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MEDIA
COLUMNA
El botín que la demagogia
y la dictadura saquean
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
La tragedia de Venezuela
comenzó mucho antes del chavismo. Así lo dicen las cifras, que muestran un deterioro
progresivo, incesante, de su economía desde mucho antes de la aparición de
Chávez y Maduro en escena. Es una comprobación desagradable, pero cierta y no
se la puede esconder debajo de la alfombra. El chavismo y su hiperinflación de
dos millones por ciento –la nuestra fue de siete mil por ciento- es entonces el
desenlace final de una larga historia de décadas de demagogia que desembocaron
en la dictadura.
Fidel Castro ambicionó desde
1959 apoderarse del petróleo venezolano para exportar el castrismo a toda
Latinoamérica, pero fue la demagogia anterior lo que hizo de Venezuela una
presa fácil. No dudo de que la noche oscura de Venezuela terminará pronto. Pero
temo que le ocurrirá lo mismo que a nosotros: una transición no a la democracia
aún, sino de vuelta a la demagogia que incuba el autoritarismo y la recaída en
la demagogia.
Nuestra democracia peruana de
baja gobernabilidad –nuestra versión actual de la demagogia- se debe a la
grieta profunda en su arquitectura institucional: el equilibrio de poderes
tiene un diseño fallido. El Estado, entonces, es incapaz de resolver los
problemas de los peruanos y no garantiza ni la vida ni la libertad de sus
ciudadanos y mucho menos la institución que es el cimiento de la economía: la
propiedad.
Es hora de plantear una duda
en voz alta. Me pregunto si existiría la dictadura en Venezuela si el petróleo
no fuera de propiedad del Estado. Me pregunto también si habría existido la
demagogia anterior a la dictadura si el petróleo no fuera de propiedad del
Estado.
Y la pregunta se extiende a
los recursos naturales del subsuelo en toda Latinoamérica. En el Perú, a los
minerales bajo las tierras de las comunidades andinas y los casos emblemáticos
de Las Bambas, Tía María y Conga.
Ya es un lugar común decir
que en Estados Unidos el subsuelo y todo lo que contiene es del propietario del
suelo. El que encuentra petróleo en su patio llama a la empresa petrolera y ambos
firman un contrato. Pero aquí el subsuelo es del Estado, que concesiona el
recurso natural a una empresa y ellos firman el contrato entre sí.
Es así todavía hoy desde que
el Estado fracasó hace décadas en explotarlo directamente mediante una empresa
estatal. No obstante, sigue firmando el contrato con la empresa privada. El
poseedor del suelo, en cambio, no es propietario del suelo siquiera, porque el
Estado no garantiza su propiedad. No le extiende un título ni ninguno de los
requisitos que le permitirían a la comunidad negociar con la empresa de igual a
igual.
Desde el fracaso de la
reforma agraria 50 años atrás, la mayor parte de la tierra en el Perú sigue en
un limbo, en la ambigüedad legal y la incertidumbre. Más aún las tierras
comunales. Y lo mismo el agua. Es un ”patrimonio de la Nación”, pero sujeto a
tutela estatal en la práctica. En suma, el Estado peruano no garantiza la
propiedad ni de la tierra, ni del agua. Solo la del subsuelo, porque es su
propiedad. Que el agua, la tierra y el subsuelo estén sujetos a este régimen
inicuo es lo que hace del Estado un botín que la demagogia y la dictadura se
turnan en saquear.
Es urgente institucionalizar
una política pública para el libre contrato entre las comunidades y las
empresas. Una política de Estado que garantice la propiedad de la tierra y su
puesta en valor con agua mediante una participación bien regulada en la renta
de la explotación del recurso bajo la tierra.
Solo cuando el Estado
garantice la propiedad de los peruanos los recursos naturales dejarán de ser el
botín que la política saquea.
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