jueves, 4 de julio de 2019
miércoles, 3 de julio de 2019
MEDIA COLUMNA lunes 1 julio 2019
Yan-ken-po
quebrado
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
Para
escapar de la trampa de la democracia de baja gobernabilidad necesitamos
alcanzar el equilibrio de poderes. No basta la separación de poderes, que es una
condición necesaria pero no suficiente. Afortunadamente, el equilibrio de
poderes no es nada complicado. Es algo tan sencillo como un juego de
yan-ken-po.
En
el juego infantil, la piedra chanca la tijera, que corta el papel, que envuelve
a la piedra. Así es como se consigue el equilibrio entre los tres jugadores. Es
un equlibrio dinámico. Es lo mismo entre los poderes Judicial, Legislativo y
Ejecutivo.
Primero,
la “piedra” tiene que poder “chancar”- El poder Judicial debe poder declarar
inconstitucionales o inaplicables las leyes del poder Legislativo. Lo hace por
la vía del control constitucional de la ley, ya sea a través del control difuso
–un invento norteamericano de principios del siglo XIX, llamado judicial
review- que la declara inaplicable, o bien del control concentrado del Tribunal
Constitucional –un invento alemán de comienzos del siglo XX- que la declara la
inconstitucionalidad de una ley. Ambos instrumentos existen en la Constitución
del Perú. Hasta ahí todo bien.
En
segundo lugar, la “tijera” del Legislativo debe poder cortar el “papel” del
poder Ejecutivo. Lo hace a través de tres mecanismos: la vacancia de la
Presidencia, la censura de los ministros y la insistencia en las leyes
observadas por el Ejecutivo. Desafortunadamente, en el Perú el Congreso hace
todo esto con una facilidad excesiva. Este no es un bueb¿n balance. Debe ser
corregido y la reforma política lo está dejando de lado.
Pero
lo más grave es que en el Perú, el “papel” del poder Ejecutivo no puede vencer
a la “piedra” del poder Judicial. No existe ya esa posibilidad, que es la forma
en que las democracias crean el equilibrio. Como esa posibilidad está bloqueada
entre nosotros, el equilibrio de poderes está quebrado.
A
diferencia de todas las democracias de América, sin excepción, donde el
Ejecutivo nombra siempre a los jueces de la Corte Suprema (con aprobación
posterior del Legislativo), a los jueces supremos en el Perú los nombra un
organismo de fuera del juego.
En
efecto, en el Perú inventamos lo imposible, algo que no existe en ninguna
parte: un organismo constitucional autónomo que nombra por sí y ante sí no solo
a los jueces supremos sino a todos los jueces. Este fue el Consejo Nacional de
la Magistratura, un cuarto jugador al que ninguno de los otros tres podía
enmendarle la plana. Se convirtió, entonces, en un poder absoluto, una
reinvención del absolutismo contra el que nació la democracia. El organismo se
corrompió. No podía suceder otra cosa, puesto que todo poder absoluto se
corrompe absolutamente.
Pero
en lugar de sacar la conclusión correcta, hemos insistido en el error: le
cambiamos el nombre al organismo por el de Junta Nacional de Justicia, le
añadimos algunos detalles cosméticos y convocamos luego a un concurso para
elegir a sus miembros. El sainete ridículo en que se ha convertido la selección
de los miembros -en el que parece que no quedara ni un solo hombre justo en
Sodoma y Gomorra- es el síntoma de lo que ocurre: el organismo no debió ser reformado,
debió ser cerrado.
Si
el “papel” no puede envolver a la “piedra” no hay juego. Aun hay que devolverle
entonces al poder Ejecutivo la función de nombrar a los jueces supremos, y que ellos nombren luego a
todos los demás jueces. De esta manera podemos comenzar a rediseñar el
equilibrio de poderes.
Pero
la reforma política ni sospecha esta realidad. Los errores se pagan. La trampa
de la democracia de baja gobernabilidad en la que seguimos es el precio que
pagamos por haber perdido sin saberlo el equilibrio de poderes.
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lunes, 1 de julio de 2019
MEDIA COLUMNA domingo 30 junio 2019
MEDIA
COLUMNA
Se debió hacer
desde un
principio
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
Puesto que conocer la verdad sobre la corrupción
brasileña en el Perú no tiene precio, era inevitable la decisión política de
firmar el acuerdo con Odebrecht aunque fuera leonino, para conocerla.
Pero
hoy la situación parece otra. Todo contrato supone una contraprestación. Y esta
no se ha producido. Lo recibido no solo no ha sido toda la verdad, ni siquiera es
la parte más importante de la verdad. Los testimonios recogidos de los
funcionarios brasileños hasta hoy han reiterado en buena cuenta lo que los
investigadores ya conocían. No ha habido, que se sepa, acceso directo a los
servidores que guardan la información de detalle sobre los pagos indebidos en
el país. La nueva información relevante ha provenido de colaboradores eficaces
peruanos o de investigaciones periodísticas, como la que acaba de hacerse
pública, según la cual en el servidor
drousys aparecen los pagos del Gasoducto del Sur –17 transferencias por 3 millones 70
mil dólares realizadas en el 2014, poco después del
otorgamiento de la buena pro de la concesión al postor único- cuyos
destinatarios finales están aún ocultos bajo seudónimos. La
verdad sobre el megaproyecto -el mayor de todos- de 7,500 millones de dólares
ha sido escamoteada, ocultada, omitida.
En
virtud del acuerdo, el Perú es hoy un acreedor de Odebrecht. Pero otros
acreedores han llegado a la conclusión de que no existe otro camino que
incautar los activos de la empresa para hacerse pago de sus acreencias. Están
forzando una situación de hecho que precipita un escenario nuevo. El pago de la deuda no está garantizado. Depende de la
decisión de un juez brasileño, que podría declarar la liquidación de la
empresa. Aún si en esta ocasión la empresa consigue medidas cautelares que la
protejan por el momento, la situación volverá a presentarse en otros escenarios.
No basta ahora un papel firmado para garantizar el pago de los 200 millones de
dólares (en 15 años) que la empresa adeuda al Perú según el acuerdo. En lo
sucesivo la empresa será asediada por sus acreedores globalmente, y el Perú, con un acuerdo en la mano que no puede
materialmente garantizar el pago, ¿va a hacer cola para cobrar?
Si la
empresa naufraga, no debe arrastrarnos con ella. No es un problema en que los
peruanos tengamos que estar involucrados. A diferencia de otros acreedores, el Perú
tiene la posibilidad real y debe hacer
prevalecer su condición de Estado. Se justifica entonces debatir
serenamente cuál es la decisión política que el Perú debe tomar.
El
Perú cumplió lo que ofreció: le ha permitido a la empresa vender su activo
principal en el país –Chaglla- a terceros cuyos derechos ahora deberemos respetar.
En esto no hay vuelta atrás. Pero el Perú ha autorizado también a la empresa a
seguir funcionando en el país y esta, en cambio, es una obligación retractable.
El Perú podría retirarle a la empresa la autorización para seguir operando en
el país. No obstante, eso la quebraría sin beneficio alguno. Lo que puede hacer,
entonces, es anular el acuerdo. ¿Qué el acuerdo tiene rango de sentencia? El Ejecutivo
puede recurrir al Tribunal Constitucional, cuya jurisprudencia ha incluido la modificación
de sentencias en el pasado.
Preventivamente,
puede nombrar interventores en la empresa y, llegado el caso, tomar el control en
su momento de los 800 millones de dólares en activos e instalaciones que tiene
aún en el país. Algunos temen que el Perú sería denunciado ante tribunales
arbitrales internacionales. No perdería en buena lid un proceso contra una
empresa que ha redimensionado exponencialmente la corrupción en esta parte del
mundo. Y, aun en ese supuesto caso negado, como Jaime de Althaus dijo oportunamente,
cabría una contrademanda contra el Estado brasileño por su probada complicidad
política en los hechos.
Bien
pensado, es en realidad lo que se debió hacer desde un principio.
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jueves, 27 de junio de 2019
MEDIA COLUMNA miércoles 26 junio 2019
MEDIA
COLUMNA
La pepa de la cumbre
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
El Acuerdo número 12
firmado por Martín Vizcarra y Evo Morales en Ilo es la pepa de la cumbre
presidencial. Y tiene corto y mediano plazo.
En el mediano, según el
texto firmado, se trata de “impulsar
la interconexión del gasoducto Bolivia–Perú con el Gasoducto al Sur (proyecto
peruano SIT Gas, que se viene desarrollando para llevar gas natural a las
regiones del sur del Perú) a fin de permitir la futura exportación de
GNL procedente de Bolivia a través del puerto de Ilo a los mercados de Asia”.
Afortunadamente, este mediano plazo no
llegará. El Gasoducto del Sur del Perú está parado y su construcción no va a
ser retomada por este gobierno. Tal es la maraña en que ha quedado el malhadado
proyecto estrella de la corrupción brasileña. Es muy dudoso, además, que el
gobierno que suceda a este vaya a poder retomar esa iniciativa en un futuro
predecible.
En el corto plazo, en
cambio, el texto firmado compromete al Péru a “implementar, en el transcurso del presente año, un
proyecto de distribución de redes de gas que permita llegar con gas
natural domiciliario y otros usuarios a las poblaciones en zona de frontera, en
Desaguadero y otras”. Esta redacción oscura incluye en “otros usuarios”,
aparentemente, a las plantas termoeléctricas de generación de energía en el Sur
pertenecientes a las dos empresas que firmaron por su cuenta un acuerdo con la
estatal de gas boliviana para ese fin.
El corto plazo
incluye, además, “implementar
un proyecto de comercialización de GLP para abastecer a poblaciones
peruanas de la zona sur de la República del Perú, a precios competitivos
para el consumidor final con la participación de la empresa estatal boliviana
YPFB, asociada o por sí sola”.
Esta iniciativa crea,
pues, a corto plazo dependencia del Sur del Perú del abastecimiento de gas de
Bolivia, que puede ser interrumpido en cualquier momento por la empresa estatal
de gas de Bolivia, que obviamente sigue las directivas políticas del gobierno
“bolivariano” de Evo Morales.
Esta, que es la pepa de la cumbre,
está bien disimulada detrás de dos decenas de acuerdos -que nadie objetaría-
respecto de la descontaminación del Titicaca, un megapuerto para Bolivia en
Ilo, y 17 asuntos más, todos ellos de interés público.
Esta columna ha venido
denunciando durante semanas el peligro que supone la dependencia política de un
gobierno extranjero con aliados políticos conocidos en la región.
A esto ha venido a
añadirse recientemente la comprobación del daño que conlleva para la economía
peruana su perjudicial dependencia del gas natural para la generación de
energía eléctrica, cuando la base energética del país debió ser y aun debe ser
hidroeléctrica y no termoeléctrica.
La decisión anunciada hoy por el gobierno es
política, no es económica ni técnica. Es lo que en su momento advertimos.
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miércoles, 26 de junio de 2019
MEDIA COLUMNA martes 25 junio 2019
MEDIA
COLUMNA
La tapa de la
botella
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
“El problema del siglo XXI son los papeles sin bienes
en los mercados
desarrollados y los
bienes sin papeles en los países en desarrollo”.
Hernando de Soto
La sentencia de Hernando de Soto que sirve de epígrafe a la propuesta que ocupa estas páginas de EXPRESO resume a la perfección cómo matar dos pájaros globales de un solo tiro.
Desde el colapso de la mega burbuja global de 2008, el
mundo no ha hallado una salida al doble bloqueo que mantiene a las economías
desarrolladas atascadas en un rendimiento mediocre y a las economías emergentes
hundidas en la trampa del crecimiento medio.
La sentencia de De Soto lleva implícita la solución.
Esta es que los bienes de las economías emergentes deben ser dotados de papeles
reconocidos y esos papeles colocados en los mercados de valores globales del
mundo desarrollado.
De este modo, las economías emergentes podrán acceder a
los mercados de la economía virtual de las finanzas y estos volverán a estar
respaldados por bienes de la economía real de todo el planeta. Son dos caras de la misma moneda.
El proceso comienza entonces por dotar de papeles a los
bienes de las economías emergentes. Y esta es exactamente la propuesta de De
Soto en estas páginas.
Solo que esta vez este hombre reconocido hoy en todo el
mundo -de quien Bill Clinton dijera una vez que es el “economista vivo más
importante del mundo”, Vladimir Putin que sus “logros en el mundo han sido
extraordinarios” y Mikhail Gorbachev que su principio revolucionario es que “la
exclusión en países en desarrollo no se debe al capital y la propiedad sino a
la falta de ellos”; quien fuera designado economista jefe del Blockchain
Institute de China y presidiera además el primer Foro de la Ruta de la Seda; a
quien la revista Prospect de Foreign Policy ha colocado en el puesto 13 de su
encuesta global de intelectuales junto a Noam Chomsky y Umberto Eco, Paul
Krugman, Jurgen Habermas y Amartya Sen-, ha diseñado en esta ocasión precisa y
exactamente el modo de hacerlo.
La metodología está descrita en detalle en estas
páginas. Consiste en reconocer los derechos de quienes tienen el dominio de la
tierra de todo el mundo, debajo de la cual hay 150 billones de dólares bloqueados,
800 mil millones de ellos en el Perú.
De Soto grafica esta situación ante los mineros
informales peruanos de manera divertida con una botella de gaseosa: si las
empresas tienen un derecho adquirido al contenido de la botella –la concesión
del subsuelo-, la tapa de la botella –la superficie- está de hecho en manos de
quienes la conducen. Y que, realistamente, los recursos van a quedarse donde
están mientras no haya un modo justo en que ambas partes se beneficien
equitativamente.
En estas páginas De Soto le propone al Perú ser el
piloto de esta solución para el mundo.
PARA DESTRABAR 150 BILLONES DE DOLARES BAJO
EL SUELO DEL PLANETA
Propuesta de Hernando de Soto al Perú y al
mundo
En el Perú, la solución es capitalizar
al pequeño minero legalizando su legítimo derecho de propiedad sobre la
superficie para conectarlo con la globalización.
El 17 de junio pasado, en Arequipa se reunieron
representantes de 50 mil pequeños mineros en un congreso internacional de la
pequeña minería artesanal, organizado y convocado por la Federación de Mineros
Artesanales de Arequipa (FEMAR) a la que asistieron mineros de Puno y otros
lugares del Perú en los cuales 500 mil mineros informales invierten su trabajo
y su dinero en tierras sin ningún papel que respalde legalmente su legítimo
valor.
El orador principal de la reunión fue Hernando
de Soto. El tema fue la relación crucial entre los conductores legítimos de la
superficie y los dueños legales de los recursos del subsuelo.
Es característico de los países en
desarrollo, dijo, que los pobres han heredado la mayor parte de la superficie
de la tierra mientras las empresas extractivas han adquirido de los gobiernos
los derechos sobre los minerales. Para acceder a los recursos del subsuelo que legalmente
tienen, sin embargo, las empresas necesitan usar la superficie, que controlan sus
poseedores legítimos.
Esto solía ser conseguirse comprando servidumbres de
paso o incluso respaldándose en la fuerza pública. Hoy, en cambio, los que conducen
tierras de la superficie -a cuyas organizaciones De Soto llama “Autoridades que
gobiernan Registros Locales Desconectados de la Globalización (ARLD)”- se
hallan empoderadas y están bloqueando la extracción de reservas minerales y
petroleras probadas por más de 150 billones de dólares (150 trillion dollars).
Esto equivale a cinco veces el PBI combinado de China y Estados Unidos.
Este evento es la disrupción del sistema tradicional de
formación del capital de los recursos naturales del tercer mundo. Lo que está
bajo ataque es la red internacional construida en los últimos cien años de 3,300
tratados que 180 países han suscrito e incorporado a sus leyes. Ha sido yan
fuerte que ni siquiera miles de militares y policías desplegados en campamentos
mineros, petroleros y gasoductos de todo el mundo pueden evitar el bloqueo de las
actividades extractivas.
La propuesta de De Soto no es entregar el subsuelo a los
que conducen legítimamente la superficie, sino “securitizar” sus derechos para
que su activo pueda generar capital en las bolsas y mercados financieros
globales y puedan ellos entonces relacionarse con y protegerse del mundo global
de una manera rentable y sin violencia.
La securitización puede consolidar legal y
efectivamente el legítimo derecho de propiedad de quienes se hallan en la
superficie, y desbloquear así los 150 billones de dólares de reservas bajo la
tierra en todo el planeta.
La propuesta de De Soto desarrolla una
metodología disruptiva que usa la securitización en los mercados globales para
superar los defectos de los derechos de propiedad en los países emergentes,
como el Perú, que impiden a los pobres utilizar su tierra para formar capital.
En suma, convierte al “misterio del capital” –el título de su famoso libro” en
una efectiva herramienta de trabajo.
En concreto, a los legítimos títulos de la superficie
les faltan 8 paquetes de información y acreditaciones a los cuales tienen
derecho por ley. Es un pasaporte, por así decir, al que le faltan 8 visas
necesarias para llegar a los puertos donde se puede formar capital. Propiedad y
securitización no son temas separados, sino partes de una misma cadena de valor
a la que le faltan 8 eslabones que se subsanan con 8 certificados emitidos por
entidades del sistema internacional con las que se concreta una alianza para
conectar la tierra de la superficie y los recursos del subsuelo a los mercados
de capital.
Estos 8 certificados son vehículos
documentales sucesivos de una cadena que comienza con la ubicación e
identificación de los títulos superficiales donde se originan los derechos, y
llega hasta las declaraciones requeridas por las leyes de los mercados
financieros globales donde los derechos de propiedad se formatean para generar
confianza y formar capital.
La desconexión entre la propiedad y la
securitización, entonces, se debe al problema legal que surge de que los
atributos y acreditaciones están perdidos en un enjambre de cientos de miles de
leyes dispersas en documentos inconexos en cada uno de los países en
desarrollo.
Es poco lo que los consultores tradicionales y los
cientos de compañías cuyos servicios y equipos son usados para capturar y
organizar información sobre la propiedad -típicamente empresas de ingeniería,
gerencia de proyectos, tecnologías de información, vendedores de equipos y
servicios de mantenimiento, incluso algunos especializados en mapas y catastro
y modernización de sistemas de registro- pueden hacer para remediar el
problema. Lo más que pueden es mejorar los sistemas de almacenamiento de
imágenes y registros de activos, pero no son capaces de afrontar el reto de
incorporar masiva y sistemáticamente la propiedad no registrada al mercado
formal.
De Soto está convencido –y así lo explicó a
los cientos de mineros informales presentes en Arequipa- de que en el momento
en que quienes legítimamente manejan la superficie sean conscientes de que
pueden negociar de igual a igual con las empresas extractivas, y los certificados
entren en acción con sus incentivos, los 800 mil millones de dólares de proyectos
bloqueados en el Perú serán desbloqueados, las empresas extractivas recuperarán
el subsuelo, los consumidores intermedios que requieren insumos minerales
podrán obtenerlos, los gobiernos obtendrán nuevos ingresos de tributos y
regalías, los mineros informales tendrán por fin direcciones e identidad legal,
y los que dañan el medio ambiente podrán ser física y legalmente identificados.
lunes, 24 de junio de 2019
MEDIA COLUMNA lunes 24 junio 2019
ESTA NOCHE,
donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.
MEDIA
COLUMNA
Poniéndole al
enemigo
el arma en las
manos
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
Ahora
sabemos por fin con certeza que el Estado peruano no debió pasar del pétroleo
al gas cuando tomo la decisión política de cambiar la base energética del país.
Debió pasar a la generación de energía hidroeléctrica y destinar el gas -un
recurso escaso que hoy quemamos para generar calor como si fuera carbón- a una
industria petroquímica que es a lo que se debe destinarse un hidrocarburo
estratégico no renovable.
El
error original desembocó con los años en un acto de mercantilismo cuando
en 2011 una segunda decisión política estableció una moratoria a la inversión
en 20 hidroélectricas del Marañon que habrían provisto al Perú de 60 mil
megawatts de electricidad, energía renovable no contaminante suficiente para
medio siglo.
Como
ha explicado en EXPRESO Jorge Baca Campodónico -ingeniero eléctrico, doctor en
Econometria y ex ministro de Economía- la decisión política fue para hacer
posible el proyecto Camisea creándole al gas un mercado artificial en la
generación de electricidad.
A esta
decisión política de consecuencias masivas debemos hoy que las generadoras
termoeléctricas se hayan adueñado de la mitad del mercado. A esto se debe la
guerra actual entre las termoeléctricas y las hidroélectricas que denuncian la
mentira legalizada en la declaración de costos de las termoeléctricas. Por
esrto es que nos veamos hoy, además, en peligro –este es ya el punto muerto- de
entregarle la energía del Sur a la empresa estatal de gas de Bolivia poniendo
en manos de Evo Morales y sus aliados de Sao Paulo, Caracas y La Habana, los
recursos estratégicos globales del Perú para el siglo XXI: el cobre, el litio,
las tierras raras, el agua y la energía necesarias para extraerlos.
De fuentes informadas sabemos ahora tambipen que las dos
empresas privadas -termoeléctricas ambas, generadoras de electricidad a
petróleo- que han firmado con la estatal de gas boliviana un acuerdo inconsulto
en presencia del propio Evo, habrían actuado por su cuenta y sin autorización con
el objeto de presionar al gobierno del Perú a conceder a Bolivia la buena pro
del abastecimiento de gas a siete regiones del Sur, y comprarle gas para sus
generadoras termoeléctrricas en el Sur. Ni siquiera es su culpa. Esas empresas
han sido llevadas a la trampa en que se encuentra por la decisión política
mercantilista que tomó el Estado.
Hoy estamos
a un paso de que el Perú caiga en la trampa de entregar a la estatal de gas
boliviana la buena pro de la licitación del proyecto Siete Regiones, que es la
llave de la energía del Sur. Ese abastecimieto mañana podría interrumpirse a
voluntad. La historia reciente de Europa del Este muestra que el abastecimiento
de energía por gas es el arma estratégica para doblegar la voluntad política de
los Estados.
En
nuestro caso, como sabemos, el plan del radicalismo antisistema es capturar el
poder en el Perú. Y estamos poniéndole el arma en las manos.
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domingo, 23 de junio de 2019
MEDIA COLUMNA domingo 23 junio 2019
MEDIA COLUMNA,
donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.
MEDIA
COLUMNA
Las guerras de
la electricidad
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
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Cuando el Estado peruano decidió cambiar la base
energética del país del petróleo al gas cometió un error. Al lado de la
Cordillera de los Andes, el Perú debió girar hacia la energía hidroeléctrica.
Lo demuestra hoy Jorge Baca Campodónico en su
Linterna de popa en esta misma edición: las hidroeléctricas podrían abastecer
sus necesidades por los próximos 50 años. Las 20 que se pensó construir en el
Marañón en el 2011 habrían abastecido 60 mil megawatts, suficientes para medio
siglo.
A mediados de 1944 –recuerda Baca-, Santiago Antúnez de
Mayolo exploró el Pongo de Manseriche en el Marañón buscando dónde construir
una represa para crear una caída de agua. Encontró el lugar en Huancanque,
aguas arriba de Borja, donde el río se estrecha entre paredes de roca. Me
consta. Me lo narró mi abuelo que estuvo allí (y casi pierde la vida cuando su bote
se volcó en el turbulento Marañon. Pudo salvarse es porque se fue acercando a
la orilla dejándose llevar por la corriente sin luchar contra ella). Decía mi
abuelo que Antúnez de Mayolo había literalmente dibujado en su mente la
represa. Baca recuerda que tendría una caída de 60 metros que generaría 7,550 megawatts,
lo suficiente para casi reemplazar lo que producen hoy las generadoras de
electricidad a gas.
A comienzos de la década –añade Baca-, la producción de
energía hidroeléctrica representaba más del 80% del total. Hoy es solo el 50%.
“La causa de esta sinrazón –añade- fue la moratoria de construcción de
hidroeléctricas por diez años introducida para beneficiar el proyecto de gas de
Camisea”. Confirma lo que venía sospechando esta columna: el Estado
necesitó crear una demanda que no existía para poder colocar el gas y desplazó
a la generación hidroeléctrica de la producción de electricidad.
Fue una doble trampa. Por un lado, el objetivo fue exportar el gas y masificar
el consumo. Mientras la infraestructura no estuviera en su sitio, sin embargo, había
que crearle provisionalmente un mercado al gas en la generación de electricidad
y una competencia desleal para las hidroeléctricas. Esto explica quizá por
qué el Estado permitió a las termoeléctricas a gas declarar costos que no eran
reales: para que pudieran competir. Luego, ya
sabemos. Como siempre en el Perú, lo provisional se volvió permanente. La
construcción de la infraestructura del gas quedó enredada en la corrupción. El
mercado de consumo que se iba a generar no alcanzó la magnitud necesaria. Los
chilenos encontraron alternativas en la energía solar para sus minas. Y el
autoengaño de los costos se volvió una trampa de la que el Estado no sabe ya cómo
escapar.
El gas es un recurso que debe usarse para una
industria petroquímica. Es un hidrocarburo, no es carbón. Quemar el gas para
generar calor con el cual producir electricidad es poco menos que un crimen, un
pobre uso de un recurso no renovable. Y además, quemarlo es contaminante. En el
futuro necesitaremos cantidades exponencialmente mayores de electricidad. Tendremos
que pasar ahora de la base energética del
gas a la de la hidroelectricidad y abandonar el desperdicio monstruoso de ese
recurso que pretende desconocer hasta las leyes de la termodinámica. La
generación de calor es la más ineficiente de las formas de emplear la energía.
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