ESTA NOCHE lunes 9 octubre 2017

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Ha dejado de fumar, dice

Jorge Morelli

@jorgemorelli1 
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Hay que felicitar al presidente del Congreso por haber tomado, en dos ocasiones en el último Pleno, la decisión de que la segunda votacion de la ley se lleve cabo una semana después de la primera.

Dejar de lado la práctica nefasta de burlar la norma vigente exonerando automáticamente de la segunda votacion –una violación que  ha sido sistemática- ayuda al objetivo de frenar la nociva sobreproducción legislativa que amenaza gravemente la seguridad jurídica. 

El Congreso exhibe con malentendido  orgullo haber aprobado 200 leyes en un año, durante la última legislatura. Detener esta hemorragia es precisamente uno de los objetivos del restablecimiento de la bicameralidad.

Es posible que la decisión de hoy tenga el objeto de adelantarse a eliminar uno de los argumentos en favor de la bicameralidad. Si así fuera, en buena hora. El proyecto de la bicameralidad ha dado ya su primer fruto.

Es indispendable perseverar en ese objetivo, sin embargo, porque el nuevo intento de respetar la norma vigente de la doble votación ya se ha llevado a cabo antes, sin ningún éxito, por parte de la bancada de Fuerza Popular, que se comprometió a respetar escrupulosamente la regla de votar dos veces con un período de espera, enterrando para siempre la mala práctica de exonerar a los proyectos de segunda votación.

Pero la intención no duró. Al cabo de poco reincidió la bancada junto con el resto del Congreso en la adicción. Con fruición, además, como el fumador arrepentido que luego se precipita con redoblado entusiasmo al pantano.

La sobreproducción legislativa es una vorágine malsana que tiene que parar, por el bien del Perú. Y, como no podemos confiar en buenos deseos de año nuevo, es indispensable institucionalizar la doble revisión de las leyes de manera inamovible y sin excepciones.

Nadie deja de fumar así nomás, y el poder absoluto es una droga mucho más adictiva. El Senado se encargará de eso.

REPORTE DE NOTICIAS en Internet

Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas

temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican

sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.

ELECCIONES, PARTIDOS, ENCUESTAS, MEDIOS, PSICOSOCIALES

El Comercio

Entrevista a Cecilia Chacón

(…)

—El Gabinete asistirá este jueves a pedir la confianza del Parlamento. ¿Qué espera de su presentación?
Que existan cambios en la política de Estado, en la visión de país y en la actitud. Si la primera ministra nos da razones reales y concretas para pensar que las cosas van a mejorar, no habrá problemas para darle el voto de investidura. Si viene con la misma receta, que sabemos ha fracasado, tendremos que evaluar las posibilidades.

(…)

—¿Un eventual otorgamiento de la confianza al Gabinete podría ser un punto de inflexión en esa relación?
Más allá de un voto de confianza, una reunión en Palacio o una foto dándose la mano, lo que se necesita es construir confianza entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y, sobre todo, se necesita un trabajo en conjunto que no se vea mellado al decirse primero una cosa y luego otra. Tiene que haber una confianza mutua porque en eso se basan las relaciones políticas.

—¿La libertad del ex presidente podría dividir al fujimorismo?
Son leyendas urbanas que tratan de dividirnos. Fuerza Popular no actúa en función de una persona o apellido. Si bien nuestra lideresa es Keiko Fujimori, lo es por su trabajo diario con la bancada. No está ahí porque se apellida Fujimori. Lo digo tajantemente.

—Si bien habla de unidad, el día en que Kenji Fujimori debía presentarse ante el comité disciplinario de su bancada, simpatizantes fujimoristas pedían frente al local partidario la salida de Ana Vega y de Pier Figari.
Ellos fueron fundamentales en el fortalecimiento del partido. Hay gente que ha visto que perdió poder a lo largo de estos años y quiere, de alguna manera, volver a tenerlo. Creen que haciendo estas cosas lo lograrán.

—¿Se refiere a la llamada vieja guardia del fujimorismo?
Efectivamente, hay gente que tiene sus preferencias.

—Si Alberto Fujimori es indultado y él así lo desea, ¿podría sumarse de forma activa a Fuerza Popular?
Por supuesto. Ahora, no sé qué tanto podrá hacer política dentro de Fuerza Popular. Él nunca quiso a los partidos políticos, nunca formó uno. Voluntariamente los evitaba y, cada vez que uno se fortalecía, formaba otro. No cree en los partidos ni en el liderazgo. Por eso el fujimorismo, con él, nunca tuvo fortaleza partidaria.

—Así, suena improbable una inserción del ex presidente en el partido.
Así es. Por lo visto, Alberto Fujimori sigue sin creer en los partidos políticos. Ya dependerá de él, porque en un partido político el apellido no es lo que pesa.

—¿Fuerza Popular es el partido de Alberto Fujimori?
Fuerza Popular no es el partido de Alberto Fujimori. Fuerza Popular pertenece a todos los militantes, a todos por igual. Él, si quiere, podría inscribirse también. Nos encantaría.

—Afirmó que la suspensión a Kenji Fujimori serviría para que este reflexionara. ¿Considera que lo hizo?
Para nada, está en un proceso disciplinario por las mismas actitudes.

—¿Cómo cree que terminará ese nuevo proceso disciplinario?
Si bien uno puede dar una llamada de atención, luego una suspensión y después una expulsión, se puede ir directamente a la expulsión si el caso lo amerita. Respeto el debido proceso, así que esperaré el informe.

(…)

El Comercio

La congresista Úrsula Letona (Fuerza Popular) aseguró que actualmente el encarcelado ex presidente Alberto Fujimori no tiene ningún tipo de influencia en su partido político.

“Él [Alberto Fujimori] no tiene hoy ninguna influencia en el partido. La lideresa es Keiko Fujimori y tenemos un CEN (comité ejecutivo nacional) en el cual tomamos las decisiones del partido”, expresó.

Úrsula Letona señaló que Fuerza Popular busca “trascender” el apellido Fujimori, al comentar las declaraciones de Cecilia Chacón, quien dijo que “Fuerza Popular no es el partido de Alberto Fujimori”.

La República

Las últimas acciones del Gobierno y las declaraciones de sus principales representantes apuntan hacia una dirección: el indulto a favor de Alberto Fujimori.

Primero fue la salida de Marisol Pérez Tello del Ministerio de Justicia, alguien que había mostrado públicamente sus reparos frente a la posibilidad de la excarcelación. En su lugar fue nombrado Enrique Mendoza, quien el viernes firmó una resolución a través de la cual se cambió a los miembros de la Comisión de Gracias Presidenciales.

 “(El indulto) está yendo en marcha, a pasos acelerados”, explicó una fuente del Gobierno.

La fecha que se rumorea es después de la presentación ante el Pleno del Congreso del gabinete que dirige Mercedes Aráoz.

“A partir del 12, en cualquier momento”, fue la respuesta que ofreció una persona vinculada al Gobierno cuando se le preguntó cuándo podría darse el indulto.

El Comercio

El ministro de Defensa, Jorge Nieto, afirmó que él no puede estar en contra de un indulto humanitario, al ser consultado sobre la situación del ex presidente Alberto Fujimori.

Agregó que el Perú necesita “una auténtica política de reconciliación” e indicó que la gracia presidencial podría ser una pieza clave para ese proceso.

“Ya que me plantea el tema, el país necesita una auténtica política de reconciliación”, manifestó en el programa de televisión “Agenda Política”.

Nieto dijo que respetará la decisión que tome el mandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK) sobre Fujimori.

“La sociedad y el Estado peruanos nos merecemos una política auténtica de reconciliación que nos permita voltear la página”, reiteró.

Sobre el general EP en retiro Nicolás de Bari Hermoza Ríos, quien se encuentra en estado vegetal, Jorge Nieto que su situación debe ser resuelta.

ANTICORRUPCION,  PERSECUCIÓN, JUDICIALIZAC ION POLITICA

El Comercio

La presidenta de la Comisión Lava Jato del Congreso, Rosa María Bartra, anunció que, en las próximas horas, insistirán en citar al presidente Pedro Pablo Kuczynski a declarar ante la Comisión Lava Jato.

El Comercio

La presidenta de la Comisión Lava Jato, Rosa Bartra, aseguró que la citación al ex presidente Alan García así como a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se dará “lo más antes posible”. “La decisión se tomará en las siguientes horas”, declaró.

Anunció que el caso envuelve 41 megaproyectos, 12 de los cuales se encuentran en curso.

El Comercio

La congresista de Fuerza Popular Úrsula Letona criticó la decisión del presidente, Pedro Pablo Kuczynski, de no reunirse con la Comisión Lava Jato y le recomendó “reflexionar”, porque genera “un clima no propicio” a puertas de la presentación de la primera ministra, Mercedes Aráoz, en el Congreso para obtener el voto de confianza.

El Comercio

El congresista de Peruanos por el Kambio Juan Sheput consideró que los cuestionamientos del fujimorismo al presidente Pedro Pablo Kuczynski por negarse a asistir a la Comisión Lava Jato tienen como finalidad generar un clima adverso entre el Ejecutivo y el Congreso.

"Parecería que están buscando pretextos para dañar un clima de armonía que existe el día de hoy entre el Ejecutivo y el Congreso", dijo.

"Son ellos los que quieren afectar este clima de armonía", reiteró Sheput.

La República

Con manopla

Mirko Lauer

La negativa del Presidente de la República a aceptar la visita de la comisión Lava Jato, y que la llame circo, ha molestado mucho a Rosa Bartra, que la encabeza. La cosa le ha parecido más o menos una falta de respeto al Perú entero, y un gesto que podría lanzar un nuevo enfrentamiento entre Ejecutivo y Congreso. Así de fuerte el deseo de ser su huésped.

La verdad es que a la comisión Lava Jato no le va muy bien. La demora en citar a Alan García y a Keiko Fujimori, aunque fuera por un afán de simetría, la muestra algo sesgada. Los frutos de la investigación no aparecen por ninguna parte, a pesar del nuevo plazo que se les ha concedido. Su actividad se ha vuelto invitar y tratar de ser invitados.

Para empeorar las cosas han surgido entre algunos fiscales iniciativas de todo tipo, contactos internacionales, y acusaciones novedosas que vienen capturando los reflectores, los titulares y las declaraciones previsiblemente indignadas de los políticos. Interrogar a Pedro Pablo Kuczynski le hubiera permitido a la comisión recuperar algo del terreno perdido.

Pero eso no va a suceder. Bartra lo ha llamado un ánimo de no colaborar, y aprovechado para deslizar insinuaciones sobre un PPK que podría estar más comprometido de lo que parece. Sea como fuere, el Presidente de la República no está obligado a recibir al grupo de parlamentarios, lanzados a lo que en inglés se llama una expedición a la pesca de lo que resulte.

La espontaneidad con que Bartra ha lanzado la amenaza de un nuevo enfrentamiento es inquietante, pues habla de la fragilidad de la tregua en curso. No es el primer exabrupto que perfora el clima de tensa concordia que nos gobierna, pero sí el que más huele a bullying. Pues allí dentro viene una no tan velada amenaza de negarle la confianza al gabinete Aráoz este día 12.

Eso, más algunas advertencias de Héctor Becerril y la furia de Keiko Fujimori frente a la fiscalía, sugieren que el nuevo gabinete no la tendrá fácil. No habrá censura, por obvias razones, pero probablemente sí sostenido maltrato. Y eso que Mercedes Aráoz ha hecho una gira por todas las bancadas. Será, como dice el Marqués de Sade, la consecuencia de toda buena acción.

El Comercio

En la reunión de bancada de Fuerza Popular prevista para mañana debe debatirse la respuesta que darán los congresistas citados por el fiscal a declarar en la investigación a Keiko Fujimori.

El parlamentario Héctor Becerril dijo que analiza con sus abogados la pertinencia de la carta enviada por la fiscalía. “Hay varios colegas que están evaluando la citación recibida para ver qué medida se tomará”, indicó.

Manifestó que en la reunión de mañana se verían las acciones que podrían tomar los legisladores citados. “Debemos tomar una decisión en conjunto y no por separado”, señaló.

No se ha citado a todos. Por ejemplo, la congresista Luz Salgado no ha recibido notificación.

Según los informes registrados en la ONPE, cerca de dos millones de soles fue lo que entregaron los actuales congresistas fujimoristas a la última campaña electoral de Fuerza Popular. Entre los que más aportaron, figura la ex presidenta del Congreso Luz Salgado, quien dio S/165.848. Este Diario trató de confirmar ese dato con la legisladora, pero no pudo respondernos. A través de su equipo de prensa, indicó que las cifras registradas en la ONPE serían correctas.

De acuerdo con la ONPE, el actual titular del Parlamento, Luis Galarreta, aportó S/163.062. Tratamos de tener su versión, pero no obtuvimos respuesta.

GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA

El Comercio

Revolución social

Mercedes Aráoz

El pueblo dio un mandato al partido Peruanos por el Kambio (PPK): la responsabilidad del Ejecutivo. Y a Fuerza Popular, el control del Congreso. El Gobierno no puede hacer reformas para el bienestar de la población ni implementar políticas públicas sin la acción legislativa del Congreso. Tampoco puede haber continuidad en esas políticas si cae un ministro cada tres meses y medio, en promedio. El mandato del pueblo, entonces, ha sido que nos pongamos de acuerdo para gobernar. Nos ha entregado, al Gobierno y a la mayoría parlamentaria, una corresponsabilidad para dirigir los destinos de la nación.

No podemos traicionar ese mandato con diatribas, enfrentamientos y peleas mediáticas constantes. Esto nos devalúa a todos. Tenemos que ponernos a trabajar juntos para resolver los problemas de la gente. Debemos estar a la altura de esa responsabilidad, buscando consensos y acuerdos sobre los temas fundamentales para los peruanos. Cada quien en lo que le corresponde. El Congreso enriqueciendo y aprobando leyes para el desarrollo, haciendo control político responsable y constructivo, en representación de la gente. Y el Gobierno gestionando eficiente y transparentemente los recursos y desarrollando acciones, especialmente para los menos favorecidos.

Los políticos debemos reconocer el lugar privilegiado en el que nos encontramos. Tenemos la capacidad de cambiar la realidad de millones de personas, de impactar en su vida diaria. Pero esa capacidad es limitada en tiempo y eso convierte el privilegio en una gran responsabilidad. Mi experiencia en la vida política, tanto como ministra, congresista, vicepresidenta de la República y ahora primera ministra, me ha enseñado la importancia del consenso y el diálogo para poder sacar adelante las soluciones que se esperan e impactan en la vida de cada peruano.

Luego de años de crecimiento económico, los retos que aún afrontamos en materia social, institucional y política son profundos. Desde que hicimos el plan de gobierno de PPK, tomamos conciencia de que los cambios que requerimos son estructurales y que debemos trabajar con seriedad en ellos. Por eso, nuestro presidente Pedro Pablo Kuczynski propuso hacer una revolución social, que no es otra cosa que darles agua potable y saneamiento básico a las familias que aún no la tienen; educación y salud públicas de calidad, seguridad ciudadana con una policía que recupere autoridad, legitimidad y empatía con la población, que luche decididamente contra el crimen de todo tipo (menudo y organizado). Asimismo, ayuda técnica, mercados y vías de acceso para agricultores, ganaderos y pescadores; reglas claras para empresarios y emprendedores; una justicia predecible, imparcial y expeditiva para todos; entre otras tareas que como sociedad tenemos pendientes.
Es obvio que no es fácil lograr todo eso en cinco años. Son reformas profundas que nos pueden tomar más tiempo, pero lo importante es empezarlas, para fijar nuestro sueño republicano.

Una revolución social cumpliendo una agenda que permita cerrar finalmente las brechas que nos impiden avanzar y limitan la igualdad de oportunidades, que no nos dejan ser realmente libres y que dan cabida a las ideologías del odio y del miedo. Y las ideologías del odio se combaten con los ideales de paz. Así lo demostramos hace 25 años cuando derrotamos al terrorismo fratricida de Sendero Luminoso con inteligencia y una correcta estrategia policial. Y es justamente cuando los políticos empezamos a perder la capacidad de reaccionar juntos a las demandas ciudadanas, a construir el ideal de país, cuando se pone en peligro todo lo avanzando en materia de lucha contra la pobreza, desarrollo y justicia social.

En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española hay hasta siete acepciones de la palabra revolución. Yo prefiero la cuarta: “cambio rápido y profundo en cualquier cosa”. En el Gobierno que lidera el presidente Pedro Pablo Kuczynski nos hemos propuesto hacer un cambio inmediato para mejorar la vida de la gente. Por eso, tenemos metas claras para el bicentenario que coincide con el término de nuestro mandato.
En agua potable y saneamiento básico, que es la prioridad del presidente, esperamos que en el 2021 el 100% de los peruanos que viven en ciudades tengan estos servicios tan básicos como dignos. Estamos trabajando para que en ese mismo plazo ningún peruano, como mínimo, carezca de energía eléctrica, con todo lo que eso significa para su vida.

También para que la cobertura de educación secundaria llegue al 95%. Aspiramos a que, en la prueba PISA que se haga en cuatro años, el Perú alcance el puntaje promedio de América Latina, que salgamos del penúltimo lugar entre los países que se someten a esta evaluación. Hemos declarado una lucha frontal contra la anemia, mejorando la dieta de nuestros niños en el programa Cuna Más, asegurando un desarrollo infantil temprano adecuado.
La inseguridad ciudadana es un problema endémico que estamos empezando, poco a poco, a atacar con una estrategia transversal. Esta no solo pasa por acciones policiales, sino que se complementa con labor educativa y social, como lo hacemos en el programa Mi Barrio.

La rueda de la economía está empezando a moverse, somos optimistas en torno a lo que pasará en los próximos años. Para el 2018 haremos todo lo posible para que cinco grandes proyectos mineros empiecen a invertir los US$10 mil millones que costarán sus operaciones. El compromiso al bicentenario es destrabar inversiones mineras por más de US$50 mil millones. No quiero hacer un rosario de promesas y cifras, solo menciono estos casos para explicarles que sí tenemos esperanza y fe en nuestro país.
Tenemos que ser capaces de ponernos del lado de la gente, entender su realidad, comprender su historia y sentir su necesidad. Para llegar a eso, los ministros debemos obligatoriamente estar en el campo, en la calle, “en la cancha”. Esa visión de funcionario de escritorio está desterrada de esta gestión. Los ministros han estado en las regiones en más de 750 oportunidades. Sí, 750 visitas ministeriales a ciudades y pueblos del país, aun cuando no hayan sido noticia. El presidente ha realizado más de 73 viajes al interior acompañado, en varias oportunidades, por sus ministros y ha estado en cada una de las 25 regiones.

Así como el ministro de escritorio no es ya una opción, tampoco lo es el funcionario oscuro, que hace todo con una doble intención y con una doble moral. Tolerancia cero con la corrupción es una política transversal de gobierno. Nuestro país y la región entera observan con decepción los niveles profundos a los que ha llegado la corrupción en el Estado y en algunas empresas privadas, y cómo la corrupción nos ha robado miserablemente oportunidades y bienestar. No vamos a permitir que estas redes sigan avanzando, y tenemos el compromiso de combatir este flagelo por todos los frentes. Seremos un Gabinete de puertas abiertas con todos nuestros ciudadanos y con cada una de las bancadas presentes en el Parlamento, no solo para propiciar el trabajo conjunto sino la vigilancia permanente.

Winston Churchill, ex primer ministro del Reino Unido, decía que “el político se convierte en estadista cuando comienza a pensar no en las próximas elecciones sino en las próximas generaciones”. Seamos estadistas, los ministros y los congresistas. Las nuevas generaciones valorarán nuestro esfuerzo.

El Comercio, editorial

Esta semana, el congresista de Fuerza Popular (FP) Héctor Becerril –respaldado por otros miembros de su bancada– presentó un proyecto de ley para modificar el artículo 164 del Código Penal, que sanciona la publicación indebida de correspondencia epistolar o telegráfica, no destinada a la publicidad, con una pena de limitación de 20 a 52 días libres.

En particular, propone que se sancione también la difusión de conversaciones de mensajería instantánea (WhatsApp, Telegram), correos electrónicos y llamadas telefónicas. Además, se plantea que la publicación de una comunicación telefónica o grabación de la misma reciba una pena de cárcel no mayor de dos años.

A pesar de que el vocero alterno del fujimorismo sostiene que su intención es “actualizar la norma” y que esta “no tiene nada que ver con los medios”, sería irreal pensar que la imposición de sanciones penales a la publicación de ciertas conversaciones no terminará por limitar el trabajo de la prensa. En efecto, el conocimiento público de casos de corrupción, entre varios otros delitos, y varias conductas reñidas con la ética, se ha producido en los últimos años gracias a la difusión de conversaciones cuyos participantes hubieran querido mantener ocultas. Más aun, integrantes de FP –incluido el propio autor de la iniciativa– han participado en episodios de este tipo en los últimos meses, lo que añade mayor suspicacia a los propósitos subyacentes a este planteamiento.

Es llamativo, por ejemplo, que se busque penalizar la difusión de conversaciones de mensajería instantánea, cuando fue gracias a la publicación de un extracto del chat Mototaxi (grupo que reunía a los líderes más conspicuos de FP) que se pudo conocer más sobre la predisposición que tuvo el fujimorismo para vapulear con prepotencia y vanagloria al entonces ministro de Educación Jaime Saavedra, durante el debate que decantó en su censura (“Jaja recién leo que está temblando… pero para jodernos era valiente! (sic)”, “Ahora ya saben con quién se meten”, fueron el tipo de mensajes que se intercambiaban).

Y es curioso también que el proyecto intente castigar la divulgación de conversaciones telefónicas a pocos días de que se ventilaran audios que complican aun más la situación de la legisladora fujimorista Yesenia Ponce, tanto por la presunta consignación de información falsa sobre sus estudios en su hoja de vida, como por haber proferido duras críticas a su lideresa, Keiko Fujimori, semanas atrás.

Vista en detalle, además, la propuesta de Becerril presenta varios defectos de fondo. Por un lado, busca cambiar un anacronismo haciéndolo más grave aun. La jurisprudencia peruana y extranjera apunta en el sentido de no castigar la difusión de una conversación por quien es parte de ella. Y en contraste, si prosperara la iniciativa del parlamentario fujimorista, se agravaría la situación de quienes estuvieran en esta tesitura.

Por otro lado, la modificación legislativa castigaría a los medios de comunicación y periodistas que, sin interferir en la conversación privada o en su acceso, cumplen su deber de difundir dicha información en la medida que tenga interés público –como, por ejemplo, sucedió en los casos del chat Mototaxi y la conversación de Yesenia Ponce, y años atrás en el caso de los ‘vladivideos’ y en el de los ‘petroaudios’–. Es decir, se trataría de una nueva ley mordaza contra el ejercicio periodístico como las que se propusieron en anteriores conformaciones parlamentarias pero que, oportunamente, fueron observadas o abortadas.

Con estos antecedentes, no sorprende que la iniciativa haya encontrado resistencia en otras bancadas. El vocero de Peruanos por el Kambio, Vicente Zeballos, por ejemplo, ha señalado sobre la propuesta que se trataría de “una clara contravención a la libertad de prensa”. Mientras que Gloria Montenegro, de Alianza para el Progreso, advirtió que una eventual norma de este tenor podría ser usada “como instrumento legal para considerar como prueba ilícita un chat, una conversación o audio que pruebe algo indebido”.

Tomando en cuenta el pasivo que arrastra el fujimorismo en materia de respeto a la libertad de prensa, sería recomendable entonces que sus representantes se abocaran más a protegerla antes que a sumarle amenazas y cortapisas.