MEDIA COLUMNA miércoles 17 noviembre 2021 "!Abatir la inflación, ahora!"

 

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¡Abatir la inflación, ahora!

 

Jorge Morelli

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El gobierno se encuentra ante un dilema. Si no consigue la delegación de facultades del Congreso para la reforma tributaria -y ya sospecha que no la conseguirá-, no tendrá los 12 mil millones de soles que esperaba levantar de los contribuyentes. Recurrirá al endeudamiento. Lo viene haciendo con emisiones recientes de bonos peruanos por cuatro mil millones de dólares y mil millones de euros.

 

El candado puesto en los 90 establecía que la deuda externa no debía pasar nunca del 30% del PBI. Eso quedó por los suelos desde comienzos de la pandemia. La deuda externa alcanzó el 39% del PBI antes de Castillo y, según Latinfocus, llegaría a 42% este año y a 43% en el 2022. Para fines de comparación, según Latinfocus la deuda de Chile llegará a 72% y 72.5% de su PBI en los mismos años.

 

Pero la oposición radical ha llegado a la conclusión de que, ya sea vía deuda o reforma tributaria, lo que el gobierno planea es una orgía populista.

 

Previendo la inflación consiguiente -la actual ya llega a 6%-, el BCR se ha adelantado a subir la tasa de interés a 2%. Eso va a desatar a las furias en ambas orillas.

 

El alza de la tasa es para frenar la inflación, pero frena también el crecimiento. Eso explica el malestar venidero de la izquierda en el gobierno, descontenta con la decisión que marca el inicio del fin de la política monetaria expansionista en el Perú.

 

Es un giro de proporciones enormes. Uno que, con seguridad, tampoco dejará satisfechos a los empresarios, porque supone el retiro de los estimulos monetarios que han permitido a muchas empresas sobrevivir en la travesía difícil de la pandemia. Por gradual que sea el retiro de los estímulos, en adelante las empresas tendrán que adaptarse a la nueva normalidad.

 

Porque la inflación hay que pararla ahora, mañana será demasiado tarde.

 

Así, mientras la izquierda comienza a sospechar que se puede estar en el gobierno y no tener el poder, la derecha que optó por una política de tierra arrasada y esperaba que la inflación se encargue de tumbar al gobierno, verá que el telón de fondo ha cambiado con la decisión de comenzar a frenar hoy la inflación que es el flagelo del pueblo.  Udiean

 

Aquí es donde se pone hoy a prueba al Banco Central en la defensa del candado de las reglas fiscales puesto en su lugar 30 años atrás para que las furias de la inflación nunca más pudieran escapar de su prisión.

 

Si ambas orillas coinciden, en cambio, en impedir el abatimiento de esas furias aun encadenadas, la paradoja sería que los extremos se toquen cuando se trata de la ambición política o del bolsillo.

 

 

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MEDIA COLUMNA miércoles 10 noviembre 2021 "Baile del salón rancio"

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Baile del salón rancio

 

 

Jorge Morelli

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El paro de transportes del lunes pasado fue suspendido en Lima. Pero en el Cusco hubo bloqueo de carreteras.

 

Fue suspendido luego de “acuerdos” de los grandes transportistas formales con el gobierno. Firmaron un acta la Confederación de Transportistas Terrestres del Perú, el Gremio Nacional de Transportistas y Conductores (GNTC), la Asociación Nacional de Transporte Terrestre de Carga, y la Unión de Gremios de Transportes Multimodal. Los grandes gremios de carga suspendieron el paro a cambio de los “acuerdos” con el gobierno.

 

¿Cuáles fueron los “acuerdos”? El principal es incluir el diésel en el Fondo de Compensación de Precios de los Combustibles (FCPC) por tiempo indefinido. Así figura entre los puntos del acta firmada.

 

El galón está hoy entre S/11.5 y S/23, pero está por verse si habrá reducción. La experiencia al respecto es que el GLP envasado (balón de gas) que fue incluido en el FCPC hace dos meses, para bajar en 11 soles el balón, ha vuelto a subir. El balón de 10 kilos está entre S/ 38 y S/ 63. Es decir, la inclusión tiene un efecto nulo y es un engaño o terminará desembocando en un subsidio escondido.

  

Pero lo peor es que, si hubiera reducción, esta no es para todos. Solo para los “debidamente autorizados”.

 

Los gremios de carga no son los únicos con “acuerdo”, sin embargo. La reunión de los gremios formales de transporte urbano de Lima con el gobierno fue el 3 de noviembre, cinco días antes del paro. El “acuerdo” en ese caso renovó las rutas a los transportistas por 10 años. Comentó luego el ministro que el plazo de 10 años “se enmarca en el esquema de concesiones que permite a los transportistas títulos estables”. En verdad estas licencias son títulos nobiliarios del más rancio mercantilismo.   

 

El encono en el enfrentamiento permanente entre formales e informales hace perder de vista a los transportisas que el verdadero enemigo es el que tienen en común y es el Estado: el oligopolio público-privado de Petroperú y una empresa privada extranjera, que fija los precios finales de los combustibles al público sin que el organismo regulador pueda o intente siquiera impedirlo.

 

Tal es el margen de discrecionalidad del Estado que al gobierno de turno le resulta fácil enfrentar a los transportistas entre sí -formales versus informales, grandes versus pequeños- para llegar a “acuerdos” con unos contra los otros mientras sube los precios a todos. No es solo para acomodar las alzas internacionales sino para ir mucho más allá, a financiar planes políticos aun más rancios, como el retorno a los campos de La Brea y Pariñas para “abastecer a la refinería de Talara”.  

 

El 30 de noviembre habrá otra reunión de los transportistas formales con el gobierno para evaluar el cumplimiento de los “acuerdos” que suspendieron el paro. Allí se comprobará que -tal como ocurrió con los de marzo, en plena campaña electoral- los “acuerdos” no se habrán cumplido.

 

La nueva fecha del paro es el 1 de diciembre. Y así prosigue el baile del salón rancio.

 

MEDIA COLUMNA miércoles 3 noviembre 2021 "Gas para dummies"

 

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Gas para dummies

 

Jorge Morelli

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La masificación del gas es contraria al interés de los consumidores, a la política energética correcta, a la política exterior del Perú y a las prioridades ambientales globales.

 

Es, primero, un craso error geopolítico que hará depender la energía del Sur del Perú de la decisión política boliviana mucho más allá de lo que dure este gobierno.

 

Igualmente, es un grave error estratégico de política energética, que compromete la matriz energética del Perú de manera permanente.

 

Un reciente informe del ex ministro Jorge Baca Campodónico sobre la masificación del gas señala que desde la decisión del Estado, años atrás, de pasar la matriz energética del Perú del petróleo al gas natural, la moratoria de diez años en la construcción de hidroeléctricas se hizo para permitir la colocación del gas de Camisea en la generación de electricidad.

 

Con ello, el Estado distorsionó el mercado de la energía. En 2001, más del 80% de la energía eléctrica era producida por hidroeléctricas. Quince años después, en 2016, la participación de las hidroeléctricas en la producción de electricidad se había reducido a menos de 50%.

 

Por si fuera poco, de una de las tarifas de electricidad más bajas de la región en los 90, hemos pasado a una de las más caras.

 

Pese a que el final de la moratoria en 2017 permitió recuperar en algo la participación de las hidroeléctricas en la producción de electricidad, la masificación del gas impedirá que la energía hidroeléctrica limpia recupere el lugar que debe ocupar en la producción de electricidad.

 

Baca señala además que, “contrario a lo que se nos ha hecho creer, el gas natural no es una fuente renovable de energía limpia sino, por el contrario, de emisión de gases de efecto invernadero (GEI). Incumpliremos, así, el compromiso de reducir los GEI en 30% para el 2030”, adelanta.

 

Los acuerdos firmados con Bolivia la semana pasada incluyen la interconexión de gasoductos -el peruano y el boliviano- y la construcción de redes de distribución de gas en el Sur peruano. El gasoducto boliviano es para hacer posible la exportación del gas boliviano a través de Ilo a los países del lado del Pacífico. Dado el retraso indeterminado y el enorme costo del frustrado Gasoducto del Sur peruano -que ni siquiera es licitado nuevamente aun-, la dependencia del gas boliviano se convertirá en una situación permanente para el Sur del Perú. 

 

El consorcio Camisea ha declarado que apoya sin reparos la masificación del gas natural. Camisea produce 1,600 millones de pies cúbicos diarios, de los cuales 600 se dirigen al consumo interno, una cantidad similar se exporta, y el 25% se reinyecta en el suelo. Al consorcio le conviene la masificación sencillamente porque solo así venderá más gas.

 

Pero la masificación es una inversión masiva que el Consorcio ha adelantado que no hará. Eso es responsabilidad del Estado, afirma. Esa será la negociación principal ahora y no solo un nuevo reparto de los beneficios entre el Estado y la empresa. Obviamente llegarán a un acuerdo. “El Estado es nuestro socio”, dice ahora Camisea, porque con la masificación el consorcio podrá colocar en el mercado masificado -creado por su “socio”- el 25% del gas que hoy reinyecta en el suelo porque no hay quién lo compre.

 

Qué se debería hacer con el gas de Camisea, pregunta Baca. La tendencia mundial es a derivar el gas natural a la producción de fertilizantes, dice. La lucha contra el cambio climático va a traer consigo el abandono del gas para generar electricidad. El gobierno va contra la tendencia mundial, añade. El G20 acaba de aprobar la nueva meta de reducir el calentamiento global a 1.5 grados centígrados sobre la temperatura anterior a la era industrial. La masificación del gas va contra ese objetivo.

 

En lugar de masificar el gas natural -dice Baca- deberíamos masificar la electrificación del país, pero con una matriz energética limpia y renovable. La propia Bolivia ha tomado ya esa misma decisión y anunciado un plan de electrificación masiva con energía solar para sustituir al gas natural que hoy genera el 70% de la electricidad de Bolivia. Así podrá volver a proveer gas a Brasil y a Argentina y exportárselo al Perú, que ha decidido masificar su uso.

 

Los “socios” -el público y el privado- están de acuerdo en todo esto a espaldas del mejor interés de los consumidores, de la política exterior del Perú, de la política energética de un país que tiene un porcentaje importante del agua del planeta, y de las prioridades ambientales globales

 

Y esto para depender de una fuente de energía que no es limpia y que irá desapareciendo de la economía global. Esta es la definición misma del mercantilismo, que consiste en poner al Estado al servicio de intereses económicos privados y fines políticos miopes.     

 

 

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MEDIA COLUMNA miércoles 27 octubre 2021 "Ni vacancia ni constituyente"

 

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Ni vacancia ni constituyente

Jorge Morelli

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Blindada ya contra la disolución “fáctica” por la nueva ley, la oposición acaricia ahora la idea de vacar una vez más la Presidencia.

 

La ley, sin embargo, interpreta la Constitución y, por lo mismo, no está firme. El gobierno ha recurrido ya al Tribunal Constitucional y este puede perfectamente declararla inconstitucional por estar conflicto con sus propias competencias como "supremo intérprete" constitucional (pocos saben, sin embargo, que tal cosa no está en ninguna parte de la Constitución, sino solo en la ley orgánica del TC).

 

No obstante, el TC puede no tener hoy ya los cinco votos que hacen falta para declarar la ley inconstitucional. Tampoco tiene la intención, sin embargo, de pasar por alto el desafío del Congreso a sus competencias exclusivas. El TC se halla, pues, ante un dilema insoluble y probablemente decidirá no decidir. No se pronunciará sobre el asunto por ahora. La ley, que ya está vigente, seguirá estándolo mientras el TC no se pronuncie. Por lo mismo, la oposición no tiene que temer el cierre del Congreso. Es el momento de negociar.

 

“He venido a proponer un acuerdo, un pacto, un nuevo contrato social”, dijo la premier, Mirtha Vásquez, al pedir la confianza del Congreso. Hay que suponer que ella cree de buena fe lo que dice. Que sea verdad en un gobierno que tiene al comunismo de accionista es harina de otro costal. La palabra del gabinete está comprometida, no obstante y, si es falsa, hay legítima causal para censurarlo. El gobierno no podrá hacer cuestión de confianza sobre su permanenncia, porque la censura es una atribución del Congreso. 

  

La vacancia sin proceso, en cambio, es un hoyo negro, genera un vacío de poder que será llenado por algo que puede ser peor, como ya sabemos. Pero la oposición no quiere darle a la causal de vacancia por “incapacidad moral permanente” -que no está definida en la legislación peruana y significa lo que el Congreso quiera- el debido proceso que hace falta. No quiere darle el debido proceso que tiene el impeachment americano, por ejemplo. Y esto se debe a que -hablemos claro- la oposición no renuncia a vacar la Presidencia de Pedro Castillo.

 

No es sino más de lo mismo: poner en Palacio a otra persona cuya presidencia la oposición tendrá que vacar también, para finalmente, como es su tonto plan, colocar en el gobierno a la presidenta del Congreso, contra la cual se levantarán los votantes de Castillo convencidos de que les han robado el gobierno. Ese gobierno no podrá sostenerse, como no pudo el anterior -efímero gobierno del Congreso- acusado de ser producto de un golpe de Estado.  

 

Einstein decía que seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes es la definición del error. Es lo que estamos haciendo.

 

Este es el fruto amargo del conflicto de poderes permanente. Hay una falla en la arquitectura constitucional que origina nuestra democracia de baja gobernabilidad incapaz de resolver los problemas del pueblo. No hay equilibrio de poderes, nunca lo ha habido en la historia de la República. El Congreso ha sido y sigue siendo el “primer poder del Estado”. Este mote que ridículamente esgrime orgulloso el Congreso es precisamente su confesión. Lo es, sin embargo, solo hasta que es disuelto por el autoritarismo, como ha ocurrido tantas veces en nuestra historia.

 

Acicateados ambos  por la desconfianza y el miedo, el Congreso teme la disolución y el gobierno teme la vacancia. 

Hace falta voluntad de negociar de ambas partes para detener el conflicto antes de que se convierta en uno armado. Así comenzó la guerra civil española.

 

Los cambios constitucionales son necesarios, empezando por los que hagan posible acabar con el conflicto de poderes y escapar de la democracia de baja gobernabilidad para resolver los problemas del pueblo. Lo hizo Europa luego de la Guerra. pero Francia lo logró en paz al fundar su Quinta República.   

 

Si la voluntad de negociar existe en ambas orillas, como dice querer la premier Vásquez, la solución no es inalcanzable. Para detener este proceso degenerativo basta que la oposición -libre ya de la amenaza de la disolución- deje de lado la mala idea de vacar la Presidencia si Pedro Castillo renuncia de manera expresa y pública a fraguar una constituyente.

 

 

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MEDIA COLUMNA miércoles 20 octubre 2021 "Candidez de ministro"

 

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Candidez de ministro

 

 

Jorge Morelli

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El nuevo ministro de Energía, miembro del gabinete de Mirtha Vásquez, ha entrado con el pie en alto al Ministerio señalando que Petroperú, la mayor empresa peruana, la misma que por años ha sido un Estado dentro del Estado, está quebrada. O más exactamente, como dijo ingenuamente el Ministro, “casi quebrada”. Nadie le ha pedido hasta el momento explicar en qué consiste esa quiebra.

 

El hecho que finalmente el gobierno reconoce es con toda seguridad la razón por la que el oligopolio público-privado de Petroperú y su socio, la petrolera española Repsol, viene fijando desde el 2016 los precios de los combustibles muy por encima de los precios “de referencia” -que son los precios internacionales- publicados por el organismo regulador pintado en la pared al que el oligopolio hizo caso omiso sin explicación ni sanción alguna. 

 

Ahora que el nuevo ministro con toda candidez nos ha puesto al tanto de la quiebra de Petroperú se entenderá al fin por qué en los últimos cinco años ese oligopolio ha abusado diariamente de la buena fe de todos los peruanos y especialmente de los usuarios del transporte público y de quienes prestan ese servicio. Hoy se anuncia ya el paro de transportes que retoma el que fuera suspendido en marzo pasado, en plena campaña electoral, cuando Hernando de Soto denunció la existencia sistemáticamente ocultada de este atropello.

 

¿Cómo pudo Petroperú llegar a esto? Todo indica que como consecuencia de la descabellada aventura de invertir más de cinco mil millones de dólares en la Refinería de Talara, cuya necesidad nadie defiende salvo la empresa y nadie respalda como no sea la engañada población de Talara que aun guarda en la memoria la prosperidad de lo que en otro tiempo fueron los campos de La Brea y Pariñas. Compartiendo esa nostalgia enfermiza hoy se anuncia que a partir de diciembre Petroperú vuelve a La Brea y Pariñas.   

 

A este panorama vergonzoso se suma el trasfondo de la próxima renegociación del contrato del gas de Camisea.

 

Hoy sabemos que el 25% del gas que produce Camisea se reinyecta en el suelo porque no hay quién lo compre. Esto, pese a que el 40% de la electricidad del Perú se produce hoy con gas o petroleo contaminantes cuando 20 años atrás el 80% de la electricidad del Perú provenía de la hidroelectricidad limpia.

 

Lejos de avanzar, hemos retrocedido en las prioridades y compromisos globales del Perú en materia ambiental. Es un escándalo que, sin embargo, ha sido escamoteado y sustraido de la atención de los peruanos.

 

Pero lo que es ya una candidez lindante con el sainete ridículo es lo que hoy se propone como solución para crear un nuevo mercado donde colocar el sobrante que se reinyecta en Camisea: la masificación del gas en todo el país comenzando por siete regiones del Sur.

 

La inversión millonaria en infraestructura que la masificación requiere, el consorcio Camisea no la hará. Así lo ha adelantado al gobierno en su carta de respuesta a la invitación a renegociar, donde aplaude la masificación que le beneficia, pero precisa que esa inversión es responsabilidad del Estado y no suya. 

 

Quien tendrá la inversión a su cargo entonces -incluyendo el malhadado Gasoducto del Sur- es la empresa estatal de energía de todos los peruanos, Petroperú, que hoy está finalmente en la quiebra según ahora sabemos gracias al propio ministro. 

 

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MEDIA COLUMNA miércoles 13 octubre 2021 "De Bolivia con amor"

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De Bolivia

con amor

 

 

Jorge Morelli

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Sabemos ahora que el 25 % del gas que produce Camisea se reinyecta en el suelo porque no hay quién lo compre.

 

Esto, pese a que el Estado le creó al gas de Camisea un mercado artificial en la generación de electricidad, que ha hecho que el 40% de la electricidad del Perú se genere con gas desplazando en el mercado a la energía hidroeléctrica limpia.

 

Así, la renegociación del contrato de Camisea parte de una premisa no demostrada: la supuesta necesidad de crearle al gas un nuevo mercado mediante su masificación para el consumo doméstico a nivel nacional.

 

¿Quién va pagar esa megainversión, que incluye gasoductos y una red masiva de distribución doméstica urbana en todo el país para ampliarle de nuevo el mercado al gas? El consorcio Camisea ha adelantado que esa inversión es una responsabilidad del Estado y no suya.

 

No obstante, se da por sentado sin debate que la inversión multimillonaria del Estado en la masificación del gas es necesaria y aun inevitable.

 

A esa premisa no demostrada no son ajenos desde hace algunos años intereses bolivianos en la masificación del gas mediante un gasoducto desde los yacimientos de gas de Bolivia hasta la costa del Pacífico, en Ilo. Tanto más cuando el famoso Gasoducto del Sur peruano desde Camisea hasta Ilo es un elefante blanco que ha quedado en el abandono.

 

El proyecto boliviano,s in emargo, pondría la energía del Sur del Perú a depender de Bolivia, que puede cerrar el gas con las consecuencias políticas que ello puede acarrear. Este es un hecho geopólitico de primera importancia.

 

Es un caso análogo al de la construcción del gasoducto Nordstream 2 para abastecer a Alemania y el norte de Europa de gas desde yacimientos en Rusia. Explicablemente, EEUU se opone.

 

El hecho es que existe una licitación en el Perú –aun sin buena pro conocida- para la construcción del presunto gasoducto boliviano. En la licitación participa como postor la estatal boliviana Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Se estima que, de existir el gasoducto boliviano, la empresa constructora sería la estatal rusa de energía Gazprom, la misma que construye el gasoducto Nordstream a Europa desde Rusia, con amor.

 

Si es una mala idea depender de la energía de un país vecino, ¿cómo apoyar el proyecto del gas que vendría desde Bolivia, con amor?

 

No es un tema que les importe mucho a los privados. Más de dos años atrás, medios en Lima publicaron que dos empresas privadas que operan centrales termoeléctricas en el sur del Perú viajaron durante el gobierno de Martín Vizcarra a firmar en La Paz un convenio con YPFB en presencia del entonces presidente Evo Morales, para abastecer sus centrales con gas boliviano.

 

La pregunta obvia al respecto es ¿tiene todo esto relación con la constante presencia de Evo Morales en el Perú?

 

 

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