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EXPRESO
editorial
Demolición de la constructora
La caída de Graña y
Montero supone la pérdida de 13 mil empleos directos, y 30 0 40 mil empleos
indirectos. Compromete, además, una exposición de aproximadamente mil millones
de dólares ante los bancos. ¿Cómo se pagará esa deuda ahora que los activos
valen 30% menos por el desplome de las acciones en Nueva York y en Lima? ¿La
quiebra de GyM podría arrastrar a uno o más bancos? Entre los accionistas de
GyM, por último, hay AFPs que han arriesgado peligrosamente fondos de los
pensionistas.
El directorio de GyM insiste en que no supo de las
coimas de Odebrecht. Jorge Barata afirma ante el fiscal Hamilton Castro en
Brasil lo contrario. Enfáticamente, y no puede mentir sin comprometer su
condición de colaborador eficaz.
La pregunta que cae por su peso en la junta de accionistas
de GyM este marzo será: ¿cómo pudo el directorio adquirir el 20 por ciento del
consorcio del Gasoducto cuando Marcelo Odebrecht ya estaba detenido en Brasil?
Hay una hipótesis terrible: que GyM se prestó a servir de testaferro a
Odebrecht para ocultar parte de los activos del consorcio. Habrá que ver el
contrato con que GyM adquirió de Odebrecht ese porcentaje accionario y
preguntar cómo lo pagó.
Las repercusiones del sismo para el diario El
Comercio, de otra parte, son objeto de control de daños y podrían ser
limitadas. José Graña Miró Quesada, presidente de GyM, tiene el 6% de las
acciones del diario (donde una de sus hijas lo representa mientras otra lo hace
en GyM). Pero Graña fue por años el poder detrás del poder en El Comercio.
Sostuvo en la dirección del diario a los dos últimos miembros de la familia
Miró Quesada en dirigirlo, un grupo de influencia cercano al gobierno de Toledo
al principio -durante la compra de América TV-, para después distanciarse,
perder el poder e intentar luego un retorno a medias que hoy se trunca con la
caída de GyM y la ruptura del precario equilibrio de poder interno del diario.
Martha Meier Miró Quesada, accionista importante de
El Comercio, está pidiendo públicamente que GyM se abstenga de nombrar
representantes ante la junta de accionistas. En esa junta, también en marzo, la
posible salida de la dirección periodística actual puede ser la menor de las
consecuencias.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo
como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO,
DEMOCRACIA
El Comercio
El
ministro de Transportes, Martín Vizcarra, anunció que el gobierno no hará ningún
desembolso al consorcio Kuntur Wasi, encargado de construir el aeropuerto de Chinchero, hasta que la Contraloría emita su informe
sobre la adenda suscrita.
“No
vamos a dar ni un sol mientras que no se tenga el informe final de la Contraloría”,
dijo Vizcarra en "Cuarto Poder".
El Comercio
El
Ministerio de Transportes informó al consorcio Kuntur Wasi, encargado de la
construcción del aeropuerto internacional de Chinchero (Cusco), que suspenderá la entrega
de recursos.
En
ofici, dirigido al gerente general de Kuntur Wasi, José Carlos Balta del Río,
el MTC precisó que tomó la decisión, porque la Contraloría advirtió en un
informe preliminar “que existe un riesgo potencial relacionado a la entrega del
valor del adelanto”.
“…dada
la recomendación preliminar de la contraloría en aras de la transparencia del
proyecto solicitamos que en cumplimiento del literal B del número 4.3.1 del
contrato de concesión procedamos a suspender las obligaciones contenidas en el
contrato de concesión y la adenda hasta que la Contraloría nos informe el
resultado final [de su estudio]”, señala el
documento.
El
despacho del ministro de Transportes, Martín Vizcarra, además, convoca a los
representantes del consorcio a una reunión para el día de mañana a las 4 de la
tarde, con el objetivo de “formalizar” la suspensión por mutuo acuerdo.
El Comercio
El
contralor Edgar Alarcón informó hoy que su institución tendrá listo antes de
tres meses el informe sobre el contrato y la adenda del aeropuerto
internacional de Chinchero.
“Normalmente toma tres meses una auditoría, pero espero sacarlo en menor
tiempo”, manifestó.
El
contralor saludó que el Ejecutivo haya decidido no pagar ningún adelanto a
Kuntur Wasi hasta no tener el informe final de la Contraloría.
El Comercio
El
congresista Víctor
Andrés García Belaunde sostuvo que “es un buen gesto decir que no
van a pagar hasta tener el informe de la Contraloría…, pero me parece que hay
que buscar desde ahora resolver el contrato”, manifestó.
“Yo
creo que el ministro debe empezar a buscar la nulidad. El contrato está
muy mal hecho, la adenda está peor”, dijo García Belaunde. “Hay que buscar la
caducidad y la resolución. La contraloría ha dicho que este contrato sería
ilegal”, agregó.
Respecto
a la posible moción de interpelación contra Vizcarra por la adenda al contrato
del aeropuerto de Chinchero, sostuvo que el jueves buscarán recolectar las
firmas y presentar la moción de interpelación.
El
Comercio
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) anunciará la creación del
viceministerio de gobernanza territorial, instancia que ocupará el segundo
nivel en jerarquía en la PCM después del
despacho del jefe del Gabinete, Fernando Zavala.
Según versiones recogidas por El Comercio, los cambios –elaborados
durante varias semanas– fueron aprobados el pasado 7 de febrero con un proyecto
de decreto supremo, el cual modificará el reglamento de organización y
funciones (ROF) de la PCM, que no tenía cambios desde el 2011. Las novedades
serían anunciadas en los próximos días.
El nuevo viceministerio de gobernanza territorial tendrá a su cargo
varias secretarías [ver nota vinculada]. A diferencia de la forma en que se
había estructurado la PCM, las modificaciones implicarán que los órganos
técnicos especializados –como la Dirección Nacional Técnica de Demarcación
Territorial (DNTDT) y la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS)–
se conviertan en órganos de línea de la PCM. Esto implicará que no dependan
directamente del jefe del Gabinete, sino del nuevo viceministerio.
Aunque los cambios en la estructura ministerial aún no han sido
formalizados, durante la semana pasada las autoridades de Puno que visitaron la
PCM –por el problema de demarcación territorial que mantienen con Moquegua–
fueron las primeras en tener conocimiento del nuevo despacho del Ejecutivo.
Según dijeron, en Lima les informaron sobre la reestructuración de la DNTDT.
“Fuimos sorprendidos con una noticia mala para Puno, porque la Dirección
de Demarcación [Territorial, DNTDT] ya no existe. Por lo tanto, cualquier
acción tiene que ser revisada por el viceministerio de gobernanza territorial”,
declaró Iván Flores Quispe, alcalde provincial de Puno, el pasado 21 de febrero
a la prensa local.
Fuentes de la DNTDT señalaron a El Comercio que Freddy Injoque Ronceros,
su actual director, continúa a cargo de esta oficina, pero no precisaron si
esta había sido desactivada. Consultados sobre los cambios estructurales en la
PCM, la oficina de prensa de esa entidad indicó que aún no podían emitir
información sobre ninguno de los cambios, debido a que estos serían
oficializados cuando lo considere pertinente el presidente del Consejo de
Ministros, Fernando Zavala.
Un aspecto que ha recibido poca atención en las últimas semanas es un
aparente cambio en la estrategia del Ejecutivo para abordar los conflictos
sociales.
Desde diciembre del 2016 hasta la fecha, el Gobierno ha declarado el
estado de emergencia (suspensión de derechos y mantenimiento del orden interno
por parte de la policía y las Fuerzas Armadas) en dos provincias (Chumbivilcas,
en Cusco; y Cotabambas, en Apurímac) y en el distrito de Coporaque (Cusco),
sitios que han registrado conflictividad social.
Esta estrategia es distinta a la propuesta desde octubre pasado, bajo la
gestión del jefe de la ONDS, Rolando Luque. El enfoque aplicado entonces por el
Ejecutivo fue enfrentar conflictos como el de Saramurillo (Loreto) y Las Bambas
(Apurímac) sin utilizar esta figura legal.
El Comercio ha solicitado –de manera reiterada y durante semanas– una
entrevista con Luque, pero no obtuvo respuesta. Una de las consultas pendientes
es acerca del rumbo que seguirá la estrategia de conflictos frente a la nueva
estructuración de la PCM.
El Comercio conoció además que Javier Fernández-Concha Stucker sería la
persona que asumiría la jefatura del nuevo viceministerio de gobernanza
territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
“Eso se conocerá en el transcurso de la próxima semana. Hasta ahora no
lo puedo confirmar, ni [puedo] negar nada. Durante la próxima semana vamos a
comunicar eso”, respondió el abogado Fernández-Concha, tras ser consultado por
este Diario.
Por otro lado, se supo que el nuevo viceministerio tendrá a su cargo
varios órganos de línea: el de desarrollo territorial y descentralización, que
a su vez contará con dos subsecretarías (de desarrollo territorial y de
articulación regional y local). También el de gestión social y diálogo –del
cual dependerán tres subsecretarías (de prevención y seguimiento; de manejo de
conflictos; y de diálogo y sostenibilidad)– y el de demarcación y organización territorial.
El
Comercio
El
estudio jurídico Foley Hoag fue elegido para ejercer la defensa y
representación del Estado Peruano ante la controversia iniciada por el
consorcio Nuevo Metro de Lima en contra del Perú, a cargo de la Línea 2 del Metro
de Lima.
Como
se recuerda, el consorcio -integrado por las fimas extranjeras ACS, FCC,
Impregilo y Ansaldo, junto a la peruana Cosapi- comenzó un proceso de
arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas
a Inversiones (CIADI) a inicios de febrero. El grupo de empresas reclamó
incumplimientos por parte del Estado Peruano en las condiciones de los terrenos
destinados a la infraestructura de la obra.
Como
se sabe, el consorcio solicitó un pago cercano a los US$260 millones al
Estado por los perjuicios generados, tal como señaló el medio español "El
Economista".
ANTICORRUPCION,
PERSECUCION, JUDICIALIZACION POLITICA
El Comercio
Las
acciones de la constructora Graña y
Montero siguen
cayendo en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), a un 25,91% menos que la
cotización del viernes. El viernes último las acciones bajaron 33% castigadas
por el supuesto involucramiento de los directivos de Graña y Montero en
actos de corrupción para la adjudicación de dos tramos de la carretera
IIRSA Sur en los que fueron socios de Odebrecht.
Jorge
Barata, hombre fuerte de Odebrecht en el Perú cuando se cometieron
los presuntos actos de corrupción en el gobierno de Alejandro Toledo, afirmó
ante la fiscalría que tanto Graña y Montero como ICCGSA y JJC tenían
conocimiento de este delito.
Mientras
sus acciones se derrumban, la empresa se prepara para la junta extraordinaria
de accionistas que se realizará mañana a propósito de las medidas tomadas por
la empresa tras la terminación del contrato del gasoducto surperuano, en el que
también era socia de Odebrecht.
En
la junta, AFP Integra, en su calidad de accionista, exigirá que GyM demuestre
que no avaló las malas prácticas de su ex socio. Aldo Ferrini, gerente general
de la AFP, dijo que “tenemos la obligación y el derecho de exigir aclaraciones”.
El Comercio
Seis firmas
de abogados en Estados Unidos han decidido iniciar convocatorias de
investigaciones para averiguar si Graña y algunos de sus funcionarios o
directores violaron la "Ley de la Bolsa", regida por el gobierno
estadounidense .
Hasta
el momento, seis compañías de abogados de EE.UU. han iniciado estas
acciones. Entre estas, se encuentra Brostein, Gewirtz & Grossman LLC;
firma que expresó su preocupación por los posibles afectados por la caída de la
constructora.
Goldberg
Lay PC; Glancy Prongay & Murray LLP, Khang & Khang LLP y Levi &
Korsinsky, LLP son las demás compañías de litigios corporativos que se unieron
a la convocatoria.
El Comercio
El
presidente del directorio del grupo Graña y Montero (GyM), José Graña Miró Quesada,
deberá acudir este miércoles a la Comisión Lava Jato, que dirige el congresista
Víctor Albrecht, para ser interrogado por los sobornos que la empresa brasileña Odebrecht pagó a funcionarios de los
gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.
La
citación a Graña Miró Quesada fue cambiada para este 1 de marzo. En un
principio, la invitación fue hecha para el lunes 27 de febrero.
Peru21
Aldo Mariátegui
(…)
Mañana se
va a realizar la Junta General Extraordinaria de Graña y Montero. Con la
revelación de Barata, la caída sideral en el precio de la acción, los juicios
anunciados ya por tres estudios gringos (Rosen Law, Howard Smith y Goldberg
Law), la posibilidad de que varios acaben con mandiles naranjas si se les
aplica el Foreign Corruption Act por listar ADR en Nueva York y la necesidad de tomar ya
acciones dramáticas para salvar a la compañía, esa reunión va a estar de
candela. Dicen que ya llegaron varios accionistas gringos a pedir explicaciones.
(…)
El Comercio
Las
empresas brasileñas involucradas en el Caso Lava
Jato tuvieron
un marco legal de respaldo para adjudicarse proyectos en el Perú. La
Contraloría detectó 11 normas, emitidas entre el 2004 y el 2014, que
viabilizaron las obras de las constructoras ahora investigadas.
Una
de esas normas incluso limitó la capacidad de la Contraloría en el proceso de
emisión de opinión previa sobre las obras. Fue a través del Decreto de Urgencia
047-2008, dado el 18 de diciembre del 2008.
El
decreto se aplicó, por ejemplo, en los casos de la carretera IIRSA Centro y el
Proyecto Especial Chavimochic, ejecutados por Odebrecht. “Se estableció que la
viabilidad de los proyectos podía ser otorgada con estudios a nivel de
prefactibilidad”, indica el informe de la contraloría remitido a la Comisión
Lava Jato del Congreso.
En
el 2008 también se promulgó la Ley 29207, que declaró de necesidad pública y de
interés nacional la construcción de la ferrovía transcontinental Brasil-Perú.
“Acá se estableció un régimen de especialidad y exclusividad, por el cual las
disposiciones de la ley prevalecen sobre cualquier norma”, apunta la
institución que preside Edgar Alarcón.
A
finales del 2008 también se publicó la Ley 29309, la cual estableció que era
una necesidad pública la continuación de la ejecución de los tramos 2 (por
Graña y Montero, JJC Contratistas Generales, Constructora Norberto Odebrecht
Sucursal Perú e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales), 3 (Norberto
Odebrecht, Graña y Montero, JJC Contratistas Generales e Ingenieros Civiles y
Contratistas Generales) y 4 (Andrade Gutierrez, Camargo Correa y Queiroz Galvao
Sucursal Perú) de la Interoceánica Sur.
En
el 2006, se dio la denominada ley Odebrecht. Se trata de la Ley 28670,
presentada por el ex congresista de Perú Posible Gilberto Díaz y aprobada con
inusual rapidez en la Comisión Permanente durante el receso del Congreso, el 26
de enero del mismo año. La norma suscrita por el entonces mandatario Alejandro
Toledo declaró de necesidad pública la construcción de los tramos 1 (Graña y
Montero, JJC Contratistas Generales e Ingenieros Civiles y Contratistas
Generales), 2 y 3 de la IIRSA Sur.
En
la audiencia del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria en la que se
dictó prisión preventiva contra el ex jefe del Estado, el juez Richard
Concepción refirió que, gracias a esa medida, el consorcio integrado por
Odebrecht y la compañía peruana Graña y Montero pudo obtener la buena pro, pese
a que la contraloría había advertido que ninguna de las dos constructoras
mencionadas podía contratar con el Estado, debido a que ambas tenían procesos
judiciales pendientes. “El Estado varió las reglas de juego en beneficio de
Odebrecht. Hubo una ley con nombre propio y cuyo fin fue subsanar defectos
legales del proceso en el que se otorgó la concesión”, enfatizó Concepción.
En
el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016) también se emitió una medida que
sirvió a los intereses de Odebrecht. Se trata de la Ley 30281, que garantizó,
entre otros, el gasoducto sur peruano (GSP). “Se ratificó la plena validez de
las acciones, actos y procedimientos realizados y aquellos que resulten
necesarios para garantizar la ejecución del proyecto”, dice el reporte de la
contraloría.
El
gasoducto sur peruano es la obra de mayor envergadura de Odebrecht en el Perú,
pues demandó una inversión de US$7.329 millones. En esa ocasión, formó un
consorcio con la firma española Enagás, al que después se sumó Graña y Montero.
Gestión
De acuerdo al portal Veja, la cartera de
proyectos de la empresa Odebrecht asciende a US$ 16,000 millones. Hasta
setiembre del 2016, dos tercios de la cartera de obras de Odebrecht tuvieron
origen en el extranjero. Países como Venezuela, Angola y Panamá concentraban
más obras contratadas que las que la empresa tenía en Brasil.
En
dos países, Colombia y Perú, los gobiernos han amenazado con cancelar los
contratos de Odebrecht y expulsar a la empresa de sus
territorios. En Colombia, se trata de una concesión de una carretera de 528
kilómetros, mientras en Perú ya se dio por terminado el contrato del Gasoducto Sur Peruano (GSP).
En
el caso del GSP,
ha perdido la operación del activo y la fase de construcción. Sólo esta última
fase, representó el 10% de la cartera de obras de la constructora brasileña,
afirmó a Veja.com Alexandre García, analista de la
agencia clasificadora de riesgo Fitch Ratings.
En
un comunicado, Odebrecht afirma que cree que puede mantener los
contratos y estar libre para ganar nuevos proyectos, en tanto consiga firmar
acuerdos de indulgencia en los países.
Peru21
La
defensa del prófugo ex presidente Alejandro Toledo pedirá a la Fiscalía que interrogue al
presidente Pedro Pablo Kuczynski por su participación, como primer
ministro, en la firma de normas que beneficiaron a Odebrecht y otras empresas brasileñas con la
concesión de la carretera Interoceánica
Sur.
El abogado de Toledo, Heriberto Benítez, adelantó a
Perú21 que esta solicitud será presentada entre hoy y mañana al Ministerio
Público.
El
ex congresista hace referencia a la Ley N° 28670 que promulgaron Toledo, como
jefe de Estado, y Kuczynski, como jefe del gabinete, en enero de 2006. La norma
permitió que la empresa Odebrecht –impedida de postular por tener procesos
judiciales con el Estado en ese entonces–, participara en la licitación de la
obra.
LIBERTAD ECONOMICA, GLOBALIZACION,
REFORMAS, INVERSION
Gestión, Reuters
El oro cotizaba estable cerca de máximos de tres
meses y medio hoy mientras los inversores esperaban que el presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, delinee planes para recortes impositivos, gasto
en infraestructura, aranceles sobre importaciones y política exterior.
A las 1059 GMT, el oro al contado cotizaba a US$ 1,256.18 la onza. Trump
hablará ante el Congreso el martes.
Tasas de interés más altas en
Estados Unidos podrían significar un dólar más fuerte, que hace que los metales
sean más caros.
El comité de política monetaria del
banco central estadounidense se reunirá el 14 y 15 de marzo. Operadores prevén
que las alzas de tasas sean pospuestas hasta la reunión de junio.
El Comercio, Bloomberg
El oro se encaminará hacia los US$1.300 por onza durante los próximos seis meses, según
repuntan las expectativas de inflación y las tasas de interés reales se vuelven
negativas, de acuerdo con UBS Group.
En
Estados Unidos, la deuda en ascenso y las tasas reales negativas influirán en
el dólar. La incertidumbre sobre el calendario y el impacto del gasto en
infraestructura y los cambios tributarios del presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, también pueden respaldar el oro.
El oro ha subido casi 10 por ciento este año como activo de refugio.
Goldman
Sachs prevé todavía tres aumentos de tasas de la Reserva Federal en 2017, con
una probabilidad de 80 por ciento de un alza en junio.
El Comercio
El
presidente, Pedro Pablo Kuczynski, fue condecorado por la Universidad de
Princeton. durante su presentación, sus comentarios sobre la relación entre
Estados Unidos y América Latina no pasaron desapercibidos.
“Estados
Unidos se enfoca en aquellas áreas donde hay problemas, Como el Medio Oriente.
No invierte mucho tiempo en América Latina pues es como un perro simpático que
está durmiendo en la alfombrita y no genera ningún problema”, comentó.
IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES, CONOCIMIENTO, AYUDA SOCIAL
El Comercio
Marilú
Martens, ministra de Educación, se dirigió a los padres de familia a través de
las cuentas de redes sociales del Minedu para desmentir los comentarios contra
el Currículo Nacional Escolar.
Según
sostuvo, en los últimos meses se ha difundido información falsa en torno a este
plan, lo cual ha generado mucha confusión y dudas en las familias y la
comunidad educativa.
“El
currículo nacional promueve la igualdad de género. Que hombres y mujeres
reciban las mismas oportunidades y sean tratados con el mismo respeto. Debemos
darles a nuestros estudiantes la oportunidad de expresarse con libertad más
allá de los estereotipos que la sociedad les imponga”, destacó Marilú Martens.
En ese
sentido, la educadora contestó los cuestionamientos respecto a la campaña
promovida por el colectivo ‘Con mis hijos no te metas’, que acusa que el
currículo promueve la homosexualidad.
“Es
deber del Estado que nadie sea discriminado por ninguna razón y valorar y
respetar nuestras diferencias no significa promover la homosexualidad ni ningún
tipo de ideología. La homosexualidad no se enseña, lo que sí se puede aprender
es la homofobia, la violencia y el racismo. Eso lo tenemos que cortar de raíz”,
manifestó la titular del Minedu.
Finalmente, Marilú Martens aseveró que su
sector reconoce a la familia como el primer formador de estudiantes.
“La
familia es la primera escuela para nuestros hijos. En ella se transmite la
justicia, solidaridad y responsabilidad […] Tengan la seguridad que el
currículo nacional forma al peruano que todos queremos. Un ciudadano que
respeta la democracia, que valora la diversidad y promueve la igualdad”,
sentenció.
Peru21
La
ministra de Educación, Marilú Martens, sostiene
que la currícula nacional no promueve la denominada
‘ideología de género’.
Respecto
a la marcha que hará el colectivo ‘Con mis hijos no te metas’ este 4 de marzo,
la ministra de Educación aseguró que es “un sector que tiene temor”.
“Hay
un sector con el que ya hemos llegado a puntos de acuerdo, que han entendido
que no hay ninguna ideología de género en la currícula nacional. Hay un sector
que no ha querido escuchar y que se mantiene en su misma posición”,
agregó.
Confirmó
que el inicio de clases a nivel nacional está programado para el 13 de marzo. “Estamos
coordinando con las regiones que se han declarado en emergencia”, dijo.
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