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lunes, 27 de febrero de 2017

ESTA NOCHE lunes 27 febrero 2017



ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.

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EXPRESO editorial
Demolición de la constructora
 
 
La caída de Graña y Montero supone la pérdida de 13 mil empleos directos, y 30 0 40 mil empleos indirectos. Compromete, además, una exposición de aproximadamente mil millones de dólares ante los bancos. ¿Cómo se pagará esa deuda ahora que los activos valen 30% menos por el desplome de las acciones en Nueva York y en Lima? ¿La quiebra de GyM podría arrastrar a uno o más bancos? Entre los accionistas de GyM, por último, hay AFPs que han arriesgado peligrosamente fondos de los pensionistas.

El directorio de GyM insiste en que no supo de las coimas de Odebrecht. Jorge Barata afirma ante el fiscal Hamilton Castro en Brasil lo contrario. Enfáticamente, y no puede mentir sin comprometer su condición de colaborador eficaz.

La pregunta que cae por su peso en la junta de accionistas de GyM este marzo será: ¿cómo pudo el directorio adquirir el 20 por ciento del consorcio del Gasoducto cuando Marcelo Odebrecht ya estaba detenido en Brasil? Hay una hipótesis terrible: que GyM se prestó a servir de testaferro a Odebrecht para ocultar parte de los activos del consorcio. Habrá que ver el contrato con que GyM adquirió de Odebrecht ese porcentaje accionario y preguntar cómo lo pagó.

Las repercusiones del sismo para el diario El Comercio, de otra parte, son objeto de control de daños y podrían ser limitadas. José Graña Miró Quesada, presidente de GyM, tiene el 6% de las acciones del diario (donde una de sus hijas lo representa mientras otra lo hace en GyM). Pero Graña fue por años el poder detrás del poder en El Comercio. Sostuvo en la dirección del diario a los dos últimos miembros de la familia Miró Quesada en dirigirlo, un grupo de influencia cercano al gobierno de Toledo al principio -durante la compra de América TV-, para después distanciarse, perder el poder e intentar luego un retorno a medias que hoy se trunca con la caída de GyM y la ruptura del precario equilibrio de poder interno del diario.

Martha Meier Miró Quesada, accionista importante de El Comercio, está pidiendo públicamente que GyM se abstenga de nombrar representantes ante la junta de accionistas. En esa junta, también en marzo, la posible salida de la dirección periodística actual puede ser la menor de las consecuencias.



REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.



GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA



El Comercio
El ministro de Transportes, Martín Vizcarra, anunció que el gobierno no hará ningún desembolso al consorcio Kuntur Wasi, encargado de construir el aeropuerto de Chinchero, hasta que la Contraloría emita su informe sobre la adenda suscrita. 
“No vamos a dar ni un sol mientras que no se tenga el informe final de la Contraloría”, dijo Vizcarra en "Cuarto Poder".



El Comercio
El Ministerio de Transportes informó al consorcio Kuntur Wasi, encargado de la construcción del aeropuerto internacional de Chinchero (Cusco), que suspenderá la entrega de recursos.
En ofici, dirigido al gerente general de Kuntur Wasi, José Carlos Balta del Río, el MTC precisó que tomó la decisión, porque la Contraloría advirtió en un informe preliminar “que existe un riesgo potencial relacionado a la entrega del valor del adelanto”.
“…dada la recomendación preliminar de la contraloría en aras de la transparencia del proyecto solicitamos que en cumplimiento del literal B del número 4.3.1 del contrato de concesión procedamos a suspender las obligaciones contenidas en el contrato de concesión y la adenda hasta que la Contraloría nos informe el resultado final [de su estudio]”, señala el documento.
El despacho del ministro de Transportes, Martín Vizcarra, además, convoca a los representantes del consorcio a una reunión para el día de mañana a las 4 de la tarde, con el objetivo de “formalizar” la suspensión por mutuo acuerdo.



El Comercio
El contralor Edgar Alarcón informó hoy que su institución tendrá listo antes de tres meses el informe sobre el contrato y la adenda del aeropuerto internacional de Chinchero. “Normalmente toma tres meses una auditoría, pero espero sacarlo en menor tiempo”, manifestó.
El contralor saludó que el Ejecutivo haya decidido no pagar ningún adelanto a Kuntur Wasi hasta no tener el informe final de la Contraloría.



El Comercio
El congresista Víctor Andrés García Belaunde sostuvo que “es un buen gesto decir que no van a pagar hasta tener el informe de la Contraloría…, pero me parece que hay que buscar desde ahora resolver el contrato”, manifestó. 
“Yo creo que el ministro debe empezar a buscar la nulidad. El contrato está muy mal hecho, la adenda está peor”, dijo García Belaunde. “Hay que buscar la caducidad y la resolución. La contraloría ha dicho que este contrato sería ilegal”, agregó.
Respecto a la posible moción de interpelación contra Vizcarra por la adenda al contrato del aeropuerto de Chinchero, sostuvo que el jueves buscarán recolectar las firmas y presentar la moción de interpelación.  



El Comercio
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) anunciará la creación del viceministerio de gobernanza territorial, instancia que ocupará el segundo nivel en jerarquía en la PCM después del despacho del jefe del Gabinete, Fernando Zavala.
Según versiones recogidas por El Comercio, los cambios –elaborados durante varias semanas– fueron aprobados el pasado 7 de febrero con un proyecto de decreto supremo, el cual modificará el reglamento de organización y funciones (ROF) de la PCM, que no tenía cambios desde el 2011. Las novedades serían anunciadas en los próximos días.
El nuevo viceministerio de gobernanza territorial tendrá a su cargo varias secretarías [ver nota vinculada]. A diferencia de la forma en que se había estructurado la PCM, las modificaciones implicarán que los órganos técnicos especializados –como la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial (DNTDT) y la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS)– se conviertan en órganos de línea de la PCM. Esto implicará que no dependan directamente del jefe del Gabinete, sino del nuevo viceministerio.
Aunque los cambios en la estructura ministerial aún no han sido formalizados, durante la semana pasada las autoridades de Puno que visitaron la PCM –por el problema de demarcación territorial que mantienen con Moquegua– fueron las primeras en tener conocimiento del nuevo despacho del Ejecutivo. Según dijeron, en Lima les informaron sobre la reestructuración de la DNTDT.
“Fuimos sorprendidos con una noticia mala para Puno, porque la Dirección de Demarcación [Territorial, DNTDT] ya no existe. Por lo tanto, cualquier acción tiene que ser revisada por el viceministerio de gobernanza territorial”, declaró Iván Flores Quispe, alcalde provincial de Puno, el pasado 21 de febrero a la prensa local.
Fuentes de la DNTDT señalaron a El Comercio que Freddy Injoque Ronceros, su actual director, continúa a cargo de esta oficina, pero no precisaron si esta había sido desactivada. Consultados sobre los cambios estructurales en la PCM, la oficina de prensa de esa entidad indicó que aún no podían emitir información sobre ninguno de los cambios, debido a que estos serían oficializados cuando lo considere pertinente el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala.
Un aspecto que ha recibido poca atención en las últimas semanas es un aparente cambio en la estrategia del Ejecutivo para abordar los conflictos sociales.
Desde diciembre del 2016 hasta la fecha, el Gobierno ha declarado el estado de emergencia (suspensión de derechos y mantenimiento del orden interno por parte de la policía y las Fuerzas Armadas) en dos provincias (Chumbivilcas, en Cusco; y Cotabambas, en Apurímac) y en el distrito de Coporaque (Cusco), sitios que han registrado conflictividad social.
Esta estrategia es distinta a la propuesta desde octubre pasado, bajo la gestión del jefe de la ONDS, Rolando Luque. El enfoque aplicado entonces por el Ejecutivo fue enfrentar conflictos como el de Saramurillo (Loreto) y Las Bambas (Apurímac) sin utilizar esta figura legal.
El Comercio ha solicitado –de manera reiterada y durante semanas– una entrevista con Luque, pero no obtuvo respuesta. Una de las consultas pendientes es acerca del rumbo que seguirá la estrategia de conflictos frente a la nueva estructuración de la PCM.
El Comercio conoció además que Javier Fernández-Concha Stucker sería la persona que asumiría la jefatura del nuevo viceministerio de gobernanza territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
“Eso se conocerá en el transcurso de la próxima semana. Hasta ahora no lo puedo confirmar, ni [puedo] negar nada. Durante la próxima semana vamos a comunicar eso”, respondió el abogado Fernández-Concha, tras ser consultado por este Diario.
Por otro lado, se supo que el nuevo viceministerio tendrá a su cargo varios órganos de línea: el de desarrollo territorial y descentralización, que a su vez contará con dos subsecretarías (de desarrollo territorial y de articulación regional y local). También el de gestión social y diálogo –del cual dependerán tres subsecretarías (de prevención y seguimiento; de manejo de conflictos; y de diálogo y sostenibilidad)– y el de demarcación y organización territorial.



El Comercio
El estudio jurídico Foley Hoag fue elegido para ejercer la defensa y representación del Estado Peruano ante la controversia iniciada por el consorcio Nuevo Metro de Lima en contra del Perú, a cargo de la Línea 2 del Metro de Lima.
Como se recuerda, el consorcio -integrado por las fimas extranjeras ACS, FCC, Impregilo y Ansaldo, junto a la peruana Cosapi- comenzó un proceso de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) a inicios de febrero. El grupo de empresas reclamó incumplimientos por parte del Estado Peruano en las condiciones de los terrenos destinados a la infraestructura de la obra. 
Como se sabe, el consorcio solicitó un pago cercano a los US$260 millones al Estado por los perjuicios generados, tal como señaló el medio español "El Economista".






ANTICORRUPCION, PERSECUCION, JUDICIALIZACION POLITICA



El Comercio
Las acciones de la constructora Graña y Montero siguen cayendo en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), a un 25,91% menos que la cotización del viernes. El viernes último las acciones bajaron 33% castigadas por el supuesto involucramiento de los directivos de Graña y Montero en actos de corrupción para la adjudicación de dos tramos de la carretera IIRSA Sur en los que fueron socios de Odebrecht.
Jorge Barata, hombre fuerte de Odebrecht en el Perú cuando se cometieron los presuntos actos de corrupción en el gobierno de Alejandro Toledo, afirmó ante la fiscalría que tanto Graña y Montero como ICCGSA y JJC tenían conocimiento de este delito.
Mientras sus acciones se derrumban, la empresa se prepara para la junta extraordinaria de accionistas que se realizará mañana a propósito de las medidas tomadas por la empresa tras la terminación del contrato del gasoducto surperuano, en el que también era socia de Odebrecht.
En la junta, AFP Integra, en su calidad de accionista, exigirá que GyM demuestre que no avaló las malas prácticas de su ex socio. Aldo Ferrini, gerente general de la AFP, dijo que “tenemos la obligación y el derecho de exigir aclaraciones”.



El Comercio
Seis firmas de abogados en Estados Unidos han decidido iniciar convocatorias de investigaciones para averiguar si Graña y algunos de sus funcionarios o directores violaron la "Ley de la Bolsa", regida por el gobierno estadounidense .
Hasta el momento, seis compañías de abogados de EE.UU. han iniciado estas acciones.  Entre estas, se encuentra Brostein, Gewirtz & Grossman LLC; firma que expresó su preocupación por los posibles afectados por la caída de la constructora.
Goldberg Lay PC; Glancy Prongay & Murray LLP, Khang & Khang LLP y Levi & Korsinsky, LLP son las demás compañías de litigios corporativos que se unieron a la convocatoria.



El Comercio
El presidente del directorio del grupo Graña y Montero (GyM), José Graña Miró Quesada, deberá acudir este miércoles a la Comisión Lava Jato, que dirige el congresista Víctor Albrecht, para ser interrogado por los sobornos que la empresa brasileña Odebrecht pagó a funcionarios de los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. 
La citación a Graña Miró Quesada fue cambiada para este 1 de marzo. En un principio, la invitación fue hecha para el lunes 27 de febrero.



Peru21
Aldo Mariátegui
(…)
Mañana se va a realizar la Junta General Extraordinaria de Graña y Montero. Con la revelación de Barata, la caída sideral en el precio de la acción, los juicios anunciados ya por tres estudios gringos (Rosen Law, Howard Smith y Goldberg Law), la posibilidad de que varios acaben con mandiles naranjas si se les aplica el Foreign Corruption Act por listar ADR en Nueva York y la necesidad de tomar ya acciones dramáticas para salvar a la compañía, esa reunión va a estar de candela. Dicen que ya llegaron varios accionistas gringos a pedir explicaciones.
(…)



El Comercio
Las empresas brasileñas involucradas en el Caso Lava Jato tuvieron un marco legal de respaldo para adjudicarse proyectos en el Perú. La Contraloría detectó 11 normas, emitidas entre el 2004 y el 2014, que viabilizaron las obras de las constructoras ahora investigadas.
Una de esas normas incluso limitó la capacidad de la Contraloría en el proceso de emisión de opinión previa sobre las obras. Fue a través del Decreto de Urgencia 047-2008, dado el 18 de diciembre del 2008.
El decreto se aplicó, por ejemplo, en los casos de la carretera IIRSA Centro y el Proyecto Especial Chavimochic, ejecutados por Odebrecht. “Se estableció que la viabilidad de los proyectos podía ser otorgada con estudios a nivel de prefactibilidad”, indica el informe de la contraloría remitido a la Comisión Lava Jato del Congreso.
En el 2008 también se promulgó la Ley 29207, que declaró de necesidad pública y de interés nacional la construcción de la ferrovía transcontinental Brasil-Perú. “Acá se estableció un régimen de especialidad y exclusividad, por el cual las disposiciones de la ley prevalecen sobre cualquier norma”, apunta la institución que preside Edgar Alarcón.
A finales del 2008 también se publicó la Ley 29309, la cual estableció que era una necesidad pública la continuación de la ejecución de los tramos 2 (por Graña y Montero, JJC Contratistas Generales, Constructora Norberto Odebrecht Sucursal Perú e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales), 3 (Norberto Odebrecht, Graña y Montero, JJC Contratistas Generales e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales) y 4 (Andrade Gutierrez, Camargo Correa y Queiroz Galvao Sucursal Perú) de la Interoceánica Sur. 
En el 2006, se dio la denominada ley Odebrecht. Se trata de la Ley 28670, presentada por el ex congresista de Perú Posible Gilberto Díaz y aprobada con inusual rapidez en la Comisión Permanente durante el receso del Congreso, el 26 de enero del mismo año. La norma suscrita por el entonces mandatario Alejandro Toledo declaró de necesidad pública la construcción de los tramos 1 (Graña y Montero, JJC Contratistas Generales e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales), 2 y 3 de la IIRSA Sur.
En la audiencia del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria en la que se dictó prisión preventiva contra el ex jefe del Estado, el juez Richard Concepción refirió que, gracias a esa medida, el consorcio integrado por Odebrecht y la compañía peruana Graña y Montero pudo obtener la buena pro, pese a que la contraloría había advertido que ninguna de las dos constructoras mencionadas podía contratar con el Estado, debido a que ambas tenían procesos judiciales pendientes. “El Estado varió las re­glas de juego en beneficio de Odebrecht. Hubo una ley con nombre propio y cuyo fin fue subsanar de­fectos legales del proceso en el que se otorgó la concesión”, enfatizó Concepción.
En el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016) también se emitió una medida que sirvió a los intereses de Odebrecht. Se trata de la Ley 30281, que garantizó, entre otros, el gasoducto sur peruano (GSP). “Se ratificó la plena validez de las acciones, actos y procedimientos realizados y aquellos que resulten necesarios para garantizar la ejecución del proyecto”, dice el reporte de la contraloría. 
El gasoducto sur peruano es la obra de mayor envergadura de Odebrecht en el Perú, pues demandó una inversión de US$7.329 millones. En esa ocasión, formó un consorcio con la firma española Enagás, al que después se sumó Graña y Montero.



Gestión
De acuerdo al portal Veja, la cartera de proyectos de la empresa Odebrecht asciende a US$ 16,000 millones. Hasta setiembre del 2016, dos tercios de la cartera de obras de Odebrecht tuvieron origen en el extranjero. Países como Venezuela, Angola y Panamá concentraban más obras contratadas que las que la empresa tenía en Brasil.
En dos países, Colombia y Perú, los gobiernos han amenazado con cancelar los contratos de Odebrecht y expulsar a la empresa de sus territorios. En Colombia, se trata de una concesión de una carretera de 528 kilómetros, mientras en Perú ya se dio por terminado el contrato del Gasoducto Sur Peruano (GSP).
En el caso del GSP, ha perdido la operación del activo y la fase de construcción. Sólo esta última fase, representó el 10% de la cartera de obras de la constructora brasileña, afirmó a Veja.com Alexandre García, analista de la agencia clasificadora de riesgo Fitch Ratings.
En un comunicado, Odebrecht afirma que cree que puede mantener los contratos y estar libre para ganar nuevos proyectos, en tanto consiga firmar acuerdos de indulgencia en los países.



Peru21
La defensa del prófugo ex presidente Alejandro Toledo pedirá a la Fiscalía que interrogue al presidente Pedro Pablo Kuczynski por su participación, como primer ministro, en la firma de normas que beneficiaron a Odebrecht y otras empresas brasileñas con la concesión de la carretera Interoceánica Sur.
El abogado de Toledo, Heriberto Benítez, adelantó a Perú21 que esta solicitud será presentada entre hoy y mañana al Ministerio Público.
El ex congresista hace referencia a la Ley N° 28670 que promulgaron Toledo, como jefe de Estado, y Kuczynski, como jefe del gabinete, en enero de 2006. La norma permitió que la empresa Odebrecht –impedida de postular por tener procesos judiciales con el Estado en ese entonces–, participara en la licitación de la obra.






LIBERTAD ECONOMICA, GLOBALIZACION, REFORMAS, INVERSION



Gestión, Reuters
El oro cotizaba estable cerca de máximos de tres meses y medio hoy mientras los inversores esperaban que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, delinee planes para recortes impositivos, gasto en infraestructura, aranceles sobre importaciones y política exterior.
A las 1059 GMT, el oro al contado cotizaba a US$ 1,256.18 la onza. Trump hablará ante el Congreso el martes.
Tasas de interés más altas en Estados Unidos podrían significar un dólar más fuerte, que hace que los metales sean más caros.
El comité de política monetaria del banco central estadounidense se reunirá el 14 y 15 de marzo. Operadores prevén que las alzas de tasas sean pospuestas hasta la reunión de junio.



El Comercio, Bloomberg
El oro se encaminará hacia los US$1.300 por onza durante los próximos seis meses, según repuntan las expectativas de inflación y las tasas de interés reales se vuelven negativas, de acuerdo con UBS Group.
En Estados Unidos, la deuda en ascenso y las tasas reales negativas influirán en el dólar. La incertidumbre sobre el calendario y el impacto del gasto en infraestructura y los cambios tributarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también pueden respaldar el oro.
El oro ha subido casi 10 por ciento este año como activo de refugio.
Goldman Sachs prevé todavía tres aumentos de tasas de la Reserva Federal en 2017, con una probabilidad de 80 por ciento de un alza en junio.



El Comercio
El presidente, Pedro Pablo Kuczynski, fue condecorado por la Universidad de Princeton. durante su presentación, sus comentarios sobre la relación entre Estados Unidos y América Latina no pasaron desapercibidos.
“Estados Unidos se enfoca en aquellas áreas donde hay problemas, Como el Medio Oriente. No invierte mucho tiempo en América Latina pues es como un perro simpático que está durmiendo en la alfombrita y no genera ningún problema”, comentó.






IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CONOCIMIENTO, AYUDA SOCIAL



El Comercio
Marilú Martens, ministra de Educación, se dirigió a los padres de familia a través de las cuentas de redes sociales del Minedu para desmentir los comentarios contra el Currículo Nacional Escolar.
Según sostuvo, en los últimos meses se ha difundido información falsa en torno a este plan, lo cual ha generado mucha confusión y dudas en las familias y la comunidad educativa.
“El currículo nacional promueve la igualdad de género. Que hombres y mujeres reciban las mismas oportunidades y sean tratados con el mismo respeto. Debemos darles a nuestros estudiantes la oportunidad de expresarse con libertad más allá de los estereotipos que la sociedad les imponga”, destacó Marilú Martens.
En ese sentido, la educadora contestó los cuestionamientos respecto a la campaña promovida por el colectivo ‘Con mis hijos no te metas’, que acusa que el currículo promueve la homosexualidad.
“Es deber del Estado que nadie sea discriminado por ninguna razón y valorar y respetar nuestras diferencias no significa promover la homosexualidad ni ningún tipo de ideología. La homosexualidad no se enseña, lo que sí se puede aprender es la homofobia, la violencia y el racismo. Eso lo tenemos que cortar de raíz”, manifestó la titular del Minedu.
Finalmente, Marilú Martens aseveró que su sector reconoce a la familia como el primer formador de estudiantes.
“La familia es la primera escuela para nuestros hijos. En ella se transmite la justicia, solidaridad y responsabilidad […] Tengan la seguridad que el currículo nacional forma al peruano que todos queremos. Un ciudadano que respeta la democracia, que valora la diversidad y promueve la igualdad”, sentenció.



Peru21
La ministra de Educación, Marilú Martens, sostiene que la currícula nacional no promueve la denominada ‘ideología de género’.
Respecto a la marcha que hará el colectivo ‘Con mis hijos no te metas’ este 4 de marzo, la ministra de Educación aseguró que es “un sector que tiene temor”. “Hay un sector con el que ya hemos llegado a puntos de acuerdo, que han entendido que no hay ninguna ideología de género en la currícula nacional. Hay un sector que no ha querido escuchar y que se mantiene en su misma posición”, agregó.

Confirmó que el inicio de clases a nivel nacional está programado para el 13 de marzo. “Estamos coordinando con las regiones que se han declarado en emergencia”, dijo.