miércoles, 18 de enero de 2017

ESTA NOCHE miércoles 18 enero 2017


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EL COMERCIO
Luz para la bicameralidad


Kenji Fujimori Higuchi


Se ha reabierto el debate público sobre el retorno a la bicameralidad. Por mi parte, quiero expresar que ha llegado el momento de revisar esta posición de largo tiempo del fujimorismo. El argumento que me parece medular es que hay necesidad de atender las circunstancias cambiantes de nuestra historia.
Cuando el Perú adoptó la unicameralidad en la Constitución de 1993, había poderosas razones para ello. Esas razones ya no existen.

La esencia del fujimorismo no es dogmática, consiste en adaptar una política pública a la naturaleza propia del problema en sus circunstancias específicas, para poder conducir eficazmente la realidad hacia el cambio que se necesita.

A comienzos de los 90, el país se encontraba en una situación terminal y necesitaba ser puesto en una unidad de cuidados intensivos. Hacía falta reformas profundas en el ordenamiento constitucional y legal para luchar contra el terrorismo y reconstruir una economía en ruinas, y era indispensable llevarlas a cabo rápida y eficazmente. Así lo hizo el gobierno, lo que la ciudadanía reconoce, y el unicameralismo fue el instrumento.

Pero las respuestas de ayer no son necesariamente funcionales en todos sus extremos para enfrentar los problemas de hoy. Lo que hoy hace falta es más debate, más pausa reflexiva, menos vehemencia, menos confrontación. Con los años la práctica parlamentaria ha generado una sobreproducción legislativa creciente. Y de una calidad que la ciudadanía encuentra muy insatisfactoria. Hay casos en los que lamentablemente se ha legislado de manera precipitada luego de un debate insuficiente. Algunos ejemplos son de público conocimiento: los temas involucrados en la llamada ‘ley pulpín’ merecían un tratamiento distinto, lo mismo que los relativos a la seguridad previsional y el destino de las AFP.

La bicameralidad permitiría ayudar a moderar el proceso legislativo a unas proporciones más acordes con la ponderación que necesitan las leyes de la República. Una cámara revisora ofrece no solo la posibilidad de controlar la proliferación legal nociva, sino también la garantía de un mejor debate de las leyes.

En los 90 había necesidad de decisiones políticas difíciles para restablecer la seguridad nacional. Hoy hace falta seguridad jurídica. Es lo que requiere la inversión, sobre todo la de largo plazo, que es la que el Perú demanda clamorosamente en agua y en bosques, agroindustria e infraestructura.

Eso requiere reglas estables que no se pueden cambiar precipitadamente, porque ese ruido político conspira contra la inversión y la condena al cortoplacismo. Es la sistemática creación de incertidumbre la que ha hecho colapsar en los últimos años la inversión que tanto esfuerzo costó levantar. Hoy mismo, el ruido político –los rumores banales de cierre del Congreso y de censura ministerial, la confrontación– no es bueno para la economía, no es el clima que necesita la inversión. Porque la economía no es una máquina, es un árbol que necesita tiempo y un entorno estable para crecer sano y fuerte.

La bicameralidad podría ayudar a la seguridad jurídica que el país necesita. Podría ayudar también a reducir la incertidumbre y evitar la confrontación política innecesaria. El pueblo peruano no estaría en desacuerdo a condición de que no suponga un incremento del número total de representantes parlamentarios. Eso obliga a plantear el retorno a la bicameralidad bajo la condición de mantener estrictamente el número actual de representantes.

Lo previsible es que el debate político sobre la bicameralidad necesite tiempo. Evitando toda precipitación, la eventual elección de un Parlamento bicameral debería contemplarse con miras a los comicios del 2021, con el bicentenario de la República, para regir a partir del siguiente quinquenio.

Por encima de toda coyuntura política se halla nuestra convicción de que solo un mejor debate público podrá contribuir a la institucionalización del Perú. Y alcanzar una sana reforma de las instituciones del país para hacerlas más democráticas. 



REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
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MENU DEL DIA


ü  El Ministerio Público dispuso el congelamiento de las cuentas de la constructora brasileña Camargo Correa en el Perú.

ü  Odebrecht Engenharia e Construção (OEC), unidad del holding Odebrecht, espera cerrar acuerdos individuales con los 12 países en los que tiene obras y donde admitió que cometió actos ilícitos

ü  Hasta la fecha, Odebrecht ha vendido 5.000 millones de reales (US$1.600 millones) de los 12.000 millones de reales en activos que puso a la venta para aliviar una crisis de liquidez en 2016

ü  Tras la decisión de la fiscalía de congelar las cuentas de la empresa Camargo y Correa, Mauricio Mulder consideró que ha sido un avance “tibio” pues, a su juicio, Ministerio Público debió haber actuado de la misma manera con la constructora Odebrecht.





ELECCIONES, PARTIDOS, ENCUESTAS, MEDIOS, PSICOSOCIALES



La República
El grupo de trabajo de Control Constitucional sobre los actos normativos del Poder Ejecutivo a través de los decretos legislativos –presidido por la congresista fujimorista Úrsula Letona– observó artículos de cinco de los primeros 32 DL que se discutieron ayer. Estos –dijo– deben resolverse hoy.
El Nº 1246 –que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa– fue observado, pues su artículo 7 señala que "el vencimiento de la vigencia de la fecha del DNI no constituye impedimento para la participación del ciudadano en actos civiles, comerciales, administrativos, notariales, registrales, judiciales, policiales y, en general, para todos aquellos casos en que deba ser presentado para acreditar su identidad". Para Letona, dicho artículo contraviene la Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) y, también, resta seguridad jurídica al padrón electoral.
Los DL Nº 1250, 1258, 1277 y 1311 también presentan observaciones.
Al primero –que modifica la Ley Nº 29230, que impulsa la inversión pública regional y local con la participación del sector privado, y la Ley Nº 30264, que establece medidas para promover el crecimiento económico– se le pide modificar su redacción porque se hace mención a que la Contraloría General de la República emitirá un informe previo a todo proyecto de inversión para detectar si este provocaría endeudamiento al Estado. Según el grupo de trabajo, dicha situación podría perjudicar a gobiernos locales porque la mayoría de ellos no cuenta con un equipo que identifique cuáles serían dichas operaciones.
Los otros tres DL mencionados líneas atrás quedaron en stand by, pues ayer solo hubo dos parlamentarios facultados para votar: Úrsula Letona y el oficialista Vicente Zevallos.
Mención aparte, el DL Nº 1305 –que incorpora al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) como órgano desconcentrado del Ministerio de Salud– será visto hoy porque al parlamentario Zevallos no le alcanzaron a tiempo las revisiones que se hicieron.
En adelante, el procedimiento será enviar el informe de este grupo de trabajo a la Comisión de Constitución, que preside el fujimorista Miguel Torres. En esta se volverá a sustentar y votar para pasar al Pleno del Congreso o a la Comisión Permanente, la cual emitiría una resolución de inconstitucionalidad.
Letona informó que su equipo sesionará todos los martes y que no se hará un informe único de los DL, sino que se separarán por paquetes. El de ayer será enviado este jueves al grupo que preside su colega de bancada.





GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA



Gestión, Reuters
Odebrecht Engenharia e Construção (OEC), unidad del holding Odebrecht, espera cerrar acuerdos individuales con los 12 países en los que tiene obras y donde admitió que cometió actos ilícitos para adjudicarse contratos, dijeron dos fuentes a Reuters con conocimiento directo del tema.
Desde que cerró un acuerdo en diciembre con el Ministerio Público Federal, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Procuraduría General de Suiza, pagando 3,830 millones de reales para poner fin a investigaciones sobre su participación en “actos ilícitos”, Odebrecht ha cerrado acuerdos individuales con gobiernos de América Latina.
En las últimas semanas, la constructora aceptó pagar US$ 32 millones al Gobierno de Colombia, US$ 59 millones a Panamá y US$ 8.9 millones a Perú.



El Comercio, Bloomberg
En reunión de mediados de diciembre, Odebrecht trazó un plan para enfocarse en solo dos sectores de negocios: la división de construcción y el productor petroquímico Braskem SA que, en conjunto, representan 84% de los ingresos del grupo, según tres personas con conocimiento directo del plan estratégico multianual de Odebrecht.
Un paso importante incluirá la venta de más activos que los anunciados previamente y la obtención de nuevos contratos de construcción, con una buena parte de los esfuerzos enfocados en países extranjeros donde la imagen de Odebrecht no esté tan dañada, dijeron las fuentes.
El plan estratégico marcaría una reducción adicional del coloso de la construcción que opera en 26 países a través de 12 áreas de negocio que van desde los sectores de agricultura a energía y defensa.
Hasta la fecha, Odebrecht ha vendido 5.000 millones de reales (US$1.600 millones) de los 12.000 millones de reales en activos que puso a la venta para aliviar una crisis de liquidez en 2016 y redujo el tamaño de su fuerza laboral en alrededor de 60.000 personas a 128.000 personas en los tres años hasta 2015, anunció la oficina de prensa. Los esfuerzos le han permitido reducir su carga de deuda en casi un 15% a 95.000 millones de reales en los seis meses hasta junio de 2016.
“Odebrecht planea mantener su negocio en mercados donde opera, incluyendo en el extranjero”, dijo la oficina de prensa de Odebrecht en un correo electrónico en respuesta a preguntas.
En diciembre, la empresa, que ha negado actos indebidos, llegó a un acuerdo con autoridades estadounidenses para pagar más de US$3.500 millones, la mayor multa que se haya registrado, por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.



El Comercio
El congresista Mauricio Mulder (Célula Parlamentaria Aprista) exhortó al presidente Pedro Pablo Kuzcynski (PPK) que decrete la resolución del contrato del Gaseoducto Sur Peruano, el cual está concesionado a la constructora brasileña Odebrecht.
“PPK debe cortar de plano el contrato del gaseoducto. Seguimos pagando en nuestros recibos de luz un dinero que no va al Estado peruano, va a los bolsillos de Odebrecht. Y con esa plata a lo mejor le da los 30 millones al Estado peruano”, señaló Mulder.
Tras la decisión de la fiscalía de congelar las cuentas de la empresa Camargo y Correa, Mauricio Mulder consideró que ha sido un avance “tibio” pues, a su juicio, Ministerio Público debió haber actuado de la misma manera con la constructora Odebrecht.



El Comercio
El Ministerio Público dispuso el congelamiento de las cuentas de la constructora brasileña Camargo Correa en el Perú.
La fiscalía informó anoche que tomó la medida en coordinación con Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El Ministerio Público abrió una indagación a Camargo Correa por presunto pago de sobornos en la adjudicación del tramo 4 de la carretera Interoceánica.
Gracias a la asistencia judicial del Reino Unido, el Ministerio Público comprobó una transferencia de US$91.667 de Camargo Correa a la cuenta de una empresa de Josef Maiman.
La semana pasada, el semanario “Veja” informó que Camargo Correa está en negociaciones con fiscales federales de Brasil para lograr un acuerdo. Según la publicación, se está negociando acuerdos con 40 ejecutivos de la constructora brasileña.





ANTICORRUPCION, PERSECUCION, JUDICIALIZACION POLITICA



El Comercio
El Poder Judicial resolvió hoy que la ex primera dama Nadine Heredia, investigada por la fiscalía por el presunto delito de lavado de activos, deberá pedir autorización judicial para salir del país. El juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, declaró fundado el pedido del Ministerio Público de variar la regla de conducta de “dar aviso” al juez, e imponer a los investigados la obligación de contar con una autorización judicial cuando deseen salir del territorio nacional.
Según el magistrado, adoptó esta decisión al advertir que existen nuevas circunstancias en el desarrollo de la investigación, que convierten a la norma de conducta de “dar aviso” al juez, en frágil e ineficaz.
El juez de investigación preparatoria ya comunicó su decisión a la Superintendencia Nacional de Migraciones, para que ejerza el control correspondiente. Esta regla de conducta también alcanza a los investigados Ilan Heredia Alarcón , Rocío del Carmen Calderón Vinatea, Antonia Alarcón Cubas y Mario Julio Torres Aliaga.



El Comercio
Alejandro Toledo reveló hoy que es profesor “visitante" de la Escuela de Graduados en Educación de la Universidad de Stanford en respuesta a una nota periodística donde se indica que este no tiene vínculo laboral con dicha casa de estudios.
Toledo publicó en Twitter un documento de dicha universidad donde se indica que tiene esa condición desde setiembre del 2016 y hasta agosto del presente año.
En la nota del diario se informa que el ex presidente no tiene horas asignadas este año, de acuerdo a fuentes.
La víspera Toledo emitió un comunicado donde asegura que no ha fugado del país. Esto, en medio de denuncias sobre el dinero depositado por Odebrecht en cuentas de Josef Maiman, amigo de Toledo.


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