ESTA NOCHE,
donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.
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Poder Judicial declaró fundada prisión preventiva para los dirigentes
antimineros investigados a quienes se imputa
delito de violencia contra la autoridad en los disturbios del sector de Tambo,
y dispusieron su captura
Una nueva investigación preliminar ha sido abierta a Nadine
Heredia. El fiscal Augusto Berrocal, titular de la 23 Fiscalía Penal
de Lima, atendió la denuncia contra la primera dama por presunto delito de
usurpación de funciones del presidente de la República, omisión de denuncia e incumplimiento
de deberes funcionales
Ministro de Justicia, Gustavo
Adrianzén, tuvo reunión de trabajo con los titulares del Poder
Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, la Defensoría del Pueblo y el
Tribunal Constitucional, en el “marco del diálogo”
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MEDIA
COLUMNA
Copiamos
de Francia
(salvo
cuando acierta)
Jorge
Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
La
nuestra es una democracia de baja gobernabilidad sin equilibrio de poderes. Eso
nos condena a ser una democracia débil en peligro de recaer en el
autoritarismo. La consecuencia es la incapacidad de responder al reto de los cambios
en la economía global o local.
La respuesta
del Estado ha sido ineficaz por décadas ante el problema de la relación entre
las comunidades andinas y las empresas mineras, y el uso político del tema por
el radicalismo antisistema. Las respuestas han ido desde la inacción que desemboca
en la violencia hasta el intento precipitado de modificar el marco legal del
tema, que también desemboca en la violencia. Una respuesta disfuncional.
El
premier Cateriano intenta hoy detener a los dirigentes (en Tía María) y
procesarlos por el bloqueo de carreteras antes de que ocurra el baño de sangre.
Si este puede ocurrir también de resultas de las detenciones es algo que está
por verse. Para que los partidos no bloqueen esta respuesta, el Premier ha
tenido que explicar uno por uno a los partidos lo que piensa hacer. Esto ha
sido, ahora se ve, la médula de sus diálogos.
Cada
vez que llegan las elecciones, se multiplican los conflictos sociales. E una
constante, porque los dirigentes antisistema en todo el pas ya saben que los
partidos no se pronunciarán en contra de las poblaciones. El ejecutivo está
maniatado, entonces. Y, si actúa impulsivamente, se encuentra una situación
como la de Pichanaki, que termina en violencia y la consiguiente censura de
ministros.
¿Esto
es gobernabilidad? Claro que no. Y el diálogo in articulo mortis, como el actual,
es un precario e ineficiente sustituto de
la gobernabilidad. Este tema debió encontrar una respuesta como política de Estado
años atrás. No ha ocurrido porque la gobernabilidad es bajísima.
Lo es porque
no hay equilibrio de poderes. Lo que hay es una jerarquía de poderes en la que
el legislativo subordinó hace décadas al poder ejecutivo y en la que, en los últimos
años, el poder judicial se ha encaramado sobre los dos. Y ningún poder va a renunciar
a sus actuales atribuciones a menos que reciba algo a cambio.
El
Congreso censura ministros o insiste en una ley observada por el ejecutivo (y
hasta hace poco vacaba también la Presidencia) con solo la mitad de los votos.
En todo el continente, el legislativo necesita dos tercios de ambas cámaras
para insistir en una ley observada por el ejecutivo. Eso es el veto: equilibra
el poder del ejecutivo con el del Congreso. Aquí no existe.
La
falta de equilibrio de poderes resulta políticamente útil y oportunistamente
funcional cuando se trata de controlar a un ejecutivo díscolo. Pero al precio
de impedirle gobernar. ¿Es razonable sacrificar al buen gobierno en aras de la
posibilidad de maniatar al malo?
El
sistema judicial, de otra parte, es una hidra de siete cabezas que se devoran
entre sí, que paraliza y revierte los actos de los otros dos poderes sin
control político ni balance adecuado por parte de los otros dos poderes. Sus
miembros son nombrados por un organismo autónomo –el Consejo de la Magistratura-.
En todo el continente, sin excepción, a los jueces supremos los nombra el poder
ejecutivo a propuesta del legislativo o a la inversa. En ninguno existe un
organismo autónomo para eso. Se hizo para luchar contra la corrupción. Es un
experimento fallido.
Ahora hay
que devolverle a la Corte Suprema las atribuciones de que fue despojada con la
creación del Ministerio Público, del Tribunal Constiticional y del Consejo de
la Magistratura. Hay que ponerla a la cabeza del sistema de justicia.
Y devolverle
al ejecutivo las atribuciones de fue despojado en el nombramiento de los jueces supremos. Y devolverle al
legislativo la interpretación constitucional,cuyo monopolio el Tribunal se ha arrogado
inconstitucionalmente.
Para
escapar de la trampa de la baja gobernabilidad hay que restablecer el
equilibrio de poderes. Lo hicieron varios países europeos luego de la Segunda
Guerra y Francia en 1958, al pasar de la Cuarta a la Quinta República, una obra
de ingeniería institucional que rediseñó el equilibrio de poderes para producir
una democracia con gobernabilidad.
Ese es
el paso que nos falta dar. Hemos copiado de Francia en el pasado todos sus
experimentos políticos fracasados, menos el que por fin funcionó.
La oposición
no va a obstaculizar los esfuerzos del Premier por poner orden en Tía María.
Pero se trata ya de un saludo a la bandera. Es demasiado tarde. La empresa no
va a cerrar el proyecto, pero no va a hacer sino lo mínimo en espera de la
llegada de otro gobierno que tendrá la tarea de destrabarlo. Gobieerno que tampoco
podrá destrabar todos los casos uno por uno.
Ha llegado
la hora de tener una política pública sobre todo esto. Eso requiere el rediseño
del equilibrio de poderes. Esa también es una tarea para el próximo gobierno.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo
como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
AGUA, MINERIA, CONFLICTOS AMBIENTALES,
REGIONALIZACION
La República
La Primera Sala Penal de Apelaciones declaró fundado el requerimiento de
prisión preventiva interpuesto por el Ministerio Público en contra de los
investigados Juan Flavio Galdos Quispe y Teófilo Coyla Quispe, a quienes se les
imputa el delito de violencia contra la autoridad cometido durante los
disturbios antimineros en el sector de Tambo y, por lo tanto, dispusieron su
captura.
Los jueces Cecilia Aquize Díaz y Orlando Abril Paredes fundamentaron que
hay para ambos imputados suficientes elementos de convicción que los vinculan
al delito de violencia contra la autoridad por impedir el ejercicio de sus
funciones en forma agravada, por cuanto los efectivos policiales Raúl Genaro
Acosta Vera y Alan Fuentes Mayca presentan lesiones con objetos contundentes.
Agregan que Juan Galdos Quispe estaba incitando a los manifestantes y
Teófilo Coyla Quispe habría estado tirando piedras; imputaciones que empezarán
a investigarse.
Trepados en un estrado improvisado en la tolva de un camión en la
plaza San Francisco, en Cocachacra, los congresistas Justiniano Apaza
(Arequipa), Jorge Rimarachín (Cajamarca) y Claudia Coari (Puno) ofrecieron su
respaldo a los opositores al proyecto Tía María.
Los tres tuvieron duras palabras contra Pedro Cateriano. Repudiaron el
accionar policial y pidió separar al general PNP Enrique Blanco de la Jefatura
Regional de Arequipa.
Un grupo de estudiantes y docentes de la Universidad Nacional de San
Agustín que están a favor del proyecto Tía María se enfrascaron en una
discusión con pobladores que rechazan el emprendimiento minero. Los que están a favor de la mina dijeron que
la postura terca de los que se oponen a la actividad extractiva frustra el
desarrollo de la región. Los opositores respondieron diciendo que la mina
contaminará y destruirá el valle agrícola. Entre los que aprueban el proyecto
estuvo Juan Torreblanca, conocido fujimorista de la región.
GOBERNABILIDAD,
DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA
El Comercio
Una nueva investigación preliminar ha sido abierta a Nadine
Heredia. El fiscal Augusto Berrocal, titular de la 23 Fiscalía Penal
de Lima, atendió a una denuncia contra la primera dama por presunto delito de
usurpación de la función pública del presidente Ollanta Humala, omisión de
denuncia e imcumplimiento de deberes funcionales.
De acuerdo a documentación a la que accedió el diario
"Perú21", la resolución, emitida el último martes, dispone
"abrir una investigación preliminar en sede fiscal" que atienda la
denuncia presentada por el abogado Carlos Huerta Escate; denuncia contra Nadine Heredia y "los que
resulten responsables de esos delitos".
Según la resolución, la denuncia se basa en informaciones periodísticas.
También se lee que, de acuerdo a un informe de la Contraloría, Nadine Heredia "habría
utilizado aeronaves de la Fuerza Aérea en un aproximado de 65 vuelos (al
interior del país y al extranjero) para viajes que en el fondo tendrían como
finalidad proselitismo político".
Esto habría originado "un gasto al tesoro público de
S/.3’267,631, entre el 1 de agosto de 2011 y el 31 de marzo de 2013".
El documento también hace referencia a un informe de control del
Despacho Presidencial, en el cual se señala que para actividades de Nadine Heredia se desembolsaron
S/.136 mil y que la difusión de estas mediante los medios estatales equivalían
a S/.451 mil, de agosto del 2011 a marzo del 2013.
Finalmente, Huerta incluye en su denuncia referencias a los casos en que
la primera dama habría tenido alguna injerencia directa en decisiones del Poder
Ejecutivo, como el aumento del salario mínimo vital y la recordada 'luz verde'
para la compra de armas por el Ministerio de Defensa, en ese momento a cargo de
Pedro Cateriano.
El Comercio
La prima de Nadine
Heredia, Rosa Heredia Mendoza, asistió hoy al Congreso al haber sido
invitada por la comisión investigadora de los presuntos delitos de Martín
Belaunde Lossio. Lo inusual fue que recibió resguardo de la seguridad oficial
del Parlamento.
Se ve que Rosa Heredia, también esposa del congresista Santiago
Gastañadui, fue resguardada a su ingreso y salida del Congreso por al menos
siete efectivos de seguridad oficiales. Cuando se le consultó a uno de ellos el
motivo del resguardo, guardó silencio.
"Cuando ha habido casos de esa naturaleza no me corresponde a mí
dar la explicación. En todo caso, a la presidenta [del Congreso]. [...] Se
pedirá la información. Preguntaré quién lo autorizó y quién lo solicitó. Sin
duda, nosotros no hemos sido", declaró Pérez Tello a los medios presentes.
Asimismo, la congresista destacó que el grupo investigador "no
dispone de ningún tratamiento especial para ninguna persona que viene,
como corresponde".
Se le recordó el caso de Ilan Heredia Alarcón, hermano de Nadine Heredia, quien también recibió
un inusual resguardo cuando visitó la Comisión Belaunde Lossio.
El Comercio
El ministro de Justicia y Derechos Humanos Gustavo
Adrianzén inició una reunión de trabajo con los titulares de los
organismos del sistema de administración de justicia, entre los que están el
Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, la Defensoría del
Pueblo y el Tribunal Constitucional.
La cita se realiza en el marco del diálogo que impulsa el presidente del
Consejo de Ministros, Pedro
Cateriano, con representantes de las fuerzas políticas del país y
organizaciones sociales.
Participan del encuentro el presidente del Poder Judicial, Víctor
Ticona; el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez; el presidente del Consejo
Nacional de la Magistratura, Pablo Talavera; el Defensor del Pueblo, Eduardo
Vega; y el vicepresidente del Tribunal Constitucional, Manuel Miranda.
Gustavo Adrianzén indicó, en días pasados,
que durante la cita se tratarán temas relativos al sistema de administración de
justicia.
El Comercio
Los primeros días de abril, el recientemente nombrado coordinador de la
Fiscalía de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio (Fislave), Rafael Vela
Barba, comunicó a los integrantes del equipo investigador del Caso Sánchez
Paredes que ya no trabajarían más en este.
Esta decisión se produjo luego de que la Fiscalía de la Nación, a cargo
de Pablo Sánchez, separara el 1 de abril de la Fislave a Delia Espinoza
Valenzuela, fiscal superior que realizaba la investigación.
El Comercio
El
pleno del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM)
decidiría el próximo jueves la suerte del suspendido fiscal de la Nación,Carlos
Ramos Heredia, así como la del fiscal supremo José
Peláez Bardales, ambos acusados de estar
relacionados con el caso de "La Centralita".
De acuerdo a información del diario "La República",
la Comisión de Procesos Disciplinarios del CNM habría
culminado la investigación disciplinaria contra ambos magistrados y
recomendaría al pleno delCNM evaluar
la destitución de los mismos.
El Comercio
El
congresista Juan
Carlos Eguren (PPC-APP) reiteró su
deseo de postular a la presidencia como candidato del Partido Popular Cristiano
y anunció que, en un eventual gobierno suyo, otorgaría el indulto al condenado
ex presidente Alberto
Fujimori.
Alberto
Fujimori ha rechazado las ofertas de indulto de otros candidatos a la
presidencia. "Los políticos aprovechan que la gran mayoría de
peruanos saben que me dediqué con todo a combatir los males del Perú […]
Quisiera que no me utilicen con fines electorales. Todos mis seguidores
apoyarán a Keiko (Fujimori)”, escribió en una carta.
