martes, 28 de febrero de 2017

ESTA NOCHE martes 28 febrero 2017



ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.

La opinión en MEDIA COLUMNA representa exclusivamente a su autor. Usted puede reenviar y publicar libre y
gratuitamente cualquier MEDIA COLUMNA tomándola de este correo o de
jorgemorelli.blogspot.com


MEDIA COLUMNA
Parias y mandarines


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com


Hay maestros nombrados y maestros contratados. Todos están mal pagados. Pero los profesores contratados son un tercio entero de los maestros de la educación pública y son los parias de este orden de cosas. 

El último aumento otorgado por el gobierno lleva a los nombrados de la primera categoría de la carrera magisterial de ganar 1,500 soles a 1,700 soles. Claramente, ese sueldo no se acerca a lo que hace falta para un verdadero salto en la calidad de la enseñanza.

Pero para los maestros contratados el último aumento no existe. Siguen ganando 1200 soles mensuales.

Y están excluidos de la carrera magisterial. 

En efecto,  para ser un profesor nombrado de la educación pública peruana hay que tener título de Pedagogía. Si no se lo tiene, no se puede ser nombrado aunque se tenga un grado académico de la universidad de Princeton. No será profesor en una escuela pública a menos que acepte ser un paria contratado.

Alguna vez le pregunté a la doctora Martha Hildebrandt, linguista y titulada en Pedagogía- si le parecía que un maestro debe tener título de Pedagogía para enseñar. Su respuesta fue: en la enseñanza lo que importa es el “qué”, no el “cómo”. Importa dominar la materia, la técnica para enseñarla es asunto secundario.

¿A quién beneficia entonces este injusto estado de cosas? Sirve para que el gremio de los egresados de Pedagogía y el sindicato que los representa –el Sutep- tengan un monopolio de facto sobre las plazas de la educación pública. 

Es una situación arcaica, abolida en la educación japonesa setenta años atrás, durante la pos guerra –según me explicó un profesor de la Universidad de Tokyo, una de las mayores autoridades de Japón en la materia-, lo que representa uno d elos dos momentos cruciales en el salto de la educación japonesa. El otro ocurrió cien años antes, con la reforma Mei Ji, al ordenarse la enseñanza obligatoria de inglés en todas las escuelas de Japón.

Esta es la realidad: no hay inclusión ni meritocracia en la educación pública del Perú. Hay discriminacion y privilegio. Si los maestros contratados son los parias, los dirigentes son los mandarines.



REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.



ANTICORRUPCION, PERSECUCION, JUDICIALIZACION POLITICA



El Comercio
El ministro de Transportes, Martín Vizcarra, adelantó hoy que el gobierno planteará que el plazo de la concesión del aeropuerto de Chinchero a favor de Kuntur Wasi no sea ya de 40 años, sino de 30.
“Queremos plantear dos modificaciones: la incorporación de la cláusula anticorrupción y [cambiar] el plazo de concesión”, dijo.
Vizcarra reiteró que su despacho respetará la opinión de la Contraloría sobre el contrato y la adenda.
El congresista Víctor Andrés García Belaunde señaló que su bancada continuará recolectando firmas para una interpelación contra el ministro de Transportes.
La bancada de Fuerza Popular, según la parlamentaria Rosa Bartra, definirá posición el próximo martes.



El Comercio
El contralor general de la República, Edgar Alarcón, cuestionó que el gobierno haya "hecho todo al revés" al haber firmado la adenda al contrato de concesión de Chinchero sin esperar las recomendaciones de su institución.
Manifestó que la decisión del Ministerio de Transportes fue “apresurada” y que su institución había previsto riesgos.



El Comercio
El consorcio Kuntur Wasi respondió anoche en un comunicado que respeta la decisión de suspender todo pago y la voluntad de suscribir la cláusula anticorrupción.
La Contraloría dice que losriesgos advertidos “no han quedado resueltos con la adenda firmada por este gobierno”.
Este es un resumen del proceso del contrato:
1. Adjudicación y firma del contrato con el concesionario
En abril del 2014, Pro Inversión adjudicó el aeropuerto de Chinchero al consorcio Kuntur Wasi. En julio de ese mismo año, el Estado y la empresa firmaron el contrato de concesión.
2. Primeras fricciones entre el Estado y el concesionario
En abril del 2016, el entonces presidente Ollanta Humala exhortó al concesionario Kuntur Wasi a presentar una propuesta de cierre financiero “seria”. Advirtió que, de no hacerlo, podría rescindir el contrato de concesión.
3. El nuevo gobierno tampoco aprueba la propuesta
El 22 de julio del 2016, Ositrán emitió una opinión favorable sobre el otorgamiento de garantías. El 25 de noviembre, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) rechazó la propuesta del concesionario por ser “perjudicial” para el Estado.
4. El proyecto de modificación del contrato es presentado al MTC
El concesionario presentó un proyecto de adenda al contrato de concesión, a pedido de los acreedores permitidos (quienes darían el préstamo al concesionario). Según este, sería el Estado el que desembolsaría el dinero.



Expreso
La bancada de Acción Popular presentó el pliego interpelatorio al ministro de Transportes, Martín Vizcarra, sobre la adenda al contrato de Chinchero.
De aprobarse la interpelación, esta se estaría efectuando después de la primera semana de marzo.
Dentro de las 27 preguntas está la referida a la razón por la cual el MTC aprobó una adenda al contrato de concesión presentado por el propio concesionario que ha sido desaprobado por las gerencias técnicas de Ositran.
S le preguntará a Vizcarra por qué faltó a la verdad ante la Comisión Permanente el 9 de febrero, cuando que el informe técnico de Ositran era favorable a la adenda.
También se le preguntará por el plazo de 40 años de la concesión.
Víctor Andrés García Belaunde dijo que, al estar Martín Vizcarra imponiendo adendas lesivas, no habrá dentro de poco vicepresidente de la República.
“Se ha desgastado, y no se desgasta un ministro cualquiera, sino el vicepresidente en un país en el que es un suplente [del Presidente] y tiene que estar fuera del juego”, sostuvo.
La fujimorista Úrsula Letona reiteró que Fuerza Popular evaluará en los próximos días si apoyará la interpelación de Martín Vizcarra.



El Comercio, Andina
La bancada de Fuerza Popular definirá el martes 7 de marzo si respalda o no la propuesta de interpelación al ministro de Transportes, Martín Vizcarra, afirmó la primera vicepresidenta del Congreso, Rosa María Bartra.
El congresista Juan Sheput, vocero de la bancada Peruanos por el Kambio, refirió que el ministro Vizcarra irá al Congreso a informar sobre la adenda.



El Comercio
Las acciones de Andino Investment Holding sufren una dura caída a estas horas en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) debido a la incertidumbre en torno a la construcción del Aeropuerto de Chinchero.
Los títulos de Andino cotizan hacia la 1 de la tarde en 1,1 soles luego de perder un 12% en la jornada.



El Comercio
El abogado Juan Monroy negó ante la Comisión Lava Jato del Congreso haber entregado el 4 de agosto del 2005 el informe sobre el cual se basó Pro Inversión para avalar el contrato de la Interocéanica.
El problema surgió un día antes, el 3 de agosto, cuando la vicecontralora Rosa Urbina envió un documento donde indicaba  que la Constructora Norberto Odebrecht, Queiroz Galvao y la peruana Graña y Montero estaban impedidas de contratar porque tenían juicios pendientes con el Estado Peruano.
En el acta de Pro Inversión del 4 de agosto se usó un supuesto informe de Monroy para desestimar la observación de la Contraloría.
Según Monroy, su informe fue entregado entre el 8 y el 10 de agosto, y no el 4 como dice el acta.
El congresista Víctor Andrés García Belaunde cuestiónó: “¿Cómo pueden haber discutido en la sesión de Pro Inversión un informe que no existía?”. Mauricio Mulder aseguró que esto representa un delito por falsa declaración en documento público. Recordó que el hoy presidente Pedro Pablo Kuczynski estuvo en la reunión del 4 de agosto cuando se firmó el acta mencionada por Monroy. Era titular del Consejo Directivo de Pro Inversión en su calidad de ministro de Economía.



El Comercio
A raíz del escándalo ocasionado por la empresa Odebrecht, otras dos compañías peruanas se han visto perjudicadas. Esto, debido a que el ex representante de la brasileña, Jorge Barata, indicara a la Fiscalía peruana que sus socios en la Carretera Interocénica Sur (IRSA Sur) -Graña y Montero (G&M), JJC Contratistas Generales e ICCGSA tenían conocimiento de las coimas entregadas al ex presidente Alejandro Toledo.
En este contexto, preocupa la cantidad de inversión comprometida que mantienen las AFP en las empresas mencionadas.
Giovanna Prialé, presidenta de la Asociación de los fondos de pensiones, respondió así a El Comercio:
-¿Qué tan expuesta están las AFP por G&M, JJC e ICCGSA?
Con información a agosto del 2016, las AFP invirtieron en G&M el 0,97% del total del fondo administrado, donde el 0,34% es por acciones comunes y el 0,63% por ADR. Desde enero, la inversión en Graña y Montero se redujo a 0,5% del fondo.
En total, a fines de noviembre (cuando empezó la debacle de la acción), las AFP administraban 15 mil 968 millones soles en el Fondo 1, por lo que el dinero expuesto a Graña y Montero fue 31 millones 893 mil soles, de los cuales se perdió el 70% o 22 millones 355 mil soles.
En el caso del Fondo 2 son 96 mil 897 millones los soles invertidos, por lo que el dinero expuesto (0,97%) a Graña y Montero fue 939 millones 904 mil soles, perdiéndose 657 millones 933 mil soles.
En el caso del Fondo 3 son 21 mil 586 millones 855 mil soles los invertidos, de los cuales 209 millones 392 mil soles estuvieron expuestos a Graña y Montero, perdiéndose 146 millones 574 mil soles.
A grandes números, se perdieron unos 826 millones de soles de los fondos de pensiones debido a la caída desde noviembre de la acción de Graña y Montero.



Peru21
Columna de Aldo Mariátegui
Hoy, a las 3:30 p.m., se realizará una junta general extraordinaria de Graña y Montero, la cual será crucial para definir la supervivencia de esta firma, que desde el viernes está perdiendo aceleradamente valor a medida que el precio de su acción cae en barrena. Van a tener que tomarse medidas extraordinarias y muy imaginativas para salvar a esta empresa, gigantesca para estándares peruanos (35 mil trabajadores), iniciativas que, me imagino, pasarán de arranque por relevar a la gerencia actual y apartar a los accionistas más cuestionados de sus derechos societarios (acción que, por imagen, debería replicarse en otras empresas sensibles donde están presentes). Y debe salvarse sola, sin la menor intervención estatal, que el contribuyente no tiene por qué financiar resurrecciones de empresas privadas, mucho menos aun si sus cuitas son por corrupción (varios semianalfabetos leyeron pero no entendieron todo esto en un artículo anterior mío y así los muy deficitarios concluían que “defendía a GyM”. ¡Jalados en PISA por obtusos!). Lo ideal sería su venta a un tercero, pero no creo que nadie en su sano juicio quiera hacerse del problema, pues además también enfrenta un complicado frente externo (accionistas gringos y la SEC) al listar en Nueva York. Lo malo es que se percibe un terco negacionismo por parte de la empresa sobre lo dicho por Barata, lo cual no es muy creíble a estas alturas. Tampoco es el fin del mundo en el capitalismo si una empresa quiebra: el mercado reemplaza su lugar con otras. Pero lo ideal sería que esos 35 mil puestos de trabajo se conserven y no se paralicen las obras, sin perjuicio de que los responsables respondan ante la justicia y dejen de dirigir la firma, a la que metieron en este berenjenal por bailar samba junto a Barata.






IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CONOCIMIENTO, AYUDA SOCIAL



Expreso

Corte Superior de Lima resuelve conceder medida cautelar interpuesta por la Asociación de Universidades del Perú.

La Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió conceder la medida cautelar interpuesta por la Asociación de Universidades del Perú (ASUP), suspendiendo así la vigencia del artículo 6° del reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), aprobado por el D.S. N° 018-2015-MINEDU.
Cabe recordar que el mencionado artículo establecía que el Consejo Directivo de la Sunedu, a propuesta de la Dirección de Fiscalización y Sanción, podía imponer “Medidas Preventivas” que constituían mandatos de carácter temporal ante un supuesto inminente peligro o alto riesgo de producirse un incumplimiento a la Ley 30220 (Nueva Ley Universitaria) y demás normas complementarias, sin necesidad del inicio de un procedimiento sancionador, pudiendo consistir en el cese de actividades, tales como el proceso de admisión, de matrículas, de elecciones, de actividades y miembros de los órganos de gobierno, lo que el Poder Judicial anuló.
En el fondo se creaba una medida cautelar discrecional sin proceso, algo que no tiene precedentes en el sistema jurídico peruano, en lo que se basa la decisión de la Corte Suprema.
La Primera Sala Civil considera en cuanto al presupuesto de la razonabilidad, una medida cautelar debe ser adecuada y estrictamente necesaria para lograr la eficacia de la decisión definitiva, siguiendo los principios y derechos constitucionales y legales, y sobre todo conforme a la Ley N°30220-Ley Universitaria, siempre teniéndose como norte la preferencia y salvaguarda de los derechos e intereses de las universidades y sus autoridades, y sobre todo al alumnado en general, lo que definitivamente no se conseguiría con el artículo 6° del Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Sunedu.

Según la decisión judicial, la medida cautelar a dictarse no será irreversible, por cuanto es temporal hasta que la Sala Suprema resuelva el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia emitida; de igual modo, siguiendo lo considerado en esta resolución, tampoco tendrá efectos retroactivos ni afectará todas las actividades realizadas y disposiciones dictadas en mérito a esa norma cuestionada, lo que la norma reglamentaria ahora anulada no garantizaba en forma alguna

lunes, 27 de febrero de 2017

ESTA NOCHE lunes 27 febrero 2017



ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.

La opinión en MEDIA COLUMNA representa exclusivamente a su autor. Usted puede reenviar y publicar libre y
gratuitamente cualquier MEDIA COLUMNA tomándola de este correo o de
jorgemorelli.blogspot.com


EXPRESO editorial
Demolición de la constructora
 
 
La caída de Graña y Montero supone la pérdida de 13 mil empleos directos, y 30 0 40 mil empleos indirectos. Compromete, además, una exposición de aproximadamente mil millones de dólares ante los bancos. ¿Cómo se pagará esa deuda ahora que los activos valen 30% menos por el desplome de las acciones en Nueva York y en Lima? ¿La quiebra de GyM podría arrastrar a uno o más bancos? Entre los accionistas de GyM, por último, hay AFPs que han arriesgado peligrosamente fondos de los pensionistas.

El directorio de GyM insiste en que no supo de las coimas de Odebrecht. Jorge Barata afirma ante el fiscal Hamilton Castro en Brasil lo contrario. Enfáticamente, y no puede mentir sin comprometer su condición de colaborador eficaz.

La pregunta que cae por su peso en la junta de accionistas de GyM este marzo será: ¿cómo pudo el directorio adquirir el 20 por ciento del consorcio del Gasoducto cuando Marcelo Odebrecht ya estaba detenido en Brasil? Hay una hipótesis terrible: que GyM se prestó a servir de testaferro a Odebrecht para ocultar parte de los activos del consorcio. Habrá que ver el contrato con que GyM adquirió de Odebrecht ese porcentaje accionario y preguntar cómo lo pagó.

Las repercusiones del sismo para el diario El Comercio, de otra parte, son objeto de control de daños y podrían ser limitadas. José Graña Miró Quesada, presidente de GyM, tiene el 6% de las acciones del diario (donde una de sus hijas lo representa mientras otra lo hace en GyM). Pero Graña fue por años el poder detrás del poder en El Comercio. Sostuvo en la dirección del diario a los dos últimos miembros de la familia Miró Quesada en dirigirlo, un grupo de influencia cercano al gobierno de Toledo al principio -durante la compra de América TV-, para después distanciarse, perder el poder e intentar luego un retorno a medias que hoy se trunca con la caída de GyM y la ruptura del precario equilibrio de poder interno del diario.

Martha Meier Miró Quesada, accionista importante de El Comercio, está pidiendo públicamente que GyM se abstenga de nombrar representantes ante la junta de accionistas. En esa junta, también en marzo, la posible salida de la dirección periodística actual puede ser la menor de las consecuencias.



REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.



GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA



El Comercio
El ministro de Transportes, Martín Vizcarra, anunció que el gobierno no hará ningún desembolso al consorcio Kuntur Wasi, encargado de construir el aeropuerto de Chinchero, hasta que la Contraloría emita su informe sobre la adenda suscrita. 
“No vamos a dar ni un sol mientras que no se tenga el informe final de la Contraloría”, dijo Vizcarra en "Cuarto Poder".



El Comercio
El Ministerio de Transportes informó al consorcio Kuntur Wasi, encargado de la construcción del aeropuerto internacional de Chinchero (Cusco), que suspenderá la entrega de recursos.
En ofici, dirigido al gerente general de Kuntur Wasi, José Carlos Balta del Río, el MTC precisó que tomó la decisión, porque la Contraloría advirtió en un informe preliminar “que existe un riesgo potencial relacionado a la entrega del valor del adelanto”.
“…dada la recomendación preliminar de la contraloría en aras de la transparencia del proyecto solicitamos que en cumplimiento del literal B del número 4.3.1 del contrato de concesión procedamos a suspender las obligaciones contenidas en el contrato de concesión y la adenda hasta que la Contraloría nos informe el resultado final [de su estudio]”, señala el documento.
El despacho del ministro de Transportes, Martín Vizcarra, además, convoca a los representantes del consorcio a una reunión para el día de mañana a las 4 de la tarde, con el objetivo de “formalizar” la suspensión por mutuo acuerdo.



El Comercio
El contralor Edgar Alarcón informó hoy que su institución tendrá listo antes de tres meses el informe sobre el contrato y la adenda del aeropuerto internacional de Chinchero. “Normalmente toma tres meses una auditoría, pero espero sacarlo en menor tiempo”, manifestó.
El contralor saludó que el Ejecutivo haya decidido no pagar ningún adelanto a Kuntur Wasi hasta no tener el informe final de la Contraloría.



El Comercio
El congresista Víctor Andrés García Belaunde sostuvo que “es un buen gesto decir que no van a pagar hasta tener el informe de la Contraloría…, pero me parece que hay que buscar desde ahora resolver el contrato”, manifestó. 
“Yo creo que el ministro debe empezar a buscar la nulidad. El contrato está muy mal hecho, la adenda está peor”, dijo García Belaunde. “Hay que buscar la caducidad y la resolución. La contraloría ha dicho que este contrato sería ilegal”, agregó.
Respecto a la posible moción de interpelación contra Vizcarra por la adenda al contrato del aeropuerto de Chinchero, sostuvo que el jueves buscarán recolectar las firmas y presentar la moción de interpelación.  



El Comercio
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) anunciará la creación del viceministerio de gobernanza territorial, instancia que ocupará el segundo nivel en jerarquía en la PCM después del despacho del jefe del Gabinete, Fernando Zavala.
Según versiones recogidas por El Comercio, los cambios –elaborados durante varias semanas– fueron aprobados el pasado 7 de febrero con un proyecto de decreto supremo, el cual modificará el reglamento de organización y funciones (ROF) de la PCM, que no tenía cambios desde el 2011. Las novedades serían anunciadas en los próximos días.
El nuevo viceministerio de gobernanza territorial tendrá a su cargo varias secretarías [ver nota vinculada]. A diferencia de la forma en que se había estructurado la PCM, las modificaciones implicarán que los órganos técnicos especializados –como la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial (DNTDT) y la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS)– se conviertan en órganos de línea de la PCM. Esto implicará que no dependan directamente del jefe del Gabinete, sino del nuevo viceministerio.
Aunque los cambios en la estructura ministerial aún no han sido formalizados, durante la semana pasada las autoridades de Puno que visitaron la PCM –por el problema de demarcación territorial que mantienen con Moquegua– fueron las primeras en tener conocimiento del nuevo despacho del Ejecutivo. Según dijeron, en Lima les informaron sobre la reestructuración de la DNTDT.
“Fuimos sorprendidos con una noticia mala para Puno, porque la Dirección de Demarcación [Territorial, DNTDT] ya no existe. Por lo tanto, cualquier acción tiene que ser revisada por el viceministerio de gobernanza territorial”, declaró Iván Flores Quispe, alcalde provincial de Puno, el pasado 21 de febrero a la prensa local.
Fuentes de la DNTDT señalaron a El Comercio que Freddy Injoque Ronceros, su actual director, continúa a cargo de esta oficina, pero no precisaron si esta había sido desactivada. Consultados sobre los cambios estructurales en la PCM, la oficina de prensa de esa entidad indicó que aún no podían emitir información sobre ninguno de los cambios, debido a que estos serían oficializados cuando lo considere pertinente el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala.
Un aspecto que ha recibido poca atención en las últimas semanas es un aparente cambio en la estrategia del Ejecutivo para abordar los conflictos sociales.
Desde diciembre del 2016 hasta la fecha, el Gobierno ha declarado el estado de emergencia (suspensión de derechos y mantenimiento del orden interno por parte de la policía y las Fuerzas Armadas) en dos provincias (Chumbivilcas, en Cusco; y Cotabambas, en Apurímac) y en el distrito de Coporaque (Cusco), sitios que han registrado conflictividad social.
Esta estrategia es distinta a la propuesta desde octubre pasado, bajo la gestión del jefe de la ONDS, Rolando Luque. El enfoque aplicado entonces por el Ejecutivo fue enfrentar conflictos como el de Saramurillo (Loreto) y Las Bambas (Apurímac) sin utilizar esta figura legal.
El Comercio ha solicitado –de manera reiterada y durante semanas– una entrevista con Luque, pero no obtuvo respuesta. Una de las consultas pendientes es acerca del rumbo que seguirá la estrategia de conflictos frente a la nueva estructuración de la PCM.
El Comercio conoció además que Javier Fernández-Concha Stucker sería la persona que asumiría la jefatura del nuevo viceministerio de gobernanza territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
“Eso se conocerá en el transcurso de la próxima semana. Hasta ahora no lo puedo confirmar, ni [puedo] negar nada. Durante la próxima semana vamos a comunicar eso”, respondió el abogado Fernández-Concha, tras ser consultado por este Diario.
Por otro lado, se supo que el nuevo viceministerio tendrá a su cargo varios órganos de línea: el de desarrollo territorial y descentralización, que a su vez contará con dos subsecretarías (de desarrollo territorial y de articulación regional y local). También el de gestión social y diálogo –del cual dependerán tres subsecretarías (de prevención y seguimiento; de manejo de conflictos; y de diálogo y sostenibilidad)– y el de demarcación y organización territorial.



El Comercio
El estudio jurídico Foley Hoag fue elegido para ejercer la defensa y representación del Estado Peruano ante la controversia iniciada por el consorcio Nuevo Metro de Lima en contra del Perú, a cargo de la Línea 2 del Metro de Lima.
Como se recuerda, el consorcio -integrado por las fimas extranjeras ACS, FCC, Impregilo y Ansaldo, junto a la peruana Cosapi- comenzó un proceso de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) a inicios de febrero. El grupo de empresas reclamó incumplimientos por parte del Estado Peruano en las condiciones de los terrenos destinados a la infraestructura de la obra. 
Como se sabe, el consorcio solicitó un pago cercano a los US$260 millones al Estado por los perjuicios generados, tal como señaló el medio español "El Economista".






ANTICORRUPCION, PERSECUCION, JUDICIALIZACION POLITICA



El Comercio
Las acciones de la constructora Graña y Montero siguen cayendo en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), a un 25,91% menos que la cotización del viernes. El viernes último las acciones bajaron 33% castigadas por el supuesto involucramiento de los directivos de Graña y Montero en actos de corrupción para la adjudicación de dos tramos de la carretera IIRSA Sur en los que fueron socios de Odebrecht.
Jorge Barata, hombre fuerte de Odebrecht en el Perú cuando se cometieron los presuntos actos de corrupción en el gobierno de Alejandro Toledo, afirmó ante la fiscalría que tanto Graña y Montero como ICCGSA y JJC tenían conocimiento de este delito.
Mientras sus acciones se derrumban, la empresa se prepara para la junta extraordinaria de accionistas que se realizará mañana a propósito de las medidas tomadas por la empresa tras la terminación del contrato del gasoducto surperuano, en el que también era socia de Odebrecht.
En la junta, AFP Integra, en su calidad de accionista, exigirá que GyM demuestre que no avaló las malas prácticas de su ex socio. Aldo Ferrini, gerente general de la AFP, dijo que “tenemos la obligación y el derecho de exigir aclaraciones”.



El Comercio
Seis firmas de abogados en Estados Unidos han decidido iniciar convocatorias de investigaciones para averiguar si Graña y algunos de sus funcionarios o directores violaron la "Ley de la Bolsa", regida por el gobierno estadounidense .
Hasta el momento, seis compañías de abogados de EE.UU. han iniciado estas acciones.  Entre estas, se encuentra Brostein, Gewirtz & Grossman LLC; firma que expresó su preocupación por los posibles afectados por la caída de la constructora.
Goldberg Lay PC; Glancy Prongay & Murray LLP, Khang & Khang LLP y Levi & Korsinsky, LLP son las demás compañías de litigios corporativos que se unieron a la convocatoria.



El Comercio
El presidente del directorio del grupo Graña y Montero (GyM), José Graña Miró Quesada, deberá acudir este miércoles a la Comisión Lava Jato, que dirige el congresista Víctor Albrecht, para ser interrogado por los sobornos que la empresa brasileña Odebrecht pagó a funcionarios de los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. 
La citación a Graña Miró Quesada fue cambiada para este 1 de marzo. En un principio, la invitación fue hecha para el lunes 27 de febrero.



Peru21
Aldo Mariátegui
(…)
Mañana se va a realizar la Junta General Extraordinaria de Graña y Montero. Con la revelación de Barata, la caída sideral en el precio de la acción, los juicios anunciados ya por tres estudios gringos (Rosen Law, Howard Smith y Goldberg Law), la posibilidad de que varios acaben con mandiles naranjas si se les aplica el Foreign Corruption Act por listar ADR en Nueva York y la necesidad de tomar ya acciones dramáticas para salvar a la compañía, esa reunión va a estar de candela. Dicen que ya llegaron varios accionistas gringos a pedir explicaciones.
(…)



El Comercio
Las empresas brasileñas involucradas en el Caso Lava Jato tuvieron un marco legal de respaldo para adjudicarse proyectos en el Perú. La Contraloría detectó 11 normas, emitidas entre el 2004 y el 2014, que viabilizaron las obras de las constructoras ahora investigadas.
Una de esas normas incluso limitó la capacidad de la Contraloría en el proceso de emisión de opinión previa sobre las obras. Fue a través del Decreto de Urgencia 047-2008, dado el 18 de diciembre del 2008.
El decreto se aplicó, por ejemplo, en los casos de la carretera IIRSA Centro y el Proyecto Especial Chavimochic, ejecutados por Odebrecht. “Se estableció que la viabilidad de los proyectos podía ser otorgada con estudios a nivel de prefactibilidad”, indica el informe de la contraloría remitido a la Comisión Lava Jato del Congreso.
En el 2008 también se promulgó la Ley 29207, que declaró de necesidad pública y de interés nacional la construcción de la ferrovía transcontinental Brasil-Perú. “Acá se estableció un régimen de especialidad y exclusividad, por el cual las disposiciones de la ley prevalecen sobre cualquier norma”, apunta la institución que preside Edgar Alarcón.
A finales del 2008 también se publicó la Ley 29309, la cual estableció que era una necesidad pública la continuación de la ejecución de los tramos 2 (por Graña y Montero, JJC Contratistas Generales, Constructora Norberto Odebrecht Sucursal Perú e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales), 3 (Norberto Odebrecht, Graña y Montero, JJC Contratistas Generales e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales) y 4 (Andrade Gutierrez, Camargo Correa y Queiroz Galvao Sucursal Perú) de la Interoceánica Sur. 
En el 2006, se dio la denominada ley Odebrecht. Se trata de la Ley 28670, presentada por el ex congresista de Perú Posible Gilberto Díaz y aprobada con inusual rapidez en la Comisión Permanente durante el receso del Congreso, el 26 de enero del mismo año. La norma suscrita por el entonces mandatario Alejandro Toledo declaró de necesidad pública la construcción de los tramos 1 (Graña y Montero, JJC Contratistas Generales e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales), 2 y 3 de la IIRSA Sur.
En la audiencia del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria en la que se dictó prisión preventiva contra el ex jefe del Estado, el juez Richard Concepción refirió que, gracias a esa medida, el consorcio integrado por Odebrecht y la compañía peruana Graña y Montero pudo obtener la buena pro, pese a que la contraloría había advertido que ninguna de las dos constructoras mencionadas podía contratar con el Estado, debido a que ambas tenían procesos judiciales pendientes. “El Estado varió las re­glas de juego en beneficio de Odebrecht. Hubo una ley con nombre propio y cuyo fin fue subsanar de­fectos legales del proceso en el que se otorgó la concesión”, enfatizó Concepción.
En el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016) también se emitió una medida que sirvió a los intereses de Odebrecht. Se trata de la Ley 30281, que garantizó, entre otros, el gasoducto sur peruano (GSP). “Se ratificó la plena validez de las acciones, actos y procedimientos realizados y aquellos que resulten necesarios para garantizar la ejecución del proyecto”, dice el reporte de la contraloría. 
El gasoducto sur peruano es la obra de mayor envergadura de Odebrecht en el Perú, pues demandó una inversión de US$7.329 millones. En esa ocasión, formó un consorcio con la firma española Enagás, al que después se sumó Graña y Montero.



Gestión
De acuerdo al portal Veja, la cartera de proyectos de la empresa Odebrecht asciende a US$ 16,000 millones. Hasta setiembre del 2016, dos tercios de la cartera de obras de Odebrecht tuvieron origen en el extranjero. Países como Venezuela, Angola y Panamá concentraban más obras contratadas que las que la empresa tenía en Brasil.
En dos países, Colombia y Perú, los gobiernos han amenazado con cancelar los contratos de Odebrecht y expulsar a la empresa de sus territorios. En Colombia, se trata de una concesión de una carretera de 528 kilómetros, mientras en Perú ya se dio por terminado el contrato del Gasoducto Sur Peruano (GSP).
En el caso del GSP, ha perdido la operación del activo y la fase de construcción. Sólo esta última fase, representó el 10% de la cartera de obras de la constructora brasileña, afirmó a Veja.com Alexandre García, analista de la agencia clasificadora de riesgo Fitch Ratings.
En un comunicado, Odebrecht afirma que cree que puede mantener los contratos y estar libre para ganar nuevos proyectos, en tanto consiga firmar acuerdos de indulgencia en los países.



Peru21
La defensa del prófugo ex presidente Alejandro Toledo pedirá a la Fiscalía que interrogue al presidente Pedro Pablo Kuczynski por su participación, como primer ministro, en la firma de normas que beneficiaron a Odebrecht y otras empresas brasileñas con la concesión de la carretera Interoceánica Sur.
El abogado de Toledo, Heriberto Benítez, adelantó a Perú21 que esta solicitud será presentada entre hoy y mañana al Ministerio Público.
El ex congresista hace referencia a la Ley N° 28670 que promulgaron Toledo, como jefe de Estado, y Kuczynski, como jefe del gabinete, en enero de 2006. La norma permitió que la empresa Odebrecht –impedida de postular por tener procesos judiciales con el Estado en ese entonces–, participara en la licitación de la obra.






LIBERTAD ECONOMICA, GLOBALIZACION, REFORMAS, INVERSION



Gestión, Reuters
El oro cotizaba estable cerca de máximos de tres meses y medio hoy mientras los inversores esperaban que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, delinee planes para recortes impositivos, gasto en infraestructura, aranceles sobre importaciones y política exterior.
A las 1059 GMT, el oro al contado cotizaba a US$ 1,256.18 la onza. Trump hablará ante el Congreso el martes.
Tasas de interés más altas en Estados Unidos podrían significar un dólar más fuerte, que hace que los metales sean más caros.
El comité de política monetaria del banco central estadounidense se reunirá el 14 y 15 de marzo. Operadores prevén que las alzas de tasas sean pospuestas hasta la reunión de junio.



El Comercio, Bloomberg
El oro se encaminará hacia los US$1.300 por onza durante los próximos seis meses, según repuntan las expectativas de inflación y las tasas de interés reales se vuelven negativas, de acuerdo con UBS Group.
En Estados Unidos, la deuda en ascenso y las tasas reales negativas influirán en el dólar. La incertidumbre sobre el calendario y el impacto del gasto en infraestructura y los cambios tributarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también pueden respaldar el oro.
El oro ha subido casi 10 por ciento este año como activo de refugio.
Goldman Sachs prevé todavía tres aumentos de tasas de la Reserva Federal en 2017, con una probabilidad de 80 por ciento de un alza en junio.



El Comercio
El presidente, Pedro Pablo Kuczynski, fue condecorado por la Universidad de Princeton. durante su presentación, sus comentarios sobre la relación entre Estados Unidos y América Latina no pasaron desapercibidos.
“Estados Unidos se enfoca en aquellas áreas donde hay problemas, Como el Medio Oriente. No invierte mucho tiempo en América Latina pues es como un perro simpático que está durmiendo en la alfombrita y no genera ningún problema”, comentó.






IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CONOCIMIENTO, AYUDA SOCIAL



El Comercio
Marilú Martens, ministra de Educación, se dirigió a los padres de familia a través de las cuentas de redes sociales del Minedu para desmentir los comentarios contra el Currículo Nacional Escolar.
Según sostuvo, en los últimos meses se ha difundido información falsa en torno a este plan, lo cual ha generado mucha confusión y dudas en las familias y la comunidad educativa.
“El currículo nacional promueve la igualdad de género. Que hombres y mujeres reciban las mismas oportunidades y sean tratados con el mismo respeto. Debemos darles a nuestros estudiantes la oportunidad de expresarse con libertad más allá de los estereotipos que la sociedad les imponga”, destacó Marilú Martens.
En ese sentido, la educadora contestó los cuestionamientos respecto a la campaña promovida por el colectivo ‘Con mis hijos no te metas’, que acusa que el currículo promueve la homosexualidad.
“Es deber del Estado que nadie sea discriminado por ninguna razón y valorar y respetar nuestras diferencias no significa promover la homosexualidad ni ningún tipo de ideología. La homosexualidad no se enseña, lo que sí se puede aprender es la homofobia, la violencia y el racismo. Eso lo tenemos que cortar de raíz”, manifestó la titular del Minedu.
Finalmente, Marilú Martens aseveró que su sector reconoce a la familia como el primer formador de estudiantes.
“La familia es la primera escuela para nuestros hijos. En ella se transmite la justicia, solidaridad y responsabilidad […] Tengan la seguridad que el currículo nacional forma al peruano que todos queremos. Un ciudadano que respeta la democracia, que valora la diversidad y promueve la igualdad”, sentenció.



Peru21
La ministra de Educación, Marilú Martens, sostiene que la currícula nacional no promueve la denominada ‘ideología de género’.
Respecto a la marcha que hará el colectivo ‘Con mis hijos no te metas’ este 4 de marzo, la ministra de Educación aseguró que es “un sector que tiene temor”. “Hay un sector con el que ya hemos llegado a puntos de acuerdo, que han entendido que no hay ninguna ideología de género en la currícula nacional. Hay un sector que no ha querido escuchar y que se mantiene en su misma posición”, agregó.

Confirmó que el inicio de clases a nivel nacional está programado para el 13 de marzo. “Estamos coordinando con las regiones que se han declarado en emergencia”, dijo.