viernes, 27 de enero de 2017

ESTA NOCHE viernes 27 enero 2017



ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.

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MEDIA COLUMNA
Nadie lo amenaza, no hace falta


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com


El gobierno ha tomado su decisión, la que marcará el resto de su existencia. Anuncia que va a parir la nueva licitación del Gasoducto en nueve meses. Eso significa que la decisión no es ir a un nuevo contrato. La decisión es subastar el mismo contrato que tenía Odebrecht.

Continúa entonces la garantía del Estado, y poco importa si la cobra en los recibos de luz o la pagan los contribuyentes. La garantía le asegura al ganador sus ingresos por si no hay gas o no hay clientes para el gas. Esa garantía es por 912 millones de dólares anuales (menos los ingresos que obtenga el Gasoducto) durante los próximos 30 años.

Es fácil predecir que con tales condiciones, leoninas para los peruanos, la licitación va a tener una cola interminable de postores interesados.  

El gobierno ha resuelto, pues, continuar con la trampa que dejó Humala al pueblo peruano en lugar de desactivarla. Pero qué puede importarle endeudar a los peruanos por 30 años si se irá en cinco, o antes. Es una bomba de tiempo, comenta una opinión calificada.

La otra decisión del gobierno –también equivocada- es subastar los activos de Odebrecht y Graña y Montero y devolverles, antes o después, a ambas empresas y su socia española lo que invirtieron. Las empresas, encima, exigen que el gobierno subaste los activos cuanto antes y les pague. La crítica del diario El Comercio, que comparte el interés de una de las empresas se limita a la otra, la brasileña. Lo otro ni lo publica.     

El gobierno debió haber rediseñado el contrato y licitar de nuevo sin subastar nada. Debió embargar los activos y discutir desde esa posición. El contrato previó situaciones que le habrían permitido al Estado terminarlo si quería. La actual es una de ellas. Pero el gobierno opta hoy por convivir en adelante con el contagio de la corrupción.

Al gobierno, en efecto, nadie lo amenaza. No hace falta. Se echa solo.



REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.




GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA



Correo
El informe reservado que entregó la Contraloría de la República a la comisión “Lava Jato” reveló que en los contratos que tuvo la empresa brasileña Odebrecht junto a Graña y Montero durante los años 2005 al 2011, hubo incrementos en $1,327 millones.
Por ejemplo, para el proyecto de la Línea 1 del Metro de Lima-Tramo 1, en el 2011, la mencionada obra tenía una inversión inicial de $583 millones, pero luego hubo un incremento de $302 millones más, y llegó a costar $885 millones.
Para el tramo 2 de Línea 1 del Metro de Lima, la inversión inicial fue de $410 millones y se incrementó en $109, costando en total $519 mlls. El contrato se realizó con la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (AATE).
En el 2005, para las obras de IIRSA Sur en los tramos 2 y 3, los costos iniciales de la obra fueron de $236 y $395 millones, respectivamente, pero ambas terminaron con un costo de $1285 millones.
En ambos proyectos participaron Odebrecht, Graña y Montero, así como Ingenieros Civiles y Contratistas General.
Asimismo, la obra IIRSA Norte iniciada en el 2005 por Graña y Montero, Odebrecht y la participación de la constructora brasileña Andrade Gutierrez, también investigada por pagar coimas a funcionarios para ganar licitaciones, tenía una inversión inicial de $258 millones, pero terminó incrementándose en $290 millones por lo que en total costó $548 millones, reveló la Contraloría.
Además, la Contraloría detectó, a través de una auditoría, que en la obra del Metro de Lima Línea 1-Tramo 1 (Villa El Salvador-Av. Grau) realizada por Graña y Montero y Odebrecht, se otorgó indebidamente una ampliación de plazo, liberando al contratista del cobro de penalidades por $915,352.
También señaló que se favoreció al contratista en la elaboración del expediente técnico y en la ejecución de los trabajos respecto al suministro de accesorios de material rodante, al aceptársele la no ejecución de esta partida, liberándolo de las penalidades de hasta $50’921,274.
Incluso, se aceptó la no participación del jefe de proyectos ofrecido en su propuesta técnica.
También se pagó irregularmente al contratista por la partida de rehabilitación de la infraestructura de la vía férrea por $6’423,930.
Los mencionados detalles, así como otros, según la Contraloría, generaron un costo de presunto perjuicio económico al Estado de $111’296,528.
Para la contraloría existe responsabilidad penal, civil y administrativa. El caso se encuentra también en el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima.



ESTA NOCHE (tomado de Correo)
Correo conoció ayer que Graña y Montero, socia de Odebrecht en el Gasoducto Sur Peruano, solicitó activar el dispositivo contractual del Valor Contable Neto de los Activos de Concesión (VCN), con el cual estima que recuperará el 95% de su inversión en ese proyecto.
Como se sabe, el Gobierno rescindió el contrato del Gasoducto Sur Peruano, que integraban Odebrecht, Enagás y Graña y Montero.
La estimación de lo que GyM espera recuperar fue comunicada a la Superintendencia de Mercado de Valores el martes 24 de enero a través de una carta firmada por la representante Claudia Drago.
Allí se sostiene que, de acuerdo con el contrato, el Consorcio tiene derecho de recibir, en el plazo de 12 meses, un pago que puede oscilar entre el 72.25% y el 100% del total invertido.
De ser efectivo el 72.25%, GyM recuperaría 220 millones de dólares (95% de su inversión).
Al respecto, el abogado Adolfo Román, del estudio Rodríguez Angobaldo Abogados, explicó que “cuando (el Gobierno) saque a subasta los activos del GSP”, parte del dinero deberá ser devuelto. Sostuvo que el monto saldrá de lo que pague el nuevo postor por los activos de la concesión.



El Comercio
Al menos US$130 millones para garantizar el Gasoducto ya habrían sido recaudados a través de los recibos eléctricos, cobre que ya ha sido suspendido, informaron fuentes del sector.



Correo
El congresista Víctor Andrés García Belaunde consideró que Pedro Pablo Kuczynski debe ser enérgico e impedir que el dinero de la subasta de activos vaya a parar nuevamente al consorcio formado por Odebrecht, Graña y MOntero y Enagás.
“Hay que defender los intereses del Estado, no de los amigos”, manifestó. Precisó que el consorcio incumplió el contrato y “no debería ganar ni recuperar nada (...) Hay que recordar que hay una cláusula de corrupción del contrato, por lo tanto, la pérdida debe ser de todo”, acotó.
“Me llama la atención que (en GyM) no se hayan dado cuenta de que salía dinero. Además, cuando entraron en consorcio, (Odebrecht) ya tenía cuestionamientos en Brasil por lavado de activos”, dijo.



Gestión
El directorio del Grupo Graña y Montero aprobó el plan de desinversiones en activos no estratégicos hasta por un monto de US$ 300 millones. El monto toal de activos asciende a US$ 550 millones, de los cuales el grupo espera vender los US$ 300 millones que ayer anunció.



Peru21

El fiscal Hamilton Castro que investiga el caso Odebrecht no asistió ayer a la comisión Lava Jato que indaga el presunto pago de coimas a funcionarios públicos por parte de empresas brasileñas a cambio de obtener contratos para obras públicas.
El fiscal Hamilton Castro debía informar sobre los acuerdos entre la Fiscalía y la empresa brasileña, así como las razones por las cuales se solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que no congele las cuentas de Odebrecht en el Perú.



Peru21
Columna de Juan José Garrido
El ex procurador Ronald Gamarra dijo a Perú21–en una entrevista de Ricardo Monzón– que la Fiscalía está bailando “al son de Odebrecht”. Y no le falta razón. Hasta ayer, los peruanos creíamos que la Fiscalía actuaba persiguiendo los mejores intereses de los peruanos. Habíamos escuchado al fiscal Hamilton Castro asegurando que habían firmado un acuerdo con la empresa y que todo estaba bajo control. También habíamos escuchado al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, diciendo que confiaba en el fiscal Castro, que seamos pacientes, que ya caerían los peces gordos.
Pues parece que acá los únicos gordos (e ingenuos, tontos, timoratos y demás) somos nosotros. En entrevista publicada ayer en el diario El Comercio, el gerente general de la firma brasileña, Mauricio Cruz, nos dice muy tranquilo que “lo que se ha firmado es un preacuerdo…” y aún existe –entonces– la expectativa de llegar a un “acuerdo final”.
¿Cómo? ¿Qué dices qué dijo? Así, como leen. O sea, que no hay ninguna garantía de que la empresa dirá todo lo que sabe, cuánto dieron en coimas, a quiénes, etcétera, etcétera. ¿Comprendes? Así, como cuando sientes que te estafaron… igualito.
Entonces uno recuerda a Gamarra, “bailando al son”, y recuerda cuando el congresista García Belaunde le preguntó al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, si conocía el acuerdo firmado entre el fiscal Castro y la empresa, a lo que el fiscal dijo que no, y ahora te enteras de que no era un acuerdo sino un “preacuerdo”… y entonces cuestionas ¿para quién trabaja el fiscal Castro?
Nos preguntábamos en esta columna, hace unos días, quién le había dado al fiscal el encargo y el poder para cerrar un trato de ese tipo con Odebrecht, y no había respuesta. Hoy, con estas evidencias, exigimos que se haga público el preacuerdo, así como las razones por las cuales no se congelaron las cuentas de la empresa en su momento. Basta de tanto servilismo, tanta cobardía y tanta humillación. El fiscal Castro tiene que dar explicaciones, presentar el “preacuerdo” y, de ser el caso, dar un paso al costado.



Peru21
Para el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, Odebrecht tiene que dejar de lado “las amenazas”. “Exhorto a la empresa brasileña a que, en lugar de dar una suerte de amenazas si no le brindan ciertas concesiones, colabore”, expresó.
La congresista Yeni Vilcatoma considera que una de las acciones que debe seguir la Fiscalía es solicitar al Poder Judicial que pida la liquidación de la empresa. “Paralelamente se dictarían medidas de embargo y se expulsaría a la empresa del país”, indicó.
El congresista Víctor García Belaunde (AP) manifestó que lo que están haciendo la empresa y el Ministerio Público “es una burla para el país”. “No hay ningún pedido de arresto contra los representantes de Odebrecht y les dan todas las facilidades para que sigan enviando dinero a su casa matriz”, expresó. Indicó que la compañía quiere “borrón y cuenta nueva” para seguir operando en el país.
A su turno, el vocero alterno de PpK, Juan Sheput, tildó de “ridículo” que Odebrecht condicione su colaboración a quedarse. “No podemos tener una actitud pusilánime con la empresa”, afirmó.
Mauricio Mulder (Apra) sostuvo que la labor del Ministerio Público en el proceso refleja “que no le importa lo que la gente necesita saber”. Señaló que el Ministerio Público tiene que explicar a qué se refiere el preacuerdo. “También creo que la gente de Odebrecht no tiene ninguna autoridad para hacer algún tipo de exigencia”, añadió.



La República
Eran las 10 y 40 de la mañana del jueves 26 de enero del 2006. La Comisión Permanente del Congreso inició la sesión. Entre las iniciativas se encontraba el proyecto de ley 28670 que declaraba de necesidad pública y de interés nacional los tramos 2, 3 y 4 de la Interoceánica Sur y el Proyecto Olmos. Los 21 integrantes de la comisión aprobaron la ley.
El Ministerio Público ha considerado que este proyecto pudo haber sido para favorecer a Odebrecht y Graña y Montero, así como a Queiroz Galvao.
Estas empresas enfrentaban procesos judiciales con el Estado y estaban impedidas de participar en una licitación pública. Con la ley 28670 consiguieron sortear la prohibición.
Cuando presidía la Junta de Portavoces, Gilberto Díaz consiguió agendar el proyecto tan solo 40 minutos antes de que comenzara la sesión de la Comisión Permanente.
Cinco meses antes, Proinversión le había otorgado a Odebrecht y Graña y Montero la adjudicación de la construcción de los tramos 2 y 3 de Interoceánica del Sur, a pesar de que la Contraloría ya había informado que dichas compañías no podían contratar con el Estado. También concedió el tramo de la misma carretera a un consorcio que estaba compuesto por Queiroz Galvao, otra empresa enjuiciada por el Estado peruano.
En el proyecto original que presentó Gilberto Díaz el texto del primer artículo decía:
"Se propone declarar de necesidad pública y de interés nacional la implementación de las tareas previas a cargo del Poder Ejecutivo, así como la ejecución y celebración de los contratos de concesión para la construcción, operación y mantenimiento de los tramos viales del Eje Multimodal del Amazonas Norte del Plan de Acción de Infraestructura IIRSA y las obras de los tramos viales del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, ratificándose su plena validez".
De acuerdo con Gilberto Díaz, dos meses antes de la aprobación de la ley consultó el texto con el ex presidente Alejandro Toledo, el ex ministro de Economía Fernando Zavala, y el director ejecutivo de Proinversión, René Cornejo.
"Hubo una reunión en la que yo presenté el proyecto de ley ante el presidente Toledo, el ministro Zavala y el director de Proinversión, René Cornejo", relató Gilberto Díaz.


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