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MEDIA
COLUMNA
Cuanto antes
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
"Propongo una salida
a esta crisis institucional, presento al Congreso una reforma constitucional de
adelanto de elecciones
generales que implica el recorte del mandato congresal al 2020. De igual modo, en
esta reforma también se solicita el recorte del mandato presidencial a la misma fecha. La
voz del pueblo tiene que ser escuchada, por eso esta reforma constitucional
deberá ser ratificada mediante referéndum".
Es lo que dijo exactamente
el presidente Martín Vizcarra al Congreso. Sus motivaciones subjetivas –desde las
sospechas de un plan oculto para un golpe institucional hasta la tesis de un generoso
desprendimiento personal- son objeto de especulación que es pura pérdida de
tiempo desde que no tienen verificación posible.
Si el Presidente no sabe o
no puede ya resolver los problemas, hace bien en irse y llevarse consigo al
Congreso. El escenario político de este quinquenio -irresponsablemente marcado
desde el primer día por una confrontación política superflua- no permite ya las
reformas que el país necesitaba. Y, segundo, adelantar las elecciones para un
nuevo reparto de cartas entre gobierno y oposición puede no ser una mala salida
de esta pesadilla interminable.
“La confianza solicitada por las reformas ha sido aprobada solo
de palabra y denegada en los hechos", dijo Vizcarra. Pero es un pretexto. El gobierno no necesitaba justificarse en que la
oposición desnaturalizó la reforma relativa a la inmunidad parlamentaria, como
antes desnaturalizó también la bicameralidad tratando vergonzosamente de
instrumentarla para su propia reelección.
Lo real es que tanto el gobierno como la oposición saben muy bien
que la Constitución prohibe disolver el Congreso en el último año del
quinquenio y, desde el punto de vista del gobierno, entonces, ese último año es
inviable. Y, desde el punto de vista de la oposición, el único plan es atrincherarse
y resistir un año en el Congreso para que, cuando la espada de Damocles de la
disolución haya finalmente caído, proceder a maniatar al Ejecutivo, ponerlo
bajo su férula e incluso, de ser necesario, vacar una vez más la Presidencia. Poco
le importa al pueblo, sin embargo, el punto de vista de la oposición o el del
gobierno, porque lo que debería importarles a ambos es el punto de vista del
Perú. Y, desde él, este ya es un quinquenio perdido.
Para el sentido común, el
mal menor será un nuevo reparto de cartas entre gobierno y oposición. Uno que
solo el pueblo puede legítimamente otorgar en elecciones. Otra cosa es cuál sea
el camino constitucional para conseguirlo. La oposición esgrime la
inconstitucionalidad del adelanto de las elecciones, lo que le ganará una nueva
oleada masiva de rechazo popular. O, más astutamente, pide la renuncia del
mandatario (y de la segunda vicepresidenta) para que el nuevo titular del
Congreso asuma y convoque a elecciones. Si lo que la oposición privilegia es quedarse
en el Congreso hasta el 2021 dentro del mismo estado de cosas actual, no
debería esconderse tras las faldas de constitucionalistas que dirán lo que haga
falta. Todos saben que es posible reclutar media docena de juristas que
argumenten la inconstitucionalidad del adelanto de las elecciones, pero lo que
debería ocupar en primer lugar a estos Brutos y Casios, salvadores de la
República de las ambiciones del “dictador”, es reclutar a la media docena de
juristas quepueda diseñar la forma constitucional de hacer posible que el Perú retome
su camino cuanto antes.
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