jueves, 29 de abril de 2021

MEDIA COLUMNA miércoles 28 abril 2021 "La revolución pacífica de De Soto"

 

Donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.

 

 

MEDIA COLUMNA

La revolución pacífica de De Soto

 

 

Jorge Morelli

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@jorgemorelli1

 

 


Pedro Castlilo ha alcanzado la segunda vuelta no por ser de izquierda, sino a pesar de ser de izquierda. La ideología ha pasado de contrabando.

 

Los sectores CDE no han votado ni remotamente por eso -mucho menos por el terrorismo-, sino por el lápiz, por el maestro, por la educación de sus hijos, que es el sueño y el desvelo de los padres de toda condición económica. En añadidura a la protesta por el desmanejo de la economía en la pandemia.  

Hay que saber lo siguiente, que es un secreto a gritos en la educación peruana. Un tercio entero de los padres de familia migró en los últimos años con sus hijos de la educación pública a la privada y, a causa del desplome de la economía, ha tenido que volver a la educación pública. Aquella migración al sector privado fue masiva, producto del crecimiento de la clase media que abarcó al 40% de los peruanos. Pero ocurrió no porque la educación privada fuera mejor, sino por efecto de la competencia en el mercado: en la educción privada alguien está obligado a dar razón del alumno o lo pierde. En la educación privada, aun en la más modesta –la que el Ministerio califica de ”basura” porque se avergüenza de perder ante ella-, comenzaba a surgir -aun si por el solo interés particular- una forma rudimentaria de tutoría, que es por donde la educación comienza. Hoy al menos la mitad de esa clase media ha vuelto a la pobreza y, frustrado, el padre de familia debe llevar a su hijo de vuelta a la educación pública porque no tiene cómo seguir pagando la privada. El retorno es masivo desde el año pasado. Pienso que estos hechos han tenido impacto en la decisión del voto por el maestro y su lápiz.      

Pero de este drama nada dicen los candidatos. Ni Castillo que, como dirigente del magisterio, lo sabe perfectamente. Menos aun habla del escándaloso monopolio del sindicato magisterial del Sutep sobre las plazas magisteriales de la educación pública. Y nada tampoco aobre la injusta exclusión de la carrera pública magisterial de los maestros contratados, que son un tercio del total. Esto, por la misma razón que durante un año entero cayó en el vacío la protesta contra el grotesco monopolio del Estado sobre la importación de las vacunas en la pandemia.

 

Esta es la tragedia detrás de nuestro sistema de educación y de salud. No es principalmente la limitación de recursos materiales. Es la exclusión de la mayoría de los peruanos por su propio Estado. 

 

Quien hizo una bandera de la denuncia del mercantilismo en estas elecciones fue De Soto. Por décadas ha señalado la exclusión de la informalidad a causa de negocios basados en el privilegio otorgado por el Estado. Esto es lo propio de una economía anacrónica completamente ajena al capitalismo. Y así lo dijo claramente en su programa, redactado por él mismo. La magnitud de la revolución que propone es la revolución burguesa que el Perú debió tener hace un siglo con Leguía, y se frustró; la misma que comenzó con retraso con Fujimori hace 30 años y se quedó a medio hacer.  Algunos, no obstante, se han dedicado hoy a agredir a De Soto verbalmente con una extraña violencia y a exigirle una definición entre opciones insatisfactorias. Una que pretende volver atrás en la historia y la otra ir hacia un futuro que ya no existe.

 

Ninguna explica al pueblo qué es lo que falla en el modelo económico. Pero es simple: la falla está en que modelo no supo o no pudo impedir el monopolio del Estado. Sin ningún poder real, los organismos reguladores que debieron vigilar fueron doblegados por el mercantilismo del oligopolio público-privado.

 

Muchos que no han querido escuchar recién comprenderán mañana que la revolución pacífica de De Soto –que comienza por pagar un precio de mercado global justo y equitativo por la tierra sobre los recursos naturales- es la salida posible del abismo en que el país ha caído. 

 

 

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jueves, 22 de abril de 2021

MEDIA COLUMNA miércoles 21 abril 2021 "La receta del chavismo"

 

Donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.

 


MEDIA COLUMNA

La receta del chavismo

 

 

Jorge Morelli

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La receta del chavismo tendría, primero, que convocar mañosamente a un plebiscito -al que se le llamará referéndum para que parezca constitucional-. Segundo, el plebiscito preguntará si el pueblo está de acuerdo con que una asamblea constituyente apruebe una nueva constitución. Solo luego convocaría a elecciones para una asamblea constituyente que, instalada, declarará que el Congreso es un poder constituido subordinado al poder constituyente. La asamblea coexistirá por un tiempo con el Congreso hasta que esté terminado el proyecto constitucional. Aprobado este por la asamblea, el congreso sería disuelto. Este es el circo puesto en escena en su oportunidad en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia.

 

El quid del asunto está en el Tribunal Constitucional. Para matar el engendro en la madriguera, la convocatoria a referéndum para reformar la Constitución debe ser objeto de una demanda de inconstitucionalidad ante el TC. Basta un 25% del número legal de congresistas. La Constitución establece al respecto que “Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del número legal de congresistas” (art. 206).

 

Como se ve, no existe reforma constitucional por referéndum.

 

Pero en los hechos la batalla está atada a otra anterior: la composición del Tribunal Constitucional. De allí que la reactivación del procedimiento pendiente para nombrar  seis de los siete miembros del TC sea en este momento el hecho político medular.

 

Los miembros del TC son elegidos por el Congreso con dos tercios de los votos del número legal de miembros. Y la izquierda no tiene los dos tercios de los votos que hacen falta para nombrar hoy a los que votarán mañana sobre la constitucionalidad de su referéndum.

 

Así, no es solo que la receta del chavismo es incompatible con la Constitución y se halla fuera de la democracia y el Estado de Derecho, sino que es materialmente inviable con un TC que no esté subordinado a esa receta.  

 

Y la izquierda ya lo sospecha.

 

 

 

La receta del chavismo tendría, primero, que convocar mañosamente a un plebiscito -al que se le llamará referéndum para que parezca constitucional-. Segundo, el plebiscito preguntará si el pueblo está de acuerdo con que una asamblea constituyente apruebe una nueva constitución. Solo luego convocaría a elecciones para una asamblea constituyente que, instalada, declarará que el Congreso es un poder constituido subordinado al poder constituyente. La asamblea coexistirá por un tiempo con el Congreso hasta que esté terminado el proyecto constitucional. Aprobado este por la asamblea, el congreso sería disuelto. Este es el circo puesto en escena en su oportunidad en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia.

 

El quid del asunto está en el Tribunal Constitucional. Para matar el engendro en la madriguera, la convocatoria a referéndum para reformar la Constitución debe ser objeto de una demanda de inconstitucionalidad ante el TC. Basta un 25% del número legal de congresistas. La Constitución establece al respecto que “Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del número legal de congresistas” (art. 206).

 

Como se ve, no existe reforma constitucional por referéndum.

 

Pero en los hechos la batalla está atada a otra anterior: la composición del Tribunal Constitucional. De allí que la reactivación del procedimiento pendiente para nombrar  seis de los siete miembros del TC sea en este momento el hecho político medular.

 

Los miembros del TC son elegidos por el Congreso con dos tercios de los votos del número legal de miembros. Y la izquierda no tiene los dos tercios de los votos que hacen falta para nombrar hoy a los que votarán mañana sobre la constitucionalidad de su referéndum.

 

Así, no es solo que la receta del chavismo es incompatible con la Constitución y se halla fuera de la democracia y el Estado de Derecho, sino que es materialmente inviable con un TC que no esté subordinado a esa receta.  

 

Y la izquierda ya lo sospecha.

  



viernes, 16 de abril de 2021

MEDIA COLUMNA miércoles 14 abril 2021. "Desmoralizar toma 20 años"

 

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MEDIA COLUMNA

Desmoralizar

toma 20 años

 

Jorge Morelli

jorgemorelli.blogspot.com

@jorgemorelli1

 

 

En las elecciones del domingo, el 40% del universo de electores hábiles –de unos 25 millones 288 mil peruanos- no fue a votar o votó en blanco o viciado. Son siete millones de personas.

 

El 60% restante se repartió entre 18 candidatos, donde el primero obtuvo menos de tres millones de votos. ¿Qué representatividad puede haber acá? ¿Qué gobernabilidad puede conseguirse de un Congreso como este?

 

Usted, lector, pensará quizás que esto se debe a la pandemia. Falso. En las últimas elecciones parlamentarias, donde elegimos al Congreso actual, pasó exactamente lo mismo, el 40% no votó o votó blanco o vició su voto. Y no había pandemia.

 

Lo que hay es una desmoralización inducida, situación de la que los propios políticos aprovechan para culpar al modelo económico y la Constitución exigendo su cambio.

 

Es verdad que algo ha fallado. Pero no la Constitución ni el modelo, sino los organismos reguladores previstos para funcionar dentro de una economía libre. Estos son los que no hicieron su trabajo. La economía social de mercado es el modelo que la Constitución establece. En este el papel de los organismos reguladores es esencial.

 

Esa regulación ha fallado. El ejemplo más reciente, el del oligopolio de la energía. En el último paro de transportistas se hizo público por primera vez que el regulador Osinergmin había sido largamente sobrepasado por el oligopolio público-privado de una empresa estatal y una privada, que pasó por encima del regulador y elevó los precios muy por encima de lo que el regulador recomendaba. El propio regulador lo confesó al declarar públicamente que los precios fueron determinados por las dos empresas que producen los combustibles. Esto es lo que le permitió a De Soto intervenir en nombre de la economía social de mercado. Demostró que el oligopolio de la energía había generado una deuda masiva con los que pagan día a día un pasaje y con el que les presta ese servicio. Esta simple operación mental bastó para que los huelguistas pasaran de ser reclamantes a ser acreedores de una deuda que el Estado no paga. He ahí el instrumento de la desmoralización que desemboca en la indiferencia ante las elecciones.

 

Esto obedece a un plan para impedir la inversión en el país con el objeto de ponerlo de rodillas engañado a exigir que se derogue el modelo que le trajo 30 años de prosperidad. En lo inmediato, ese plan toma la forma de una campaña para promover el voto en blanco o viciado en el supuesto propósito de que se anule la segunda vuelta si esos votos llegan a los dos tercios. Es una trampa. El verdadero objetivo es desmoralizar a los electores y permitir ganar la Presidencia con una minoría absoluta de votos. Son tontos útiles los que caen en la trampa.    

 

Desmoralizar al país haciéndole creer que es el peor desastre del planeta es solo la primera estapa. Toma 20 años, según los que lo conocen. Esos 20 años ya han transcurrido. Desde la primera vacancia presidencial estamos en la segunda: la desestabilización. La tercera es la captura del poder.    

   

   

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jueves, 15 de abril de 2021

MEDIA COLUMNA domingo 11 abril 2021 "Volverá el conflicto de poderes"


 

 

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Volverá el conflicto de poderes

 

Jorge Morelli

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Hay que saber que el guión de lo que viene en adelante ya existe. El nuevo gobierno no se inaugura sobre una mesa vacía. El Congreso tendrá diez o doce bancadas polarizadas. Y eso define las reglas del juego.

 

No es que sea imposible armar una mayoría para temas específicos, pero será sobre la base de caso por caso. Se tendrá que negociar cada cosa. En esas condiciones no hay mayoría duradera. Será, en todo caso, frágil y se irá desarmando en el curso del primer año.

 

La amenaza es la recaída en más de lo mismo: el conflicto de poderes y su desenlace en el círculo vicioso la disolución del Congreso y la vacancia presidencial. El orden de los acontecimientos es intercambiable.

 

El hecho es que el conflicto de poderes no se puede resolver solo con buena voluntad. Las virtudes personales no pueden reparar la falla en la arquitectura de nuestra democracia de baja gobernabilidad.

La falla está en un mal equilibrio de poderes, desbalanceado desde el nacimiento de la República, que le dio al Congreso un poder mucho mayor que al Ejecutivo, el Congreso puede sin proceso vacar la Presidencia, censurar ministros e insistir en las leyes observadas por el Ejecutivo, el Ejecutivo solo puede disolver el Congreso luego de un engorroso procedimiento.

 

Desde el principio se instaló en el Perú la dictadura del Congreso. Eso no paso inadvertido ni siquiera el primer día. Ya en enero de 1827, José María de Pando escribía que “los pueblos americanos pasaron sin transición intermediaria del despotismo de la época colonial directamente a la dictadura del Congreso”.  

Peor aun, para fines del siglo XX un mal diagnóstico de la enfermedad había conducido a un falso remedio. Para controlar el conflicto de poderes que el desequilibrio genera, se optó por convertir al poder Judicial en el árbitro del conflicto de poderes.

 

El resultado es que sobre la dictadura del Congreso se instaló la dictadura de los jueces entronizada en el Tribunal Constitucional, un poder por encima de los demás poderes que ha reinventado el absolutismo contra el cual nació la democracia.

 

El TC se ha arrogado la condición de intérprete supremo de la Constitución porque así lo establece su ley orgánica. No hay ningún lugar en la Constitución que disponga tal cosa.

 

El conflicto de poderes volverá por eso, una y otra vez, hasta que se rediseñe el equilibrio de poderes en el sistema de gobierno. En eso consiste la verdadera reforma política que aun espera.

 

 

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viernes, 9 de abril de 2021

MEDIA COLUMNA miércoles 7 abril 2021 "Y va a caer"


 

 

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Y va a caer

 

Jorge Morelli

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En entrevista reciente con CNN, Hernando de Soto dio con una frase que bien podría resumir su pensamiento respecto de la economía social de mercado. Al aclarar su posición sobre importar vacunas, respondió que no es que el Estado no deba importar, sino que hace cinco meses que tiene el dinero y no es capaz de hacerlo. Una economía social de mercado supone libertad de comprar y vender, tanto más si el Estado es incapaz de hacerlo. Dijo que el Estado debe subsidiar la vacuna gratuitamente a los peruanos. “Donde el Estado no funciona, hay que meter empresa privada, y donde la empresa privada no funciona, hay que meter Estado”, resumió.

 

La sencillez de esta expresión llega fácilmente a todos los peruanos, lo que es fundamental porque el Perú es un país incomunicado. El Perú tiene 5 mil años de historia y si esos miles de años fueran un solo día, hace apenas algo más de tres horas que hablamos indistintamente quechua o castellano, y hemos sido una república durante menos de una hora.

 

No estamos todos ni por asomo en la misma página. En el siglo XXI, somos un país nuevo. Tanto más importante, entonces, la libertad de la economía, del comercio, del libre movimiento de bienes y personas. Acabar con los privilegios que el Estado otorga no es solo un acto de equidad, es una condición para la construcción de una nación.

 

Significa aceptar que la libre iniciativa pertenece a los ciudadanos. Y que solo luego debe entrar el Estado a examinar respetuosamente dónde están las fallas que impiden avanzar y resolverlas pasando por encima de argollas de intereses locales. Porque argollas es lo que ha construido el Estado en el Perú. Al extremo de blandir hoy el privilegio sin vergüenza ni escrúpulo. Los oligopolios en los sectores principales de la economía se creen en el derecho y el deber de trasladar sus costos a los ciudadanos encerrados en mercados cautivos. No eran muy distintos los encomenderos de la Conquista. No eran dueños de la tierra, sino de los indios encomendados a ellos. Intermediarios de su trabajo, de la venta de sus productos y de la compra de sus insumos. Una clase ociosa que recibió del Estado –ya fuera de la Corona española o de la República- el privilegio de ser un intermediario entre un pueblo y el país y luego del país con el mundo.

 

Eso hace hasta hoy el oligopolio público-privado. La matriz de la corrupción se halla en el Estado y las empresas. Eso debió terminar hace siglos. Es una construcción vetusta que se derrumba a pedazos. Y va a caer. 

 

  

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domingo, 4 de abril de 2021

MEDIA COLUMNA domingo 4 abril 2021 "El último bastión"


 

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El último bastión

 

Jorge Morelli

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Lo repetiré una vez más: las guerras se pierden por luchar contra el enemigo equivocado.

 

Muchos de buena fe creen que estas elecciones son una cruzada contra la corrupción de la orilla opuesta. Pero la corrupción se halla en ambas orillas. Enquistada en el Estado caviar en la izquierda y en el remedo mercantilista del capitalismo en la orilla derecha. La cruzada contra la corrupción tiene que apuntar contra ambas.

 

Pero no es inmóvil el escenario que se presenta hoy. En lo inmediato nos hallamos ante una ofensiva brutal del eje Caracas-La Habana-Foro de Sao Paulo  por la captura del poder en Sudamérica. Y lo primero es detener esa ofensiva.

 

Las elecciones del próximo año y medio en Sudamérica son los escenarios de la madre de todas las batallas. El eje apunta al Perú, luego de apoderarse de México y Argentina, volver a tomar Bolivia y a medias el Ecuador.  

 

La fecha crucial es la primera vuelta del próximo domingo 11 de abril. Le siguen las elecciones parlamentarias de mitad de mandato en México en junio y de Argentina en octubre; las presidenciales chilenas de noviembre; las de Colombia en mayo de 2022 y, finalmente, el partido de fondo: las elecciones presidenciales de Brasil en octubre de 2022.

 

Tal como se ve desde hoy el partido de fondo luce perdido. Luego del fracaso de Bolsonaro en el gobierno, las encuestas ya le dan a Lula hoy un 34% para el 2022. Va a volver. Y el partido, además, se decidirá en la mesa, no en la cancha. El Estado caviar brasileño conseguirá despejarle el camino a Lula.    

 

No podemos confiar en Brasil, ni en Colombia, ni en Chile luego de tres gobiernos deficientes de derecha mercantilista. Y tampoco en que la caviarada argentina o mexicana vaya a perder las parlamentarias de medio tiempo. El punto de inflexión para voltear la marea de la ofensiva es el Perú. Igual que hace 200 años, somos el último bastión.

 

Lo que las encuestas están diciendo hoy es que la extrema derecha no puede derrotar en la segunda vuelta a ninguno de los candidatos de izquierda. Solo el centro puede hacerlo.

 

Y usted, lector, es quien debe elegir quién debe llevar a cabo la cirugía fina para extirpar el cáncer. Solo puede hacerlo quien tenga clara la noción de que la cruzada contra la corrupción necesita atacar ambas orillas al mismo tiempo y quien tenga, además, los instrumentos de precisión para garantizar a los peruanos que su propiedad servirá para llegar al capital y que nadie podrá quitársela.  

 

Si triunfamos, los demás países nos seguirán. 9No se trata, pues, de cálculos frívolos sobre el mal menor o el voto perdido. Se trata de vencer nuevamente en la batalla final por la libertad de Sudamérica.

 

 

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