ESTA NOCHE,
donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.
La opinión en MEDIA
COLUMNA representa exclusivamente a su autor. Usted puede reenviar y publicar
libre y
gratuitamente cualquier
MEDIA COLUMNA tomándola de este correo o de
jorgemorelli.blogspot.com
MEDIA
COLUMNA
Muerto
el perro,
muerta
la rabia
Jorge
Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
jorgemorelli.blogspot.com
Hernando
de Soto explotó ayer en las redes y señaló agudamente que el presidente Pedro
Pablo Kuczynski no ha aprovechado la oportunidad de las facultades legislativas
para formalizar al Perú.
Precisó
que “ninguno de los 112 decretos legislativos contiene las herramientas o la
estrategia necesarias para identificar y anular las fuentes de la corrupción”.
Pues
bien, tampoco las medidas anunciadas en su mensaje a la Nación del domingo, ni
el decreto de urgencia publicado el lunes -que impide por un año a las empresas
involucradas en la corrupción sacar plata al exterior- atacan las raíces de la
corrupción. Son paliativos, medidas de control de daños, que reaccionan ante
hechos consumados y alivian los síntomas sin erradicar el mal en su origen.
En efecto, la informalidad es el terreno propicio, el caldo
de cultivo de la corrupción. Mientras una licitación pública se pueda manejar a
escondidas con el pretexto de que la reserva es indispensable, la corrupción
acechará. No hay ninguna razón por la cual no pueda rodearse las licitaciones
de una serie de veedores que la hagan virtualmente imposible.
La corrupción solo puede prosperar en la oscuridad y el secretismo. La transparencia
es el antídoto. Muerto el perro, muerta la rabia.
El
hecho de que el gobierno siga desperdiciando las oportunidades de atacar el problema
en la raíz prueba que no ha entendido aun esa simple relación de causa y efecto.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo
como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO,
DEMOCRACIA
Gestión
El Poder
Ejecutivo publicó hoy un decreto de
urgencia que ordena por un año a Odebrecht y
otras empresas involucradas
de varias maneras en escándalos de corrupción suspender la transferencia al
exterior de capitales provenientes de sus inversiones en el Perú. Esto incluye venta
de activos, acciones, participaciones o derechos, reducción de capital o
liquidación parcial o total de empresas. Tampoco podrán transferir al exterior
el íntegro de los dividendos o las utilidades provenientes de su inversión, así
como las contraprestaciones por el uso o disfrute de bienes ubicados
físicamente en el Perú y de las regalías y contraprestaciones por el uso y
transferencia de tecnología, incluido cualquier otro elemento constitutivo de
propiedad industrial.
La suspensión se aplica
hasta que se efectúe el pago del íntegro de la reparación civil a favor del
Estado o venza el plazo de vigencia del decreto de urgencia, que es de un
año.
En los casos en que sea
necesario realizar transferencias al exterior por concepto de pago de deuda de
acreedores y otros pagos que puedan afectar el valor de las concesiones o de
los activos ubicados en el Perú de titularidad de las empresas involucradas en
la norma, dichas transferencias deberán ser previamente aprobadas conforme a
los lineamientos y disposiciones que determine el Ministerio de Justicia.
Esta medida comprende a
las personas jurídicas condenadas, o cuyos funcionarios o representantes hayan
sido condenados en el país o en el extranjero, mediante sentencia consentida o
ejecutoriada por delitos contra la administración pública o lavado de activos o
delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros países en
agravio del Estado.
Además comprende a las
personas jurídicas o empresas que, directamente o a través de sus
representantes, hubiesen admitido y/o reconocido la comisión de cualquiera de
los delitos antes descritos ante alguna autoridad nacional o extranjera
competente.
También incluye a las
empresas “vinculadas” a las citadas anteriormente. Esto comprende a cualquier
persona jurídica o ente jurídico que sea propietario de más del 10% de las
acciones representativas del capital social o tenedor de participaciones
sociales.
La norma establece que las
entidades del Estado que resulten obligadas a efectuar algún pago por cualquier
título a favor de las empresas comprendidas en el decreto de urgencia, así como
a las sociedades o consorcios en los que éstas participen, ejercerán el derecho
de retención hasta por un monto estimado equivalente al promedio del margen
neto de ganancia, después de tributos, de los últimos cinco años en proyectos
similares.
Otra disposición es que el
Minjus realice o celebre los actos y contratos que sean necesarios para
establecer un fideicomiso denominado “Fideicomiso de Retención y Reparación (FIRR), administrado por el Banco de la Nación. La
finalidad del FIRR será recaudar y servir el
pago de las reparaciones civiles que las empresas involucradas en el decreto de
urgencia harán al Estado.
El Comercio
La
noche del último viernes, luego de una tensa conversación entre los moradores
del distrito de Challhuahuacho –provincia de Cotabambas (Apurímac)– y el viceministro de Orden
Interno, Rubén Vargas, la vía alterna de acceso hacia la mina Las Bambas fue
liberada.
El
camino –que parte desde Challhuahuacho– había sido cerrado el lunes 6 de
febrero, lo cual impedía la salida diaria de 250 camiones que transportan cobre
desde el yacimiento minero hasta el puerto de Matarani (Arequipa). Tras el
diálogo con el Ejecutivo, la circulación de estos vehículos se normalizó el
sábado en la mañana.
No
obstante, esta es una ruta alterna hacia la mina (conocida como R-73). La
principal vía de acceso a Las Bambas continúa bloqueada desde octubre del 2016,
cuando el comunero de Choquecca Quintino Cereceda falleció tras recibir un
disparo en la cabeza durante un enfrentamiento con la policía.
Los
comuneros protestaban entonces porque esta vía principal, que se inicia en
Quehuira y continúa por Choquecca, Allaua y Pumamarca, fue declarada pública en
julio de ese año, a través del Decreto Supremo 011-2016-MTC.
Estas
cuatro comunidades mantienen hasta hoy el bloqueo del camino (ruta AP-954),
pues exigen al Estado y a la empresa MMG Las Bambas que se les pague por los
terrenos comunales que han sido utilizados para un tramo de 40 kilómetros de la
vía.
La
empresa MMG Las Bambas sostiene que, como esa vía es pública, por ahí circulan
todo tipo de vehículos y no solo los de la compañía.
El
miércoles último, mientras se declaraba el paro indefinido en Challhuahuacho,
las cuatro comunidades sostuvieron una reunión con representantes del
Ministerio de Transportes en el Cusco.
“Nos
ofrecieron S/30 millones [en compensación por el uso del camino] con la condición
de que liberáramos la vía”, explicó a El Comercio Fortunato Huanca, presidente
de la comunidad de Choquecca. El presidente de la comunidad de Quehuira, Huber
Enríquez, agregó que el MTC le prometió una versión formal de la propuesta para
el viernes 10, “pero hasta el momento no hay nada”.
Tal
monto sería mayor en S/13 millones al que ofreció a las comunidades el titular
del MTC, Martín Vizcarra, el pasado 7 de diciembre. Ese día, el también prometió
pagarles S/17 millones como compensación por el uso de los terrenos comunales
para la ruta AP-954. Este Diario buscó reiteradamente la versión del MTC, pero
al cierre de la edición no obtuvo respuesta.
ANTICORRUPCION,
PERSECUCION, JUDICIALIZACION POLITICA
Expreso
La exprimera Dama Nadine
Heredia es
acusada de direccionar la licitación del Gasoducto Sur Peruano (GSP) para
permitir que la empresa Odebrecht ganara dicho proceso.
Según Cuarto Poder, la
declaración de un testigo ante la Fiscalía Anticorrupción acusa a Heredia de haber actuado siguiendo
las órdenes del ex gerente general de Odebrecht en el Perú, Jorge
Barata,
quien hoy se ha acogido a la colaboración eficaz.
“Desde un comienzo las
bases de la licitación estaban dirigidas a favor de la empresa Odebrecht,
siendo Jorge Barata Simoes quien participaba en representación de la mencionada
empresa y coordinaba directamente con Nadine Heredia”, dice el testimonio.
En mayo del 2014 el
ministro de Energía de esa época, Eleodoro Mayorga, puso a Edgar
Ramírez,
como presidente de dicho comité. Un mes después, el Consorcio Gasoducto Peruano
del Sur, que competía con Odebrecht y Enagás, fue
descalificado pese a que su propuesta era menos onerosa.
Edgar
Ramírez dijo por aquel entonces que se tomó la decisión en función de informes solicitados a los
estudios de abogados Delmar Ugarte y Echecopar. Para la fiscalía anticorrupción
y la comisión del Congreso que investiga los presuntos actos de corrupción del
gobierno de Ollanta
Humala,
ambos estudios habrían incurrido en conflicto de intereses debido a sus
vínculos con las empresas del consorcio ganador.
Expreso
Se estrecha el cerco. El
presidente Pedro Pablo Kuczynski pidió la tarde de ayer a su homólogo de
Estados Unidos, Donald Trump, que evalúe la deportación de Alejandro Toledo,
en búsqueda y captura por
supuestamente haber recibido 20 millones de dólares en sobornos. Ello ocurrió
pocas horas después de que el Gobierno de Israel anunciara que no permitirá el
ingreso del expresidente a su territorio hasta que no resuelva sus asuntos con
la justicia peruana.
Durante la conversación
telefónica que mantuvieron ayer domingo ambos mandatarios, Kuczynski solicitó a
Trump que evalúe la opción de la deportación de Toledo dentro de las facultades
que la ley de migración estadounidense otorga al Departamento de Estado.
Trump llamó a Kuczynski
desde el avión presidencial, el Air Force One, en medio de la incógnita del
paradero de Toledo, después de que se conociera que no viajó desde San
Francisco (California) a Israel, versión que la noche del sábado manejaba el
Gobierno peruano.
Por su parte, el ministro
del Interior, Carlos Basombrío, advirtió en declaraciones a RPP que Toledo
todavía puede salir de Estados Unidos porque la Justicia estadounidense aún no
ha ordenado su detención en su territorio.
Basombrío comentó que
Estados Unidos solicitó a la Fiscalía mayor documentación y detalles sobre los
motivos que demandan la captura de Toledo. El ministro esperó que las
observaciones indicadas por la Justicia estadounidense puedan estar subsanadas
hoy lunes.
La mañana de ayer, Israel
anunció que no permitirá la entrada al país del expresidente.
“El señor Alejandro Toledo
podrá entrar en Israel únicamente cuando ponga en orden sus asuntos en Perú”,
aclaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Emmanuel Nahshon,
al ser consultado sobre el caso.
La llegada de Toledo era
esperada ayer a las 20:11 hora local (1:11 hora de Lima) en el aeropuerto Ben
Gurión, a las afueras de Tel Aviv, en un vuelo procedente de San Francisco de
la compañía United Airlines. Finalmente, el vuelo UA 954 aterrizó con una hora
de retraso, y en la búsqueda entre los pasajeros no se detectó al expresidente
peruano.
Tras la decisión del
Gobierno israelí de impedir el ingreso de Toledo, el presidente Pedro Pablo
Kuczynski manifestó su agradecimiento al primer ministro de Israel, Benjamín
Netanyahu.
El Comercio
El
fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, se
pronunció hoy por la situación judicial del ex presidente Alejandro Toledo.
Sánchez afirmó que "se enviará
inmediatamente" a las autoridades judiciales de Estados Unidos "el
informe adicional" que se ha solicitado. "Se va a cumplir con ese
informe adicional que están pidiendo las autoridades judiciales de EE.UU. Ya el
sistema judicial [peruano] ha cumplido con hacer el pedido de la detención
provisoria con fines de extradición", agregó.
Sobre
cuándo se enviará esa información complementaria, Sánchez respondió que
"inmediatamente" y que eso depende del juzgado correspondiente.
A Sánchez también se le pidió su
opinión sobre el pedido del presidente Pedro Pablo Kuczynski a su homólogo
estadounidense Donald Trump para que evalúe la deportación de Toledo. Este
pedido se hizo durante una conversación telefónica entre ambos. "Desde el
punto de vista judicial se ha optado por el tema de la extradición, previo
arresto provisorio [...] pueden haber otros caminos [como la deportación] también",
se limitó a responder Pablo Sánchez.
El Comercio, editorial
El sábado en la noche, cuando sonaba fuerte
el rumor de que Alejandro Toledo estaba por tomar un vuelo a Tel Aviv en el
aeropuerto de San Francisco, el gobierno, por medio del ministro del Interior,
profundizó el serio problema de comunicación con el que había venido manejando
el tema. Respondiendo la pregunta de una usuaria, el ministro aseguró en
Twitter que Toledo sí tenía una orden de captura internacional al mismo tiempo
en que expresaba su preocupación por que fugase de EE.UU. a Israel. La pregunta
que se le había hecho quedaba así sin respuesta: si era verdad que había algo
así como una orden de detención internacional activa, ¿cómo podía ser que las
autoridades norteamericanas pudieran optar discrecionalmente por incumplirla?
La respuesta es que no podía ser. Lo que en
realidad pasaba era que la alerta enviada a través de la Interpol a la que el
gobierno se había venido refiriendo (y sobre la que el Ministerio del Interior
había emitido un comunicado ese mismo sábado) era una alerta de que el Perú
quería detenerlo, no una orden de detenerlo. Estas alertas sirven para ubicar a
los prófugos que huyen de la justicia de su país fuera de él. La Interpol no
puede dar ni ejecutar una orden de detención: la tiene que ejecutar la policía
local. Y Estados Unidos tiene su propio procedimiento para que pueda valer en
su territorio –y ser ejecutada por su propia policía– una orden de detención
dada por un juez extranjero. De hecho, el país norteamericano ya había avisado
la tarde de ese mismo sábado que no se había cumplido su procedimiento para que
la orden de detención contra Toledo dada por el juez peruano pudiera valer en su
territorio, porque el Departamento de Estado consideraba que esta no estaba
suficientemente fundamentada.
Dada esta situación, ha sido muy oportuno que
el presidente Pedro Pablo Kuczynski haya mostrado decisión a la hora de cerrar
los caminos de fuga al señor Toledo. En efecto, el presidente realizó gestiones
con el Gobierno Israelí que consiguieron que este anunciase para nuestra
madrugada del domingo que no recibiría en su territorio al ex mandatario. Con
esto se cerró el principal riesgo de fuga de Toledo: el que suponía que, por
ser casado con una ciudadana de Israel, y ante la ausencia de un tratado de
extradición con ese país, resultase inextraditable al llegar ahí. Ni bien
publicada la decisión israelí, Kuczynski ha enviado una carta agradeciendo al primer
ministro Netanyahu.
Por otra parte, el presidente Kuczynski habló
ayer con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el tema,
haciéndole notar la existencia de una ley norteamericana que lo faculta para
deportar de su país a los extranjeros cuya presencia ahí pudiera suponer un
riesgo para las buenas relaciones con el país de origen de la persona de la que
se trate.
El gobierno, finalmente, ha realizado
gestiones directas con Bélgica, el otro país del que la esposa del señor Toledo
tiene ciudadanía.
Así las cosas, el jefe del Estado ha
demostrado tomarse en serio la necesidad de que nuestra justicia alcance a
Toledo y preocuparse poco de las bravatas de la señora Karp, quien hace poco
dijo conocer un supuesto pasado oscuro del presidente y estar dispuesta a
revelarlo.
Parecería pues ser cuestión de tiempo para
que el ex presidente Toledo termine sometido a la justicia del país que alguna
vez gobernó y el presidente Kuczynski ha hecho lo suyo para que esto sea así.
Ambas cosas suponen una muy buena noticia para todos los peruanos.
