lunes, 27 de julio de 2020

MEDIA COLUMNA viernes 24 julio 2020


 

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MEDIA COLUMNA
De la soberanía a la propiedad:
deconstruyendo Escazú


Jorge Morelli
@jorgemorelli1


Si el Congreso ratificara el Acuerdo de Escazú, las controversias ambientales en territorio peruano pasarían a ser resueltas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y administradas por la CEPAL, desconociendo la Constitución del Perú con el objeto de abrir una grieta para la injerencia política de esas organizaciones supranacionales en la soberanía peruana.

Escazú es un presente griego, el perfecto caballo de Troya de la astucia política caviar para recortar la soberanía del Perú en nombre de la supuesta defensa del ambiente convirtiéndola en un derecho humano.

Pero es una falacia: la defensa de los derechos humanos no necesita de una soberanía supranacional, que es su principal enemiga. Porque no necesita de ninguna soberanía –ni global ni nacional- que no sirva al reconocimiento del derecho de los ciudadanos a la propiedad de la tierra respaldado por el Estado para su puesta en valor en el mercado global.

Pero es necesario desmontar, deconstruir el engaño. Paradójicamente, este se funda en el mito de una mítica soberanía global sabia y omnisciente, que en realidad esconde una reinvención del absolutismo. Ese mito es reaccionario. Instrumenta a los ciudadanos de unos Estados a pensar que, en nombre de un refrito del derecho natural, puede abolirse legítimamente el derecho positivo de otros Estado y los derechos de sus ciudadanos. O sea, unas mentes ilustradas y magnánimas saben más que las de unos nativos mezquinos e ignorantes a los que hay que civilizar. Esta es la mentira detrás de la propuesta política de izquierda hoy en todas partes.    

Claro que la globalización trae beneficios para la libertad: mercados abiertos abaratan los costos de producir global y localmente, permiten un papel en la economía global para las economías emergentes. Cediendo incluso, cuidadosamente, competencias del Estado nacional a entidades supranacionales para prevenir que el proteccionismo mercantilista –como el que hoy vemos nuevamente- arrastre a todos inexorablemente a la guerra, como la historia demuestra. Y es innegable también que otras competencias son ventajosamente cedidas por los Estados -sobre todo las relativas a costumbres locales- a algunas pocas de las cinco mil etnías existentes en el planeta que han hecho de la descentralización su bandera. Así es como el Estado nacional ha ido despojándose de competencias en un proceso histórico de cuatro siglos para ir entregándolas progresivamente hacia arriba y hacia abajo, en dirección de entidades supranacionales y subnacionales.

Pero en este proceso hay fracasos, construcciones supranacionales fallidas –como hasta la fecha la Unión Europea o la Comunicad Andina-, y falsas descentralizaciones que disfrazan movimientos independentistas para crear nuevos Estados nacionales con los mismos vicios en el ejercicio de la soberanía. Y falsas regionalizaciones también, que reproducen localmente el centralismo, como en nuestro caso. Todos estos fracasos reproducen mecánicamente una seudo soberanía en el territorio que se impone por encima del derecho de los ciudadanos a la propiedad de la tierra, para comenzar. Y esto vale tanto para las organizaciones que pretenden imponer una soberanía supranacional al Estado nacional, como también para Estados nacionales que no reconocen el derecho de sus ciudadanos a la propiedad de la tierra. ¿Y no es esto acaso un atentado contra los derechos humanos?

El proceso histórico es uno que va gradual y libremente del concepto de la soberanía al de la propiedad.

“Invocamos al Congreso de la República a que no ratifique el Acuerdo de Escazú por ir en contra del espíritu y los principios de soberanía”, dice al respecto la alta oficialidad de las FFAA peruanas en el retiro. El Congreso debe enviar al tacho este burdo engaño. Es demasiado tarde para el burdo truco de Escazú. Quizás desgraciadamente aun funcione en otros lados, pero no en el Perú. Acá ya conocemos las malsanas ficciones jurídicas que esconden propósitos políticos. La CIDH y su brazo operativo, la CEPAL, no van a engañar a nadie acá con su pueril estratagema para capturar furtivamente el poder creyendo que nadie se da cuenta.



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jueves, 23 de julio de 2020

MEDIA COLUMNA miércoles 22 julio 2020

 

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MEDIA COLUMNA
Arequipa por fin lo dijo


Jorge Morelli
@jorgemorelli1


La realidad se muestra en todo lo puede.

Pero pasa inadvertido para la mayoría –incluso la prensa- que el punto central del diálogo del presidente Vizcarra con los médicos arequipeños fue la crítica indignada y demoledora del cuerpo médico a la gestión del gobernador regional, Cáceres Llica.

Una de las gotas que rebalsó el vaso fue el dato de que Cáceres habría rechazado la donación de oxígeno a Arequipa de Southern Copper, la empresa contra la cual Cáceres organizó y dirigió la asonada -con gente de fuera del valle del Tambo- para forzar a Vizcarra a detener el proyecto minero Tía María.

Si aquella fue su victoria pírrica como gobernador, su acto de hoy ya no tiene calificativo. Tampoco la poca valía del ex premier Vizcarra si fuera cierto, como se dice, que avaló el rechazo de la donación de Southern por temor a contradecir a Cáceres.      

La reacción natural de los médicos arequipeños contra la falta de humanidad del gobernador regional destaca, en cambio, por su sensatez y buen criterio. En vez de pedir al Presidente sancionar semejante acto, cosa que no se halla ni en su ánimo ni en su poder, cortaron por lo sano.

             Pidieron que les sean retiradas al gobierno regional todas las competencias relativas a la gestión                   pública de salud y que la rectoría del sistema regional vuelva al ministerio del ramo, 
es decir, a Salud, o sea al gobierno central.

En efecto, hace ya muchos años que todos en el Perú sabemos que la regionalización mal ensamblada de cualquier manera por el gobierno de Toledo significó la pérdida  del equilibrio interno del poder Ejecutivo, del que los gobiernos regionales son parte. Los actos de Cáceres Llica -desde Tia María hasta la pandemia- son prueba de que la regionalización siempre fue una descentralización fallida cuyo fracaso tiene que dar paso a un nuevo equilibrio interno del poder Ejecutivo.

Es indispensable reequilibrar la descentralización. Y ese rediseño necesita partir de la premisa de que hay ciertas funciones del Estado que deben ser conducidas por una sola cabeza y manejadas con un misma dirección y con prioridades claramente establecidas. Si bien la nave de la nación puede tener varias salas de máquinas localmente descentralizadas, el puente de mando de la nave solo puede y debe ser uno solo para poder llegar algún día a buen puerto.

Todos lo sabemos, pero no nos atrevemos a formularlo en voz alta para no quebrar la ficción y el autoengaño de que la administración del Estado corresponde a las regiones. Hemos creado un monstruo de dos docenas de cabezas, cada una de las cuales es un remedo grotesco de centralismo anacrónico donde son posibles todos los días actos de inhumanidad como el que ahora comprobamos.

Es hora de que tanto la gestión de Salud como la de Educación vuelvan cuanto antes a la rectoría de sus ministerios respectivos. Aquel mito ya nos ha hecho demasiado daño. 


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domingo, 19 de julio de 2020

MEDIA COLUMNA domingo 19 julio 2020



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El giro


Jorge Morelli
@jorgemorelli1


La ministra de Economía, María Antonieta Alva, ha sido ratificada en el cargo. Este es el punto fijo del cambio de gabinete. Es un acierto mantenerla. No se cambia al timonel en medio de la tormenta.

Si el giro ha servido para sacar a un sector de la caviarada del gabinete, como es siempre su destino inexorable en todos los gobiernos, hasta ahí podría decirse, según algunos, que hay un giro a la derecha y un rumbo pro inversión. Demasiado tarde. Ya no hay tiempo para reformas. Solo para tres pruebas ácidas: Tía María, suspensión perfecta, y Escazú.

El ministro de Energía y Minas, Rafael Belaunde, es consultor en negociación comunitaria, gestión de tierras y saneamiento físico y legal minero. Estas son experiencias clave para lo que hace falta en el Perú: consolidar la propiedad de las tierras sobre los recursos naturales. Pero, en el tiempo disponible, su prueba es destrabar Tía María.

En Trabajo, Martín Ruggiero es un joven abogado laboralista de un estudio privado a quien el premier Cateriano ha traido al gabinete, según confesión propia. Como no hay espacio para la reforma laboral, sin embargo, su prueba es flexibilizar el régimen de suspensión perfecta para salvar empresas y, paradójicamente, el empleo de más trabajadores.

Los demás cambios en el gabinete son enroques derivados del giro fundamental.  

La entrada de Pilar Mazzetti al Ministerio de Salud en reemplazo de Víctor Zamora es elocuente por sí misma. Y Rocío Barrios, ex ministra de la Producción, pasa ahora al Ministerio de Comercio mientras José Salardi, su viceministro en Produce, ocupa ahora la cartera que Barrios deja. Ambos, con Zamora, fueron los arquitectos del laberinto de protocolos que hasta la fecha frenan la reapertura de la economia. Salud y Produce se convirtieron en el principal obstáculo a la reactivación con el descabellado plan de matar dos pájaros de un tiro aprovechando la reactivación para formalizar al sector informal. Solo por semejante equivocación ambos deberían haber salido del gabinete, como Zamora. Pero ahora están a cargo de desmontar el tinglado que armaron.  

Finalmente, el canciller Gustavo Meza-Cuadra ha sido cambiado por otro diplomático de carrera, Mario López Chávarry. No se puede descartar que la decisión tenga relación con el despropósito de Escazú. La firma se le había encargado a la ministra de Ambiente, Fabiola Muñoz, quien ha dejado el gabinete junto con Meza-Cuadra. Existe un documento de Torre Tagle en que, para quien sabe leer el lenguaje, un párrafo deja constancia de las dudas de la Cancillería ante semejante abdicación de la soberanía del Perú. Ahora veremos si el Canciller entrante sostiene la postura de Torre Tagle o debe su cartera a la decisión política de suscribir el mamotreto. Si, alternativamente, se insiste en trasladarle el paquete tóxico al Ministerio de Ambiente, la trinchera caviar defensora de esa iniciativa, va a chocar con el rechazo unánime de las Fuerzas Armadas. Walter Martos, ministro de Defensa ratificado en el cargo, tiene la palabra.

Ahora veremos quién manda en este pueblo.


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miércoles, 15 de julio de 2020

MEDIA COLUMNA miércoles 15 julio 2020



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Versalles en Paracas


Jorge Morelli
@jorgemorelli1


En el balnerario de Paracas las casas de playa con piscina se encuentran al lado de un pueblo que tiene una hora de agua al día. El agua potable la comparte solidariamente con Paracas el vecino pueblo de Pisco, que dispone de tres horas de agua al día.

Las falsedades sobre la Reserva con que se ha engañado a personas de buena fe se dirigen contra la empresa que ha modernizado el puerto, que da empleo, que no ha utilizado una gota de agua potable del pueblo, que ha invertido más bien en una cisterna para aumentarle las horas de agua diarias al pueblo de Santa Cruz y ha donado una planta de oxígeno y una ambulancia full equipo para atender a los pacientes de la pandemia. Una carta publicada con nombres y firmas, dirigida a la opinión públicada por más de 600 personas que viven y trabajan en Paracas, es el testimonio de que esto es verdad.   

¿Qué legitimidad tienen, en cambio, quienes alegan falsos peligros para la fauna de la Reserva pero no muestran ningún interés por los pescadores, agricultores y artesanos de los pueblos que rodean al balneario? ¿Qué autoridad muestran quienes acaparan el agua escasa de pozos y acumulan en silos bajo sus casas de playa residuos sólidos que, a 20 metros del mar, se filtran a la bahía de Paracas?

La atmósfera versallesca que rodea esta situación es verdaderamente grotesca.

La pregunta de sentido común para todos los que toman por primera vez conocimiento de este tema es la siguiente: ¿por qué debe tener el puerto de Paracas facilidades para exportar minerales?

La respuesta en lo inmediato es que así lo pidió el Estado en el contrato de concesión firmado en 2014 pensando en el desarrollo no solo agroindustrial sino minero del Centro del Perú. Previos estudios, claro está, para descartar todo peligro de contaminación. Esto es lo que se ha hecho en estos años. El puerto no embarcará ningún mineral tóxico.

Pero más fundamentalmente la respuesta es que, mientras mayor el movimiento del puerto, mayores serán también los recursos para gestionar ante el Estado agua para todos en Paracas; mayores las oportunidades para sus habitantes en empleo e ingresos del turismo marítimo que el puerto permite; mayores los recursos igualmente para regular mucho mejor la protección permanente de la Reserva de Paracas, y para la promoción de la memoria de su pasado milenario con un museo que potencie el que actualmente lleva el ilustre nombre de Julio C. Tello.

Ha llegado la hora de dejar atrás el miedo al cambio tras esta pequeña pesadilla versallesca y pensar en grande.    

   
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lunes, 13 de julio de 2020

MEDIA COLUMNA viernes 10 julio 2020



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Inmunidad perdida

Jorge Morelli
@jorgemorelli1

La pérdida de la inmunidad parlamentaria es percibida como una ofensa contra “la majestad del Congreso”, según la frase de manual.

Pero no parece cierto que la inmunidad haya servido nunca de escudo protector para parlamentarios inocentes. No se recuerda en los últimos 40 años que la inmunidad haya impedido que fuera detenido abusivamente o procesado indebidamente un parlamentario probo.

Más bien, en casi todos los casos lo que hubo fueron actos cometidos por parlamentarios contra la ley o el reglamento del Congreso, que alguien –el agraviado o la prensa- denunció y que, sin embargo, fueron sancionados solo ocasionalmente y solo cuando el responsable carecía de votos para blindarse.

Es la arbitrariedad lo que subleva a la opinión pública, el cinismo impune ante los ojos de todos.

Una y otra vez indefectiblemente, año tras año, aparece el asesor o el asistente parlamentario que denuncia que el congresista le ha recortado el sueldo. Pese a toda advertencia, contra todo buen juicio, el mismo acto es repetido cansinamente como un guión funesto. Uno creería que ya no queda nadie en el país que no haya aprendido la lección. Se equivoca. Nuevamente vemos lo mismo. Inevitablemente en cada nueva legislatura alguien cree que no será descubierto, que se saldrá con la suya, que el Congreso fue inventado con su llegada. Y cae. Es un acto fallido con una especie de fruición culposa que una risa tonta traiciona.

Por eso se perderá la inmunidad parlamentaria, que nació para ser una garantía de la justicia. Porque justos pagan por pecadores. No hay nada más que decir.

  
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jueves, 9 de julio de 2020

MEDIA COLUMNA miércoles 8 julio 2020



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Dama y rey  

Jorge Morelli
@jorgemorelli1

La repartija de manazos del Legislativo y el Ejecutivo por la inmunidad de los primeros y el antejuicio de los segundos, en la que ambos se despojan de sus respectivas armaduras, es una pelea estúpida. 

Lo es porque ambos quedan expuestos ante el tercero, el omnímodo poder Judicial –la Fiscalía, en realidad- que podrá acusar y enviar expeditivamente a prisión preventiva a unos y otros. De paso, también podrá sacar candidatos de la carrera electoral mediante oportunas sentencias de primera instancia.

Cuando se debate acotar el poder excesivo de la Fiscalía, que ha convertido a jueces y policías en convidados de piedra píntados en la pared, las decisiones del Congreso y el Gobierno aumentan su poder en lugar de limitarlo. Los poderes políticos han abdicado y entregado, por un lado, la determinación de sus responsabilidades penales a la Fiscalía y, por otro, el arbitraje de todos los asuntos políticos al Tribunal Constitucional.

Es la desembocadura final de un proceso que viene de décadas y que termina ahora por sumir al equilibrio de poderes en la confusión definitiva. Todo lo cantó el coro de la tragedia desde que se despojó al Ejecutivo de la atribución de nombrar a los jueces y fiscales supremos para entregársela al Consejo Nacional de la Magistratura. Hoy con la Junta Nacional de Justicia lo único que ha cambiado es que antes la sociedad civil tenía mayoría en el organismo, hoy la tiene el Estado.

Allí ha vuelto a quebrarse el ya desbalanceado equilibrio de poderes de nuestra democracia de baja gobernabilidad. La primera quiebra fue en su nacimiento mismo, cuando los constituyentes de 1823 decidieron desde la primera hora fundar una república, pero darle el poder al Congreso. Desoyeron el consejo de Bolívar, que advirtió en el Discurso de Angostura que si uno quiere ser una república debe darle el poder al Ejecutivo para equilibrar el enorme peso del Congreso que representa al pueblo soberano. En lugar de eso, creamos en el Perú una república donde el poder lo tiene el Congreso: una quimera, un ser mitológico con el cuerpo de un animal y la cabeza de otro.

La imposibilidad de resolver en ese marco incoherente el conflicto de poderes llevó con los años a la peregrina idea de la supuesta necesidad de un árbitro por encima de los poderes para resolver sus conflictos: el Tribunal Constitucional. Este procedió a arrogarse en su Ley Orgánica la condición de “supremo intérprete” de la Constitución, cosa que no está en la Constitución y es, por tanto, inconstitucional. Hoy el Tribunal Constitucional es un poder por encima de los poderes sin contrapeso alguno. Es una reinvención del absolutismo.

Irónicamente, para desbaratar esa construcción precaria bastaría –y el día llegará- en que el más humilde de los jueces decida, en aplicación del control difuso constitucional, declarar inaplicable una sentencia del Tribunal a un caso cualquiera. Allí se verá por fin que ese falso rey siempre estuvo calato. Su dama, en cambio, la Junta Nacional de Justicia, es hoy una gorgona más poderosa que nunca.



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martes, 7 de julio de 2020

MEDIA COLUMNA domingo 5 julio 2020



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¿Qué fue de la promesa
de un Nuevo Mundo?  


Jorge Morelli
@jorgemorelli1


Cuando Adam Smith escribió su famosa imagen de la “mano invisible” para explicar que el mercado libre es la forma más eficiente de asignar los recursos para producir, lo hizo no en “La Riqueza de las Naciones” de 1776, sino en su ”Teoría de los Sentimientos Morales” de 1759.

Pienso que en esos diecisiete años Smith comprendió que lo que hoy llamamos “fallas de mercado” son en su inmensa mayoría en realidad “fallas de Estado”. Las imaginó como intromisiones de la decisión política en una economía libre para cerrar mercados con la excusa de “proteger” naciones y así poder generar mercados artificialmente en favor de grupos de interés. A esto le llamo el “sistema mercantil”. Nosotros le llamamos mercantilismo.   

Quizás esos años le sirvieron a Smith para comprender que la ”mano invisible” es en realidad una especie de idea platónica solo posible al final de una larga lucha por la libertad de mercado en economías avasalladas por el poder político.

Quizás Smith entrevió ya entonces que no podía dar por descontada la existencia de las instituciones que hacen posible tener un mercado libre. Empezando por las del registro de la propiedad. Había ya tantas cosas bien establecidas en ese sentido en la Inglaterra de aquel entonces –instituciones que Estados Unidos heredó-, que quizás incluso para Smith era difícil imaginar un mundo sin ellas.

Casi 250 años después, esa es la realidad de la inmensa mayoría de las economías emergentes del planeta. Esto es exactamente lo que nos ha tocado a nosotros deshacer sin éxito definitivo hasta hoy.

La construcción de un marco de instituciones políticas que permita el funcionamiento del mercado y lo regule eficazmente sigue siendo el problema central de las economías emergentes en Latinoamérica como en Asia y Africa y quién sabe aun en la Unión Europea y la competencia aun sin reglas entre China y Estados Unidos.

Se trata nada menos que del diseño de un arnés que permita poner la inmensa energía del mercado libre al servicio de sociedades que no excluyan a las mayorías para beneficiar a unas pocas minorías en el poder.

Esto involucra hasta hoy la polémica aun vigente entre el pensamiento de Keynes y el de Hayek, y la posibilidad de una suerte de “teoría del todo” que las integre. Nada menos que esta es, en cierto modo, la incógnita que De Soto se ha propuesto resolver. Como ha dicho hace poco, lo que genera informalidad es una formalidad que impide el acceso.

Desde los títulos de propiedad coloniales de las comunidades andinas hasta la mentirosa “solidaridad” del sistema público de pensiones arrasado por la política; desde las cuentas individuales del sistema privado de pensiones de las AFP hasta la apertura automática de cuentas bancarias individuales donde depositar hoy los bonos de emergencia para las personas necesitadas, esta es la esencia de la cuestión del mercantilismo.

Acabar con eso fue precisamente la promesa del Nuevo Mundo y la partida de nacimiento de los Estados Unidos de América un cuatro de julio del mismo año en que Adam Smith publicó “La Riqueza de las Naciones”.


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lunes, 6 de julio de 2020

MEDIA COLUMNA miércoles 1 julio 2020




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La “fuente
clave” de Li


Jorge Morelli
@jorgemorelli1


Un hecho notorio en China, medular para la reactivación, pasa inadvertido para los peruanos.

El primer ministro chino, Li Keqiang, segundo funcionario después del presidente Xi Jinping, elogió a la ciudad de Chengdu por crear 100 mil empleos de la noche a la mañana al instalar decenas de miles de puestos para ambulantes. También Lanzhou, capital de la provincia de Gansu, anunció que espera crear 300 mil puestos de trabajo informal. La lección de Li: la informalidad es una "fuente clave de empleo". 

No es que no lo supiéramos nosotros, desde hace décadas. Solo que creímos haberlo dejado atrás. No hay necesidad de tal cosa. Ante una crisis brutal como esta, la informalidad no es el problema, es una solución. Provisional, pero solución. El problema es el Estado peruano, que ha pretendido aprovechar de la crisis para formalizar la economía reprimiendo la informalidad justo cuando millones han perdido su empleo formal.

Esta válvula de escape de última instancia es algo que compartimos los peruanos con los chinos y muchos otros pueblos. "China tiene una fuerza laboral de 900 millones. Sin empleos, hay 900 millones de bocas que alimentar. Con empleos, hay 900 millones de pares de manos que pueden crear una enorme riqueza", dijo Li.

Por décadas, China apostó a la tecnología y la manufactura masiva. La respuesta de China al colapso de la burbuja global de 2008 fue invertir masivamente en infraestructura: carreterasaeropuertos, trenes de  alta velocidadEse estímulo ahora no basta ya. Tiene que reconstruir el consumo privado. Tiene que mirar hacia adentro, hacia la crisis laboral para restablecer el consumo. Y eso supone “romper estereotipos", añadió Li.

Por supuesto que hay también China un reflejo reaccionario, como aquí. Medios estatales chinos han criticado la respuesta "incivilizada" de “retroceder de la noche a la mañana varias décadas". Xiaobo Lu, profesor de ciencias políticas, dice que Li sabe que las personas pueden encontrar en la informalidad ”maneras de sobrevivir". Willy Lam, profesor adjunto del Centro de Estudios de China de la 
Universidad China de Hong Kong, añade que la solución no es perfecta, pero es posible que no haya una mejor alternativa para crear empleo masivamente en el muy corto plazo. Y advierte: "el empleo es un tema que puede desencadenar 
agitación política”.

En lo que va de la pandemia en México, la segunda mayor economía de América Latina de 125 millones de habitantes y cuyo PBI podría caer este año -10%,
se han perdido 12 millones de empleos. La informalidad ha crecido entre abril y mayo del 48% al 52% de la población económicamente activa, según el Instituto de Estadística. Informales son hoy en México 22.6 millones de personas.

La informalidad es la respuesta inmediata y espontánea ante el desempleo en China y en México. Pero en el Perú, aun hoy, un Estado burocrático cree que es su deber eliminarla.  


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