MEDIA COLUMNA domingo 28 julio 2019

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MEDIA COLUMNA 

28 de julio

Jorge Morelli

@jorgemorelli1

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Dejemos de lado los juicios por ahora y atendamos a los hechos fríos.  

El Ejecutivo ha hecho una alianza política con el poder Judicial para enfrentar al Legislativo. Con ello perpetúa el desequilibrio de poderes crónico de nuestra democracia de baja gobernabilidad.

Es una alianza política con la izquierda caviar infiltrada en el poder Judicial, que se disfraza de lucha contra la corrupción. La corrupción del Legislativo en este caso, por el mal uso de la inmunidad parlamentaria para el blindaje de la impunidad. 

Si el gobierno quería un pretexto para cerrar el Congreso, ya lo tiene. El Congreso no  renuncia a la inmunidad y se niega a poner en manos del poder Judicial aliado del Ejecutivo la decisión final sobre el levantamiento de la inmunidad. El Congreso tiene como todo plan atrincherarse en la plaza Bolívar un año entero y resistir el asedio hasta que, transcurrido este, el Ejecutivo no pueda ya cerrarlo en el último año de gobierno sin salirse de la Constitución. 

La segunda alianza, sin embargo, es más peligrosa aún para el Perú. 

Es una alianza de las regiones contra el gobierno central propiciada desde el gobierno nacional. Esta perpetúa el desequilibrio interno del propio poder Ejecutivo. El gobierno central ya no tiene autoridad alguna sobre las regiones. No reacciona ni siquiera ante el abierto desacato del gobernador regional de Arequipa. Se enreda buscando a otros gobernadores de la Macroregión Sur para aislar al díscolo. No atina a despolitizar el diálogo en Arequipa dejándolo en manos de un tercero que pueda ser empoderado por las partes.  

Elija el lector cual de las dos alianzas conlleva mayor peligro. Desestabilización parece la consigna en ambos casos.

Forzar la disolución del Congreso traería una confrontación insoluble e interminable

en torno a su constitucionalidad. Pondría en tela de juicio la legitimidad del régimen, no sólo la del gobierno, sino la de la forma de gobierno: la precaria democracia de baja gobernabilidad.

Pero la más corrosiva es de lejos la segunda. Apunta a paralizar la inversión minera siguiendo la consigna política de la izquierda radical, dueña de las mentes alienadas de la izquierda caviar.

Cómplice de Evo Morales, del Foro de Sao Paulo, de Caracas y de La Habana, ahora que pierde el petróleo Venezuela, la izquierda radical ambiciona el control de los recursos naturales del Sur del Perú. Y feudaliza y desarticula para ello, deliberadamente, la república unitaria que la Constitucion peruana estableció. 

Hoy 28 de julio, día de la Patria, es necesario decirle al presidente, Martín Vizcarra, que su gobierno está siendo llevado a la captura del poder absoluto en el Perú con un designio siniestro. Está advertido.  

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MEDIA COLUMNA miércoles 24 julio 2019

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Tacna y Arica

Jorge Morelli

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El tema pasa relativamente inadvertido en Lima, pero es de importancia fundamental para el Perú.

Se trata de la propiedad chilena y la soberanía peruana en el área de la franja fronteriza. Se plantea hoy a propósito de una posible gran inversión chilena en una propiedad privada en la ciudad Heroica, para la construcción de un megacentro comercial. El contexto incluye también la posible inversión extranjera en la Zona Franca de Tacna de hasta 15 millones de dólares en varias actividades productivas.

El asunto despierta el recelo de los tacneños, siempre vigilantes del patriotismo. Justificadamente, de otra parte, dados los hechos de la recordada “chilenización” que rodeó el regreso de Tacna a la Patria luego de la firma por Leguía del Tratado de Lima de 1929, hace ya 90 años.     

Al respecto, una iniciativa legislativa del congresista Jorge del Castillo ha propuesto interpretar el artículo de la Constitución que impide la propiedad foránea de tierras dentro de los 50 kilómetros de las fronteras del territorio nacional. El dictamen aprobado en la Comisión respectiva del Congreso interpreta la norma aclarando que la prohibición de la propiedad de tierras se refiere solo a las rurales, no a las urbanas. La ley haría posible la megainversión chilena en Tacna. No obstante, no puede descartarse que una acción de inconstitucionalidad detenga en seco.

 

Es distinto el caso de las eventuales inversiones chinas o españolas, chilenas o bolivianas en Zofratacna. Se habla aquí de 24 empresas interesadas y de 15 millones de dólares de inversión. Zofratacna propone saltar el problema permitiendo que las empresas se instalen bajo la figura de una cesión en uso por 30 años. La fórmula no pasa por la compra de predios, no se entrega propiedad. Esta ingeniosa salida no resuelve el problema, sin embargo. Por ejemplo, no serviría para permitir la inversión en la ciudad de Tacna.   

La madre del cordero está en la confusión entre soberanía y propiedad, causa de conflictos territoriales en todo el planeta. Cuando un Estado extranjero adquiere en propiedad privada un terreno en un Estado vecino no adquiere soberanía sobre ese pedazo de territorio extranjero. Nunca la propiedad privada puede comprometer la soberanía. Es el caso, del terreno del Chinchorro en Arica, cuya propiedad privada fue adquirida por el Estado peruano precisamente en el Tratado de 1929. Es el mismo caso de la propiedad privada sin soberanía concedida al Estado ecuatoriano en Tiwinza en virtud del Acuerdo de Paz de 1998.

Capitales peruanos bien podrían invertir en el Chinchorro en Arica para construir un centro comercial. Recíprocamente, el Perú bien podría permitir una propiedad privada sin soberanía del Estado chileno en Tacna. Con mayor razón la de una empresa privada. 

La propiedad privada en un Estado vecino puede servir como una herramienta. Tanto más si es un polo económico en cuya prosperidad ambas partes están activamente interesadas. Mejor aún si se trata de una de las nuevas zonas económicas especiales o parques industriales en cuyos accionariados participen empresas de ambos países.

Una paz duradera entre naciones es necesario coserla cuidadosamente con puntadas e hilo de ambos lados de una frontera.

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MEDIA COLUMNA lunes 22 julio 2019

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Despolitizar el diálogo

Jorge Morelli

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Si el Gobierno quiere resolver el dilema de Tía María lo que debe hacer es despolitizar el diálogo. Y el modo de hacerlo, aunque parezca sorprendente, es tomar distancia y alejarse de él.

El Gobierno debe declinar ser tercero en el diálogo, y dejar esa función en manos de otros.

No ya de una mediación bien intencionada de carácter moral, sin embargo, como la que se ha intentado varias veces sin éxito a pesar de los buenos oficios de representantes de la Iglesia. En realidad, no basta ya una mediación. Lo que hace falta es un tercero empoderado por las partes.

Tampoco un árbitro de tipo convencional, entonces, sino un tercero que pueda presentar por iniciativa propia a las partes –a las autoridades y a la empresa- una propuesta capaz de cambiar el paradigma del problema y encaminar el diálogo hacia una meta común.

Una propuesta,entonces, que pueda abordar y resolver el problema de fondo. Esta propuesta necesita un corto y un mediano plazo. En el mediano plazo se trata de encontrat una solución definitiva para el bloqueo de la inversión minera mediante una nueva política pública, a la que hay que dotar de consenso para proponerla al país.

Y una que, en el corto plazo, ponga sobre la mesa todas y cada una de las fórmulas de éxito que han ido apareciendo espontáneamente en el libre contrato entre las comunidades y minas a lo largo y ancho del Perú, sin esperar la intervención del Estado. Una fórmula que pueda adaptarse a cada caso particular y que permita destrabar a la brevedad las inversiones bloqueadas.

Tía María es hoy el caso emblemático, como Conga y Las Bambas. Y hay que decir con toda claridad que el Estado peruano –no ya el Gobierno actual- carece hasta hoy de una propuesta que permita diagnosticar y remediar el problema.   

El Estado no puede producir esa respuesta. Tampoco las partes, ni la empresa ni las comunidades. No pueden ponerse de acuerdo en el valor de lo que cada una aporta, porque no existe un punto de referencia con credibilidad para ser confiable para todos.

Solo el mercado –el libre juego de la oferta y la demanda- puede proveer la información que permita a las partes tomar su decisión libremente. Sabemos el valor en el mercado del recurso natural bajo la tierra, pero no sabemos el valor de la tierra sobre ella, porque el precio de mercado no puede formarse de manera equitativa si solo se tiene acceso a un pequeño mercado local, ni siquiera al mercado nacional. Y en ausencia de esa información las partes no pueden decidir. De allí la impaciencia que nunca está lejos de la imposición y de la violencia. Ese camino ha llegado a su final.

Hace ya mucho que los peruanos esperan una solución viable, que sea ante todo justa y permita compartir equitativamente la renta de los recursos naturales entre las partes y todos los demás peruanos. Y la impaciencia se ha apoderado ya de una mayoría, lo que se refleja hoy visiblemente -con justicia o sin ella- en el desplome de la aprobación del Presidente en las encuestas del Sur del Perú. Incluso desde este punto de vista lo mejor que el gobierno puede hacer es despolitizar el diálogo.

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MEDIA COLUMNA domingo 21 julio 2019

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Empoderar a un tercero

Jorge Morelli

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El premier Salvador del Solar respondió el miércoles pasado al emplazamiento que hiciera el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres, al presidente, Martín Vizcarra, al darle 72 horas para anular la licencia de construcción otorgada a la empresa Southern. Es más, lo amenazó. Dijo que el Presidente será responsable de “los muertos que los problemas puedan traer”. Del Solar le respondió que “no hay espacio para ultimátums”. Añadió, en la otra mano, que “hay grupos que tienen legítima posibilidad en democracia de demostrar su oposición“ y que el diálogo determinará cuál es la estrategia que puede aplicarse.

Pues bien, el viernes se venció el plazo de 72 horas y el Gobierno no ha anulado la licencia que otorgó a Southern. Y ahora el gobernador de Arequipa, ¿va a hacer qué? Se ha puesto en un disparadero. Al gobierno le bastaba con no hacer nada -que es lo que mejor sabe hacer- para dejarlo en ridículo. Es lo que está ocurriendo.

“Son cuatro días de huelga… Esto se va a intensificar… y puede sumarse todo el sur del Perú”, volvió a amenazar en un tono ya cansino y gastado, a ver a quién lograba asustar. Y volvió a repetir los ruidos ya conocidos en el sentido de que no hay diálogo mientras la licencia siga activa. “Solo si se anula podemos sentarnos”, agrega, tratando de entreabrir una puerta que no es salida.

La pelota estaba en su cancha, solo había que dejarlo desgastarse, pero el Presidente no podía dejar de intervenir. Y lo hizo para dar medio paso atrás. “No habrá ninguna construcción si previamente no se sienta a dialogar la empresa con la población”, dijo. Ahora el diálogo es con la empresa. Pareció que le estaba endilgando a la empresa la responsabilidad de generar el diálogo lavándose las manos del asunto.

Fácil sería buscar las contradicciones entre el Presidente y su Premier. Pero es una pérdida inútil de tiempo. El hecho es que, igual que en Las Bambas -otro “diálogo” estirado hasta la náusea-, el caso Tía María va camino de ser otro ejemplo de desmanejo penoso. Y esto ya está acabando con la paciencia del país.

Por supuesto que las opciones no son lavarse las manos o meter a la Policía en el lugar. Pero tampoco lo improvisar como mediador a un obispo que bendiga el autoengaño de las partes y la mentira al país d un diálogo que no va ningún sitio.

Ya que el gobierno evidentemente carece de algo que proponer en el diálogo, y  puesto que a estas alturas no se le ocurre nada mejor que decirle a la empresa que arregle el asunto como pueda, la única verdadera solución es empoderar para esta negociación a un tercero que pueda aportar a las partes –a las autoridades y a la empresa, no ya al Gobierno, que no debe meterse ya- una propuesta para resolver el problema de fondo. Una propuesta que haga girar al diálogo sobre ella y no sobre un intercambio puramente emocional y vacío entre una lista interminable de quejas y reclamos, de una parte, y de la otra apelaciones impacientes llenas de suficiencia a la “información objetiva” y a una “racionalidad” en la que la otra parte no cree.     

 

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MEDIA COLUMNA miércoles 17 julio 2019

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Una solución para las 

comunidades y las minas

Jorge Morelli

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El gobierno está empeñado ahora en que haya diálogo en Tía María con el pueblo. Pero el diálogo no es un fin en sí mismo, es para que la partes planteen una fórmula de solución. Pero el gobierno da la impresión de no tener nada que proponer. En esa condición, el diálogo es solo para ganar tiempo. En realidad, para perderlo.

¿Qué podría proponer el gobierno? Fórmulas de solución hay varias, que el mercado y el libre contrato entre las comunidades y las minas se han encargado de crear por sí mismos, sin que el Estado estorbara. Estas van de la peor a la mejor.

La peor es repartir dinero. Es lo que ha ocurrido en Las Bambas. Aunque a primera vista puede parecer igualitaria y democrática, la verdad es que es la peor de todas las fórmulas. La consecuencia ha sido desastrosa y era perfectamente previsible para quien quisiera mirar la realidad como es y no como el facilismo cree que debería ser. Juzgue usted por los resultados: los comuneros no tenían los instrumentos necesarios para poder invertir. Abandonaron la tierra. Y cuando se acabó el dinero volvieron por más. Esa es la triste verdad. ¿Y qué podia ocurrir? ¿Alguien en su sano juicio pondría una fortuna en manos de un hijo si no rienenla herramientas para invertirlo rentablemente? Hasta ahora el Estado -no digo solo el gobierno- no ha sacado las conclusiones correctas de este fracaso, no ha aprendido ninguna lección y está por volver a cometer el mismo error en Las Bambas. No debe hacerlo en Tía María.

Muchos ensayos han fracasado por desconocimiento: la empresa cree de buena fe que, como es el Estado el que debería hacer las obras en favor de la comunidad, ya que para eso paga la empresa puntualmente sus impuestos y los salarios, piden a los trabajadores que vayan a reclamarle al gobierno, como lo harían en un país desarrollado. Este es un acto suicida a corto plazo.

Algunas empresas tienen la prudencia de ilustrarse sobre los 150 años de Antropología que existen en el mundo antes de invertir en Américal latina, Afirca o Asia. La versión más moderna de la fórmula tradicional la ensayan hoy varios casos de éxito: hacen la obra comunal, la escuela, la posta, la carretera, las comunicaciones, todo lo que en realidad debería hacer el Estado. La fórmula exitosa más reciente la ensayó el segundo gobierno de Alan García con el aporte voluntario de la minería. Este era deducible del impuesto a la renta de las mineras y llevó a muchas de ellas a firmar convenios con gobiernos locales para ejecutar directamente obras en las comunidades. De los 2,500 millones recaudados en cinco años por el aporte voluntario, se ejecutó el 100 por ciento, según la Sociedad de Minería que estudió la formula. Habría sido crucial que invirtieran en “sembrar agua”, como dicen los comuneros. No llegó a suceder. No hubo tiempo. El gobierno humalista liquidó el ensayo exitoso reemplazando el aporte voluntario por un nuevo “régimen tributario especial” para la minería que permitió al gobierno central volver a echar mano de todos los recursos. Las comunidades se quedaron sin las obras hechas de la mano con las empresas.  

Una muy buena fórmula de solución es la que usó Tintaya en Espinar. La mina entrega al gobierno local o regional un porcentaje pactado de las utilidades: el 3 por ciento para ser exactos. Otra mejor aún es la que una minera ha puesto en marcha en la comunidad de Ollachea en Puno: la ha hecho su socia entregándole el 5 por ciento de las acciones de una empresa creada expresamente para explotar el recurso debajo de las tierras comunales.

Salvo las dos peores, cualquiera de las fórmulas sirve, pero solo para ganar tiempo, en mayor  o menor medida, mientras se implementa la verdadera formula de solución definitiva. Si esta no llega, tarde o temprano la empresa se topa con la realidad. El libre contrato firmado no está rodeado de garantías que lo hagan estable y duradero. No hay puesta en valor de la tierra con agua, ni participación directa de la comunidad –no intermediada por el gobierno local o regional- en el canon o en la renta que produce  la explotación del recurso del subsuelo. No hay entonces estabilidad. La comunidad cambia de directiva y cambia el viento. Se reabre la “negociación” permanente. Todo puede revertirse a fojas cero en cualquier momento.

La solución de fondo es que el mercado debe decidir cuánto vale el suelo que se halla sobre los recursos naturales y no solo el recurso que está debajo. Mientras eso no suceda, no habrá fórmula de solución definitiva. Ya sea para la venta de la tierra o su alquiler o para establecer una servidumbre de paso, el mercado tiene que poder fijar el valor de la superficie, no solo el del recurso debajo. Y ese derecho no está en el mercado. Ni el de las comunidades ni, mucho menos, el de los de los conductores o poseedores de la superficie más precarios aun que los propios comuneros. Transar esos derechos mal establecidos no es posible. Así no puede formarse un precio de mercado para esa tierra que las partes acepten de manera informada y libre. Se puede firmar un contrato que será legal, pero no legítimo y que, por lo tanto, será precario.

El modo de resolver este gigantesco malentendido que mantiene en el Perú 800 mil millones de dólares bloqueados bajo el suelo, es que no solo el recurso del subsuelo sino la tierra de la superficie tengan un valor de mercado que permita a cualquier comunero comprobar a diario que el valor de su tierra en el mercado evoluciona en la misma dirección que el de las acciones de la empresa, que si la producción se bloquea las aciones de la empresa y las suyas caen juntas en el mercado, tal como suben juntas si la producción avanza. Es la única verdadera fórmula de solución duradera y estable. Las otras son solo un plan B, ganan el tiempo necesario para implementar esta.

Es lo que viene señalando Hernando de Soto, y el mundo ha comenzado por fin a escucharlo. El gobierno bien podría llevar al diálogo que pide en Tía María esta formula de solución. Porque el diálogo sin propuesta será, una vez más, solo tiempo perdido.

   

   

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MEDIA COLUMNA lunes 14 julio 2019

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La gran ilusión

Jorge Morelli

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Hoy, 14 de julio, se cumplen 230 años de la Revolución Francesa que, luego de una década de caos revolucionario, permitió que Napoleón Bonaparte restableciera el gobierno fuerte en Francia. Y duró solo quince años. 

Eso debe haber pesado en el ánimo del duro aprendizaje que tuvieron que hacer casi inmediatemente después San Martín y Bolívar en América del Sur, una vez consumida la llama de los primeros años de la independencia a partir de 1821, viendo el peligro de la demagogia política en medio de la anarquía que sin querer habían desatado. Concluyeron uno y otro -aunque no en el mismo momento- en la necesidad de un gobierno fuerte en el Perú. De alli el proyecto del primero de crear una monarquía constitucional en la antigua sede del virreinato español; y del segundo, de gobernar desde el Perú cuatro naciones con una misma constitución, que establecía un presidente vitalicio. El proyecto -una sola nación que uniera desde el Perú a Bolivia con Colombia y Venezuela- se ahogó en medio de la anarquía y la demagogia en cada uno de los países ahora “libres” gracias a ellos.

Ambas historias –la nuestra y la de Francia- evocan otras que se repiten en el tiempo. Es inimaginable para nosotros la gran ilusión que debe haber inspirado en nuestros pueblos la independencia, luego de 300 años de dominio español. Y la magnitud de la enorme frustración posterior ante la anarquía y la demagogia. Tal como, salvando las distancias y la escala de acontecimientos, es difícil imaginar para quienes no lo vivieron la ilusión con que llegó para la generacion de quienes nacimos en el Perú de los 50 el fin de los doce largos años del gobierno “revolucionario” de la fuerza armada –un experimento nunca visto- que iría muriendo por fases para desembocar en las elecciones de 1980. Nos parecía que el retorno de la libertad y la democracia lo resolvería todo y que el Perú se encaminaría al fin al desarrollo. Curiosamente, la insólita “revolución” de los militares en el Perú desarrolló una narrativa política según la cual la Independencia había sido meramente política y que lo suyo era la independencia económica. Lo que trajo fue la demagogia que desató la inflación, y la anarquía que incubó el terrorismo. El primer acto del terror tuvo lugar el día de las elecciones de 1980. La demagogia y el terrorismo no se detuvieron ya en el Perú hasta que, una vez más, el gobierno fuerte les puso fin. 

También la anarquía que en esos mismos años siguió al derrumbe de la Unión Soviética se parece a esos otros procesos. La preeminencia de la reforma politica sobre la económica –de la glasnost sobre la perestroika, como bautizara Gorbachev a ambas reformas- condenó a Rusia al caos por décadas hasta la aparición del gobierno fuerte, que restableció una gobernabilidad de perfil autoritario.

Los gobiernos fuertes, sin embargo, están siempre cerca de la tentación del autoritarismo. Y este incuba la recaída en la demagogia. La democracia de baja gobernabilidad sin equilibrio de poderes es el subproducto típico. Una trampa en que la que Francia quedó atrapada desde 1870, luego del segundo bonapartismo.

Es la misma trampa en la que el Perú se halla atrapado hasta hoy. La separación de poderes no basta para salir de ahí. El único modo de escapar de la trampa es establecer el equilibrio de poderes. Francia lo consiguió finalmente hace 60 años, en 1958, con la Constitución de la Quinta República, luego de cuatro fracasos en 170 años desde la Revolución Francesa. El Perú no ha hecho aún esa transición. Es la lección que todavía debe aprender de Francia 230 años después del 14 de julio.

      

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MEDIA COLUMNA domingo 13 julio 2019

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Pensamiento mágico de la Fed

Jorge Morelli

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Donald Trump está torciéndole el brazo a la Fed y seguramente va a lograr que el banco central baje la tasa de interés para reimpulsar el crecimiento de la economía americana.

Con menores tasas, la economía podrá acceder a un crédito más barato. Una menor tasa de interés reducirá también la demanda de dólares, con lo que el dólar se debilitará. Se encarecerán las importaciones de China entonces, en beneficio nuevamente del crecimiento de la economía americana. 

Todo esto es lo que Trump tenía pensado desde el principio de su gobierno, en enero de 2017, hace dos años y medio. Y la Fed casi lo arruina todo al subir la tasa de interés cuatro veces en el 2018. La economía se frenó.

Ahora la Fed tiene que bajar las tasas no porque se lo pida Trump –lo hace en todos los tonos día por medio-, sino porque el crecimiento se ha desacelerado y no hay otro camino. Ni siquiera tiene la Fed un pretexto para no hacerlo. Su mandato constitucional es mantener a raya la inflación y procurar el pleno empleo. Y resulta que no hay inflación y la economía no está lejos del pleno empleo.  

Resulta desconcertarnte, entonces, que la Fed, lejos de reconocer su error, le eche a Trump la culpa de la desacelaración y agravie al presidente diciendo que la economía se desacelera a causa de la guerra comercial de Trump con China. No es así. No se frena por eso, sino porque la Fed subió la tasa de interés en exceso y cuando no debía.

La Fed debería tener en mente lo que hoy necesita la economía de EEUU. Y esto es sanear su mercado de valores ahogado en papeles sin el respaldo de bienes reales –las hipotecas sub prime escondían detrás supuestos activos que no eran tales- cuyo destape produjo hace una década el colapso de la burbuja global. El mercado virtual de las finanzas necesita dotar a sus papeles del respaldo de bienes de la economía real.

Y, correspondientemente, los bienes sin papeles de las economías emergentes del resto del planeta necesitan papeles para conseguir un valor de mercado que pueda colocarse y venderse en los mercados de valores globales. Así las dos mitades de la economía global podrán curarse mutuamente.

No es trabajo de la Fed lograr esto, sino de la visión de los líderes alrededor del mundo. Pero la Fed debe tenerlo presente y tener una política monetaria lo suficientemente flexible para alojar esa posibilidad.

En cambio, el cumplimiento mecánico por la Fed del objetivo de una inflación de dos por ciento con pleno empleo puede ser rígido en exceso y convertirse en una forma de pensamiento mágico que le impide cumplir su mandato constitucional.

   

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