lunes, 13 de febrero de 2017

ESTA NOCHE lunes 13 febrero 2017



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MEDIA COLUMNA
Muerto el perro,
muerta la rabia


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com


Hernando de Soto explotó ayer en las redes y señaló agudamente que el presidente Pedro Pablo Kuczynski no ha aprovechado la oportunidad de las facultades legislativas para formalizar al Perú.
Precisó que “ninguno de los 112 decretos legislativos contiene las herramientas o la estrategia necesarias para identificar y anular las fuentes de la corrupción”.

Pues bien, tampoco las medidas anunciadas en su mensaje a la Nación del domingo, ni el decreto de urgencia publicado el lunes -que impide por un año a las empresas involucradas en la corrupción sacar plata al exterior- atacan las raíces de la corrupción. Son paliativos, medidas de control de daños, que reaccionan ante hechos consumados y alivian los síntomas sin erradicar el mal en su origen.

En efecto, la informalidad es el terreno propicio, el caldo de cultivo de la corrupción. Mientras una licitación pública se pueda manejar a escondidas con el pretexto de que la reserva es indispensable, la corrupción acechará. No hay ninguna razón por la cual no pueda rodearse las licitaciones de una serie de veedores que la hagan virtualmente imposible.

La corrupción solo puede prosperar en la oscuridad y el secretismo. La transparencia es el antídoto. Muerto el perro, muerta la rabia.

El hecho de que el gobierno siga desperdiciando las oportunidades de atacar el problema en la raíz prueba que no ha entendido aun esa simple relación de causa y efecto.


REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.



GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA



Gestión
El Poder Ejecutivo publicó hoy un decreto de urgencia que ordena por un año a Odebrecht y otras empresas involucradas de varias maneras en escándalos de corrupción suspender la transferencia al exterior de capitales provenientes de sus inversiones en el Perú. Esto incluye venta de activos, acciones, participaciones o derechos, reducción de capital o liquidación parcial o total de empresas. Tampoco podrán transferir al exterior el íntegro de los dividendos o las utilidades provenientes de su inversión, así como las contraprestaciones por el uso o disfrute de bienes ubicados físicamente en el Perú y de las regalías y contraprestaciones por el uso y transferencia de tecnología, incluido cualquier otro elemento constitutivo de propiedad industrial.
La suspensión se aplica hasta que se efectúe el pago del íntegro de la reparación civil a favor del Estado o venza el plazo de vigencia del decreto de urgencia, que es de un año.
En los casos en que sea necesario realizar transferencias al exterior por concepto de pago de deuda de acreedores y otros pagos que puedan afectar el valor de las concesiones o de los activos ubicados en el Perú de titularidad de las empresas involucradas en la norma, dichas transferencias deberán ser previamente aprobadas conforme a los lineamientos y disposiciones que determine el Ministerio de Justicia.
Esta medida comprende a las personas jurídicas condenadas, o cuyos funcionarios o representantes hayan sido condenados en el país o en el extranjero, mediante sentencia consentida o ejecutoriada por delitos contra la administración pública o lavado de activos o delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros países en agravio del Estado.
Además comprende a las personas jurídicas o empresas que, directamente o a través de sus representantes, hubiesen admitido y/o reconocido la comisión de cualquiera de los delitos antes descritos ante alguna autoridad nacional o extranjera competente.
También incluye a las empresas “vinculadas” a las citadas anteriormente. Esto comprende a cualquier persona jurídica o ente jurídico que sea propietario de más del 10% de las acciones representativas del capital social o tenedor de participaciones sociales.
La norma establece que las entidades del Estado que resulten obligadas a efectuar algún pago por cualquier título a favor de las empresas comprendidas en el decreto de urgencia, así como a las sociedades o consorcios en los que éstas participen, ejercerán el derecho de retención hasta por un monto estimado equivalente al promedio del margen neto de ganancia, después de tributos, de los últimos cinco años en proyectos similares.
Otra disposición es que el Minjus realice o celebre los actos y contratos que sean necesarios para establecer un fideicomiso denominado “Fideicomiso de Retención y Reparación (FIRR), administrado por el Banco de la Nación. La finalidad del FIRR será recaudar y servir el pago de las reparaciones civiles que las empresas involucradas en el decreto de urgencia harán al Estado.



El Comercio
La noche del último viernes, luego de una tensa conversación entre los moradores del distrito de Challhuahuacho –provincia de Cotabambas (Apurímac)– y el viceministro de Orden Interno, Rubén Vargas, la vía alterna de acceso hacia la mina Las Bambas fue liberada.
El camino –que parte desde Challhuahuacho– había sido cerrado el lunes 6 de febrero, lo cual impedía la salida diaria de 250 camiones que transportan cobre desde el yacimiento minero hasta el puerto de Matarani (Arequipa). Tras el diálogo con el Ejecutivo, la circulación de estos vehículos se normalizó el sábado en la mañana.
No obstante, esta es una ruta alterna hacia la mina (conocida como R-73). La principal vía de acceso a Las Bambas continúa bloqueada desde octubre del 2016, cuando el comunero de Choquecca Quintino Cereceda falleció tras recibir un disparo en la cabeza durante un enfrentamiento con la policía.
Los comuneros protestaban entonces porque esta vía principal, que se inicia en Quehuira y continúa por Choquecca, Allaua y Pumamarca, fue declarada pública en julio de ese año, a través del Decreto Supremo 011-2016-MTC. 
Estas cuatro comunidades mantienen hasta hoy el bloqueo del camino (ruta AP-954), pues exigen al Estado y a la empresa MMG Las Bambas que se les pague por los terrenos comunales que han sido utilizados para un tramo de 40 kilómetros de la vía.
La empresa MMG Las Bambas sostiene que, como esa vía es pública, por ahí circulan todo tipo de vehículos y no solo los de la compañía.
El miércoles último, mientras se declaraba el paro indefinido en Challhuahuacho, las cuatro comunidades sostuvieron una reunión con representantes del Ministerio de Transportes en el Cusco.
“Nos ofrecieron S/30 millones [en compensación por el uso del camino] con la condición de que liberáramos la vía”, explicó a El Comercio Fortunato Huanca, presidente de la comunidad de Choquecca. El presidente de la comunidad de Quehuira, Huber Enríquez, agregó que el MTC le prometió una versión formal de la propuesta para el viernes 10, “pero hasta el momento no hay nada”.
Tal monto sería mayor en S/13 millones al que ofreció a las comunidades el titular del MTC, Martín Vizcarra, el pasado 7 de diciembre. Ese día, el también prometió pagarles S/17 millones como compensación por el uso de los terrenos comunales para la ruta AP-954. Este Diario buscó reiteradamente la versión del MTC, pero al cierre de la edición no obtuvo respuesta.






ANTICORRUPCION, PERSECUCION, JUDICIALIZACION POLITICA



Expreso
La exprimera Dama Nadine Heredia es acusada de direccionar la licitación del Gasoducto Sur Peruano (GSP) para permitir que la empresa Odebrecht ganara dicho proceso.
Según Cuarto Poder, la declaración de un testigo ante la Fiscalía Anticorrupción acusa a Heredia de haber actuado siguiendo las órdenes del ex gerente general de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, quien hoy se ha acogido a la colaboración eficaz.
“Desde un comienzo las bases de la licitación estaban dirigidas a favor de la empresa Odebrecht, siendo Jorge Barata Simoes quien participaba en representación de la mencionada empresa y coordinaba directamente con Nadine Heredia”, dice el testimonio.
En mayo del 2014 el ministro de Energía de esa época, Eleodoro Mayorga, puso a Edgar Ramírez, como presidente de dicho comité. Un mes después, el Consorcio Gasoducto Peruano del Sur, que competía con Odebrecht y Enagás, fue descalificado pese a que su propuesta era menos onerosa.
Edgar Ramírez dijo por aquel entonces que se tomó la decisión en función de informes solicitados a los estudios de abogados Delmar Ugarte y Echecopar. Para la fiscalía anticorrupción y la comisión del Congreso que investiga los presuntos actos de corrupción del gobierno de Ollanta Humala, ambos estudios habrían incurrido en conflicto de intereses debido a sus vínculos con las empresas del consorcio ganador.



Expreso
Se estrecha el cerco. El presidente Pedro Pablo Kuczynski pidió la tarde de ayer a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, que evalúe la deportación de Alejandro Toledo,
en búsqueda y captura por supuestamente haber recibido 20 millones de dólares en sobornos. Ello ocurrió pocas horas después de que el Gobierno de Israel anunciara que no permitirá el ingreso del expresidente a su territorio hasta que no resuelva sus asuntos con la justicia peruana.
Durante la conversación telefónica que mantuvieron ayer domingo ambos mandatarios, Kuczynski solicitó a Trump que evalúe la opción de la deportación de Toledo dentro de las facultades que la ley de migración estadounidense otorga al Departamento de Estado.
Trump llamó a Kuczynski desde el avión presidencial, el Air Force One, en medio de la incógnita del paradero de Toledo, después de que se conociera que no viajó desde San Francisco (California) a Israel, versión que la noche del sábado manejaba el Gobierno peruano.
Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Basombrío, advirtió en declaraciones a RPP que Toledo todavía puede salir de Estados Unidos porque la Justicia estadounidense aún no ha ordenado su detención en su territorio.
Basombrío comentó que Estados Unidos solicitó a la Fiscalía mayor documentación y detalles sobre los motivos que demandan la captura de Toledo. El ministro esperó que las observaciones indicadas por la Justicia estadounidense puedan estar subsanadas hoy lunes.
La mañana de ayer, Israel anunció que no permitirá la entrada al país del expresidente.
“El señor Alejandro Toledo podrá entrar en Israel únicamente cuando ponga en orden sus asuntos en Perú”, aclaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Emmanuel Nahshon, al ser consultado sobre el caso.
La llegada de Toledo era esperada ayer a las 20:11 hora local (1:11 hora de Lima) en el aeropuerto Ben Gurión, a las afueras de Tel Aviv, en un vuelo procedente de San Francisco de la compañía United Airlines. Finalmente, el vuelo UA 954 aterrizó con una hora de retraso, y en la búsqueda entre los pasajeros no se detectó al expresidente peruano.
 Tras la decisión del Gobierno israelí de impedir el ingreso de Toledo, el presidente Pedro Pablo Kuczynski manifestó su agradecimiento al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.



El Comercio
El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, se pronunció hoy por la situación judicial del ex presidente Alejandro Toledo. 
Sánchez afirmó que "se enviará inmediatamente" a las autoridades judiciales de Estados Unidos "el informe adicional" que se ha solicitado. "Se va a cumplir con ese informe adicional que están pidiendo las autoridades judiciales de EE.UU. Ya el sistema judicial [peruano] ha cumplido con hacer el pedido de la detención provisoria con fines de extradición", agregó.
Sobre cuándo se enviará esa información complementaria, Sánchez respondió que "inmediatamente" y que eso depende del juzgado correspondiente.
A Sánchez también se le pidió su opinión sobre el pedido del presidente Pedro Pablo Kuczynski a su homólogo estadounidense Donald Trump para que evalúe la deportación de Toledo. Este pedido se hizo durante una conversación telefónica entre ambos. "Desde el punto de vista judicial se ha optado por el tema de la extradición, previo arresto provisorio [...] pueden haber otros caminos [como la deportación] también", se limitó a responder Pablo Sánchez.



El Comercio, editorial
El sábado en la noche, cuando sonaba fuerte el rumor de que Alejandro Toledo estaba por tomar un vuelo a Tel Aviv en el aeropuerto de San Francisco, el gobierno, por medio del ministro del Interior, profundizó el serio problema de comunicación con el que había venido manejando el tema. Respondiendo la pregunta de una usuaria, el ministro aseguró en Twitter que Toledo sí tenía una orden de captura internacional al mismo tiempo en que expresaba su preocupación por que fugase de EE.UU. a Israel. La pregunta que se le había hecho quedaba así sin respuesta: si era verdad que había algo así como una orden de detención internacional activa, ¿cómo podía ser que las autoridades norteamericanas pudieran optar discrecionalmente por incumplirla?
La respuesta es que no podía ser. Lo que en realidad pasaba era que la alerta enviada a través de la Interpol a la que el gobierno se había venido refiriendo (y sobre la que el Ministerio del Interior había emitido un comunicado ese mismo sábado) era una alerta de que el Perú quería detenerlo, no una orden de detenerlo. Estas alertas sirven para ubicar a los prófugos que huyen de la justicia de su país fuera de él. La Interpol no puede dar ni ejecutar una orden de detención: la tiene que ejecutar la policía local. Y Estados Unidos tiene su propio procedimiento para que pueda valer en su territorio –y ser ejecutada por su propia policía– una orden de detención dada por un juez extranjero. De hecho, el país norteamericano ya había avisado la tarde de ese mismo sábado que no se había cumplido su procedimiento para que la orden de detención contra Toledo dada por el juez peruano pudiera valer en su territorio, porque el Departamento de Estado consideraba que esta no estaba suficientemente fundamentada.
Dada esta situación, ha sido muy oportuno que el presidente Pedro Pablo Kuczynski haya mostrado decisión a la hora de cerrar los caminos de fuga al señor Toledo. En efecto, el presidente realizó gestiones con el Gobierno Israelí que consiguieron que este anunciase para nuestra madrugada del domingo que no recibiría en su territorio al ex mandatario. Con esto se cerró el principal riesgo de fuga de Toledo: el que suponía que, por ser casado con una ciudadana de Israel, y ante la ausencia de un tratado de extradición con ese país, resultase inextraditable al llegar ahí. Ni bien publicada la decisión israelí, Kuczynski ha enviado una carta agradeciendo al primer ministro Netanyahu.
Por otra parte, el presidente Kuczynski habló ayer con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el tema, haciéndole notar la existencia de una ley norteamericana que lo faculta para deportar de su país a los extranjeros cuya presencia ahí pudiera suponer un riesgo para las buenas relaciones con el país de origen de la persona de la que se trate.
El gobierno, finalmente, ha realizado gestiones directas con Bélgica, el otro país del que la esposa del señor Toledo tiene ciudadanía.
Así las cosas, el jefe del Estado ha demostrado tomarse en serio la necesidad de que nuestra justicia alcance a Toledo y preocuparse poco de las bravatas de la señora Karp, quien hace poco dijo conocer un supuesto pasado oscuro del presidente y estar dispuesta a revelarlo.
Parecería pues ser cuestión de tiempo para que el ex presidente Toledo termine sometido a la justicia del país que alguna vez gobernó y el presidente Kuczynski ha hecho lo suyo para que esto sea así. Ambas cosas suponen una muy buena noticia para todos los peruanos. 


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