miércoles, 11 de enero de 2017

ESTA NOCHE miércoles 11 enero 2017


ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.

La opinión en MEDIA COLUMNA representa exclusivamente a su autor. Usted puede reenviar y publicar libre y gratuitamente cualquier MEDIA COLUMNA tomándola de este correo o de
jorgemorelli.blogspot.com


MEDIA COLUMNA
Un momentito


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com


Acá parece estarse gestando un grueso malentendido.

Aparentemente, Odebrecht está pensando devolverle la concesión del Gasoducto al Estado en la errada creencia de que -si el consorcio no logra conseguir los 4 mil millones de dólares de financiamiento que faltan y todo indica que no lo logrará-, el contrato sería rescindido y que, entonces, el Estado subastaría los activos del proyecto y le devolvería –así lo estipula el contrato- unos 1,600 millones de dólares invertidos en el proyecto.

He aquí el malentendido: el contrato no va a ser rescindido. El contrato es nulo, inexistente. Nunca nació y lo que no existe no puede ser resuelto o rescindido o anulado. Es un acto jurídico nulo, viciado en su origen mismo por un acto de corrupción en la licitación de la concesión del proyecto. Un acto que alteró los hechos mismos que las partes creían conocer y sobre los cuales creían estar contratando.

No es entonces, repito, que el contrato sea anulable, o deba ser resuelto o rescindido, sino que es nulo. Desde luego, el acto de corrupción en la licitación tiene que ser debidamente demostrado en las investigaciones.

Se puede, si se quiere, poner los fondos de lo que se subaste en garantía hasta que la investigación termine. Es lo que sucedería igualmente –como ha dicho el ministro de Economía- si Odebrecht vendiera hoy su 55% del consorcio a otra empresa. No se llevaría el dinero de la venta. Se quedaría en garantía hasta el final de las investigaciones.

Pero el Estado peruano no va a devolverle un centavo de esos fondos a Odebrecht, ni ahora ni después.  

De ir por el camino de la venta y de la ficción de la continuidad del contrato nulo, sin embargo, el gobierno contagiaría el vicio original al nuevo consorcio.

Con lo que, cuando más adelante quede probada la corrupción en la licitación original, y la nulidad del contrato quede en evidencia ante los ojos de todos, el gobierno igual tendrá que licitar de nuevo el proyecto.

Según expertos, eso tomaría unos nueve meses. Una gestación, pero no la de un malentendido, sino la de una nueva vida para el Gasoducto del Sur limpia de todo contagio de corrupción.




REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.



GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA



ESTA NOCHE (tomado de El Comercio)
El desenlace del Gasoducto Sur Peruano podría estar ya decidido. Fuentes de El Comercio confirmaron que la empresa concesionaria estaría preparándose para devolver la concesión al Estado y subastar sus bienes para recuperar la inversión, que a la fecha suma US$1.600 millones.
Cara al hito del 23 de enero, el panorama para la salida de Odebrecht y el cierre financiero del proyecto sería complejo. En caso no se concretara, el contrato se rescindiría dado que el concesionario no habría cumplido con el hito del cierre financiero.
Dada esta causa, sin embargo, el contrato establece que el gobierno deberá devolver al consorcio el 72,5% de lo invertido hasta la fecha, suma que asciende a aproximadamente US$1.600 millones.
De ellos, US$1.000 corresponden a los aportes de los tres accionistas y US$600 mil a un crédito puente que se adquirió para avanzar con la construcción del ducto.
La liquidación del proyecto y, por tanto, la devolución de lo invertido, se realizaría mediante tres subastas de los bienes del proyecto.
Por otro lado, la resolución del contrato significaría también la ejecución de la carta de garantía del fiel cumplimiento que manejan todos los contratos de concesión, que en el GSP asciende a US$350 millones.



El Comercio
Entrevista a Sergio Salinas, profesor de la Universidad Pacífico
-¿Qué implica que el proyecto regrese al Estado?
Como regla general, la caducidad de un contrato genera la obligación al Estado de compensar al concesionario por el valor remanente de la concesión. Sin embargo, cuando la caducidad obedece a un incumplimiento del concesionario -como aparentemente sería el caso en la concesión GSP-, esto, a su vez, genera una obligación de indemnización del concesionario a favor del Estado por los daños y perjuicios que su incumplimiento le ocasione. En tales casos, el Estado está habilitado para proceder a la ejecución de la carta fianza que normalmente se exige en este tipo de compromisos.
-¿Qué recibe el Estado? 
Declarada la caducidad de la concesión, corresponde que reviertan al Estado los bienes de la concesión, como terrenos, servidumbres, entre otros, así como los nuevos que hayan sido construidos por el concesionario e integrados a la concesión.
En relación a los pasivos vigentes ya asumidos por la concesionaria frente a terceros (los bancos), originados por la construcción de la infraestructura revertida, es un tema discutible. El Estado podría alegar que la asunción de esta deuda, cuando no hay concesión vigente, es un costo derivado del incumplimiento del concesionario y debe ser descontado del pago por la concesión.
(…)



El Comercio
El Gasoducto Sur Peruano atravesó malos momentos en el 2016, pero su calvario persiste en este 2017. Luego de la crisis reputacional de Odebrecht con el escándalo de los sobornos, la obra quedó paralizada por falta de financiamiento. A la fecha, sólo se tiene un avance del 34%.
El 'pool' de  22 bancos que financiaba la construcción decidió dejar de prestar dinero hasta que la empresa brasileña, que controla el 55% de la concesionaria GSP, abandone el proyecto.  
Ahora, el GSP corre contra el reloj, pues el consorcio operador –también compuesto por Graña y Montero y la española Enagás-tiene plazo hasta el 23 de enero para presentar al Estado un financiamiento aprobado por los bancos internacionales que financiarían la obra.
Si esto no se cumple, el Estado estaría en facultad de declarar “la terminación de la concesión por causa imputable al concesionario” y a “ejecutar la garantía de fiel cumplimiento por los daños y perjuicios ocasionados, de acuerdo al contrato”.



El Comercio
El lunes, el ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, anunció que la cláusula anticorrupción presente en los contratos de concesión del Estado dictamina que, de encontrarse algún hecho ilegal, el concesionario perdería todo derecho sobre el proyecto. Este es el riesgo que correría cualquier empresa que buscara comprar el 55% de la brasileña.
Thorne agregó que “Odebrecht, si es que vende, no cobraría su participación por el Gasoducto del sur. Ese dinero pasa a ser garantía en caso haya eventos de corrupción.



El Comercio
La obra de infraestructura más cara en la historia del Perú, el gasoducto sur peruano, podría volver a ser licitada debido al escándalo de corrupción que Odebrecht, su principal accionista, enfrenta mundialmente.
Según el hito del contrato aún vigente, la empresa concesionaria Gasoducto Sur Peruano (GSP) –compuesta por Odebrecht, Graña y Montero y Enagás– tiene hasta el 23 de enero para que los bancos internacionales hagan efectivo el primer préstamo para la obra. Para ello, es fundamental que Odebrecht concrete la venta del 100% de sus acciones en el proyecto.
Tras una primera caída de la negociación con el consorcio Sempra-Techint, se conoció que el fondo canadiense Brookfield y la china CNPC estaban interesados en negociar su participación. Según fuentes de El Comercio, de ambos, solo Brookfield habría presentado documentos escritos y, además, estaría aún realizando el ‘due diligence’ para presentar la oferta definitiva. “CNPC ha tenido reuniones de interés pero aún no ha presentado una oferta formal”, dijo la fuente.



El Comercio
¿Cuánto demoraría volver a licitar el proyecto? Se calcula que armar un nuevo esquema de licitación tomaría, aproximadamente, seis meses.
No obstante, Sergio Salinas, profesor de la Universidad del Pacífico, “si el Estado desea revisar y replantear las condiciones de la concesión, la etapa de diseño y estructuración de la nueva concesión puede tomar unos 9 a 12 meses (contratación de asesores técnicos, estudios complementarios, entre otros) y unos seis meses más, cuando menos, para la etapa licitatoria”.



El Comercio
La empresa Graña y Montero tiene el 20% de las acciones del consorcio GSP, y el 29% de la constructora del proyecto, Ductos del Sur.
La caída del valor de las acciones de Graña y Montero desde el inicio del año, tanto en la BVL como en la bolsa de Nueva York, puede interpretarse como un voto de desconfianza del mercado sobre la continuidad de la concesión del Gasoducto del Sur.
“Los inversionistas ya están interiorizando que el proyecto se caerá”, afirma Marco Alemán, analista de inversiones de Kallpa SAB.
“Si [Graña y Montero] solo sale del Gasoducto habrá una caída. Pero hay un riesgo sistémico de que el Estado prohíba a la empresa participar en más licitaciones si el caso de Odebrecht la alcanza. Ese escenario sería mucho peor”, añade Alemán.



Expreso
Contrato del gasoducto es nulo
Luis García Miró
(…)
El numeral 516 (del contrato) determina el concepto ´pago indebido´, sobre el cual el Concesionario se compromete a que “Ni él ni ninguno de sus accionistas, socios, empresas vinculadas, ni cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, asesores, representantes legales o agentes, ha pagado, recibido, ofrecido ni intentado pagar o recibir u ofrecer, ni intenta pagar o recibir u ofrecer en el futuro ningún pago o comisión ilegal en relación a la Concesión, el Contrato y el Concurso”.
¿Qué dice la confesión de Odebrecht al Fiscal de New York de la Sección Fraudes de la División Criminal del Departamento de Justicia? “En o alrededor y entre 2005 y 2014, Odebrecht efectuó e hizo aproximadamente US$29 millones en pagos corruptos a oficiales del Gobierno del Perú para asegurar contratos de obra pública. Odebrecht se benefició con más de US$143 millones como resultado de estos pagos”.
Ahora leamos qué precisa la cláusula de terminación del contrato de concesión del Gasoducto del Sur. A través del ítem 20.1, literal c.6 del convenio del GSP, el Concedente (el Estado peruano) queda facultado a declarar la resolución del acuerdo “por la falsedad de cualquiera de las declaraciones y garantías efectuadas por el Concesionario o por el Operador Calificado, según corresponda, conforme a lo establecido en el Contrato, en el Concurso o durante la ejecución del Contrato”.
Entonces resulta evidente que si Odebrecht -releyendo su propia declaración ante la fiscalía norteamericana- pagó US$29 millones en sobornos a autoridades peruanas “en o alrededor y entre 2005 y 2014” –el último año corresponde precisamente a la fecha en que la corrupta constructora negoció el contrato del Gasoducto del Sur con el régimen humalista- este gobierno deberá cancelar el convenio GSP imputando el concepto contractual ´pago indebido´, y convocar inmediatamente a nueva licitación. No caben parches ni artificios forzados. El contrato es nulo per se.






ANTICORRUPCION, PERSECUCION, JUDICIALIZACION POLITICA



El Comercio
La ex primera dama Nadine Heredia podrá salir del país, pero deberá regresar cada 30 días para pasar por el control biométrico impuesto como parte de las reglas de conducta que debe cumplir, en marco de la investigación por el presunto delito de lavado de activos que afronta. Así lo estableció la Segunda Sala Penal de Apelaciones.
No se puede afectar su derecho al trabajo, dijo el colegiado.
Según fuentes de la fiscalía que han tenido acceso extraoficialmente a la resolución, la Segunda Sala Penal de Apelaciones - conformado por los vocales César Sahuanay, Iván Quispe y Jessica León- confirmó la decisión que tomó el juez Richard Concepción Carhuancho en primera instancia de rechazar el pedido formulado por el fiscal Germán Juárez Atoche para que Nadine Heredia cumpla prisión preventiva, debido a que ella no violó las reglas de conducta que se le impusieron.



El Comercio
Gustavo Navarro, ex miembro del Comité Pro Seguridad Energética de ProInversión, el que se encargó del proceso de concesión del Gasoducto del Sur Peruano, señaló que acudió tres veces a Palacio de Gobierno y que en una de estas reuniones estuvo presente la ex primera dama Nadine Heredia "acompañando" al ex presidente Ollanta Humala.
También precisó que después de las tres reuniones en Palacio, se conocieron las bases para la adjudicación del megaproyecto energético a cargo de la empresa Odebrecht, actualmente paralizado.
El proyecto Gasoducto Sur se entregó en junio del 2014 a la empresa brasileña Odebrecht.



El Comercio
El brasileño Jorge Barata fue el máximo representante de Odebrecht en el Perú durante 12 años. Desde la caída del fujimorato hasta los inicios del gobierno de Ollanta Humala, el llamado “virrey” de la constructora fue asiduo visitante de Palacio de Gobierno: acudió 16 veces en la segunda administración aprista y dos más en la gestión nacionalista, según el informe Pari.
Barata, al igual que otros 60 ejecutivos de Odebrecht, se ha sometido al programa de delación premiada en Brasil. Es decir, entregará información respecto a la red de corrupción que la empresa armó en América Latina a cambio de la reducción de su pena o de la anulación de esta.
El ex congresista Juan Pari, quien dirigió la Comisión Lava Jato del Parlamento anterior, aseguró que el ex director ejecutivo de Odebrecht Latinvest Perú “es el hombre clave en las negociaciones que hubo”, en clara referencia a los sobornos de US$29 millones que la firma brasileña admitió haber pagado como sobornos en nuestro país entre el 2005 y 2014.



El Comercio
El procurador anticorrupción Amado Enco anunció que solicitó a la fiscalía incluir como investigados a Marcelo Bahía Odebrecht, ex CEO de la empresa brasileña; Jorge Henrique Simoes Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú; y el empresario peruano Gonzalo Monteverde Bussalleu.
Según el informe de la comisión parlamentaria que presidió Juan Pari, Monteverde habría entregado por medio de otras empresas el dinero con el que la constructora pagó a funcionarios de los últimos tres gobiernos.
Este anuncio lo hizo Enco en compañía de la presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado (CDJE), Julia Príncipe.}
Pero esos no son todos los requerimientos: también ha solicitado la declaración indagatoria como testigos de más de 80 funcionarios y ex funcionarios. En este grupo se encuentran diez ex ministros y nueve ex gobernadores regionales.
El presidente Pedro Pablo Kuczynski está en la lista de funcionarios que deberán rendir su declaración ante el Ministerio Público si el fiscal Castro así lo considera.
El mandatario figura por su condición de ex miembro del consejo directivo de Pro Inversión cuando fue ministro de Economía en el gobierno de Alejandro Toledo.
Además de estos funcionarios, la defensa del Estado ha requerido que los tres últimos presidentes –Toledo, Alan García y Ollanta Humala– acudan a prestar  sus declaraciones.
La ex alcaldesa de Lima Susana Villarán también está incluida en el grupo de más de 80 personas que pasarían por el despacho de Castro.
Testimonio pedidos
Pedro Pablo Kuczynski , ex ministro de Economía
Juan Valdivia, ex ministro de Energía y Minas
Luis Miguel Castilla, ex ministro de Economía
Jorge Merino, ex ministro de Energía y Minas
Carlos Paredes, ex ministro de Transportes
José Gallardo, ex ministro de Transportes
Enrique Cornejo, ex ministro de Transportes
José Ortiz, ex ministro de Transportes
Verónica Zavala, ex ministra de Transportes
Carlos Bruce, ex ministro de Vivienda
José Murgia, ex gobernador de La Libertad
Félix Moreno, actual gobernador del Callao
Jorge Acurio, ex gobernador del Cusco
René Concha, ex gobernador del Cusco
Nery Saldarriaga, ex gobernadora de Lambayeque
José Luis Milla, ex gobernador de Áncash
César Villanueva, ex gobernador de San Martín
Robinson Rivadeneyra, ex gobernadora de Loreto
Yehude Simon, ex gobernador de Lambayeque


No hay comentarios:

Publicar un comentario