición hipotecaria del único inmueble que poseo, en Miraflores. Y concluyó, tras nueve meses de peritajes, que no existió ningún enriquecimiento indebido. Allí presenté el informe detallado de mis sueldos, honorarios por conferencias internacionales, pensión de ex presidente y regalías por libros, todo ello elevado a la web y difundido en un folleto. La resolución del fiscal de la Nación tiene carácter de cosa decidida.
Con la
cosa juzgada de 1992, la resolución de la CIDH de 1995, la cosa decidida del
2013 y el informe del Congreso, no existe un requisito de procedibilidad
(delito probado) para iniciar investigación o proceso.
Pero al conocerse el escándalo Lava Jato y las coimas y aportes ilegales que habrían recibido los ex presidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y otros funcionarios, la obsesión periodística y política fue involucrarme por fotos, por visitas públicas, por un viaje a una inauguración, por el pago de dos conferencias en el 2012 a través de un Banco (Pactual) que solo 3 años después adquirió otro banco vinculado al Lava Jato en el 2015. Aprovechando del tema y de una procuradora ahora cesada, que también acusó a Pedro Pablo Kuczynski, se inició una nueva investigación, sumándole ilegalmente una “denuncia por lavado de activos” hecha por un particular, que repite las viejas denuncias ya resueltas por el Poder Judicial y el Ministerio Público.
Pero al conocerse el escándalo Lava Jato y las coimas y aportes ilegales que habrían recibido los ex presidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y otros funcionarios, la obsesión periodística y política fue involucrarme por fotos, por visitas públicas, por un viaje a una inauguración, por el pago de dos conferencias en el 2012 a través de un Banco (Pactual) que solo 3 años después adquirió otro banco vinculado al Lava Jato en el 2015. Aprovechando del tema y de una procuradora ahora cesada, que también acusó a Pedro Pablo Kuczynski, se inició una nueva investigación, sumándole ilegalmente una “denuncia por lavado de activos” hecha por un particular, que repite las viejas denuncias ya resueltas por el Poder Judicial y el Ministerio Público.
La denuncia contra
Pedro Pablo Kuczynski se rechazó de plano pero la concerniente a mi persona se
mantiene por presión mediática y para ubicarme en la eterna condición de
investigado. Se enumeran, por ejemplo, los inmuebles que sucesivamente he
adquirido y vendido en los últimos 30 años como si los poseyera actualmente, se
considera como inmuebles los estacionamientos, los depósitos, etc.
Es la obsesión de
mis adversarios, que ven mi influencia hasta en los cambios ministeriales y
llevan 30 años buscando inútilmente esa “criminalización”, contra toda norma y
garantía.
Tengo paciencia. Así
son el odio y el incomprensible antiaprismo. A mis amigos y compañeros les
reitero que nada hay de cierto y que toda la maldad sin probanza quedará atrás.
Es la historia y la vigencia del aprismo lo que me interesa.
ELECCIONES, PARTIDOS, ENCUESTAS, MEDIOS,
PSICOSOCIALES
Expreso
Luego de que Kenji
Fujimori dejara en jaque a Fuerza Popular en el segundo proceso disciplinario
que afronta por presuntas faltas a su grupo partidario, se supo que todas las
bancadas del Congreso deben actualizar sus reglamentos internos ante el Consejo
Directivo, porque hasta la fecha no lo hicieron.
Fueron los voceros de
Nuevo Perú (NP) y Acción Popular (AP), Alberto Quintanilla y Víctor Andrés
García Belaunde, respectivamente, quienes refirieron a EXPRESO que sus bancadas
no han presentado sus estatutos internos a Oficialía Mayor. En el caso de
la lampa, no tienen intención de hacerlo.
“No hemos presentado
nuestro reglamento interno, pero tenemos la obligación de hacerlo y lo haremos
esta semana. Recién estamos regularizando toda esta situación. Nosotros tenemos
la obligación de inscribir nuestro reglamento ante el Consejo Directivo”,
afirmó el izquierdista Quintanilla.
El legislador explicó que
lo ocurrido con Kenji Fujimori sí sentó un precedente para que las bancadas
actualicen sus reglamentos, luego que se puso en vigencia la resolución
legislativa 003-2017-2018-CR, la cual planteó la modificación del artículo 37º
del Reglamento del Congreso.
“Yo creo que eso es
correcto porque siempre se dijo que se haga público el reglamento de Fuerza
Popular y ellos no lo han hecho. Lo cierto es que no pueden aplicarle un
documento [a Kenji] que no cuenta con el reconocimiento legal. Si no tienen un
reglamento inscrito no pueden aplicarlo. Tiene toda la razón Kenji Fujimori”,
agregó.
Por su parte, el vocero
acciopopulista, Víctor Andrés García Belaunde, refirió que no podía determinar
si antes o después de la aprobación de la última modificación del reglamento
del Congreso su bancada presentó un reglamento interno ante el Consejo
Directivo.
“No lo sé porque yo soy
vocero a partir de agosto de Acción Popular y no sabría si antes se presentó.
Ahí estaba de vocero Yonhy Lescano. Ahora no es lo mismo un reglamento de una
bancada de 71 congresistas que otra de 5 personas. Nosotros solemos ponernos de
acuerdo con facilidad”, dijo.
Al consultarle a Yonhy
Lescano sobre este asunto, indicó que ellos no comulgan con esa modificación
del reglamento, catalogada como la “nueva ley mordaza”.
“No aceptamos eso porque
es una ley anticonstitucional. Yo no le doy validez. AP no tiene por qué
presentarlo en mérito a leyes inconstitucionales. En el Congreso anterior
nosotros sí teníamos un reglamento, pero desde el 2016 no hemos presentado
ningún documento”, aclaró.
La República
Columna de Augusto Alvarez Rodrich
Keiko Fujimori tiene razón
al exigirle disciplina a su hermano Kenji, pero los reclamos de este desnudan
su dificultad para liderar FP, partido al que solo manda, de manera arbitraria,
gracias a un grupo de adulones e incondicionales que no la ayudan a ver el
problema que enfrenta y a evaluar soluciones inteligentes.
Anteayer
Kenji dejó mal parado, al no asistir a la convocatoria que le hizo, a esa
especie de tribunal de la santa inquisición formado por Miguel Torres, Úrsula
Letona y Karina Beteta, y designados por Keiko para sancionarlo por sus
crecientes expresiones de rebeldía ante sus órdenes.
Estas
van desde respuestas principistas a las amenazas de FP a la libertad de
expresión, a los derechos de la comunidad gay, o la autonomía básica de un
congresista, lo cual Kenji sazona con comentarios con buen humor a través de
las redes –por ejemplo, lanzando como avioncito la citación al comité de
disciplina– o en el hemiciclo poniéndose la gutapercha en la boca.
Kenji
ha hecho méritos suficientes para ser sancionado pues se ha burlado en público
de sus colegas de partido, dejándolos como unos papanatas, pero eso no resuelve
el problema de fondo de que, en realidad, sus colegas son unos papanatas.
Lo
son porque desempeñan papeles asignados para cubrir las deficiencias de Keiko,
quien confunde liderazgo que persuade, motiva y guía, con autoridad que guapea,
manda y amenaza con sancionar al que se desalinee del pensamiento mototaxi.
Un
ejemplo de esto es Yesenia Ponce. Primero, ¿a quién se le ocurrió convocar a
alguien como ella? Segundo, su penoso perdón público transmite un culto al ego
de Keiko parecido al que exige Kim Jong-un.
El
conservadurismo mojigato que hoy domina a FP, el estilo arbitrario de mandar de
Keiko, y la sobonería de su corte, son desnudados por Kenji en cada tuit y
declaración.
Además
de la investigación de la fiscalía, Keiko tiene hoy un problema con el gobierno
de PPK, con el que debe construir una relación que no la deteriore ante la
gente por picona; con su partido por el desafío que significa Kenji; y con su
familia porque ahí todos apoyan al hermano menor, incluidos los dos padres y el
tío.
Como
está, Keiko pierde si expulsa a Kenji pero, también, si todo sigue como hasta
hoy. Y, en vez de resolver el problema conversando, le mete el carro al
hermano, siguiendo el consejo de un equipo asesor que ya demostró que no solo
no sabe ganar una elección presidencial, sino, ni siquiera, ayudarla a liderar
la oposición y a construir una reputación como alguien que puede presidir el
Perú.
NARCOTERRORISMO, INTELIGENCIA, FFAA, DDHH,
USO DE LA FUERZA
Expreso
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