ESTA NOCHE viernes 6 octubre 2017

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MEDIA COLUMNA

La oposición constructiva

Jorge Morelli

@jorgemorelli1 
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La nave ha topado ya con el escollo que pone a prueba la tregua y el “nuevo diálogo” entre el gobierno y la oposición luego del nombramiento del gabinete Araoz.

Citado por la comisión investigadora Lava Jato, que preside Fuerza Popular, el mandatario  ha respondido que, según la Constitución, el presidente de la República no está obligado a asistir. Puede responder por carta. Es el camino que ha elegido.

La respuesta de la parlamentaria Rosa Bartra, que preside la Comisión, parece fuera de lugar: según ella, lo que dice PPK "mancha la cordialidad" entre los poderes de Estado y asevera que en la Comisión se considera que el mandatario inicia un enfrentamiento de poderes a días de la confianza al gabinete Aráoz. Pide finalmente que Kuczynski actúe con talla de estadista y no le falte el respeto al país y al Congreso.  

Según encuesta de Datum en Gestión 6/10/17, el 78% de los peruanos quiere que la bancada de Fuerza Popular coopere con el gobierno. El 63% piensa que hasta la fecha busca obstruir al gobierno y apenas el 25% cree que Fuerza Popular es una oposición constructiva.

La opinión pública va a obligar a Fuerza Popular a hacer una oposición constructiva. Y al parecer, le guste o no. No es esa solo la voluntad del 78% de los peruanos sino que, para mayor claridad, el 72% le pide al Congreso darle la confianza al gabinete Aráoz.  

REPORTE DE NOTICIAS en Internet

Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas

temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican

sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.

GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA

El Comercio

El presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) se refirió nuevamente a la situación del ex mandatario Alberto Fujimori para reiterar que “estamos hablando de la salud, no estamos hablando de perdonar”. “Que sea el señor Alberto Fujimori u otros, tenemos que tener cuidado. No quiero un nuevo Leguía”, dijo, en referencia al ex presidente Augusto B. Leguía, quien murió por maltratos hace 85 años en un hospital del Callao luego de permanecer encarcelado.

El presidente lamentó que el Congreso no haya aprobado el proyecto de ley que establecía arresto domiciliario para reos mayores de 75 años.

También se refirió a los cambios en la Comisión de Gracias Presidenciales, oficializados hoy en la separata de Normas Legales del diario oficial “El Peruano”. Apuntó que es el Ministerio de Justicia el que organiza dicha área y rechazó que Freddy Cárdenas deje la comisión porque se oponga a algo. “Hay que hacer cambios de vez en cuando”, expresó. También negó que la salida de Marisol Pérez Tello como ministra de Justicia tenga que ver con el indulto a Alberto Fujimori.

Correo

Mediante resolución ministerial, el Ejecutivo dispuso la designación de un nuevo presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales así como la reconformación de dicho grupo encargado de los indultos a reos.

El ministerio de Justicia aceptó la renuncia de Freddy Cárdenas Meregildo como director de Gracias Presidenciales, asignando a Orlando Franchini Orsi al cargo. Trascendió que los otros miembros de la comisión de Gracias Presidenciales serán:

- José Luis Espinoza Rivera.

- Luis Alberto Daniel Pastor Guittón.

- Mary Lourdes Muñante Pérez.

La decisión fue ejecutada ayer por el Ministerio de Justicia, bajo el mando del ministro Enrique Mendoza.

La República

Columna de Alvarez Rodrich

Mientras el presidente Pedro Pablo Kuczynski proyecta señales cada vez más evidentes de su decisión de indultar a Alberto Fujimori, también va asomando la estrategia para que el otorgamiento de esta gracia presidencial no le implique un daño político mayor.

Ese control de daños se orienta a prevenir las reacciones negativas al indulto por parte de Fuerza Popular, y no las del segmento que se opone al indulto…

(…)

Hechas las sumas y las restas, PPK da la impresión de estar convencido de que el indulto a Alberto Fujimori lo beneficiará políticamente.

Un problema previsible es el que se planteó hace dos semanas en esta columna: “¿Para qué el presidente Pedro Pablo Kuczynski va a indultar al ex presidente Alberto Fujimori si el único que parece que va a quedar agradecido y feliz es su hijo el congresista Kenji Fujimori, quien, más allá de las simpatías de unos veinte colegas, es un llanero solitario que al final solo tiene un voto; y que, en cambio, puede producir la ira terrible de Keiko Fujimori, la presidenta de Fuerza Popular que controla 70 votos con la excepción del de su hermano?”.

En su condición de hija, debe ser indudable que Keiko Fujimori desea lo mejor para su padre, pero, como lo indican en su propia familia –desde su hermano Kenji hasta su tío Santiago–, en su condición de política es consciente de que la libertad de su padre significaría una seria amenaza a su liderazgo en el partido.

Sin embargo, la amenaza interna que le implica a Keiko la presión de Kenji hace difícil oponerse al indulto a su padre, lo cual pone a PPK en la necesidad de pensar en una forma de indulto que no irrite a Keiko.

(…)

El Comercio

Hace un mes, la Comisión Lava Jato del Congreso envió una carta a fin de que el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) declare ante esa comisión. Kuczynski anunció esta mañana que le asiste el derecho de no concurrir a la citada comisión, presidida por la congresista Rosa Bartra de Fuerza Popular.

“No tengo ninguna obligación de reunirme. Tenemos varias opiniones de constitucionalistas muy reconocidos que dicen que yo debo contestar esto por carta, cosa que estoy haciendo”, manifestó. Aún no hay fecha para enviar la carta de respuesta, pero dijo que esto “será muy pronto”. “La carta ya está redactada y la están afinando, no tengo absolutamente nada que ver con ninguna de las preguntas que se me han hecho ahí, pero vamos a aclarar todo lo que se nos pide”, agregó.

“Es un circo –dijo-, la vez pasada que acepté reunirme con una comisión sobre el caso del doctor [Carlos] Moreno, los invité a Palacio, vinieron todos y fue una recatafila de insultos. Yo no voy a someter la Presidencia de la República a eso”, señaló.

Según el informe final de la comisión parlamentaria, el Gobierno “quiso encubrir” los presuntos actos de corrupción del ex consejero Carlos Moreno.

Correo

La presidenta de la Comisión Lava Jato del Congreso, Rosa Bartra, sostuvo que el mandatario Pedro Pablo Kuczynski "mancha la cordialidad" entre los poderes de Estado con su negativa a asistir a la citación de dicho grupo de trabajo.

"Señor Presidente, colabore, el Perú necesita conocer quiénes fueron los que participaron en estos megaactos de corrupción que le han hecho tantísimo daño al Estado. Si no tiene nada que ocultar, con el mayor de los respetos…, no le falte el respeto al país, no le falte el respeto al Congreso de la República y actúe con la talla de un estadista", exclamó. Agregó que en la Comisión Lava Jato consideran que el mandatario actúa para provocar un enfrentamiento entre poderes del Estado a pocos días de la presentación del Gabinete Ministerial para pedir el voto de confianza.

Expreso

El vicepresidente de la comisión Lava Jato, Jorge Castro, adelantó que Keiko Fujimori y Alan García serán convocados por dicho grupo de trabajo. Anunció que la convocatoria a ambos será en noviembre.

Correo, Expreso

El pleno del Congreso aprobó ayer en primera votación el proyecto de ley 1410, que modifica las acciones contempladas en el Decreto de Urgencia 003, promovido por el Ejecutivo y promulgado en febrero último, e incluye a las socias de las empresas acusadas de pagar coimas tras el escándalo del caso “Lava Jato” en el Perú.

La iniciativa legislativa, propuesta por la fujimorista Karina Beteta y dictaminada por las comisiones de Constitución y Fiscalización, obtuvo 98 votos a favor y será sometida a una segunda votación en siete días, informó el presidente del Congreso, Luis Galarreta.

La norma amplía los alcances del decreto de urgencia a fin de que las empresas socias de contratistas condenadas o que hayan admitido su participación en la corrupción, no puedan transferir dinero al extranjero.

Se dispone que, si el Estado tiene una deuda con una empresa cuestionada, este monto será retenido tras la creación de un fideicomiso -administrado por el Banco de la Nación- hasta que cumpla con el pago de la reparación civil que se le aplique.

La cifra final sería estimada por el procurador público.

El plazo para que las autoridades puedan comprobar la hipótesis de culpabilidad de las empresas asociadas se ampliará de tres a seis años.

La titular de la comisión “Lava Jato”, Rosa Bartra, sostuvo que los cambios propuestos permitirían que el Estado tenga una herramienta efectiva. Sostuvo que el aún vigente D.U. 003 ha beneficiado a las socias de las brasileñas, dando lugar a la impunidad. Al estar comprometidos los activos de las investigadas, se respalda el pago de la reparación civil, dijo.

El Ministerio de Justicia deberá elaborar y publicar en su portal la relación de sujetos comprendidos en la futura norma, la misma que se actualizará mensualmente, bajo responsabilidad.

Expreso

Héctor Becerril, expresidente de la Comisión de Fiscalización, calificó como un “negociazo” la emisión de los 2,000 millones de dólares en bonos para la modernización de la Refinería de Talara, e indicó que el proyecto debería  paralizarse.

“Está demostrado que importar combustible sale mucho más barato que producirlo en el Perú que, por otro lado, ni siquiera tenemos para la refinería. En el gobierno de Ollanta Humala se efectuaron situaciones irregulares y este gobierno en lugar de revisar lo que no es correcto, lo continúa”, comentó.

La congresista y miembro de la Comisión Lava Jato, Karina Beteta, señaló que el proyecto de la modernización de la Refinería de Talara también es materia de investigación del citado grupo de trabajo, por lo que se tendrá que averiguar cada parte del proceso incluyendo los bonos de Petroperú.

Por su parte, el legislador acciopopulista, Víctor Andrés García Belaunde, dijo que hasta el momento, las autoridades a cargo del proyecto de modernización de la Refinería de Talara, no han explicado los motivos por los cuales el proyecto ha triplicado sus costos. “Eso hasta ahora nadie explica por qué el presupuesto inicial de la refinería casi se ha triplicado. Una cosa es hacer una refinaría con mil millones y otra, es con tres mil, cuatro o cinco mil millones [de dólares]”, enfatizó.

Peru21

Machismo desde el Congreso

Patricia Teullet

-“Por su intermedio, presidenta, esta mañana ya respondí la pregunta”.

-“Señora Blume, usted vuelva a responder cada vez que le pregunten”.

Este fue el tono de las casi doce horas de interrogatorio a una testigo que solo estuvo en el cargo público un año del periodo investigado.
Al día siguiente:

-“Congresista García Belaunde, ya el señor Graña respondió esa pregunta cuando usted salió”.

Este fue el tono de tres horas de respetuosa conversación con el empresario consorciado con Odebrecht.

Exhibición de machismo desde el Congreso. La dictatorial congresista Bartra frente a Cecilia Blume se convirtió en cuasi genuflexa damita cuando presidió la sesión con José Graña.

Y no fue la única; luego de haber llamado corrupta a la señora Revilla y de alardear matonescamente su poder para insultar y difamar a la Dra. Blume, amparada en su inmunidad, la congresista Beteta ni siquiera se atrevió a asomarse en la sesión de preguntas al empresario Graña.

Los miembros de la comisión de largo nombre, (a) Lava Jato, se ufanan de querer buscar la verdad. Piensan que esto les da derecho a preguntar por los actuales clientes de la Dra. Blume en su práctica privada, más de 10 años después de haber dejado la función pública porque “alguna línea de pensamiento podría tener el congresista García Belaunde”, dijo Bartra o porque “la más exitosa abogada del Perú usa leguleyadas para encubrir a alguien”, según Beteta.

Sin embargo, ante Graña, Bartra advirtió al congresista Costa que debía “ceñirse al periodo de investigación de los hechos que investigaba la comisión”.

O sea…

ELECCIONES, PARTIDOS, ENCUESTAS, MEDIOS, PSICOSOCIALES

El Comercio

Casi un año después de que se revelara el contenido de un chat de sus congresistas, conocido como el grupo Mototaxi, Fuerza Popular presentó un proyecto de ley para incluir la difusión de conversaciones de mensajería instantánea dentro de las sanciones estipuladas en el Código Penal.

El autor es Héctor Becerril, quien propone que se aplique la sanción de “limitación de días libres”, entre 20 y 52 jornadas, para el que publique conversaciones de mensajería instantánea o correo electrónico.

La sanción de “limitación de días libres”, según estipula el Código Penal, obliga a permanecer los días sábados, domingos y feriados a disposición de una institución pública o privada para participar en programas educativos, psicológicos o de formación laboral.

Otro aspecto que plantea el proyecto es la pena privativa de libertad –hasta por dos años– por publicar “una comunicación telefónica o la grabación de la misma”.

Cuando se le consultó sobre la posibilidad de que las comunicaciones publicadas demuestren casos de corrupción, Becerril respondió: “dependerá de la autoridad judicial”.

El proyecto no fue bien recibido en el Congreso. Miembros de tres bancadas parlamentarias rechazaron la iniciativa y advirtieron posibles riesgos contra la libertad de prensa.

Los congresistas consultados indicaron que lo más probable es que la iniciativa de Fuerza Popular termine archivada como los anteriores proyectos que presentaron con relación a los medios de comunicación.

El Comercio

El pleno del Congreso de la República aprobó anoche por mayoría un dictamen que modifica artículos de la Ley de Organizaciones Políticas referidos al financiamiento de los partidos.

En el artículo 31, que menciona las fuentes de financiamiento prohibidas, se dispuso que las agrupaciones políticas no puedan recibir aportes “de ningún tipo” de personas jurídicas nacionales o extranjeras, "excepto cuando estén exclusivamente destinadas a la formación, capacitación e investigación".

Las agrupaciones sí podrán recibir aportes de personas naturales.

También se aprobaron modificaciones al artículo 42 de la ley, referido a la entrega de dinero o dádivas. Si bien los candidatos estaban prohibidos de entregar dinero y regalos, ahora tampoco podrán dar alimentos, medicinas, agua, materiales de construcción u otros objetos de naturaleza económica, "de manera directa, o a través de terceros por mandato del candidato y con recursos del candidato o de la organización política".
La sanción por la entrega de dádivas será una multa de 30 UIT (S/121.500), impuesta por el jurado electoral especial. En caso de que el postulante "cometa nuevamente la infracción… el jurado electoral especial dispone la expulsión".
Los postulantes solo podrán entregar propaganda electoral que no exceda el 0,3% de una UIT (S/12,15).

A favor de la iniciativa votaron 76 congresistas. Hubo 20 parlamentarios que estuvieron en contra y dos abstenciones.
El dictamen deberá someterse a una segunda votación, que debe realizarse luego de siete días calendario.

La República

Cero papanoeles en campaña

Mirko lauer

Es saludable que el Congreso haya comenzado a votar cambios en las normas electorales. Estos inevitablemente van a producir polémica, y el de las dádivas en campaña ya lo está haciendo. En las pasadas elecciones ellas venían con la muerte súbita de una candidatura. Ahora se resuelven con una multa, y una expulsión para los reincidentes.

El retiro de algunos candidatos con buenas expectativas en la competencia del 2016 fue visto por muchos como un exceso de celo en la legislación. No solo por la dureza de la pena, y la aplicación inaugural de la norma, sino además por la sospecha de que había candidatos haciendo regalos por todas partes. Solo que los más afortunados o discretos no habían sido denunciados.

La multa, un poco más de S/120,000, no es poca cosa para una campaña modesta, pero las de mayores recursos pueden afrontarla. El verdadero disuasor sigue estando en el peligro de ser eliminado de la elección. De modo que un candidato solvente tiene una pequeña ventaja, pero debe elegir bien en qué momento decide ser generoso con los electores, y si la multa lo justifica.

La nueva norma es bastante clara, y hay un intento de definir qué es exactamente una dádiva en campaña, con el acento puesto en “objetos de naturaleza económica” y la idea que estos deben cambiar de manos para ser tales. Aunque alguien muy puntilloso podría decir que un gran espectáculo político-musical para beneficio del respetable también es en cierto modo una dádiva.

La idea detrás de todo esto es que dar regalos produce votos, e introduce inequidad en el proceso. Quizás más exacto sería decir que dar regalos puede producir manifestaciones más concurridas que las otras. Pero los repartos conocidos no son del tipo que produzca una gratitud decisiva, salvo que la votación fuera en los siguientes minutos.

Así como restringe la capacidad de los candidatos para dar, la nueva ley limita severamente la capacidad de los partidos para recibir contribuciones a su esfuerzo político. La lista es larga y detallada, pero mucho más difícil de controlar que las dádivas. El tipo de exploración que hasta aquí solo ha podido ser establecida con los candidatos ya elegidos.

Quizás más exacto sería decir que dar regalos puede producir manifestaciones más concurridas que las otras.

LIBERTAD ECONOMICA, GLOBALIZACION, REFORMAS, INVERSION

El Comercio

La CGTP quiere seguir siendo enana

Jaime de Althaus

Es una buena noticia que el Congreso haya aprobado el miércoles una agenda legislativa concordada entre las bancadas y el Ejecutivo, como manda el artículo 29 de la ley del Congreso, que nunca había sido aplicado. En medio del escenario más enfrentado entre Ejecutivo y Legislativo de los últimos 17 años, de pronto crece la flor de una agenda concertada entre los dos poderes. Casi un milagro, como el que sería clasificar a Rusia. Felicitaciones a Luis Galarreta.

Ahora, también es cierto que la agenda es muy amplia e incluye todos los temas importantes –menos uno– del país. En una legislatura no se va a poder abordar todo. Para que el encomiable esfuerzo no termine siendo un saludo a la bandera, hay que priorizar y precisar el contenido de las leyes y reformas más importantes. Haría falta una vuelta de tuerca más, un pequeño esfuerzo adicional.

Por supuesto, el único tema que falta –fuera de la reforma del sistema de pensiones– es la reforma laboral. Se proponen “leyes de promoción del empleo digno y productivo y acceso al empleo sin discriminación (fortalecimiento de Sunafil, contratación formal de jóvenes, eliminación de la discriminación remunerativa)”. Pero eso no parece apuntar a resolver el problema de la inclusión de las grandes mayorías excluidas en una formalidad con derechos.

Como escribía Franco Giuffra ayer: “Es una lástima que para la revolución laboral que necesitamos no exista hoy un solo político que se sienta capaz de impulsarla”. Mercedes Aráoz debería plantear el problema y la necesidad de resolverlo el próximo jueves en su discurso para obtener el voto de investidura. Los políticos han sido elegidos para enfrentar los problemas, no para esconderlos.

En la propia CGTP tendría que haber algún valiente que se atreva a decir la verdad: que la normatividad laboral actual la ha convertido en una enana sindical casi sin representatividad. No solo porque el 74% de la población ocupada es informal, sino porque entre los formales la CGTP casi tampoco existe: los trabajadores sindicalizados son hoy apenas el 1,2% de la población ocupada, y solo el 5,8% de los trabajadores privados en planilla. Porcentajes ridículos.

Y la causa es la legislación que defiende. Tiene pocos sindicalizados porque la estabilidad laboral absoluta consagrada por el TC ha llevado a las empresas a incrementar la proporción de contratos temporales a plazo fijo a alrededor de un 70%, y dichos contratos desincentivan la afiliación sindical y restringen el acceso a la negociación colectiva. Es obvio, entonces, que lo que le convendría a la CGTP es que las empresas encuentren atractivo el contrato a plazo indeterminado, para que la mayor cantidad de trabajadores se pueda sindicalizar y la CGTP pueda así ampliar sus bases y su poder. Ella debería ser la primera en abogar por una aclaración al artículo 27 de la Constitución que establezca que la indemnización es una protección adecuada al despido. Pero, incomprensiblemente, está contenta con su diminuta realidad.