martes, 31 de enero de 2017

ESTA NOCHE martes 31 enero 2017




ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.

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MEDIA COLUMNA
¿Quién dijo vacancia?


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
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Hoy en el Congreso un parlamentario del partido de gobierno, en conversatorio organizado por su despacho, pidió de pronto la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Lo hizo convocando a la insurgencia y precisó, por razones desconocidas, la fecha del 4 de marzo.

La razón que dio –o más bien el pretexto- fue la falta de respuesta del Estado a los temas de género en la política educativa. Horas después, luego de un comunicado del partido de gobierno y el anuncio de un proceso disciplinario en su contra, el parlamentario se desdijo.

Claramente, el incidente expresa un malestar creciente en la bancada de gobierno. También el congresista Juan Sheput lo percibe y lo atribuye, como su colega, a una falta de conducción política. “Debe haber cambios. Mi función parlamentaria me obliga a hablar así, con absoluta claridad, para que se incorporen los cambios necesarios en la política de Gobierno”, advierte. A diferencia de su colega, Sheput espera que sea el Presidente quien organice los “cambios” antes de que estos le sobrevengan. Suena como algo que podrían suscribir indistintamente la mayoría de los peruanos.

Sin embargo, el malestar de la bancada oficialista reclama un diagnóstico político más acá o más allá de la “decepción generalizada” que señala Sheput.  El ex vicepresidente Luis Giampietri, héroe de la Operación Chavín de Huántar, ha esbozado hoy en entrevista periodistica la hipótesis de que la corrupción en Latinoamérica fue organizada por la izquierda brasileña y el chavismo castrista en el llamado Foro de Sao Paulo, con el objetivo político deliberado de sembrar en toda la región –ahora se habla de donaciones a la campaña de Bachelet en Chile- la imagen de unos Estados corruptos, carentes de legitimidad, que incubarían una “acción de masas” para encaramar al radicalismo de izquierda al poder.  

En los seis meses que lleva este gobierno se ha especulado en ocasiones sobre la posibilidad de una vacancia presidencial y el posible reemplazo del mandatario por el vicepresidente. Martín Vizcarra es un hombre vinculado a los radicalizados gobiernos regionales del sur del país y hay que recordar que, no bien comenzado el gobierno, el ex gobernador de Moquegua llevó al Presidente al Cusco a una reunión pactada con las regiones, donde le arrancarían al incauto y recién estrenado mandatario promesas -como la transferencia a las regiones de competencias tributarias- que hubieran supuesto la fractura del Perú.   

Independientemente de las intenciones del Vicepresidente, este es el campo minado que dejó sembrado el humalismo en el sur del Perú entre las comunidades y las empresas. Desactivarlas es la tarea encomendada al propio Vizcarra.

Y no estamos viendo progresos.  



REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.



GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA



El Comercio
El ministro de Agricultura, José Manuel Hernández, reconoció hoy que la empresa Asesores Técnicos Asociados (ATA), que dirigió hasta julio último, formó un consorcio con la compañía de Edwin Luyo, ex funcionario detenido, acusado de recibir un soborno de US$500,000 de Odebrecht.
Hernández sostuvo que ATA no participó en licitaciones de las líneas 1 y 2 del Metro de Lima y la Carretera Interoceánica. “La empresa se asocia para distintas actividades [con Luyo], pero eso fue en el 2014 y no tiene nada que ver con el período que está siendo investigado”. La empresa hizo un estudio de preinversión, admitió.
Según informó el diario “La República”, el Consorcio Juliaca firmó en marzo de 2014 un contrato con Provías Nacional, del Ministerio de Transportes, para un estudio de preinversión del corredor vial de Juliaca a la frontera con Bolivia.
Luyo firmó el contrato como apoderado del consorcio integrado por ATA, cuyo apoderado era Hernández. Reconoció, sin embargo, que la empresa supervisó obras ejecutadas por Odebrecht, como la segunda etapa del proyecto Olmos.



El Comercio
El congresista Moisés Guía Panto (Peruanos Por el Kambio) en conversatorio organizado por su despacho en el Parlamento Nacional, pidió la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).
Esto, añadió, en tanto se mantenga lo que, según él, es una falta de respuesta del Estado a los temas de género en la política educativa.
Guía sostuvo que "tenemos una bancada dividida y los 18 ministros no responden a una expectativa de identidad de género, y no hay una respuesta política de Estado".
En el momento en el que legislador pidió la vacancia de PPK ya se habían retirado las ministras Marilú Martens de Educación y Marisol Pérez Tello de Justicia.
La bancada de Peruanos Por el Kambio ha anunciado un proceso disciplinario contra Guía. "Rechazamos sus expresiones contra el gobierno del Presidente de la República, su investidura y la bancada", dice un breve comunicado. Guía Pianto se rectificó horas después.



Correo
Entrevista a Juan Sheput (PpK)
-¿Cómo explica la disminución de la popularidad del Presidente?
Se debe a una serie de circunstancias que han generado que la opinión pública se decepcione de toda la clase política, oposición y oficialismo, instituciones y organizaciones del Estado. O sea, hay una decepción generalizada de todo. Baja Alan García, bajan los excandidatos, baja el presidente, todos en general. Baja la popularidad del Congreso, del Poder Judicial, del Ministerio Público, hay una decepción generalizada de toda la clase política sin excepción.
-Desde algunos sectores aseguran que el caso de las coimas de Odebrecht afectaría directamente al Jefe de Estado...
Los que dicen que la baja se debe a la empresa Odebrecht o los huaicos, etc., manejan un análisis simplón. Acá, el gobierno ha bajado 30 puntos en los últimos seis meses y Odebrecht es solamente de las últimas semanas…  Esta decepción se extiende a casi todas las gestiones que hasta la fecha dirigen los despachos ministeriales, según la última encuesta de CPI... El problema va con una insatisfacción de las expectativas que es necesario cambiar para recuperar la confianza de la ciudadanía… Para eso se debe explicar a la opinión pública y para esto se necesitan condiciones políticas.
-¿A qué se refiere?
Hay un déficit político que se está traduciendo en insatisfacción de las expectativas. Y, como te digo, esto viene de los últimos seis meses. Por lo tanto, debe haber cambios. Mi función parlamentaria me obliga a hablar así, con absoluta claridad, para que se incorporen los cambios necesarios en la política de Gobierno y la conducción de la política del Gobierno… El asunto de fondo es tener la capacidad política para conducir los distintos sectores. Por eso, y quisiera ser claro, yo confío en la sabiduría del Presidente para identificar con claridad el problema y plantear la solución…
(…)
-¿Podría ser más específico?
Es eso, la decepción generalizada en las fuerzas políticas y sus instituciones. ¿Y cómo se voltea eso? Atacando las expectativas con una mejor conducción política y colocando la agenda de lucha frontal contra la corrupción en Odebrecht, por ejemplo.
-Refirió que falló la comunicación interna, ¿habría un mea culpa por parte del partido de gobierno?
No ha faltado comunicación, simplemente no ha existido, porque no hay conducción política y ese es un problema de la bancada y de los ministerios, falta una línea política y eso lo tenemos que ver nosotros a la brevedad posible.
(…)



Expreso
Entrevista al ex vicepresidente  Luis Giampietri
-Almirante, ¿cuál es su impresión respecto a las empresas brasileñas y los millones de dólares pagados a funcionarios peruanos a cambio de licitaciones?
Este es un tema que fue organizado por una institución que se llama el Foro de Sao Paulo, que reúne a todos los comunistas de América Latina con la intención de crear corrupción y jalar a los gobiernos para que se alinearan con las casas del Alba y con todas esas cosas que han querido hacer, no es una casualidad. Para que haya corrupción tiene que haber corruptor y corrompidos. El corruptor ha sido el Foro de Sao Paulo, que se inició con Lula da Silva y con Dilma Rousseff. Este acercamiento por la vía de la plata, que genera una imagen de Estado corrompido, es una idea muy parecida a la que tenía Abimael Guzmán, solo que esta última fue más agresiva. Es decir, construir sobre las cenizas de lo que quede la llamada “república de nueva democracia”, según Guzmán.
-Este es su pensamiento…
Sí. Desgraciadamente, el que haya tantos gobiernos comprometidos puede permitirles ir en esa dirección.
(…)
-En ese sentido, ¿se puede afirmar que el caso Odebrecht ha contaminado a toda la clase política?
(…)
...se presenta a todo el Estado como un “Estado corrompido”, eso podría llevar a que la gente se movilice e interprete como que el Estado ya no tiene legitimidad. Luego, el siguiente paso sería una acción de masas, como ya ha sucedido en otros países. Bolivia es un caso cercano y Ecuador también.
(…)



Gestión
Con una pizarra al lado, el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) ratificó el compromiso del gobierno con la construcción del Aeropuerto de Chinchero. “Una comisión en el Congreso ha dicho que el MTC no debe firmar este documento y por eso tenemos que postergar la visita a Chinchero”, dijo en mensaje a la nación.
Más temprano, se conoció que la firma de la adenda, programada para hoy, quedaba suspendida. El MTC sostuvo que la firma se posterga hasta que la comisión del Congreso sustente por qué la modificación del contrato es lesiva para el Estado.
El presidente PPK explicó que, antes, la obra iba a costar US$ 1,120 millones, debido a que implicaba un pago de US$ 530 millones por obra y supervisión, sumado a US$ 590 millones de deuda del Estado. Sostuvo que, tras firmar la adenda N°1, el Estado se ahorrará el monto de la deuda. Pagará US$ 21.5 millones por la supervisión y US$ 508 millones por la obra.
“Se ha saneado el proyecto y por eso queremos seguir adelante”, dijo el Presidente.



El Comercio
El ministro de Transportes, Martin Vizcarra, señaló que no fue adecuado el contrato que se firmó en el 2014 entre el Gobierno y el concesionario Kuntur Wasi para el proyecto del aeropuerto de Chinchero.
"Era un contrato malo el que asumimos", dijo. Indicó que el Gobierno actual tenía tres opciones: seguir con las condiciones del contrato, resolverlo o hacer modificaciones.
"Teníamos la opción de resolver el contrato, que lo hemos pensado, pero eso retraería el proyecto hasta el 2010. Y podría demorar tranquilamente entre dos y cuatro años sacarlo adelante", aseguró. Sostuvo que resolver el contrato hubiera llevado al Perú a un juicio ante el CIADI. "La otra alternativa que hemos tomado -considerando que el contrato es lesivo porque no fija tope a los intereses y quiere cobrar cualquier tasa de intereses- es que hemos asumido el financiamiento en los próximos cinco años... No pagaremos los US$589 millones de intereses", aseguró. "Modificamos el contrato para hacerlo favorable al Estado", finalizó.



Gestión
El vocero de la bancada fujimorista, Luis Galarreta, consideró que el Ejecutivo quiere “arrimar la responsabilidad a otros, en este caso al Congreso, de su incapacidad de tomar decisiones”.
“La carta del presidente de la comisión Lava Jato es un pedido de una comisión en la que no tenemos mayoría, ya que solo hay dos integrantes de Fuerza Popular”, refirió. “Es muy débil decir que el Congreso, por una carta, le va ordenar al Presidente (parar una adenda)”, reiteró el legislador.
En la carta, el presidente de la Comisión Lava Jato, Victor Albrecht, solicitó a Vizcarra abstenerse de firmar la adenda de Chinchero.



El Comercio
Fuerza Popular anunció hoy la decisión de unificar las comisiones que investigan el Caso Lava Jato y al gobierno de Humala para conformar una "gran comisión" que indague las coimas de las empresas brasileñas. El vocero fujimorista, Luis Galarreta, dijo que es necesario unificar “la Comisión Lava Jato, presidida por Víctor Albrecht, y la Comisión encargada de investigar las obras de Humala, presidida por Daniel Salaverry".



El Comercio
La Comisión Permanente del Congreso aprobó hoy el proyecto de ley que elimina de forma definitiva el cargo por afianzamiento de seguridad energética en los recibos de luz eléctrica para costear el Gasoducto sur peruano.
La ley dispone que se devuelva a los usuarios los pagos realizados a través de los recibos de luz
.



Expreso
Desorden gubernamental impedirá
salida apropiada al gasoducto
César Gutiérrez
(…)
Hay que tener en claro que según el contrato de concesión y la normativa legal, existe obligación por parte del Estado, representado por el concedente, Ministerio de Energía y Minas, de poner los bienes de la concesión a la venta, lo cual se puede hacer hasta en tres convocatorias con un descuento del 15% cada vez que se convoque. Con ello, el precio mínimo es 72.25% del valor contable de los bienes.
En caso no se puedan vender en un plazo de un año, corresponderá pagar al Estado. El monto, que será un tema que devendrá inevitablemente en una discusión intensa, de hecho excederá los 1,000 millones de dólares.
En esas condiciones no le queda al Estado sino plantear que el proyecto continúe luego de realizado un nuevo concurso, con el mismo trazo y los mismos ductos, pues son parte de la valorización del monto a devolver.
Si se trabaja con conocimiento y firmeza en las decisiones, estimo que en el mejor de los casos la puesta en operación comercial ocurrirá dentro de cinco años y medio, es decir a mediados del 2022, dado el tiempo requerido para vender bienes existentes, elaborar bases, promover el proceso, otorgar buena pro, firmar contrato y realizar la construcción por parte del ganador. Es decir que no será este gobierno quien lo inaugure.
Las declaraciones de las autoridades gubernamentales que tienen injerencia en las decisiones son contradictorias; en cuanto al esquema, si debe incluirse nuevos ramales y si deberían participar en el nuevo concurso, dos de los integrantes del consorcio que acaba de perder la concesión: Graña y Montero y Enagas. No concuerdan la visión de PPK, con la del titular de la cartera de Economía y Finanzas y el de Energía y Minas. Hay una mezcla de temores mediáticos, predisposición a favor de las empresas y desconocimiento, que no hace presagiar nada bueno.


lunes, 30 de enero de 2017

ESTA NOCHE lunes 30 enero 2017



ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.

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MEDIA COLUMNA
Cañón de luz al rincón oscuro


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
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La Fiscalía se niega a pedir la incautación de los activos de ODB, igual que antes se negó a congelar las cuentas bancarias de la empresa.

El pedido de la Procuraduría a ese respecto cae en saco roto. Es más, el procurador que lo solicita es súbitamente cambiado.  

Por el contrario, negoció por su cuenta con la empresa corrupta un llamado “pre acuerdo” cuyo contenido se niega a revelar. No obstante, la propia empresa ha revelado que el pre acuerdo contiene la decisión de la Fiscalía de no tomar medidas de fuerza contra ella. ¿Cuáles medidas de fuerza? Evidentemente, el congelamiento de las cuentas y la incautación de sus activos.

¿Con qué autoridad ha negociado la Fiscalía tan graves decisiones? Es evidente que esto tiene que conocerlo la opinión pública. Es lo que el Congreso quiere preguntarle.

Pero el fiscal ignora hasta la fecha la citación del Congreso. En cambio, el propio Fiscal de la Nación ha salido a defender al fiscal del caso diciendo que el Congreso no puede citarlo porque la Fiscalía es autónoma y que se trata de una interferencia de un poder en otro.

La Fiscalía y el Congreso se hallan en curso de colisión. Pero el Congreso tiene razón, porque hay una sospecha que necesita ser despejada.

El gobierno ha anunciado que se prepara para volver a licitar el mismo contrato de concesión que tenía ODB. Incluido el subsidio del Estado por 30 años que en adelante pagarán los peruanos con sus impuestos, ya que no en el recibo de luz.

ODB no participará de esa licitación, sin embargo. Tiene que irse del país. Pero la empresa corrupta pretende que el gobierno subaste sus activos y le devuelva el dinero que invirtió. Los mismos activos cuya incautación la Fiscalía rechaza.

También la empresa socia, Graña y Montero, espera que el Estado le devuelva lo que invirtió en comprar una participación en el Gasoducto cuando Marcelo Odebrecht ya estaba detenido en Brasil. Con esos recursos espera pagar la deuda que adquirió para ese fin, eludir la quiebra y, con frescura, participar en la nueva licitación del viejo contrato.

Si se incautara los activos del consorcio, en cambio, no habría subasta ni devolución. Y si se congelara las cuentas de ODB, también las de la empresa socia tendrían que congelarse.  Claramente, no participaría ya de la licitación.

La razón por la que la Fiscalía arrastra los pies en su investigación y se niega a explicar sus actos al Congreso puede deberse a que no quiere revelar sus verdaderos motivos. Y a que estos podrían ser los mismos que los del gobierno, al pretender licitar de nuevo el mismo viejo contrato y permitir que la empresa socia participe en la nueva licitación con la plata que le devuelva luego de subastar los activos.

El contagio de la corrupciónse debe cortar. Por eso tiene razón el Congreso en insistir en la citación al fiscal, incluso bajo apercibimiento si falta hiciera. Porque es necesario poner el cañon de luz sobre ese rincón oscuro de todo este ruinoso edificio.


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GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA



El Comercio
Los bienes y activos de la empresa Odebrecht en el Perú no serán incautados y tampoco serán congeladas sus cuentas.
Así lo dispuso el fiscal Hamilton Castro, a cargo de la investigación por el pago de sobornos de la constructora en respuesta al pedido en ewse sentido de la Procuraduría Anticorrupción. 
El procurador anticorrupción, Amado Enco, fue notificado de esta disposición del Ministerio Público el pasado viernes 22 de enero, dos semanas después de haber realizado el pedido. 
"El fiscal se niega inexplicablemente a proceder con estas medidas que están, además, bajo su obligación como responsable de conducir la investigación. Él tiene la obligación por mandato legal porque así lo ordena el código procesal penal de proceder con estas medidas urgentes y necesarias", indicó Enco  a El Comercio. 
Hace unos días, el superintendente adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera, Sergio Espinosa, reveló a la Comisión Lava Jato del Congreso que el fiscal Hamilton Castro pidió no congelar las cuentas de la constructora brasileña
Enco indicó que el argumento del fiscal es que la Procuraduría no tiene legitimidad para solicitar esas medidas y debe circunscribirse solo al tema de la reparación civil. No obstante, el Código Procesal Penal faculta a la Procuraduría Anticorrupción a proponer actos de investigación.
"El Congreso y la opinión pública dicen que por qué la Procuraduría no pide la incautación. Muy bien, lo hemos solicitado y el fiscal arbitrariamente se niega a ejecutar estas medidas", concluyó Enco.



El Comercio
Fuentes de El Comercio confirmaron la designación de Efraín Núñez Zelaya como procurador público ad hoc para las investigaciones del caso Lava Jato. Así, el procurador Amado Enco, elegido por concurso público para el cargo, no tendrá en adelante ninguna responsabilidad en el caso. Amado Enco es quien había presentado al fiscal Hamilton Castro el pedido de la inmcautación d elos activos y el congelamiento de las cuentas.



El Comercio
El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, sostuvo que la comisión investigadora del Congreso no puede citar de grado fuerza al fiscal Hamilton Castro, que ve el caso. “Eso es atentar contra la autonomía del Ministerio Público”, dijo.
Sánchez sostuvo que las personas involucradas en este caso de corrupción “van a tratar de cualquier forma” de obstaculizar el trabajo de la Fiscalía.
 “Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que ampara el principio de reserva de la investigación”, argumentó.
La comisión investigadora citó al fiscal Castro la semana pasada. Este no acudió.



El Comercio
El presidente, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), manifestó hoy que Odebrecht podrá vender los activos de sus proyectos en el país.
"Odebrecht tiene muchos proyectos aquí. Tiene derecho a vender esos proyectos, siempre y cuando cumpla con lo que le pide la fiscalía, de reservar una parte de eso en caso de una multa", precisó.
Dijo que las obras que iban a ser ejecutadas deberán licitarse nuevamente. "El Gasoducto al sur lo tenemos que relicitar", añadió.



Expreso
El Grupo Graña y Montero (GGYM) en aras de calmar las expectativas negativas que venían experimentando sus acciones en la Bolsa de Valores de Lima, con su consiguiente correlato en sus ADS (American Depositary Shares) en la Bolsa de Nueva York (NYSE), salió a manejarse mediáticamente mediante la comunicación de un “hecho de importancia” a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
El tema de fondo que ha querido transmitir es su optimismo sobre lo que el Estado le pagaría al Consorcio Gasoducto Sur Peruano SA (CGSP), donde tiene una participación del 20%,  por los bienes y avance de obras que, según su entender, en el caso más pesimista le permitiría cubrir el 95% de sus obligaciones contraídas en el proyecto.
GYM tenía razones fundadas para preocuparse. Sus acciones en la BVL habían caído a un mínimo de 2.95 soles/acción, que significaba una desvalorización bursátil del 48.5% respecto a la cotización que tenía al iniciar noviembre del año pasado. Mientras que en la NYSE, la caída en el período 1 de noviembre 2016 al 23 de enero del 2017 había llegado a 45%.
La comunicación le ha permitido repuntar en Lima 20% y en Nueva York 18%.
La posición de GYM está basada en que, con el monto recaudado por la venta de bienes del Gasoducto Sur Peruano (GSP), pueda cubrir el 95% de la suma conformada por: 220 millones de dólares (MMUS$) que fue su aporte de capital; 129 MMUS$ de la garantía que proporcionó para el crédito puente que recibió el GSP para estudios, equipos y avanzar obras, y finalmente los 52.5 MMUS$ que aportó en carta fianza de fiel cumplimiento, que ha sido ejecutada por el estado peruano a través del Ministerio de Energía y Minas (MINEM).
La suma de los montos señalados arroja la cifra de 401.5 MMUS$, de los que esperan por lo menos cubrir la suma de US$ 381 MMUS$ (el 95% señalado).
Significa que la expectativa que tiene GyM es que el Estado le reconozca 1,905 MMUS$ (GYM tomaría el 20% de esta cifra) por lo ejecutado hasta la fecha.
La pertinencia del cobro está garantizada en el Contrato de Concesión (artículo 20.4.2) entre el MINEM y GSP, y reforzada por el DS-041-99-EM (artículo 45. Capítulo tercero. Título II).
El gran tema en discusión es la valorización, donde el MINEM tendrá que seleccionar a una empresa que haga el trabajo. De hecho tendrá que ser una corporación internacional de primer orden y lejos de cualquier duda de favoritismo.
Es obvio que la discusión en el terreno político ya empezó, se alzan voces desde el Congreso reclamando que no debería hacerse pago alguno. En el terreno legal este discurso no tiene ningún asidero, sin embargo va a mediatizar mucho el resultado de la valorización y más de una explicación se va pedir al Poder Ejecutivo.
El plazo para el pago es de un año, y mientras más demore se encontrará con un gobierno más debilitado dada la impericia de esta gestión, que ya es un mal endémico.
El otro tema que va atentar contra GYM es el hecho de que la vocación de PPK es que conjuntamente con Enagás continúen con el proyecto, por supuesto teniendo a Odebrecht Latinvest Perú SA fuera del consorcio.
Aquí, la discusión llega a mayores por dos razones: el incumplimiento del cierre financiero que ha motivado la terminación del contrato ha sido del Consorcio, donde las responsabilidades son solidarias y no individuales.
Sería un contrasentido defender un continuismo, es más, también lo es permitir la participación de GYM y Enagas en un nuevo Consorcio que aspire a reactivar el contrato terminado o un nuevo esquema.
Una segunda razón será la implicancia de la participación  de GYM en las IIRSA Sur y Norte, donde ya hay señalamientos de actos de corrupción reseñados y cuantificados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
La suspicacia del conocimiento de los hechos ilegales por parte de la empresa peruana es legítima, a pesar de los esfuerzos contraproducentes del Gerente General de la empresa de intentar hacernos creer que no sabían nada. 
En esas condiciones y con la manifestación de las autoridades judiciales que GYM será investigada, sería un suicidio político para el gobierno pretender que continúen con la obra o que participen como postores en otro concurso sobre el proyecto.



El Comercio, editorial
Los socios de Odebrecht
Desde que se destapó el escándalo de corrupción conocido como Lava Jato y, en particular, el pago de coimas por parte de la compañía Odebrecht a funcionarios peruanos para la obtención de licitaciones de obras públicas, se ha despertado en la opinión pública el comprensible interés por conocer el nombre de todos aquellos involucrados en este engranaje delincuencial.
Y es entendible no solo por la necesidad de llevar ante la justicia a todos aquellos que resulten responsables, sino también por evitar que se agazapen quienes participaron en estas operaciones ilícitas y orondamente prosigan con sus quehaceres públicos, políticos o empresariales sin rendir cuentas por lo que costaron a la ciudadanía.
En el caso de los partidos políticos, por ejemplo, es importante conocer si parte del financiamiento de sus actividades de campaña tuvieron origen brasileño. Conociendo, por otra parte, la estrecha vinculación entre Odebrecht y el Partido de los Trabajadores en Brasil, y la hipótesis que maneja la policía de ese país de que parte de los sobornos de las constructoras brasileñas se destinaba a financiar a partidos políticos afines en la región, la indagación sobre nuestros políticos locales suma todo un nuevo ángulo de interés.
También están las empresas que se asociaron con Odebrecht en importantes negocios respecto de los que existe evidencia o indicios de corrupción por parte de la constructora brasileña, y que hoy se encuentran bajo escrutinio de la fiscalía. Como se sabe, muchas firmas participaron en consorcios con Odebrecht para la licitación o ejecución de grandes obras de infraestructura en los últimos años (gasoducto sur peruano, la línea 1 del metro de Lima, IIRSA Sur e IIRSA Norte, entre otras), como Graña y Montero, Enagás, ICCGSA, JJC Contratistas Generales, Obrainsa y Compañía San Martín.
Desde luego, el haber participado de una sociedad con Odebrecht no constituye en sí prueba de complicidad. Pero el que el accionar delictivo de la constructora brasileña fuera sostenido durante varios años en todos los países en que operaba, respondiera a una estrategia bien montada, contase con toda una compleja estructura societaria internacional creada con el solo propósito de canalizar sus sobornos e incluso se viera reflejada en varios proyectos estatales cuyos montos se multiplicaban escandalosamente sin ninguna justificación económica detrás, lleva cuando menos a plantear algunas interrogantes: ¿Nunca supieron o escucharon nada acerca de los tratos ilícitos de Odebrecht? ¿No les generó suspicacia las irregularidades advertidas en algunas de las licitaciones? ¿No tenían algún grado de control, o supervisión siquiera, en las postulaciones a estos grandes proyectos? ¿Qué tipo de filtros implementaron al momento de escoger a una compañía con la que se iban a asociar en proyectos de 20, 30 y hasta 40 años?
Todos ellos, cuestionamientos que válidamente podrían formularse la fiscalía y la procuraduría para determinar si los socios de Odebrecht incurrieron, dolosa o negligentemente, en algún tipo de responsabilidad. Y que, a su vez, las propias compañías involucradas deberían estar interesadas en responder cuanto antes para, además de defender su inocencia, evitar que se asiente sobre ellas las sombras de dudas que perjudiquen su reputación y el futuro de sus negocios.
Las mismas preguntas cabe plantear a los gremios y profesionales (abogados, periodistas, ingenieros, entre otros) que, a sabiendas del proceder ilícito de las constructoras brasileñas o esquivando selectivamente la mirada, hayan sido instrumentales para la corrupción. Naturalmente, acá también habrá que separar el trigo de la paja: haber respondido consultas concretas de la empresa sobre temas jurídicos, por ejemplo, no pone a un estudio de abogados en el mismo nivel de sospecha que haber sido el abogado clave para tal o cual proceso de licitación ganado con sobornos.
Las investigaciones contra Odebrecht, en fin, deben comprender a todo el ecosistema en el que la empresa-delincuente floreció con tanto éxito y determinar con claridad –y las debidas pruebas, por supuesto– los casos en los que quienes han trabajado con ella han sido también sus cómplices.



El Comercio
Las empresas brasileñas implicadas en el Caso Lava Jato no solo afrontan pesquisas por el pago de sobornos para la adjudicación de obras. Sus proyectos también enfrentan indagaciones en instancias judiciales y fiscales. Son 10 casos los que vienen siendo investigados y que habrían causado un perjuicio de más de S/1.000 millones al Estado, según la contraloría.
Entre las obras indagadas más antiguas está el Interceptor Norte adjudicado a Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C. junto a la Compañía San Martín S.A. por Sedapal en el 2004. Esta tenía como objetivo tratar los desechos de más de 20 distritos de Lima.
El perjuicio económico sería de S/12’508.484. Por ejemplo, “la construcción de un sistema de rebose de emergencia de aguas residuales, sin haber requerido previamente la autorización, generó un gasto innecesario de S/3’252.189”, dice el reporte de la contraloría.
Otra obra del Grupo Odebrecht investigada es el tramo 1 de la línea 1 del metro de Lima. Su carpeta está en el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima. El proyecto fue adjudicado en el 2009 al consorcio formado por la Constructora Norberto Odebrecht S.A., sucursal Perú, junto a Graña y Montero S.A.
Otros cuatro juzgados civiles también ven demandas relacionadas con la obra.
Hasta la fecha, el metro de Lima es el único caso documentado de pago de sobornos en el Perú. Por este ilícito hay dos detenidos y tres prófugos.
Otro caso es la carretera Callejón de Huaylas-Chacas-San Luis, adjudicada a Norberto Odebrecht S.A. y Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C., la cual tiene una carpeta en el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz.
Las obras investigadas del Grupo Odebrecht más recientes corresponden al Gasoducto Sur Peruano y la Vía Costa Verde del Callao. La primera, adjudicada en el gobierno de Ollanta Humala a Odebrecht Latinvest Perú Ductos S.A.C. y Enagás, registra para la contraloría un presunto perjuicio económico de US$136 millones. El caso está en la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima-Tercer Despacho.
El segundo proyecto –la Costa Verde Callao– recae en la misma instancia judicial, pero acá el perjuicio económico señalado es de S/741.458. La obra fue adjudicada en el 2013 por el Gobierno Regional del Callao al consorcio formado por la Constructora Odebrecht S.A. sucursal Perú y Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C.
En el Callao, no solo la obra adjudicada por Odebrecht está en la mira judicial. La avenida Néstor Gambetta (que data del 2010 cuando el actual presidente de la Comisión Lava Jato, Víctor Albrecht, era el presidente regional) fue adjudicada al consorcio de las brasileñas Constructora Queiroz Galvao S.A., sucursal del Perú, y Constructora Andrade Gutierrez S.A., sucursal Perú.
En este caso, la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao, a cargo de Plinio Hermoza, formalizó este mes la denuncia por presunta colusión agravada contra el gobernador regional del Callao, Félix Moreno.
Los lotes 1,2 y 3 de la planta de tratamiento de agua potable de Huachipa es una obra de Construcoes E Comercio Camargo Correa S.A. sucursal Perú junto a OTV S.A. del 2008. Esta es investigada en el Primer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción.
Completan la lista de obras indagadas, el hospital Antonio Lorena nivel III del Cusco a cargo de Constructora OAS Ltda. (en la fiscalía de Cusco); la rehabilitación de la carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca (a cargo del Juzgado Especializado de Lima) y la carretera Tingo María-Aguaytía (en el Juzgado Civil de Lima), ambas adjudicadas a las brasileñas Camargo Correa y Queiroz Galvao en consorcio.
La Contraloría registra otras tres obras de empresas brasileñas en las que encontró perjuicio económico, pero fueron archivadas: el proyecto Especial Río Cachi (1999), la carretera Huánuco-Tingo María-Pucallpa y la irrigación del Alto Piura.



Peru21
Columna de Aldo Mariátegui
Seamos adultos: sería calamitoso para el país que una gran empresa como Graña y Montero (GyM) terminase eventualmente colapsando por sus malas juntas con Odebrecht y otros angelitos brasileños: miles de empleos se perderían, se tendría un gran bajón negativo en el crecimiento del PBI y los aportantes de las AFP (el 40% de acciones aproximadamente, seguidas de fondos de inversión) sufrirían un serio revés en sus ahorros actuales y futuras pensiones de vejez. ¡Nada bueno para nadie!
Lo más cuerdo sería, mientras sigan las investigaciones y se deslinden responsabilidades penales, que ese entre 17% y 30% de acciones que pertenecen a todos aquellos propietarios familiares y altos funcionarios cuestionados pasen a ser administradas por un fideicomiso independiente; se le entregaría así provisionalmente la administración de GyM a un equipo competente y sin ningún viso de posible corrupción, tal como se hizo años atrás exitosamente con el administrador Crosby en Canal 4, tras la salida de los Crousillat. Ojo que la actual GyM no solo puede tener problemas en el Perú: esta firma cotiza con ADRs en la bolsa neoyorquina, por lo que la SEC y el Department of Justice podrían aplicarles el draconiano Foreign Corrupt Practices Act.
Como están las cosas, incluso iría más allá y hasta también le cambiaría la razón social para dar la señal formal de un proceso de purificación, poniéndole algo así como un neutral “Grúas y Maquinarias”, dado que la marca actual ya está muy vapuleada. Y creo que también se debe eliminar ese mentiroso mito mal intencionado de que el Sr. Graña controla a EC (¡solo tiene el 6% del accionariado!) con otro fideicomiso neutral y provisional sobre esas acciones. Se impone una Realpolitik empresarial.



El Comercio
Edwin Luyo, primer recluido del Caso Odebrecht, cambió de estrategia legal y no se acogerá a la confesión sincera ni a colaboración eficaz.
Durante la audiencia del pedido de prisión preventiva, uno de los abogados de Luyo señaló que admitían el delito de cohecho pasivo propio, uno de los cargos imputados por el fiscal Hamilton Castro. El delito que negaron fue el de lavado de activos.

Señalan que los US$500 mil que recibió Edwin Luyo en una cuenta en la Banca Privada d’Andorra, a través de la ‘offshore’ Oblong International Inc., fue por el pago de “servicios de consultoría” a Odebrecht.