martes, 17 de enero de 2017

ESTA NOCHE martes 17 enero 2017


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ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.

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MEDIA COLUMNA
Propagando el contagio


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com


Ha hecho falta que lo diga quien encabeza la mayoría parlamentaria de oposición, Keiko Fujimori. Esta vez el gobierno haría bien en detenerse y escuchar.

PPK sabía que este fantasma un día lo alcanzaría un día. Si no, no hubiera salido del país dejando a otro ministro a firmar el decreto supremo que exoneró a la Interoceánica del SNIP. En 2006, al final del gobierno de Toledo del que era premier, PPK tenía conocimiento de que su jefe, el entonces mandatario, empujaba de manera impúdica un esquema de aprobación apresurada para ese proyecto de la corrupta empresa brasileña que ya había satelizado a media docena de gobiernos latinoamericanos, inlcuido el suyo.  

Cuando se firmó el decreto, PPK estaba fuera del país. En su lugar firmó un ministro incauto, encargado provisionalmente de la cartera.  PPK hizo lo posible por zafarse de eso, pero no renunció, como lo hizo Luis Carranza, entonces viceministro de Economía, en desacuerdo con esa exoneración. Debido a la renuncia de Carranza, PPK no puede decir hoy que desconocía entonces la gravedad de ese acto de corrupción. No pudo eludir, en cambio, poner su firma al lado de la de Toledo en la promulgación de la ley que levantó, el 25 de enero de 2006, la prohibición que impedía a Odebrecht participar en licitaciones por tener juicios con el Estado peruano. El entonces premier no podrá alegar que no sabía lo que esa ley traía bajo el brazo.

Han pasado diez años de esos hechos, que nunca desaparecieron. Se quedaron atorados en una alcantarilla hoy colapsada vomitando un miasma pestilente en la cara del Presidente de la República. PPK no ignoraba que un día esto ocurriría. Pero tenía un alibí, una excusa plausible con la que se puso a buen recaudo. Sus actos no fueron delitos, fueron pecados políticos.

No será procesado judicialmente sino, en todo caso, hasta el final de su período de gobierno. Lo que sea de su suerte personal después de eso, sin embargo, no es relevante para el país. Lo grave es que, desde hoy mismo, el presidente de la República estará atado al pasado, no podrá evitar desfilar por las fiscalías y las comisiones investigadoras del Congreso a dar su testimonio de los hechos, el mismo que será minuciosamente contrastado también por la prensa con las versiones de los investigados y testigos presenciales de ellos.

Y eso sí va a tener consecuencias en el futuro inmediato del Perú.

Es por eso que el presidente Kuczynski tiene que salir del estado de coma en que se halla y cortar hoy por lo sano, asumir solo la defensa de su gobierno en toda esta materia y liberar así a su gabinete –ya sea el que preside Fernando Zavala u otro- de toda contagio con este asunto, de modo que, una vez limpio de todo vínculo, ese grupo humano pueda dedicarse integramente a gobernar sin que las investigaciones estorben sus decisiones. El sacrificio personal del ex premier es necesario para que el presidente Kuczynski pueda hoy representar a la nación con la cabeza en alto, como corresponde a un mandatario.

Cae de suyo, por lo tanto, que el gobierno no necesitará recurrir a rescindir los contratos con las empresas –lo que generaría derechos en favor de ellas-. Debe declararlos nulos e incautar sus activos en el país. Esos fueron actos jurídicos inválidos y no pueden surtir efectos legales. Son nulos por hallarse viciados en su origen por la corrupción que, más adelante, será probada en las investigaciones y a la que fue llevado el Estado peruano como parte por quienes entonces firmaron en su nombre.

Y cae por su peso igualmente la necesidad de poner fin de inmediato a todo intento de esas empresas de disfrazarse detrás de otras denominaciones o de canjear información o dinero a cambio de que se les permita seguir operando en el país. “Una persona jurídica no puede ser un colaborador eficaz”, ha dicho hoy con toda claridad la cabeza de la mayoría parlamentaria de oposición. Que el gobierno escuche.

Esta es una decisión política. La única que puede rescatar a este gobierno en el futuro del contagio de la corrupción. No importa el costo que pueda tener el año que tome volver a licitar el Gasoducto que el país necesita. Es preferible eso en vez de seguir adelante con un proyecto contaminando para terminar licitando de nuevo más adelante y habiendo incurrido el gobierno en nuevas responsabilidades penales por desconocerle.  No importa el costo que pueda tener para el crecimiento de la economía cuando se trata de una decisión política.   
 


REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
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MENU DEL DIA



ü  Keiko Fujimori a PPK: “No permita que empresas comprendidas en estos actos de corrupción y en la entrega de coimas sigan operando o vendiendo sus activos. O lo que es peor, que pretendan participar en nuevas concesiones. Ese es un agravio al Perú que considero inaceptable… No existe colaboración eficaz para personas jurídicas”

ü  Pese a que Odebrecht vendió la empresa Rutas de Lima a Brookfield a mediados de 2016, indicios hallados por Peru21 revelan que el control aún estaría en manos de la firma brasileña

ü  La República: las firmas peruanas que se consorciaron con Odebrecht, como Graña y Montero, serían solidariamente responsables con la empresa brasileña

ü  Aldo Mariátegui: “Escandalosa la complicidad de constructoras locales grandes con sus corruptos colegas brasileños… ¿No sabían de la sobrevaloración de las obras, cómo se conseguían “milagrosamente” los contratos…? Allí hay corresponsabilidad y también mucho silencio escandaloso de la prensa”

ü  Mirko Lauer: “Son dos los factores que están calentando las brasas de la indignación: las acusaciones no cesan de llegar y tocan, de lleno o de refilón, a cada vez más personas; todavía nadie importante ha ido a parar entre rejas”




GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA



El Comercio
Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, sostuvo que el Ejecutivo, encabezado por el mandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK), debe actuar de manera "proactiva" en el caso de empresas brasileñas que entregaron coimas a funcionarios para obtener licitaciones de obras públicas en el Perú.
A través de un video compartido en la cuenta de YouTube de su partido, la ex candidata presidencial recordó que el 27 de diciembre del 2016, su bancada presentó la Moción de Orden del Día 1433, en la que se exhortó al gobierno a “tomar las acciones necesarias para preservar los intereses de la Nación”.
“No permita que empresas comprendidas en estos actos de corrupción y en la entrega de coimas sigan operando o vendiendo sus activos. O lo que es peor, que pretendan participar en nuevas concesiones. Ese es un agravio al Perú que considero inaceptable”, señaló Keiko Fujimori a PPK.
En ese sentido, la lideresa de Fuerza Popular invocó al Poder Judicial y al Ministerio Público “a actuar con la celeridad que el caso amerita” para que se tomen acciones concretas respecto a las empresas brasileñas y funcionarios peruanos que habrían incurrido en actos de corrupción.
“En Colombia, por ejemplo, frente a la existencia de pruebas, ya hay detenciones de personalidades del mundo político, lo que demuestra acciones específicas más allá del discurso y la declaración pública”, mencionó Keiko Fujimori.
“Es necesario que los acuerdos que se celebren, siempre se ajusten a las leyes vigentes. No existe colaboración eficaz para personas jurídicas. Exhortamos a la fiscalía de la Nación a colaborar con el Congreso, compartiendo la información que ya es pública en otros países”, pidió.
Asimismo, afirmó que en la Comisión Lava Jato del Congreso de la República se encuentran representadas todas las fuerzas políticas, y que dicho grupo es presidido por Fuerza Popular.
En ese marco, dijo que su agrupación está comprometida con la búsqueda de la verdad y la lucha contra la corrupción “sin mirar el partido, nombre y apellido, cargo o función, tanto en el ámbito público como en el privado”.
Finalmente, Keiko Fujimori pidió que la prensa actúe con responsabilidad en el deber de informar respecto a este caso. “Esta es una oportunidad para que el periodismo peruano exhiba veracidad y objetividad”, exhortó.



ESTA NOCHE (tomado de Peru21)
¿Cuál es la relación (entre Odebrecht y el fondo canadiense Brookfield)? Veamos. La historia arranca en 2010. El consorcio Líneas Viales de Lima, conformado por Odebrecht, propuso al alcalde de Lima, Luis Castañeda, el proyecto “Vías Nuevas de Lima” con el objetivo de administrar los peajes en las vías Panamericana Norte, Sur y Ramiro Prialé a cambio de realizar obras de mejoramiento y mantenimiento. Ello ocurrió el 16 de abril de 2010.
En 2013, luego de tres años de negociaciones y sin concurso público, la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, decidió otorgarle la concesión por 30 años a Rutas de Lima (RDL), que se comprometió a invertir un estimado de US$498 millones en las vías concesionadas.
Cuando Odebrecht ya se encontraba en complicados procesos judiciales en Brasil y sus principales directivos apresados, la firma comunicó, el 24 de junio de 2016, que vendió el 57% de su participación en RDL al fondo canadiense Brookfield. El monto de la transacción habría sido US$500 millones, estimado por el economista Juan Mendoza.
De esta forma, Odebrecht se quedó con 25% y Sigma SAFI con el 18% de las participaciones.
Según Mendoza, en los tres años, RDL aumentó en 66% los peajes sin mejorar el servicio, habiendo invertido no más de US$250 millones. Habría ganado entonces unos US$250 millones en tres años, “una tasa de rentabilidad absolutamente inusual en los negocios privados honestos”, explica.
¿Pero quién administra realmente Rutas de Lima y los peajes actualmente? Pese a que Odebrecht oficialmente se quedó solo con el 25% desde mediados del año 2016, hay indicios hallados por este diario que revelarían que el control aún estaría en manos de la firma brasileña.
Según la partida electrónica 12934026, inscrita en la Sunarp, Rutas de Lima SAC inscribió un acuerdo de asociados de fecha 11 de enero de 2016, a través del cual revoca los poderes legales de Guilherme Borges –firmante del contrato de concesión en el 2013– y se lo otorga a Jorge Barata, hasta el 18 de enero de este año (el cual no había sido revocado aún hasta el 12 de enero).
El mismo 11 de enero, RDL también les dio mandatos y poderes a sola firma a los brasileños Felipe Ferreira Neves y Raúl Pereira Neto; este último fundó la empresa RDL el 13 de octubre de 2012. Es decir, en la actualidad, los tres ejecutivos –vinculados a Odebrecht– continúan con dichos poderes y a cargo de las operaciones de la concesionaria RDL.
Sonia Donayre, portavoz de Odebrecht, negó a Perú21 que la transnacional brasileña continúe con las operaciones de RDL, pero no supo qué responder cuando se le preguntó sobre la continuidad de los ejecutivos y con poderes vigentes.
Sin embargo, Antonio Gómez, de RDL, confirmó a Perú21 que Ferreira Neves sigue a cargo de la gerencia de operaciones y como apoderado. En tanto, Pereira Neto continúa como gerente general de RDL. Explicó que esta situación obedece a que el departamento legal aún viene realizando los trámites de cambio de titularidad ante la Sunarp y Sunat. No obstante, llama la atención la demora, pues ya han transcurrido siete meses desde que se realizó la transacción financiera con Brookfield.
Por otro lado, Odebrecht Perú Peajes SAC consigna –según ficha registral 13524447, inscrita en Sunarp– como presidente del directorio a Jorge Barata y como apoderados a Ferreira Neves y Pereira Neto, los mismos que ocupan cargos en RDL y en Odebrecht Latinvest Peru SAC.
Hasta hace unos días, Perú21 pudo constatar que las obras civiles en el cruce de la Panamericana Norte con la avenida San Genaro, en Los Olivos, como parte de mejoramiento de vías, se mantenían en marcha. Sin embargo, la novedad fue que los trabajadores continuaban utilizando uniformes de la empresa Odebrecht.



La República
La Contraloría General de la República detectó presuntas irregularidades en tres obras públicas en las que la compañía brasileña Odebrecht ganó las licitaciones en consorcio con otras empresas.
De comprobarse que se cometieron ilícitos con la finalidad de obtener los contratos con el Estado, o durante la ejecución de las edificaciones, todos los componentes del consorcio serían responsables y pagarían solidariamente las eventuales reparaciones económicas que fijen las autoridades judiciales, dijeron las fuentes del ente fiscalizador.
Las firmas peruanas que se consorciaron con Odebrecht son el Grupo Graña y Montero, Compañía San Martín, y la de capitales españoles Enagás Perú.
Estas empresas se encuentran involucradas en las auditorías practicadas por la Contraloría, informaron las fuentes.
Odebrecht y sus asociados causaron un perjuicio económico en agravio del Estado que supera los 250 millones 975 mil dólares, como resultado de las irregularidades que se identificaron en las tres obras públicas en las que intervinieron, precisaron las fuentes.
El Grupo Graña y Montero, Compañía San Martín y Enagás estuvieron consorciadas con Odebrecht en los proyectos Gasoducto Sur Peruano, Tramo 1 del Metro de Lima e Interceptor Norte.
Con Grupo Graña y Montero, Odebrecht formó el consorcio Tren Eléctrico Lima, y obtuvo la buena pro del proyecto Metro de Lima, Tramo 1, Línea 1, 2009, durante el segundo gobierno de Alan García.
Esta obra requirió una inversión de 410 millones de dólares, y el presunto perjuicio económico detectado fue de 111 millones 296 mil dólares, según los auditores de la Contraloría.
Además, el Estado favoreció a Odebrecht y Grupo Graña y Montero con la exoneración indebida del pago de penalidades por incumplir acuerdos en dos ocasiones, la segunda por 50 millones 921 mil dólares, según reportes de la Contraloría.
Odebrecht Latinvest obtuvo la buena pro del Gasoducto Sur Peruano en consorcio con Enagás en el 2014. Un año después, Grupo Graña y Montero tomó una participación del 20% en el capital social del consorcio, con una inversión aproximada de 215 millones de dólares.
La Contraloría señaló que la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) cometió irregularidades en el proceso de promoción del gasoducto.
La primera de estas fue la descalificación en la licitación del Consorcio Gasoducto Peruano del Sur, integrado por las empresas GDF Suez, Sempra, Techint y TGI, así como la aprobación de bases que no permitieron determinar propuestas técnicas superiores.



La República
El Ministerio Público y el Poder Judicial evalúan, por lo menos, 28 informes elaborados por la Contraloría General de la República sobre concesiones que obtuvieron en el Perú cinco de las empresas vinculadas a la corrupción, entre las que se encuentran Camargo Correa, OAS, Andrade Gutierrez y Queiroz Galvao.
Las cuatro constructoras brasileñas lograron concesiones por 4 mil 609 millones de dólares entre 2004 y 2015.
“No es solamente Odebrecht”, explicó el contralor general, Édgar Alarcón Tejada, a La República, consultado por los tentáculos del caso Lava Jato en el Perú.
Los resultados de los informes de Contraloría serán presentados por Alarcón a la Comisión Lava Jato del Congreso entre el miércoles y el jueves de esta semana. “Entre todas (las empresas), sobrepasan fácilmente los 40 contratos en los últimos 15 años y en Contraloría tenemos alrededor de 28 auditorías con valiosa información”, detalló Alarcón.
Camargo Correa, una de las empresas constructoras más grandes de Brasil, ganó la buena pro en el Perú de proyectos por 987 millones de dólares entre el 2004 y el 2011. Uno de más importantes es la Interoceánica Sur Tramo 4, que elevó su inversión estimada inicial en 171 %, al pasar de 244 millones de dólares a 662 millones de dólares. Obtuvo la concesión de esa obra en consorcio con las también investigadas Andrade Gutierrez y Queiroz Galvao.
En Brasil, Camargo Correa optó por negociar acuerdos de colaboración con las autoridades, según reveló la revista Veja en su edición de la última semana. En la delación participarían 40 ejecutivos de la constructora. Al menos dos de ellos, Dalton Avancini y Eduardo Leite, ya tienen firmados acuerdos de delación premiada –confesiones a cambio de beneficios judiciales– y revelaron pagos de coimas en contratos con Electrobras, Petrobras y Electronuclear.
El domingo pasado, La República reveló que en el marco de las investigaciones del caso Lava Jato, el fiscal anticorrupción Hamilton Castro Trigoso obtuvo información sobre transferencias de dinero presuntamente vinculado a Camargo y Correa, a una cuenta en Reino Unido de la empresa Trailbridge Ltda, que le pertenece al empresario y financista del ex presidente Alejandro Toledo, Josef Maiman. La transferencia sería una coima de Camargo Correa por la obra Carretera Interocéanica 4, según adelantó el fiscal Castro en conferencia de prensa la semana pasada.
La constructora OAS, por su parte, ganó la buena pro de obras públicas en el Perú por 1,224 millones de dólares entre el 2009 y 2013.
Entre otros proyectos, se encargó de la construcción del Centro de Convenciones de Lima, la sede de la Junta de Gobernadores del Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), en octubre de 2015.
En Brasil, el ex presidente de OAS Léo Pinheiro fue sentenciado a 16 años y 4 meses de prisión por delitos de corrupción, lavado de dinero y crimen organizado en agosto del 2015. La misma sentencia recibió el ex director del área internacional de OAS Agenor Franklin Magalhães, mientras que otros ejecutivos de esa empresa recibieron entre cuatro y 11 años de cárcel
Pinheiro y el Ministerio Público de Brasil iniciaron negociaciones para una colaboración eficaz en marzo del 2016, pero en agosto quedaron suspendidas por orden del Procurador General de Brasil, Rodrigo Janot. Hasta la fecha, Pinheiro está fuera del proceso de colaboración eficaz.
“Si los directivos y funcionarios de las constructoras brasileñas son condenados por haber pagado sobornos para obtener obras públicas, corresponde investigar en nuestro país las actividades de dichas empresas, más aún si existen informes de la Contraloría sobre presuntas irregularidades”, dijeron fuentes del Ministerio Público relacionadas con el caso Lava Jato.
Cuando estalló el escándalo de corrupción, en un principio las constructoras negaron haber pagado coimas, pero conforme avanzaron las investigaciones, en algunos casos, aceptaron confesar.
La firma Queiroz Galvao ganó la buena pro de ocho proyectos en el Perú por 1,018 millones de dólares entre 2005 y 2014.
En Brasil, el ex presidente y el ex director de la compañía Colares Filho y Othon Zanoide de Moraes, respectivamente, son acusados de pagar coimas para asegurarse negocios con la petrolera estatal Petrobras, además de vincularse con terceros para inflar costos y obtener mayores ganancias con las licitaciones. Ambos tienen prohibido salir de Brasil, son obligados a usar tobillera electrónica y asistir a todos los actos del proceso a los que sean llamados.
Colares Filho es acusado por la Policía Federal de lavado de dinero, corrupción, organización criminal y por querer obstruir la operación policial Lava Jato.
Entre las principales obras ejecutadas por Queiroz Galvao en el Perú están la avenida Néstor Gambeta, en 2014, por más de 278 millones de dólares, en consorcio con la constructora Andrade Gutierrez.
La Contraloría auditó el proyecto y encontró al menos cinco irregularidades, por lo que derivó un informe a la Fiscalía Anticorrupción del Callao, que aun investiga el caso de presunta corrupción, según confirmaron fuentes del Ministerio Público a este diario.
La Fiscalía Anticorrupción del Callao incluyó al gobernador de esa jurisdicción, Félix Moreno, y a otros diez funcionarios en las investigaciones.
En setiembre de 2016, el ex presidente de la contratista brasileña Andrade Gutierrez, Otávio Marques de Azevedo, y un ex funcionario de la misma casa, Flavio David Barra, fueron sentenciados por el Séptimo Juzgado Penal Federal a 18 y 15 años de prisión domiciliaria, respectivamente, por los delitos de blanqueo de dinero, cohecho y participación en una organización delincuencial.
Marques de Azevedo y David Barra fueron encontrados culpables de irregularidades en torno al caso Lava Jato. En el Perú, la firma brasileña logró contratos por 1,199 millones de soles, y obtuvo, en consorcio con Odebrecht y Graña y Montero, la concesión de la Interoceánica Norte por 258 millones de dólares.
“El esquema de corrupción no fue exclusivo de Odebrecht sino de otras constructoras brasileñas más, varias de las cuales obtuvieron millonarios contratos en Perú. Esperamos que con las confesiones de los que se han acogido a la llamada ‘delación premiada’, en nuestro país establezcamos si dichas prácticas ilegales se aplicaron para la obtención de contratos con el Estado”, informaron las fuentes del Ministerio Público.
La mayoría de auditorías de la Contraloría han identificado dos formas de probable corrupción: en el proceso de adjudicación de las obras públicas mediante el llamado “direccionamiento de la licitación”, y durante la ejecución de las obras al incrementar sucesivamente el monto original con las llamadas “adendas” a los contratos.
“Se pagaban sobornos para ganarse sin mérito una obra pública o para sobrevalorar los costos del proyecto”, precisaron las fuentes.



Expreso
Uno de los documentos la autoriza a viajar con los tres niños del matrimonio dentro y fuera del país, lo que es sintomático ahora que el caso Odebrecht está al rojo vivo.
En un enérgico requerimiento, el fiscal de lavado de activos, Germán Juárez Atoche, demandó ante el juez Richard Concepción Carhuancho que se le fije al investigado expresidente Ollanta Humala Tasso un permiso expreso de dicho magistrado en caso de que este último intentase viajar al extranjero, por existir el peligro latente de fuga de este “para burlar la acción de la justicia”.
De la misma manera, el permiso de un hipotético traslado de Humala al extranjero deberá estar refrendado por el despacho del magistrado Concepción Carhuancho (con conocimiento del fiscal Juárez), documento que deberá presentar necesariamente el interesado en la Superintendencia Nacional de Migraciones.
El pedido del representante del Ministerio Público fue realizado en la Sala Penal Nacional, donde Juárez Atoche expuso este lunes el argumento principal de su pedido: dos poderes notariales gestionados entre noviembre y diciembre último por Humala y su esposa, Nadine Heredia, donde en uno de ellos aparece dándole facultades a la ciudadana Rosa Elena Heredia Mendoza, para que esta se traslade a cualquier lugar con los hijos de la “ex pareja presidencial”.
En el documento notarial, se observa que Heredia Mendoza –prima de la ex primera dama– está autorizada a viajar con los tres hijos de dicho matrimonio al interior del país y fuera de este, hecho que el fiscal Juárez ha considerado bastante sintomático ahora que se ha empezado a conocer el “modus operandi” mafioso de Odebrecht y otras empresas brasileñas para hacerse de obras públicas de infraestructura en el Perú.
Por las razones anotadas, y, al igual que en el caso anterior respecto a Nadine Heredia, visto la semana pasada, el fiscal Juárez ha dicho que no solo hay que dejar las cosas en un previo aviso del viaje al juez Concepción Carhuancho y al fiscal Juárez Atoche –como hizo anteriormente la esposa de Humala antes de viajar a Europa, en octubre último–, sino que debe tener necesariamente el permiso del magistrado de investigación preparatoria.
Finalmente, el juez Concepción anunció que su despacho dará a conocer su resolución a las partes interesadas en el transcurso de los próximos días.



El Comercio
La empresa Odebrecht habría entregado US$3 millones para financiar la campaña de Ollanta Humala, según informó el diario brasileño “Folha de Sao Paulo”.
La entrega del dinero habría sido autorizada por el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y habría salido de la caja que la empresa tenía con el Partido de los Trabajadores, la cual era manejada por el ex ministro Antonio Palocci, conocido como ‘Italiano’.  
La suma de los US$ 3 millones constaría en la planilla manejada por el ‘Italiano’, encontrada en el correo del área del pago de sobornos de Odebrecht en el sector de Operaciones Estructuradas. En el documento, el valor del dinero está al lado de la cita “Proyecto OH”. El asunto fue abordado por los ejecutivos de Odebr
echt en el acuerdo de delación firmado en Brasil recientemente.
El procurador anticorrupción, Amado Enco, se reunirá esta semana con representantes de Odebrecht para discutir el monto y las condiciones de pago de una eventual reparación civil  que esa compañía debe hacer.



El Comercio
El ex presidente Alan García anunció, mediante una carta, que se pone a disposición de la comisión del Congreso que investiga las implicancias del Caso Lava Jato en el Perú.
"Les expreso mi voluntad y solicitud de asistir en el momento en que lo crean conveniente ante su comisión, como lo haré ante el Ministerio Público y el Poder Judicial", escribió Alan García en una misiva que compartió en las redes sociales.
En otro mensaje, Alan García escribió: "En el gobierno no tuve hermanos, tíos ni suegra. Mi vida y obra están abiertas a toda investigación judicial y congresal". De esta manera, aludió a los ex presidentes Ollanta Humala y Alejandro Toledo.
Miembros de la Comisión Lava Jato han expresado que el lapso a investigar no se restringe a los últimos tres gobiernos sino intentará abarcar todas las operaciones de constructoras brasileñas en el país.



El Comercio
Entrevista a Jorge del Castillo
— Usted dijo que la Ley 28670- que habilitó a las empresas que tenían juicios con el Estado a participar en la licitación de obras públicas- le abre las puertas a Odebrecht al proyecto de la carretera Interoceánica. ¿Si esta norma dada en el gobierno de Toledo era perjudicial, por qué cuando usted fue primer ministro no la derogó?
Porque simple y llanamente no nos percatamos de esa ley en ese tiempo, uno no está revisando toda la legislación anterior, necesariamente. También podría decir: “Y por qué la prensa no lo dijo”. Resulta que eso también se les pasó. Esa norma fue dada por el gobierno de Toledo y no solamente habilitó a Odebrecht, también a Graña y Montero.
— El ex presidente Alan García ha pedido que se den los nombres de los funcionarios que recibieron las coimas de Odebrecht. ¿No hay un temor en sus constantes alusiones al caso?
No respondo por terceras personas. Yo qué tengo que ver con lo que dice el señor García.
—  De los US$29 millones que Odebrecht pagó en sobornos, US$20 millones se pagaron entre el 2005 y 2008. Abarca un año y medio del gobierno de Alejandro Toledo y dos y medio de la administración de Alan García. ¿En cuánto puede afectar al Apra el Caso Lava Jato?
En el informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se habla de una importante obra de infraestructura, que parece ser la Interoceánica Sur. Precisamente, [para entregar esa obra] la liberan del SNIP, le dan una ley especial y aumentan el límite presupuestal de 1% a 1,5%. Entonces, esa obra está vinculada a hechos preparatorios previos. Las coimas se pagan a los mismos que arreglaron la operación entre el 2005 y 2006 y les pagan dos años más, no es que se le hayan pagado a gente de nuestro gobierno por esa obra, por lo menos eso no dice el documento.
— Las bases de la Interoceánica Sur se dieron en el toledismo, pero su construcción fue en el segundo gobierno aprista. Entonces, pudo haber corrupción en ambas fases…
Pudo haber, ¿acaso yo lo estoy negando?
— Pero usted está diciendo que los US$20 millones por la Interoceánica fueron entregados solo a funcionarios durante el gobierno de Toledo.
Yo creo que es del gobierno de Toledo todo, ahora si se prueba lo contrario lo veremos.
— ¿Cree que ningún funcionario aprista recibió coimas por la Interoceánica?
Es posible. Además, los funcionarios [responsables de la Interoceánica] no son apristas, los que han intervenido en este tema en la época del gobierno del Apra no son del partido, ni siquiera los viceministros. Entonces, que sea durante el gobierno aprista no quiere decir que sea responsabilidad del Apra. De esta etapa [del segundo gobierno de García], hay sospechas, pero de otras hay certezas, nombres y hay una confesión escrita que son las agendas [de Nadine Heredia]. Otro punto es que el procurador [Amado Enco] ha dicho que pediría orden de detención contra Toledo, por algo será. Pero para la gran prensa, Toledo no es tan importante.
— En el informe del Departamento de Justicia de EE.UU. también se señala que se pagaron coimas por la Línea 1 del Metro de Lima, obra que se planificó y ejecutó en el gobierno aprista…
Puede haber [responsabilidad] perfectamente, si hay una imputación de US$ 1.4 millón, alguien lo tiene que haber agarrado.
— Usted ha dicho que el Apra no protegerá a ninguna ex autoridad que sea implicada en el pago de sobornos de Odebrecht. ¿Eso también incluye a los ex ministros y al ex presidente Alan García?
A todos sin excepción en la medida de que se les pruebe [un delito]. Pero tú no me preguntas una cosa que es muy importante, el contralor [Edgar Alarcón] ha confirmado que [Fernando] Olivera habló con el [fallecido] ex contralor Matute. Él mismo Olivera dijo que logró salvar las observaciones de la Interoceánica Sur y por eso Toledo anuncia la obra el 28 de julio y el 4 de agosto [del 2005] se firma el contrato […] Olivera debe ser investigado, lo he dicho hace semanas y no ha contestado una palabra, debe estar con la consciencia sucia. Él que insulta a todo el mundo, que es un respondón, conmigo arruga.
—  Según el informe Pari, usted se reunió en tres oportunidades con ex jefe de Gabinete Ministerial brasileño José Dirceu. ¿Por qué lo recibieron en Palacio de Gobierno si para ese entonces el ex brazo derecho de Lula ya afrontaba una denuncia por corrupción?
Creo que el informe está equivocado. No, no me reuní con Dirceu, no sé de dónde saca eso Pari, quizás se ha confundido. Una vez vino Lula al Perú y vino con un sequito de personas, de repente Dirceu estaba en ese grupo.
— Las empresas brasileñas Camargo Correa y OAS están a punto de retirarse del Perú. ¿Cree que existe lentitud de parte del gobierno para garantizar que Odebrecht no haga lo mismo?
Camargo Correa le ha pagado al gobierno de Humala, eso está claro y lo dicen las agendas de Nadine Heredia. Ahí está escrito “Camargo Correa” y “el barbudo”, entonces qué hacemos ante esto, son las autoridades fiscales las que han tenido que tomar medidas, como embargar, retener o congelar cuentas, pero están dejando que se vayan.
— ¿Por qué cree que dejan que se vayan?
O no son competentes o están metidos en el cuento, prefiero pensar que no son competentes. Pero sí hay pruebas ostensibles. A Maiman le prueban que ha recibido un dinero [de Camargo Correa] en un banco de Londres y ahí queda la cosa, después esa misma plata aparece en Ecoteva […] Pero hay una obsesión mediática y política de buscar que Alan García sea el responsable o que el Apra sea el culpable. Todo contra el Apra, si es Toledo, si es Maiman, si es Humala, si es el ex ministro Paredes o quién sea, no, ellos no importan, ellos no son apristas. Hay una concentración de esfuerzos contra el Apra en este caso. Eso no significa exculpar al Apra porque si alguien tiene responsabilidad, que la asuma.



Peru21
Columna de Aldo Mariátegui
-Escandalosa la sospechosa ineptitud y lentitud del juez Abel Concha y la Fiscalía con Toledo. Dicen que ordenan la detención esta semana, pero ya el pájaro voló de madrugada.
-Escandalosa la “generosidad” del PJ de permitir que Nadine se vaya a Ginebra.
-Escandalosa la cura de silencio de muchos periodistas y economistas. ¿Muchas consultorías brasileñas?
-Escandalosa la complicidad de constructoras locales grandes con sus corruptos colegas brasileños: “Solo eran acompañantes técnicos y no sabían nada de las cutras”. ¿No sabían de la sobrevaloración de las obras, cómo se conseguían “milagrosamente” los contratos, que era imposible que la InterSur solo cueste US$800 millones sin estudios de ingeniería? ¿Solo eran operarios de asfalto y obreros? Allí hay corresponsabilidad y también mucho silencio escandaloso de la prensa.
-Escandalosas las viñetas de los caricaturistas Carlín y Molina de LR, que ocultan a Villarán y la izquierda con OAS (Línea Amarilla) y Odebrecht (Rutas de Lima).
-Escandalosa respuesta del actual regidor comunista y ex regidor villaranista de Lima Hernán Núñez en RPP este jueves, cuando sostuvo que ignoraba que Odebrecht tuviera fama de corrupta ya en 2013…
-Escandalosas las ausencias de Glave y Huilca en Puente Piedra, tras su show en Cantagallo (propongo que el peaje de Puente Piedra se llame “Villarán” y “Glave/Huilca” el de Evitamiento).
-Escandalosa la concha de la izquierda de culpar a Castañeda de un contrato (Rutas de Lima) que firmó Villarán.
-Escandaloso lo de Anel Townsend de no contarnos cómo se le pagó a Favre en la revocatoria.
(…)



La República
La picota gigante
Mirko Lauer
En la medida que toda asociación con una gran empresa brasileña chanca los dedos, el escándalo avanza con creciente velocidad. Las tareas de la moralización se acumulan hasta superar la capacidad sancionadora del país. Así, la corrupción sería de tamaño brasileño, mientras que la investigación tiene obvias dimensiones locales.
Sin embargo en la mente del público algunas cosas ya se están empezando a fijar: todas las figuras políticas recibieron coimas, ninguno de los que investigan inspira confianza, todo va a quedar en nada. Las percepciones negativas vienen sazonadas con antipatía política y teorías conspirativas.
Son dos los factores que están calentando las brasas de la indignación: las acusaciones no cesan de llegar y tocan, de lleno o de refilón, a cada vez más personas; todavía nadie importante ha ido a parar entre rejas. Hay una creciente presión por un desenlace rápido, pero este no está disponible, ni es realista esperarlo.
Si la cosa sigue avanzando, y si estiramos la imagen hasta lo inverosímil, el país se podría quedar sin moralizadores aceptables, en una verdadera epidemia de descreimiento. No solo frente a las personas, sino también frente a las instituciones. Por lo pronto ya son muchos los contagiados por la epidemia.
El escenario lleva a pensar en la frase sobre que en política no hay vacíos. ¿Alguien está llenando el que se está formando bajo nuestros pies? Los fujimoristas parecen creer que son ellos, y que Odebrecht & Co es el gran detergente para los horrores de los años 90. Pero este es un caso en que el control del Congreso no basta.
Pero el desencanto que flota en el ambiente no parece del tipo que se resuelve cambiando a un partido parlamentario por otro. Además ni Fuerza Popular, ni los demás tienen la masa crítica ni la capacidad de elaboración para diseñar propuestas convincentes para la hora actual. Lo cual nos deja en la espera de un mesías.
Mientras tanto seguiremos en una montaña rusa toda de bajada, con la fuerte sospecha de que aquí nada se va a resolver realmente antes de que se resuelva en el epicentro brasileño. Por un tiempo aquí todavía Odebrecht & Co seguirá siendo más grande que la realidad.






LIBERTAD ECONOMICA, GLOBALIZACION, REFORMAS, INVERSION



El Comercio
Esta semana, el Banco Central de Reserva publicó su resultado preliminar de déficit fiscal del 2016, el que se ubicó en 2,7% y estuvo 0,3 puntos porcentuales por debajo de la meta fijada por el actual gobierno.
El ministro Thorne aseguró que, de no tomarse las medidas necesarias, el déficit fiscal cerraría en 3,8%.
En el Marco Macroeconómico Multianual Revisado (2017-2019) –documento en el que se fijan las proyecciones económicas del gobierno– se revisaron las cifras estimadas por el MEF en abril y se proyectó que los ingresos corrientes del gobierno general se reducirían de S/130 mil millones a S/124 mil millones, el gasto corriente se mantendría en S/102 mil millones y el gasto de capital caería ligeramente, de S/35 mil millones a S/34 mil millones.
No obstante, las cifras preliminares publicadas esta semana por el Banco Central de Reserva difieren. Los ingresos fueron solo S/121 mil millones, el gasto corriente se redujo a S/100 mil millones y la inversión pública sumó S/4.000 millones menos de lo planificado y alcanzó solo S/30 mil millones.
El 21 de diciembre el gobierno recibió un ingreso extraordinario por la venta de Línea Amarilla, que representó 0,15% del PBI.
Según Carlos Casas, economista de la Universidad del Pacífico, “el ajuste parece haber sido excesivo”, aunque cerrar el año con un déficit fiscal por debajo de 3.0 % no es necesariamente malo.
La inversión pública no creció por falta de capacidad para ejecutar gasto, no por el ajuste, explica Casas.
A ello, se sumaría el efecto que tendrá el desenlace del caso Odebrecht, afirma Flavio Ausejo, especialista en gestión pública de la PUCP. 



Expreso
Precipitado intento de venta de activos
de Doe Run Perú perjudicará al país
César Gutiérrez
Los últimos días la cobertura mediática y el agitado trajín de polémica en las redes sociales se ha centrado en el caso Odebrecht y va derivando al contexto más amplio del caso Lava Jato, haciendo que pase desapercibido la suerte del caso Doe Run Perú SRL (DRP), a la fecha aún titular del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) y de la Unidad Minera de Cobriza (UMC).
La empresa DRP se encuentra en un proceso de liquidación en marcha y lo que se decida de ella depende la suerte de los cerca de 15 mil habitantes de la ciudad de La Oroya. En su mejor momento el CMLO llegó a emplear directamente a 3,000 personas y el efecto multiplicador generó cerca de 16,000 puestos de empleos indirectos.
Desde mediados de diciembre pasado hasta la fecha han comenzado a aparecer escuetas noticias del proceso concursal que se lleva en el ámbito de la Comisión de Procesos Concursales de Lima Sur del Indecopi, dando cuenta que se habían aprobado bases y contratos para la venta tanto del CMLO y de la UMC; que quedaba pendiente de aprobación por la Junta de Acreedores (JA) el precio base planteado, la magra cifra de 211 millones de dólares (MMUS$) y la semana pasada que el segundo mayor acreedor, Doe Run Cayman Limited (DRC) había presentado impugnación al acuerdo de aprobación de bases y contrato.
Por la forma de presentar la noticia queda la huella indeleble que la información proviene del principal acreedor, representado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), que ha consolidado la discutible acreencia de las inversiones pendientes de DRP, Osinergmin y Sunat. El mensaje que queda flotando en el ambiente es que el Estado hace el esfuerzo por vender DRP para cumplir con los acreedores y que hay una actitud obstruccionista de DRC.
La exactitud de los montos en juego a la fecha sería necesario que fuesen de conocimiento público dado que hay intereses del sector estatal: Minem, Osinergmin y Sunat. Sin embargo es posible dar un orden de magnitud de las acreencias y que corresponden a información que se dispuso a la fecha de acogimiento de DRP al proceso concursal, que en la terminología de este tipo de procesos se conoce como fecha de corte y que en este caso corresponde al 16 de agosto de 2010. Así tenemos que el Minem por concepto de inversiones pendientes de DRP para completar el Programa de Adecuación de Manejo Ambiental (PAMA), consignó la cifra de 163.1 MMUS$; deudas a Sunat y sanciones a favor de Osinergmin, se registraron 69.7 MMUS$; el socio DRC declaró acreencias por 155.7 MMUS$ y entre trabajadores, proveedores de concentrados y de servicios la suma de 130.9 MMUS$. Totalizando se llega a la cifra de 519.4 MMUS$, no es poca cosa, más aún cuando el Estado a través del Minem, Osinergmin y Sunat acumulan el 44.8 % del total.
Lo ideal sería recaudar la máxima cantidad para honrar las acreencias, es decir los 519.4 MMUS$ de agosto de 2010, cifra que se ha debido incrementar en los seis años y nueve meses transcurridos por los intereses que se puedan haber generado. Sin embargo la cifra que se plantea como precio para la venta es de 211 MMUS$, que representa el 41 % del monto original. Es oportuno señalar que en el procedimiento establecido se plantean tres convocatorias a remate, con un descuento de 15 % del precio base en cada oportunidad, lo que significa que de llegarse a la tercera convocatoria, lo cual es altamente probable, el precio base sería descontado en 27.8 %, pudiendo liquidarse la empresa en 152.3 MMUS$. Se incluirá en este precio el CMLO, la UMC y las 38 concesiones mineras no metálicas y una concesión de beneficio.
El CMLO es a la vez un gran problema y una gran oportunidad, inició operaciones hace 95 años y está a cargo de DRP desde hace 20 años. La planta puede producir 10 metales refinados de alta pureza y 7 subproductos. Desde ese punto de vista permite dar un alto valor agregado a las exportaciones mineras peruanas y por tanto una mayor recaudación al Estado peruano. El gran problema es que con los Estándares de Calidad (ECA) y los Límites Máximos Permisibles (LMP) de emisiones vigentes no le es posible operar.
En estas condiciones cualquier interesado en adquirir tendría que hacer inversiones previas para adecuar la infraestructura para el cumplimiento de las normas ambientales, las obras hasta la puesta en servicio demorarán aproximadamente tres años y de allí recién redituar la inversión. En la evaluación beneficio-costo, todo indica que las cifras no son promisorias y de allí viene el fracaso de los intentos de venta que se han realizado en los últimos cuatro años.
El incentivo para la adquisición lo constituye la relajación de las exigencias ambientales, que a pesar que ha sido negado múltiples veces por el actual gobierno, queda claro que pueda cambiar de opinión con la simple emisión de un decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros. Si algún interesado tiene información privilegiada que va a haber modificación luego de la venta, habrá comprado a precio vil para luego obtener un gran rédito económico.
Es increíble que en esta discusión que se lleva en los cuatro años que tiene el proceso de liquidación en marcha, no se establezca quién se hará cargo de la remediación ambiental que se debe hacer en La Oroya. La información que trasciende a la prensa sobre la venta no se ha dedicado una línea sobre el tema. Es obvio que no se podrá exigir al potencial adquiriente y que el Estado tendrá que asumir la responsabilidad, lo cual no podrá realizarse con lo que recaude el Minem que en caso óptimo ascenderá a 66.3 MMUS$ (31.4 % de 211 MMUS$)
Por todo lo reseñado el acreedor principal, el Minem, debe una explicación urgente al país.



Gestión
Según el director de Sartor Investments, Pedro Pablo Larraín, hasta noviembre habrían salido más de US$ 635 millones de China, publicó el diario El Mercurio.
La política que tomaría Donald Trump contra China afectaría sus exportaciones. Trump prometió subir los aranceles hasta 45% a los productos chinos.
Además, acusó al gobierno chino de devaluar su moneda.
Estamos ante una depreciación del yuan en relación al dólar, aseguró a El Mercurio el director de Estrategias de Inversión de BlackRock para la región, Axel Christensen. En 2016 el yuan se depreció 7% respecto al dólar.



El Comercio, Bloomberg
Mohamed El-Erian, principal asesor económico de Allianz SE, dijo que los inversionistas que estén dispuestos a tolerar oscilaciones de precios de corto plazo harían bien en apostar por un repunte de aquellas monedas que no forman parte de las mayores economías del mundo.
"Si tiene apetito por mucha volatilidad y está dispuesto a mantener su posición, entonces las monedas de mercados emergentes son atractivas”, dijo el viernes durante una entrevista en Bloomberg Television.
El peso mexicano, la lira turca y las monedas de Argentina y Malasia se han desplomado en los últimos meses.
“En muchos casos se ha exagerado”, dijo El-Erian. En algún momento “repuntarán", dijo.

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