ESTA NOCHE jueves 19 octubre 2017

ESTA NOCHE jueves 19 octubre 2017

ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.

La opinión en MEDIA COLUMNA representa exclusivamente a su autor. Usted puede reenviar y publicar libre y

gratuitamente cualquier MEDIA COLUMNA tomándola de este correo o de

jorgemorelli.blogspot.com

MEDIA COLUMNA

Juegos sucios

Jorge Morelli

@jorgemorelli1 
jorgemorelli.blogspot.com

La idea de prohibir la participación de los movimientos provinciales en las próximas elecciones regionales  tiene supuestamente el fin de fortalecer a los partidos nacionales. En realidad, solo tiene el propósito de fortalecer a las cúpulas de los partidos nacionales.

Si pudieran, prohibirían también la participación de los movimientos regionales, pero afortunadamente no pueden.

Más penosa aún es la idea de cerrar la puerta tambioen a nuevos partidos nacionales exigiendo varios años de vigencia antes de participar en elecciones.

Que ambas iniciativas se presentan juntas, además, y parezcan fruto de un arreglo oculto entre las cúpulas de dos partidos nacionales, ya es francanmente vergonzoso.

Desde luego, no es que no sea deseable fortalecer el sistema de partidos, sino que la exclusión no es la manera de hacerlo. Sacar al rival de la competencia es jugar sucio.

La manera de fortalecer el sistema de partidos no es cerrarle la puerta a los nuevos, sino asegurar la gobernabilidad para que los partidos puedan tener éxito en resolver los problemas del pueblo.

Ya el pueblo se encargará de saber a quién da su respaldo y a quién no.

REPORTE DE NOTICIAS en Internet

Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas

temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican

sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.

GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA

Peru21

El fiscal José Pérez viajará la primera semana de noviembre a Brasil para interrogar a Marcelo Odebrecht, ex mandamás de la empresa del mismo nombre, por la anotación que fue hallada en su celular y que involucra a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Fuentes de Perú21 en el Ministerio Público confirmaron que las autoridades brasileñas accedieron al pedido que fue formulado a finales de setiembre.

En su última presentación en la comisión Lava Jato, y en reiteradas oportunidades previas, Fujimori negó haber recibido o pedido algún aporte de la constructora para financiar su campaña presidencial del 2011.

Caretas

La normalidad es el conflicto. Se engañó quien asumió que la relación entre el Ejecutivo y el Congreso entraba a un prolongado remanso de concordia. Apenas obtenido el voto de investidura por parte del gabinete presidido por Mercedes Aráoz, la comisión Lava Jato pasó a ser el escenario de la discordia.
Apenas horas después de la votación de confianza, la comisión Lava Jato recibió a Keiko Fujimori. Comenzó su intervención el viernes 13 a las 9 y media de la mañana.

“En ese caso y en esa campaña (2011), el señor Kuczynski quedó en tercer lugar, muy cerca al resultado mío, y entiendo que él sí conoció al señor Odebrecht y sí conoció al señor Barata, con quien formó, además, parte de un directorio de una asociación sin fines de lucro”, dijo keiko Fujimori.

En ese pasaje fue donde se percibió más claramente la intención estratégica de la presencia casi sorpresiva de Keiko Fujimori en la comisión.

PPK coincidió con Barata en el año 2008 en el directorio de la Asociación Empresarial Para el Desarrollo Rural, ONG que conformó Mario Suito de CAPECO para poder canalizar donaciones dedicadas a la reforestación de Cajamarca. El actual presidente ha aclarado en el pasado que nunca se cruzó con el ejecutivo brasileño, que solo se quedó tres meses en el directorio que también conformaron Jorge Graña, Jorge Camet, el padre Gastón Garatea, Leopoldo Scheelje por Confiep, Ángel Irazola de Alicorp y Juan Carlos Berna, por entonces director del MALI.

En el oficio por el que se le cursó la invitación para declarar a la Comisión, se le comunicó al presidente que sería interrogado en nueve materias. La última de la lista trata de los “aportes económicos y/o donaciones de las empresas brasileñas y sus consorciadas peruanas a las asociaciones civiles, organismos no gubernamentales, fundaciones y otras organizaciones que hayan estado o estén bajo su gestión”.

El Comercio

El portavoz alterno de Peruanos por el Kambio, Juan Sheput, afirmó hoy que si la Comisión Lava Jato actúa de manera objetiva, “no puede rechazar” las respuestas que el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) desea dar por escrito a sus interrogantes. “Esa actitud demostraría que ellos tienen un trasfondo político”, manifestó.

Dijo que la presencia de una persona en un grupo investigador “no garantiza la captura de información”. Puso como ejemplo la presentación de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ante la Comisión Lava Jato el último viernes.

El Comercio

Las empresas socias y que operaron en consorcio con compañías contratistas vinculadas a actos de corrupción –como Odebrecht– podrían ser incluidas hoy en los alcances del Decreto de Urgencia (D.U.) 003 por decisión del Parlamento.

Esto debido a que la Comisión de Constitución y la Comisión Lava Jato ya tienen definidas las nuevas pautas que planean incorporar al texto del proyecto de ley 1410, que modifica los alcances del D.U. 003.

“Las empresas consorciadas con Odebrecht decían que no tienen responsabilidad, que no sabían de los pagos de sobornos a cambio de licitaciones o que el D.U. 003 no aplicaba a ellas. Frente a esto, lo que buscamos es que todas queden dentro del alcance legal y asuman su responsabilidad”, dijo Jorge Castro, vicepresidente de la Comisión Lava Jato del Congreso.

Indicó que ambos grupos de trabajo respaldan y consideran necesario realizar modificaciones al D.U. 003, por lo que ya se solicitó a la presidencia del Congreso poner en agenda la segunda votación del proyecto. El pleno del Congreso ya aprobó el proyecto de ley 1410 en primera votación el pasado 5 de octubre.
De aprobarse la iniciativa, las socias de Odebrecht no podrán sacar dinero de sus activos al exterior y se les retendrá parte de los pagos de los contratos que tienen con el Estado.

ANTICORRUPCION,  PERSECUCIÓN, JUDICIALIZAC ION POLITICA

Peru21, La República

El Tribunal Constitucional dejó al voto el hábeas corpus interpuesto por Keiko Fujimori en favor de su padre, el detenido Alberto Fujimori.

El TC escuchó a la abogada de Fujimori, Liza Ramos, y al procurador del Poder Judicial, Marco Piña Burga. Se tomará una decisión en los próximos 30 días.

ESTA NOCHE, El Comercio

Sobre Kenji Fujimori pesa un segundo proceso disciplinario en su bancada. A Kenji Fujimori se le imputan seis presuntas infracciones en este segundo proceso disciplinario.

Al respecto, Héctor Becerril, vocero oficial del partido, recordó que este 22 de octubre culmina el descanso médico, por lo que de forma inmediata debería ser nuevamente citado para dar su descargo. “Puede estar sujeto a una suspensión de 120 días o una expulsión…No hay más alternativas”, refirió Becerril.

El Comercio

Maritza García representa el más reciente caso de congresistas de Fuerza Popular que han recibido duros cuestionamientos al interior de la propia bancada.

La agrupación naranja, en la reunión del último martes, le pidió a la legisladora representante de Piura renunciar a la presidencia de la Comisión de la Mujer, lo que ocurrió ayer.

El último miércoles, la bancada de Fuerza Popular también decidió suspender por 120 días —máxima sanción en cuanto a suspensiones— a Yesenia Ponce, a quien en un audio se le escucha acusar a Keiko Fujimori, lideresa del partido, de obstaculizar la realización del proyecto Chinecas, en Áncash. La propia Keiko Fujimori se pronunció para negar las acusaciones.

Pero quizá el caso que ha evidenciado una clara división en el fujimorismo es el de Kenji Fujimori. Él permanece con licencia médica hasta el 22 de octubre, pero tiene pendiente dar sus descargos ante la comité que lleva el segundo proceso disciplinario en su contra al interior de la bancada.

Es cuestionado por publicar un artículo en un semanario, emitir mensajes en Twitter y por haberse cubierto la boca con una cinta en el pleno del Congreso del 14 de setiembre, cuando se debatía una nueva ley contra el transfuguismo planteada por su propia bancada.

En tanto, ni bien se le había iniciado un proceso disciplinario —al que calificó de injusto— por incidentes con Úrsula Letona y Héctor Becerril, Yeni Vilcatoma decidió renunciar a la bancada de Fuerza Popular en setiembre del 2016.

Finalmente, otro sonado caso fue el de Patricia Donayre, hoy en las filas del oficialista Peruanos por el Kambio. Ella renunció a Fuerza Popular el 27 de junio después de haber sido sometida a un proceso disciplinario. Consideró que la indagación que le abrieron fue “totalmente inconstitucional”.

El Comercio, editorial

La bancada de Fuerza Popular hizo ayer noticia por dos circunstancias semejantes pero no iguales. En ambos casos se trató de medidas de sanción a integrantes de ese equipo parlamentario, pero la forma en que estas fueron materializadas y comunicadas a la opinión pública fue contrastante.
Nos referimos, desde luego, a los 120 días de suspensión en los derechos partidarios que se le impuso a la congresista Yesenia Ponce y a la provocada renuncia de la legisladora Maritza García a la presidencia de la Comisión de la Mujer y Familia.

La primera, como se recuerda, enfrenta serios problemas por las dudas que han generado las contradicciones entre lo que consignó en su hoja de vida sobre su educación escolar y lo que luego se ha sabido al respecto por informaciones periodísticas, así como por la posibilidad –todavía en investigación– de que haya realizado pagos a autoridades de un colegio en el que ella afirma haberse graduado.
No ha sido esa, sin embargo, la razón de la mencionada sanción, sino el hecho de que, a través de un audio divulgado un mes atrás, se conoció que ella había afirmado en una reunión privada que Keiko Fujimori le ordenó ‘guardar’ la iniciativa para reactivar el proyecto de irrigación Chinecas, que beneficiaría a su región (Áncash) por razones políticas. Es decir, hasta que el fujimorismo fuese gobierno y pudiese sacarlo adelante con los réditos que eso le rendiría.
En medio de la tormenta política, Ponce se presentó ante la prensa para declarar que había “faltado a la verdad” y para pedir perdón a su lideresa. Pero eso no fue suficiente y ayer la vocera alterna de la bancada naranja, Milagros Salazar, aclaró expresamente que la suspensión obedecía a ese motivo.

En el segundo caso, en cambio, la sanción se tradujo en el anuncio de que los miembros de FP en la Comisión de la Mujer no apoyarían a la parlamentaria Maritza García en su intención de conservar la presidencia de la misma tras haber sentenciado que, con ciertas expresiones, las mujeres podían “exacerbar los ánimos de una persona normal” y dar “la oportunidad al varón” para que cometa actos de violencia.
Sobre el particular, la misma Milagros Salazar fue menos directa. “[Ella] no ha asumido lo que le hemos solicitado”, dijo en alusión a la demanda de varios legisladores fujimoristas de que dejara la presidencia de la comisión. Y agregó que en la siguiente sesión de esta, FP ‘daría su posición’. “Nos toca votar para que ella se retire de la presidencia”, señaló.
Llaman la atención, por otra parte, las palabras del otro vocero de la bancada mayoritaria, Héctor Becerril, tras la forzada renuncia. “Lamentablemente, en política los errores se pagan”, dijo. Y añadió: “Su renuncia es positiva y eso hay que resaltarlo”.

A la primera integrante de la bancada, en suma, se la castiga de manera explícita y efectiva, no porque habría mentido en su hoja de vida, sino por haber afectado la imagen de la lideresa del partido. Mientras que a la segunda, se la induce simplemente a dejar un cargo –conservando todos sus derechos dentro del equipo parlamentario intactos– y casi se lamenta tener que hacerlo…
Si a esto agregamos la consistencia más bien difusa de los ‘cargos imputados’ al congresista Kenji Fujimori –principalmente artículos publicados en la prensa y mensajes vía tuit– para llevarlo a un segundo proceso disciplinario interno que debe cumplirse en los próximos días, la sensación que queda es la de que un cierto azar preside los criterios sancionadores en Fuerza Popular. O, por lo menos, parece presidirlos.
Porque la otra opción es que esto no sea producto de una ruleta sin lógica alguna, sino más bien la expresión minuciosa de un sistema de valores que considera graves las faltas a la autoridad partidaria; y las que ofenden a la ciudadanía en general, ‘peccata minuta’. Y eso sí que mostraría a la bancada fujimorista bajo una luz preocupante.

La República

Columna de Alvarez Rodrich

Es lamentable que un partido que vivió por varios años con un veto para llegar al poder, pretenda hacer lo mismo ahora con otras agrupaciones con el fin de limpiar su camino en la elección 2021.

Eso es lo que se puede concluir del proyecto presentado por el Apra para sacar de la carrera a los partidos que en la elección del bicentenario tengan menos de tres años de inscripción.

(…)

En teoría, el proyecto apunta en la dirección correcta de fortalecer a los partidos políticos evitando que estos solo sean etiquetas de última hora que son abordadas por quienes pretenden llegar a un puesto público.

En la práctica, sin embargo, implica vetar candidaturas en proceso de inscripción como las de Julio Guzmán o Verónika Mendoza, que ya están enfrentando el requisito de reunir más de 730 mil firmas establecido en diciembre de 2015 por el parlamento previo al actual.

Con la restricción anterior, y la nueva que el Apra con el fujimorismo quieren imponer de la antigüedad de los tres años, se busca reducir la competencia de nuevas agrupaciones en beneficio de las antiguas.

El proyecto será evaluado por la comisión de constitución y luego en el pleno, dos instancias donde el fujimorismo cuenta con los votos suficientes para aprobar esta iniciativa aprista.

Lo que está ocurriendo es el aprovechamiento de una asociación donde Fuerza Popular pone los votos y el Apra las ideas, actuando ya no como furgón de cola, como se ha dicho antes, sino como locomotora de un tren naranja que busca tener mejor suerte en la elección 2021 con relación a sus fracasos de 2011 y 2016.

(…)

NARCOTERRORISMO, INTELIGENCIA, FFAA, DDHH, USO DE LA FUERZA

Expreso

El jefe de la etnia ashéninka (no asháninka) de Oventeni Gran Pajonal (provincia de Atalaya, Ucayali), Miguel Caimeiteri Fernández, pidió al Gobierno autorización para capturar a los hermanos Quispe Palomino, cabecillas del último remanente de Sendero Rojo que -aliados con el narcotráfico- operan en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) desde hace 18 años.

Así, Caimeiteri Fernández afirmó que solo en cuatro meses terminará con el narcoterrorismo y obtendrá la captura de los principales cabecillas de esta organización terrorista.

En ese sentido propuso aplicar una estrategia defensiva al estilo vietnamita y, por ello, demandó al Gobierno que reincorpore al exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general en situación de retiro Leonel Cabrera Pino.

“Él es un alto oficial guerrero y no de escritorio. Debe ser reincorporado porque conoce el  Vraem como la palma de su mano. Por algo los hermanos Quispe Palomino lo bautizaron en el teatro de operaciones con el apelativo de ‘Sun Tzu’, famoso por sus estrategias de guerra”, dijo a EXPRESO.

Miguel Caimeteri dijo que tiene bajo su mando un ejército conformado por unos tres mil nativos ashéninkas armados con flechas y  lanzas envenenadas, los mismos que están listos para entrar a la lucha.

Una de las principales hazañas que se le atribuye a este grupo de nativos fue la captura de 25 terroristas armados que invadieron la comunidad de Oventeni sometiendo al pueblo por más de una semana.

Ellos además son conscientes de que los últimos remanentes de Sendero Luminoso, o Sendero Rojo de los Quispe Palomino, están focalizados entre las zonas de Junín y Huancavelica. Viven en la ‘zona del diablo’ de túneles interconectados a lo largo del Vizcatán.

Expreso

Cruel realidad. Todo indica que la lucha contra el narcotráfico no avanza como se espera, así lo demostraría el establecimiento de cinco nuevas rutas para el traslado de la droga hacia Colombia, Brasil y Bolivia que implica tanto la utilización de los ríos de la selva peruana como caminos de herradura y pistas de aterrizaje clandestinas.

Pese a los esfuerzos por erradicar la producción de hojas de coca con fines ilícitos, muchos productores y agricultores (que antes se encontraban en las inmediaciones del río Tamaya, afluente del Ucayali) migraron hacia otras zonas del centro poblado de Huipoca, en Padre Abad, y los ríos Abujao, Tamaya, Tachitea, Santa Sofía, Utuquinia, Calera y Urubamba.

Esta migración ha generado un incremento en el tránsito de droga en la provincia de Atalaya, ya que no solo se utilizan pistas clandestinas ubicadas en las playas del río Ucayali para trasladar la droga, sino que también se están movilizando a través del río Urubamba.

Tan es así que las rutas utilizadas en otras regiones suman cinco.

La primera de estas se encuentra en la provincia de Atalaya, en Puerto Ocopa (sector Sepahua), donde se han encontrado pistas clandestinas utilizadas por narcotraficantes cuyo destino es Bolivia.

La segunda ruta es la que traslada la droga procedente del Vraem y es la más utilizada por los traficantes. Esta vía consiste en pistas clandestinas que unen a las provincias de Puerto Inca (Huánuco) y Oxapampa (Pasco), para luego continuar -vía terrestre- por Satipo, Villarrica y Constitución hasta llegar a Bolivia, destino final de la mercancía.

Es en este trayecto donde se ha incautado la mayor cantidad de estupefacientes en los tres últimos años. Asimismo, se ha logrado capturar e incautar una avioneta de matrícula extranjera en la pista clandestina de Oxapampa.

La tercera ruta también es la vía terrestre y se inicia en el valle de los ríos Pichis Palcazú (Chanchamayo), pasando por Aguaytía, a través de la carretera Federico Basadre, para arribar a Lima y a otros puertos de la costa.

Mientras que la cuarta ruta, que es una de las más utilizadas por su lejanía y escaso control debido a su ubicación geográfica, es a través de los ríos Abujao y Utuquinia. El destino final es la frontera entre Perú y Brasil, zona donde casi no hay presencia del Estado.

Finalmente, la quinta ruta se inicia en el Vraem, a través de los ríos Urubamba y Ucayali, pasando por Orellana (Loreto), Contamana (Ucayali) hasta al río Amazonas en Iquitos, y de ahí seguir hacia la frontera con Brasil y Colombia.

De acuerdo a fuentes oficiales, actualmente son solo 215 narcoterroristas los que han puesto en jaque a 15 mil soldados y policías destacados en el Vraem. Para el exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de división (r) Leonel Cabrera Pino, la estrategia militar desarrollada en esta zona no ha sido exitosa por falta de decisión política.

“El problema de fondo es la falta de continuidad por la alta rotación de los comandos, así como la manifiesta ignorancia que acusan ciertos políticos y funcionarios del Estado”, señaló.

Para Cabrera Pino, el punto de quiebre se dio en 2015, cuando al nombrarse nuevos comandos se advirtió un cambio en la intensidad de las operaciones sin haberse culminado la adquisición de los medios para activar las bases contraterroristas altamente móviles, ni desplegarse las bases de control territorial estratégico para aislar a los terroristas. Todo lo cual lanzó por tierra lo avanzado hasta ese momento.

“El 2010 se aprobó una estrategia para culminar con la pacificación en el año 2013, mediante el llamado ‘Plan Dinámico’, que visaba una línea de tiempo con fases, etapas, acciones, planes subsidiarios, etc., para declarar el Estado de derecho y transferir la responsabilidad del control territorial a la Policía Nacional del Perú de acuerdo a lo previsto por la Constitución Política del Estado”, indicó Cabrera Pino.

Con estas acciones, asegura el general en retiro, se logró reducir el área de acción de los terroristas de 60 mil kilómetros a solo 4 mil kilómetros, entre las zonas de los ríos Mantaro y Ene. Asimismo, en 2011 se desactivaron varios destacamentos y se redujeron bases contraterroristas.

Sin embargo, en la actualidad, el estancamiento en las acciones militares y la falta de resultados serían producto de una visión política por parte de los gobernantes. La estrategia de desarrollo del Vraem a cargo de los otros sectores y la estrategia militar van por cuerdas separadas.

Lo anterior imposibilita sostener una pacificación permanente, más aún con una población desatendida que en su mayor porcentaje son migrantes de las zonas altoandinas más deprimidas, buscan una alternativa de vida con la hoja de coca y se involucran por necesidad en el narcotráfico, puntualiza Cabrera Pino.