ESTA NOCHE lunes 3 abril 2017

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PERU21

Borrachera monetaria

Ricardo Lago

“Si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”, es una frase que algunos atribuyen a Albert Einstein. Aprendemos de nuestros errores, pero los repetimos porque nos cuesta romper con los hábitos. Eso lo saben bien los banqueros centrales que desde hace un cuarto de siglo, y más desde la crisis de 2008, se resisten a retirar del mercado las abundantes emisiones de dinero que suministraron en momentos de crisis; salvado el bache siempre hay un buen pretexto para aplazar la normalización monetaria.

Voy y sumo las emisiones de los nueve principales bancos centrales y encuentro que, entre 2003 y 2007, la cifra se duplicó; en tanto que, de 2007 a 2016, se triplicó. Es decir, en trece años, la liquidez se multiplicó por seis. Es cierto que una parte de ese dinero no circula como en otros tiempos, porque tanto los bancos comerciales como el público ahorrador atesoran reservas, pero es indudable que hay un gigantesco exceso de liquidez y los excesos siempre pasan factura.

Si bien no ha habido inflación de notar en los precios de bienes y servicios, sí que la ha habido en el precio de los activos. La otra cara de la moneda del exceso de liquidez –y las bajísimas tasas de interés– es el precio estratosférico de una gran parte de los activos y el aumento de los niveles de deuda.

A pesar del desproporcionado estímulo monetario, la recuperación económica desde el 2009 ha sido raquítica. Nos encontramos en el octavo año desde el fin de la recesión y consumo e inversión de los países desarrollados de la OECD apenas han levantado 10% y 5%, respectivamente, sobre el punto más alto del ciclo anterior. En las tres recuperaciones previas tanto consumo como inversión ya habían aumentado 25% por estas fechas. El comercio mundial, por su parte, solo ha crecido al 2% anual cuando antes del 2008 crecía al 8%. De ser acelerador del PBI ha pasado a frenarlo.

Vivimos una sucesión de borracheras monetarias que acaban en resacas cada vez más duras. En 2001 reventó con la crisis de los dotcom y en 2008 con la de los derivados.

Nadie sabe cómo saldremos de la actual, porque la escala del experimento monetario que vivimos desde el 2008 no tiene precedentes. El miedo a lo desconocido provoca inacción y postergación. ¿Hay que normalizar el mercado monetario? Sí, pero todavía no. Lo que recuerda a San Agustín cuando, siendo joven, pidió al Señor “hazme casto, pero todavía no”.

REPORTE DE NOTICIAS en Internet

Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas

temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.

ANTICORRUPCION,  PERSECUCIÓN, JUDICIALIZACION POLITICA

El Comercio

El gobernador regional del Callao, Félix Moreno, habría recibido una coima de US$4 millones de la empresa brasileña Odebrecht a cambio de ganar la licitación de las obras de la Vía Costa Verde, del tramo del primer puerto, según fuentes de El Comercio. Por ello, anoche la fiscalía inició el allanamiento de tres casas relacionadas con la autoridad chalaca.

La operación se realiza, en simultáneo, en las viviendas que tiene Félix Moreno en el Callao, Magdalena y La Molina.

La autoridad regional, sobre quien aún no hay una orden de detención, fue hallada en el domicilio de la calle El Bucaré (La Molina), que es de propiedad de su esposa, Rosmery Segura Neyra. Esta diligencia está liderada por el fiscal anticorrupción Hamilton Castro, quien está a cargo de la investigación del Caso Lava Jato.

Previamente, la Policía Nacional detuvo en el aeropuerto internacional Jorge Chávez al empresario israelí Gil Shavit, vinculado ahora a Félix Moreno y en su momento al prófugo ex presidente de la República Alejandro Toledo y a Josef Maiman. Ambos implicados también en el pago de sobornos de Odebrecht por los tramos II y III de la carretera Interoceánica.

De acuerdo a fuentes de este Diario, Moreno y Shavit habrían incurrido en el delito de tráfico de influencias y lavado de activos por la presunta adjudicación irregular de las obras de la Costa Verde Callao a la firma brasileña. Incluso, el empresario israelí habría recibido parte del dinero a través de una cuenta off-shore.

Según informó el portal “Ojo Público”, el gobernador del Callao destinó parte del dinero de la coima a pagar los servicios del publicista brasileño Luis Favre, quien también asesoró al ex presidente Ollanta Humala y a la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán.

Odebrecht logró la adjudicación del proyecto de la Costa Verde Callao en el 2014. La obra tuvo inicialmente un presupuesto de S/302 millones, luego el monto ascendió hasta los S/470 millones.

El Comercio

Gil Shavit regresaba anoche de La Habana, Cuba, cuando la policía lo detuvo en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El empresario israelí permanece en la fiscalía anticorrupción. 

La fiscalía acusa al israelí del presunto delito de tráfico de influencias y lavado de activos por haber recibido el 40% de los US$4 millones que pidió el gobernador regional del Callao, Félix Moreno, a la empresa Odebrecht para favorcerla con la licitación del proyecto vial Costa Verde-Tramo Callao. El pago fue a través de 'offshores' simulando contratos de consultoría. 

Gil Shavit (48) es conocido por ser un coleccionista de arte, tiene cuatro hijas y está casado con Dafna Ivcher, hija de Baruch Ivcher. 

Actualmente tiene más de 15 propiedades. Once de los inmuebles comprados fueron en el Callao y después del 2014, fechas que coinciden con los pagos por coimas de Odebrecht.

El Comercio

Las primeras denuncias contra Gil Shavit fueron hechas por Álvaro Vargas Llosa hace más de 15 años.

El hijo de Mario Vargas Llosa denunció en noviembre del 2001 que Adam Pollack, Josef Maiman y Shavit impulsaban un lobby –supuestamente en nombre del entonces presidente Alejandro Toledo– a favor del consorcio alemán EADS para el mantenimiento y reparación de los aviones MIG 29 de la FAP. La denuncia fue rebotada como un "tráfico de armas" y los tres personajes iniciaron acciones legales contra el periodista. Shavit lo demandó por US$ 5 millones.

En una entrevista con la revista 'Caretas' en el 2002, Álvaro Vargas Llosa dijo que Gil Shavit no hacía "nada sin permiso" de Baruch Ivcher. "Recuerdo que Shavit le ofreció a Toledo en Toulousse (Francia) servicios de seguridad y protección, yo fui testigo de eso. Además, Ivcher me contó en Londres hace algunos años, y eso está en mi libro `En el reino del espanto', que él (Shavit) hizo una propuesta de venta de aviones MiG que Fujimori finalmente rechaza para aceptar la de Bielorrusia", sostuvo Vargas Llosa. 

Shavit afrontaría un pedido de prisión preventiva.

El Comercio

Fernando Vivas entrevista a Josef Maiman

Tel Aviv nos recibe con los brazos abiertos para la convención Access Israel [pronto, crónica en Somos]. Josef Maiman Rapaport sí lo piensa dos veces antes de recibirme. Pone tres candados: no responderá sobre el caso de Ecoteva, ni sobre las acusaciones de Barata de haber cobrado las coimas de Toledo, ni confirmará si  será colaborador eficaz. Podré preguntar sobre todo eso, pero callará cada vez que cruce la línea. Acepto. Del lobo un pelo.

Herzylia Pituah es el barrio pituco de Tel Aviv. Lo describe así el propio Maiman al teléfono cuando me da su dirección, lo que confirma que los 45 años que vive en Israel no le han hecho perder la cachita de buen criollo. Me recibe en la puerta de su mansión y caminamos despacio hacia la sala. Está en un proceso de lenta recuperación de una operación de trasplante –no da más explicaciones– que lo  postró algunos meses.
Empezamos por aclarar su biografía.¿Nació en Alemania? “Sí, en el campo de refugiados de Landsberg, donde Hitler escribió ‘Mi lucha’. Nací en febrero del 46 y llegué al Perú con mis padres, en diciembre del 48. En el Perú estaba una prima de mi madre con su esposo y nos consiguieron las visas. Mi padre llegó con algo así como US$5 y eventualmente se convirtió en socio de mi tío. Importaban instrumental médico”.

Maiman padre era un hombre previsor e invirtió en la educación de su hijo. “Estudié en el colegio Lincoln. Mis padres decidieron no enviarme al León Pinelo, el colegio judío, porque querían que conociera gente distinta. Acabé el colegio y me fui a estudiar Economía a la Universidad de Texas en El Paso, nada del otro jueves. Volví al Perú al BCR”. En 1966 viajó por primera vez a Israel, a aprender hebreo, y luego fue a la Universidad de Cornell, a obtener su maestría. A su vuelta, dictó cursos en la Universidad del Pacífico. “Entre mis alumnos estaban Raúl Diez Canseco, Carlos Boloña, Manuel Romero Caro. En el 71 acepté un contrato con la Belco, que tenía operaciones grandes acá. Y me invitan. Era soltero, joven, con simpatías por Israel”.

Por fin puedo preguntarle quién apareció primero en su vida, ¿Eliane o Alejandro?: “En el 72 tuve que hacer mi servicio militar acá. Entré al ejército y una chica que había sido mi enamorada en Lima estaba en Jerusalén. Mi base estaba a una hora, cuando estaba de franco iba a visitarla. Ella compartía departamento con Eliane, pero apenas le decía hola y punto”. Con Alejandro fue patería instantánea: “Cuando ambos vinimos por primera vez de EE.UU., en los 60, no recuerdo dónde, pero fue en un partido de fulbito. No era de vernos cada tres noches para una chela, pero era una relación fluida. Me fui en el 71 y no volví hasta el 78”.

Dejo a los Toledo Karp a un lado, para pedirle su versión sobre el primer escándalo que lo puso en titulares: la  recompra de bonos de la deuda externa durante el primer gobierno de García, a cargo de su empresa MIC y cuyo gerente era Víctor Joy Way. En verdad, el caso no se judicializó, pero sí se investigó en el Congreso, pues se argumentó que el precio había sido muy alto. “Mi problema de imagen en el Perú surge a partir de eso. En Israel hubo una crisis de bancos espantosa y empecé a trasladar mis negocios a América Latina. Alan se había lanzado al vacío con su decisión del 10% [no pagar deuda externa por concepto mayor al 10% de las exportaciones]. Era una buena idea y se la consultó a otros presidentes, pero lo dejaron solo y los bancos le cayeron encima. En ese contexto surgió [en el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Alva Castro] la idea de comprar bonos y esa operación tenía que ser secreta. El gobierno decidió hacerla con nosotros porque teníamos experiencia”. Le comento que he oído la versión sobre la furia de García al enterarse de que la operación se había ejecutado y que llegó al extremo de mandar a detenerlo. “Yo tenía una relación amistosa con Alva Castro, no necesariamente con Alan. Alva Castro hace bulla sobre que sería el sucesor y Alan salta”.

Le pido hacer un salto al 2001. Pero antes quiere contar algo de lo que ha hecho en Israel y el mundo: sus inversiones multimillonarias en energía y en telecomunicaciones, su amistad con líderes como Rabin y Shimon Peres. Hasta fue copropietario de un canal de TV en Israel, el 10 –“No le gustaba a Netanyahu”, dice– y construyó dos refinerías, una en Turkmenistán y otra para Egipto e Israel, a la que llama “la refinería de la paz”, con orgullo.

Le pregunto por los negocios que intentó hacer con Petro-Perú: “Cuando Alejandro llegó al gobierno quedamos en que no haría ningún negocio. Pero se me ocurrió la idea de hacer un oleoducto para mezclar el petróleo peruano, que es pesado en esa zona, con el ecuatoriano. Se lo mencioné al ministro Álvaro Quijandría y me dijo que unos gringos tenían la concesión. Hablé con ellos. No querían nada. Adiós”.

Le recuerdo que Álvaro Vargas Llosa contó que, en plena campaña, Toledo le sugirió que comprara el Canal 2. “Él sabía que yo tenía un canal en Israel y que era un dolor de cabeza, y me dijo algo así: ‘¿Por qué no te deshaces de eso y compras uno en el Perú’. No veo nada de malo en eso”. Aprovecha el tema para describirme, con un ejemplo, la relación que tenía con Toledo: “Venir al Perú era vacilarme. Cuando llegó el rey de España, hubo un almuerzo en la Huaca Pucllana. Me vaciló mucho porque don Anatolio [el padre de Toledo] le dio un beso a la reina y le puso la mano en la cadera. Alejandro le dijo que no debió hacer eso. Él le responde: ‘Pero, hijo, ella me dio un beso a mí’. El rey quería ir a los toros, pero a Alejandro la idea le parecía asquienta y me llevó a un chifa. Era ese tipo de relación. Si yo estaba en Kazajistán, me decía: ‘Voy a estar en la China, también viene el Gordo. ¿Tienes ganas?’. Y yo estaba a 4 horas en mi avión. Y te invitaban a las cenas y a las payasadas”. ¿El ‘Gordo’ es Adam Pollack? “Sí, él era el primer amigo y a mí me decían el segundo amigo de la nación”.
Cada vez que intento hablar del proceso judicial, Maiman calla o pide apagar la grabadora para conversar ‘off the record’. Debo cumplir lo acordado, pero sí puedo transmitir mi impresión: los amigos están distanciados al punto que su estrategia legal difiere. Maiman preferiría pasar de manos de la fiscal Manuela Villar –“Me culpa hasta de los huaicos”, dice ‘on the record’– a las del fiscal Hamilton Castro; al revés que Toledo y Karp.

Hablamos del cariño que siente por Israel y el Perú, y ello me permite hacer el último intento de ir al grano: ¿Le pareció bien, para la relación de sus dos patrias, la gestión para evitar que Toledo viniera? “Obviamente. Hubiera sido problemático para Israel. Mejor que la relación se enturbie con los gringos. Me hubieran atacado, que yo lo traje, que lo cubrí, que soy la madre de todos los pecados”. Así, el ex segundo amigo de la nación marca cierta distancia, aunque no dice nada que implique ni una delación ni una admisión de culpa.

Expreso

Una exclusiva “liga deportiva”, integrada por dieciséis “equipos”, se valió de “competiciones nacionales e internacionales” para perpetrar, durante una década, el mayor saqueo de la historia de Brasil, el vaciamiento de Petrobras.

Esa liga era un “club de empresas” o, como apunta la Fiscalía brasileña, un “cartel”, y sus escogidos “equipos” fueron las 16 constructoras más importantes de Brasil, protagonistas del perverso juego que encubrió un escándalo de corrupción sin precedentes que ha salpicado a una docena de países latinoamericanos.

La monumental trama fue descubierta, casi por casualidad, en marzo de 2014, cuando la policía del estado de Curitiba investigaba una red que operaba en gasolineras y “Lava Jatos” (autolavados), cuyo cabecilla era nada menos que uno de los cerebros de la operación de lavado de dinero de Petrobras.

Tres años de investigaciones han destapado el pago de sobornos por más de 2,000 millones de dólares en un proceso con 125 condenados, ninguno con fuero privilegiado, que amenaza los cimientos del modelo político brasileño.

El “esquema” del “club” para hacerse con las licitaciones de Petrobras era relativamente sencillo, según documentos de la Fiscalía brasileña.

“En un escenario normal, las empresas competirían entre sí, en licitaciones, para conseguir los contratos de Petrobras”, pero “en este caso, las empresas se cartelizaron en un club para sustituir la competencia real por una aparente”, señala el organismo.

“Los precios ofrecidos a Petrobras se calculaban y ajustaban en reuniones secretas, en las que se definía quién ganaría el contrato y cuál sería el precio, inflado en beneficio privado y en perjuicio de la caja de la estatal”.

“El cartel tenía incluso una regulación que simulaba las reglas de un campeonato de fútbol, para definir cómo se distribuirían las obras”, y para “disfrazar” el delito, el reparto de las obras se hacía “como si fuese la distribución de premios de un bingo”.

El “campeonato deportivo”, continúa la documentación de la Fiscalía, “viene a ser una competición anual con la participación de 16 equipos, estructurados bajo

una liga, que se enfrentarán entre sí y con terceros, cabiendo al vencedor un premio en cada jornada, definida aquí como un trofeo”.

En este juego perverso, los “equipos” eran las grandes constructoras; la “liga”, el calendario de obras públicas de Petrobras; y la “jornada”, las licitaciones que terminaban con un “trofeo”, es decir, con la adjudicación.

Según las delaciones de directivos de los “equipos” ante la Justicia, el “club” comenzó a organizarse a finales de los 90, pero funcionó de forma más efectiva entre 2006 y 2014.

Las “comisiones ilegales” de las adjudicaciones de Petrobras oscilaban entre el 1 y el 5 por ciento de la cuantía de los contratos, que se distribuían entre directivos de la petrolera y partidos políticos.

Los directivos de Petrobras, por su parte, “favorecían” al “club” restringiendo los aspirantes a una licitación tras negociaciones “directas e injustificadas”, “aceleraban la contratación con la eliminación de etapas relevantes” y aceptaban “precios excesivos”, entre otras irregularidades citadas por la Fiscalía.

Entre los “equipos” de este siniestro “torneo”, están las más importantes constructoras del país, como Odebrecht, Camargo Corrêa, OAS, Mendes Júnior, Engevix, Galvão Engenharia y UTC Engenharia.

Algunas otras lograron esporádicamente hacerse con licitaciones de Petrobras, pero siempre “mediante una negociación con el club”, según las delaciones.

El “club” se reunía varias veces al año y organizaba la “tabla de competición” para establecer el “reparto”.

Las reglas del “campeonato esportivo [deportivo]”, plasmadas en un documento, incluían la preparación “para competiciones nacionales e internacionales, priorizando siempre la obtención de récords y de mejora de los premios”.

La “alianza” les permitía también concurrir a “campeonatos paralelos” pero “con la participación, por lo menos de dos tercios de los 16 miembros de la Liga” y preveía incluso “competiciones para categorías inferiores”.

En cada “rodada” (convocatoria) debían participar al menos seis “equipos” con una “actuación extremadamente activa y competitiva”.

Durante casi una década, el “club” se hizo con cientos de contratos de Petrobras por un valor próximo a los 25,000 millones de dólares, siempre con la ambición de lograr “mejores premios”. EFE

La comisión parlamentaria que investiga el caso Lava Jato recibirá hoy al contralor Édgar Alarcón, a fin de que informe sobre sus indagaciones en torno a los contratos de la Carretera Interoceánica, Línea 1 de Metro de Lima y la concesión del Gasoducto del Sur.

De acuerdo con la agenda hecho pública por el Congreso de la República, la presentación del contralor será a partir de las 15:00 horas en la sala Grau.

También se espera la asistencia del exministro de Transportes José Javier Ortiz Rivera, para que informe sobre su participación como exministro y exintegrante del Consejo Directivo de Proinversión, en el Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú Brasil e IIRSA Norte.

Asimismo se espera la presencia de la gerente legal de Odebrecht, Lourdes Carreño Carcelen, quien informará respecto a las materias de investigación de la comisión.

La Comisión Lava Jato es la encargada de investigar los presuntos sobornos recibidos por funcionarios públicos de los diferentes niveles de gobierno, en relación a las concesiones, obras y proyectos adjudicados a empresas brasileñas como Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutierrez y Queiroz Galvao.

Un medio local informó que la procuradora ad hoc Katherine Ampuero solicitó el pasado 30 de marzo al fiscal Hamilton Castro, a cargo del caso Odebrecht, ampliar su investigación preparatoria y comprender por el delito de colusión a Avraham ‘Avi’ Dan On, Josef Maiman, Sabih Saylan y Gideon Weinstein por las presuntas coimas pagadas en la carretera Interoceánica.

Frente a los miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa, el presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, consideró que vienen situaciones peores en Brasil a los ya conocidos casos Lava Jato, Marcelo Odebrecht y la caída de Dilma Rousseff, aunque destacó la labor de la justicia de ese país

GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA

El Comercio

La presidenta del Congreso, Luz Salgado, afirmó que entre la situación en Venezuela y la del 5 de abril de 1992, “podría encontrar tres diferencias”. “Fujimori convocó a elecciones inmediatamente… cosa que al señor Maduro no se le ocurre", explicó.

En noviembre de 1992 se realizaron las elecciones para elegir al Congreso Constituyente Democrático, cuya función fue crear la Constitución de 1993.

El presidente Pedro Pablo Kuczynski señaló que la situación en Venezuela "es muy parecida" al autogolpe de Alberto Fujimori.

LIBERTAD ECONOMICA, GLOBALIZACION, REFORMAS, INVERSION

El Comercio

El ministro de Economía, Alfredo Thorne, dijo este sábado que los esfuerzos para la reconstrucción justifican un mayor déficit fiscal, y que no hay planes de recurrir a endeudamiento para financiar la brecha.

Thorne no especificó el año para el cual se ampliará la meta de déficit.

"Presentaremos un proyecto al Congreso dentro del cual propondremos un alza en el déficit fiscal que sea consistente con nuestra legislación. Durante un desastre natural podemos incrementar temporalmente ese déficit", dijo, agregando que el texto se entregaría en los próximos días.

La reconstrucción tendrá un costo estimado de 3.000 millones de dólares y la mayor parte tendrá lugar en el 2018, agregó Thorne.

Cabe destacar que la proyección actual del MEF para este año 2017 es un déficit fiscal de 2,5% del PBI.

"El MEF tiene US$15.000 millones en reservas", subraya Luis Alberto Arias. "Deberíamos anunciar inmediatamente cuánto es la nueva meta del déficit", dijo.

Juan José Marthans señaló que sería impertinente mantener la meta fiscal de 2,5% del PBI luego del escándalo de Odebrecht y El Niño Costero. “Hoy día la prioridad es cómo superar el bache de esta crisis. Luego tenemos que volver a la senda: cumplir con la meta de déficit fiscal de acá a 5 años de 1% sin contar este año”, precisó.

Germán Alarco, profesor de la Universidad del Pacífico, señala que no habría que preocuparse en exceso por elevar la meta del déficit fiscal en 1% del PBI durante un par de años.

Peru21

Mariella Balbi entrevista a Elmer Cuba

-¿Cómo se diseña un plan de reconstrucción?
La reconstrucción en sí es una tercera etapa. La primera es atender la emergencia, lo inmediato. La segunda es la reposición de los servicios estatales afectados. La tercera, la reconstrucción es más lenta porque hay que hacer una evaluación de dónde partir y plantearse: este puente, esta escuela, esta posta debería estar acá, o no. Si hay que moverlos, se debe elegir un lugar adecuado. Se parte de cero. Se requiere el expediente técnico, hacer concursos, licitar, seguir el proceso y entregar la obra. El riesgo es que demore y que la población se quede con la reposición. La emergencia permite que los alcaldes gasten rápido la plata que les ha girado el MEF…

(…)

¿Cómo darles la tarea de reconstruir? Han mostrado una debilidad institucional. Sería de la opinión de quitarles algunas funciones a los alcaldes por un tiempo.

-¿A todos los que están en emergencia? ¿Se puede discriminar?
Hay que discriminar, el Perú es muy heterogéneo. La selección se hace con un examen de capacidades institucionales. Si puedes hacerlo, te asigno las funciones. Eso ocurrió con la regionalización. Para las viviendas, yo centralizaría todo en el Ministerio de Vivienda nuevamente, que se encargue de dar el visto bueno para construir en determinado lugar. El alcalde es más sensible a los votos, el ministro no. El Congreso debe dar una disposición para el tema de la vivienda.

(…)

-Las cifras de daños son dramáticas. ¿Serán más de los US$3,000 millones de El Niño 1997-1998?
No son fenómenos comparables. Los del 98 y del 83 fueron más largos. Este ha durado menos días con más daños. El 83, Perú era la cuarta parte de lo que es ahora y el 98, la mitad. Es más rico hoy. En Macroconsult hemos calculado un daño de US$3,100 millones hace una semana, esa cifra ha aumentado.

(…)

-Las cifras para la reconstrucción lanzadas van desde US$4,000 millones a US$10,000…
Los cálculos son muy prematuros…  El MEF anunció que daría S/2,500 millones. Es muy poco, se acaba en una semana.

-¿Es necesario usar el Fondo de Estabilización Fiscal?
Da lo mismo de dónde saques la plata, porque el país tiene dinero. Puede ser del Fondo, de bonos de deuda, préstamos de bancos como CAF, BID, BM. O sacar plata del MEF. Tiene miles de millones depositados en los bancos. Tal vez lo mejor es sacar un poco de cada rubro…

-Pero el crecimiento del PBI será pobre…
Eso viene antes de los desastres, por errores de política económica. El mayor error se cometió el año pasado. El MEF hizo un ajuste fiscal –de gasto y de inversión pública– imprevisible e impensable en el último trimestre. Eso ha provocado una desaceleración fuerte de la demanda interna, creció cero... Tanto fue el error que en el primer trimestre de 2017 han cambiado en 180 grados la política.

-¿Por qué?
Pasaron de ajuste fiscal a expansión fiscal. Esto fue antes de las lluvias con el paquete de S/5,500 millones. No se entiende, se dio cuatro meses después de que frenaste la economía. ¿Qué pasó que frenaste y aceleraste, qué está pasando con el conductor? Luego vino la desgracia de El Niño. Al estímulo del S/5,500 millones tenemos el asociado a El Niño.

(…)

-El gobierno estimó en 3.8% el crecimiento del PBI…
Esto fue antes de las lluvias y era bien optimista. En Macroconsult teníamos 3.5% de crecimiento del PBI y luego lo bajamos a 3.1%. Vino el paquete de estímulo fiscal, luego El Niño y nuestra proyección está en 2.9% de crecimiento del PBI para 2017.

(…)

-¿Cuántos puntos del PBI cuesta El Niño?
Hemos calculado 0.5%.

(…)

…felizmente el presidente ya dijo que (el Zar) no va. ¿Dónde encaja el zar acá? Son leyes, las tiene que cumplir el gobernador regional, el alcalde.

-¿La PCM no está saturada para encargarse de la reconstrucción?
Debería tener una unidad especial de seguimiento y ayuda a los alcaldes y gobernadores regionales. Son los que actuarán, también los ministerios…

(…)

-¿La reconstrucción debería tener un SNIP flexibilizado?
No debería. El SNIP da cierta seguridad de que se haga bien. Hay que respetar todos los sistemas de la administración pública, el SNIP, compras estatales. Si quieres festinar eso, requieres una ley del Congreso.

(…)

La reconstrucción comenzará dentro de tres años y se ejecutará el cuarto.

(…)

El Gasoducto hay que volverlo a licitar con otros parámetros. Si hay un privado que quiera hacerlo, bienvenido. Dudo que alguien lo adquiera. No es muy rentable, hay poca demanda.

-¿Es sano emitir US$3,000 millones para la planta de Talara?
Yo vi ese proyecto cuando costaba US$1,700 millones y pasaba raspando. Ahora cuesta tres veces más, US$5,500 millones. De ninguna manera es rentable para el país. Los ministros de Economía y Energía saben cuánto se ha gastado y deben tomar la decisión de pararlo o no. No creo que nadie se presente a la compra de bonos. Salvo que haya una deuda estatal, lo cual no conviene a los peruanos. Es grosero, pero el gobierno ya decidió seguir ese camino. Tiene miedo a un conflicto social.

-¿Y Chinchero?
La actuación del ministro Vizcarra es reprobable. Al firmar la adenda ha festinado trámites.

(…)

-¿Los Panamericanos van o no van?
Hay dinero para ello y para la reconstrucción. Es un falso debate. No son una inversión rentable. Se gastará US$1,200 millones y se recuperarán 600 millones cuando se venda la Villa Olímpica.

ESTA NOCHE sábado 1 abril 2017

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MEDIA COLUMNA

Piel de cordero

Jorge Morelli

@jorgemorelli1
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Venezuela vuelve a poner sobre la mesa el viejo problema de Allende en Chile: ¿es posible una revolución comunista en democracia? Con 45 años de distancia entre sí, la respuesta es categóricamente negativa en ambos casos. Es más, tenemos que asumir que en ambos casos también la democracia era solo una piel de cordero con que se disfrazaba el lobo.

Si el experimento abortó en Chile y ha durado décadas en Venezuela es a causa del factor económico: Venezuela cuenta con un ingreso virtualmente inagotable de divisas del petróleo mientras en Chile el ensayo se asfixió a sí mismo económicamente.

Los casos de Correa en Ecuador y de Evo en Bolivia replantean la interrogante en un terreno un poco distinto, pero no la absuelven de manera definitiva. En ambos es temprano para pasar juicio sobre el proceso entero, aunque el intento de manipulación constitucional para la reelección -fallida o no- es el síntoma inconfundible de la piel de cordero.

Al parecer, nadie lo sabe mejor que el pueblo paraguayo, que ayer tomó por asalto el Congreso en preventivo rechazo del viejo truco –a fuerza de tanto repetirlo- del intento inconstitucional de aprobar la reelección presidencial.  

La experiencia de las democracias europeas entre las dos guerras no fue tan lejana y distinta como puede parecer. La Segunda República española, la República italiana y la República de Weimar en Alemania pertenecieron a la misma especie. Democracias disfuncionales, pieles de cordero igualmente, para imponer de manera solapada el socialismo en Alemania, Italia y España, luego de la revolución bolchevique en Rusia pocos años antes.

Experimentos calculados o ensayos fallidos –lo mismo da- incubaron trágicamente el totalitarismo nazi, el fascismo italiano y el autoritarismo franquista.

Para erradicar definitivamente de la historia los golpes de Estado la clave se halla en estudiar las fallas en la arquitectura institucional de la democracia que los precedió.

Pieles de cordero no son solo las falsas democracias deliberadamente instrumentadas para ser derrocadas. Lo son también, involuntariamente, las democracias de baja gobernabilidad sin equilibrio de poderes, que los lobos acechan.

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POLITICA EXTERIOR, BRASIL, CHILE, BOLIVIA, VENEZUELA, EEUU

La República

Luego que el parlamento nacional aprobará con 25 votos un proyecto que habilita la reelección presidencial en Paraguay, cientos de ciudadanos salieron a las calles del país a mostrar su descontento. 

Desde la tarde, cientos de personas comenzaron a llegar a las afueras del Congreso para escuchar la decisión del Parlamento, tras conocer la votación, los manifestantes rompieron el vallado policial, y comenzaron una batalla campal. 

Los manifestantes lograron ingresar al edificio parlamentario, donde se encontraban todavía algunos legisladores rechazando la votación que se  dio este viernes que autorizaba la reelección presidencial. El proyecto tiene que pasar por la Cámara de Diputados y luego ser enviado al Tribunal Superior de Justicia Electoral, el cual deberá convocar a un referéndum nacional para aprobar la reelección. 

Este es el resultado de un pacto entre la izquierda Frente Guasuú y el conservador Partido Colorado. Fernando Lugo como Horacio Cartes tienen planes de ser candidatos en las elecciones presidenciales de 2018.

Tras varias horas de enfrentamiento, el presidente del país Horacio Cartes emitió un comunicado a través de su cuenta de Twitter, donde condena estos hechos y los tilda de vandalicos. 

El Comercio

El canciller peruano Ricardo Luna aseguró que el Perú no suscribe la posición expresada en la declaración de la Unión Suramericana de Naciones (Unasur) sobre la disolución del Congreso en Venezuela. 

“El comunicado de Unasur, a mi modo de ver, es un paso adelante, pero no es suficiente. Por eso no lo acompañamos”, expresó el ministro de Relaciones Exteriores esta noche en diálogo con Canal N.

El documento – firmado por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y Paraguay– sobre Venezuela destaca: “Hacemos un llamado por el pronto restablecimiento del orden democrático en ese país para el bien de todo el pueblo hermano de Venezuela”.

Ricardo Luna añadió que la postura que asumió el Perú respecto al país que gobierna Nicolás Maduro representa una “preocupación real, no solo declarativa ni una inspiración súbita”. 

En nuestro fue el primero de Sudamérica –y hasta ahora el único– en retirar de forma definitiva a su embajador en Caracas. Además, el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) aseveró que “condeno la ruptura de la democracia en Venezuela”.

De otro lado, Ricardo Luna señaló: “Nunca me ha gustado, cuando estamos viendo crisis reales, utilizarlas para la proyección de agendas políticas internas. Eso no se ha dado y no se está dando y eso lo demuestra que nos acompañan 19 países”.

Más temprano, Maduro negó que en Venezuela haya una “ruptura del orden constitucional” y aseguró que hay plena vigencia de la Constitución, a pesar de que Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) asumió las funciones del Parlamento y retiró la inmunidad de los diputados.

El Comercio, editorial

Con mi golpe no te metas

Que lo sucedido esta semana en Venezuela es un golpe de Estado y que, por lo tanto, el régimen que impera en ese país es una dictadura es un hecho que ya pocos se atreven a discutir. La admisión de esa circunstancia, sin embargo, entraña para algunos sectores políticos una incómoda verdad adicional. A saber, que o bien ellos mismos han sido protagonistas de un ignominioso episodio similar, o bien han sido cómplices de aquello que ahora se revela como una tiranía sin coartadas.

Lo primero describe la situación del fujimorismo; lo segundo, la del Frente Amplio y su ex candidata presidencial Verónika Mendoza.

Por un lado, en efecto, las semejanzas entre el ‘autogolpe’ perpetrado por Alberto Fujimori en 1992 y el ‘putsch’ de Maduro son clamorosas. En ambos casos estamos ante un Ejecutivo que avasalla, con violencia si es necesario, el equilibrio de poderes y a todo tipo de oposición invocando la emergencia nacional y el interés de la patria, pero sirve en realidad de paraguas a un proyecto de corrupción y perpetuación en el poder a cualquier precio.

Y, por el otro, está demasiado fresca la memoria de la candidata izquierdista contorsionándose ante las demandas de la prensa para no llamar al régimen chavista y a su patética coda –el gobierno de Maduro– por su nombre, y ensayando en cambio fórmulas eufemísticas del tipo “no es una dictadura porque no hubo golpe de Estado” o “en Venezuela se han dado procesos electorales democráticos avalados por entidades internacionales” para no chocar con una administración que, a su entender, “ha defendido muy claramente su soberanía”.

Esa misma sintonía ideológica, por otra parte, es la que explica que, en agosto del año pasado, mientras cinco bancadas del Congreso firmaban una moción condenando al gobierno de Maduro por la “intolerancia política, afectación de la libertad de expresión, violación de los derechos humanos y la existencia de un régimen autoritario y represivo que ha llegado al crimen y a la persecución política de la oposición democrática”, el Frente Amplio presentase una distinta en la que apenas se animaba a hablar de “una compleja situación política, económica y humanitaria”.

Es sobre ese penoso trasfondo, pues, que ahora hay que evaluar los pronunciamientos de esos mismos sectores políticos acerca de lo ocurrido en Venezuela. En el caso de Fuerza Popular, nos referimos, desde luego, a la declaración de la presidenta del Congreso, Luz Salgado, en el sentido de que lo sucedido el 5 de abril de 1992 “tiene una connotación completamente diferente”, así como a la de su vicepresidenta, Rosa Bartra, quien ha sostenido que “no se puede hacer un símil” entre un episodio y el otro porque el autogolpe fujimorista fue “un capítulo único e irrepetible” (una fantasía que, por lo demás, es común a los golpistas de todas las latitudes, frecuentemente persuadidos de que les tocó vivir un trance histórico singularísimo que los obligó a hacer lo que, de otra manera, habría sido inaceptable). La verdad, por supuesto, es que lo difícil, o casi imposible, es no hacer el símil, como demuestra la circunstancia de que la prensa internacional lo haya planteado de manera sistemática desde ayer.

Enredada en su propio laberinto terminológico, por otro lado, Verónika Mendoza ha sostenido que “la resolución del Tribunal de Justicia rompe el equilibrio democrático de Venezuela” (como si tal cosa hubiese existido antes del reciente manotazo del chavismo) y que “es hora [...] de relanzar el proceso de transformación social”. Una negación de lo evidente en la que no han caído otros antiguos dispensadores de indulgencias para el régimen de Maduro, como la congresista Indira Huilca o el líder de Tierra y Libertad, Marco Arana, quien ayer admitió por fin que lo que existe en Venezuela es una dictadura.

Más allá de lo anecdótico, lo que estas consideraciones revelan en última instancia es lo poco arraigadas que están las convicciones democráticas en quienes quieren servirse del sistema que las expresa para llegar al poder. Para ellos, al parecer, todos los golpes son malos... salvo el propio. Alguien tendría que explicarles que su peculiar afán totalitario no constituye, en realidad, ninguna excepción. 

La República

¿Empieza el Vexit?

Mirko Lauer

Las principales agencias de cable han recibido el cierre de clausura de la Asamblea Nacional opositora en Venezuela con un cierto grano de sal. En sus páginas web la noticia no figura tan destacada o dramática como la sentimos en América Latina, y hay frecuentes comillas para las palabras golpe y dictador. Evidentemente esos medios nos quieren decir algo.

Quizás el mensaje es que Nicolás Maduro pisoteando derechos de la ciudadanía ya no es mucha noticia. Es decir que los venezolanos ya venían golpeados desde hace buen tiempo. El cierre le ha dado forma permanente a una desconsideración de la mayoría de la Asamblea que empezó el día que la oposición ganó las elecciones parlamentarias en el 2015.

Sin embargo hay una cuestión de oportunidad. El golpe (pues de eso se trata, sin comilla alguna) coincide con el paso de 20 países de la OEA a una actitud de inédita severidad frente a la crisis democrática y humanitaria en Venezuela. El cierre de la Asamblea es la preparación para una nueva fase de la cubanización en forma del régimen de Maduro.

Para enfrentar el aislamiento diplomático que se viene, Maduro ahora precisa terminar de desmantelar las últimas instituciones democráticas, así como pisar el acelerador del modelo estatista y policial incubado en casi 20 años de chavismo. Lo cual a su vez anuncia nuevos niveles de persecución, comenzando por los parlamentarios.

Desde un inicio Washington moderó su disgusto frente al chavismo y su expansión. En parte por ser un cliente del petróleo venezolano. En parte como táctica frente a la ola de gobiernos de izquierda en la región, dentro de una estrategia general de no intromisión y perfil bajo. Pronto veremos cuánto ha variado el peso de estos factores.

La nueva protesta latinoamericana contra Maduro, con perspectivas de aislamiento diplomático, va a pesar. Pero los problemas más serios del régimen están todos dentro de la propia Venezuela y en las intolerables condiciones de vida de su población. Maduro parece convencido de que logrará superarlos con un ingreso al estalinismo sin atenuantes.

La comparación con el golpe fujimorista, moderado por la OEA, es esperanzada. La otra comparación posible, mucho más peligrosa, es con la Cuba de 1962, cuando salió del sistema interamericano.

ELECCIONES, PARTIDOS, ENCUESTAS, MEDIOS, PSICOSOCIALES

El Comercio

A menos de un mes de haber presentado el proyecto de ley que buscaba regular los medios de comunicación, las congresistas Alejandra Aramayo y Úrsula Letona dieron medio paso atrás. Las parlamentarias de Fuerza Popular presentaron ayer un nuevo proyecto, el cual retira la figura de una “veeduría ciudadana” y ya no busca prohibir que investigados por corrupción ocupen cargos en una empresa periodística.

No obstante, mantiene la propuesta para que quienes cuenten con sentencia firme por corrupción no puedan ser directores periodísticos, editores, productores, miembros del directorio, accionistas, gerentes generales o apoderados de un medio. Ello a fin de que “la muerte civil aplicada en el sector público se replique en los medios de comunicación, los cuales son formadores de opinión”, según Letona.

La nueva iniciativa se presenta en medio de una gran controversia generada por la primera propuesta de Aramayo y Letona. En los últimos días, diversos organismos locales e internacionales se manifestaron en contra del primer proyecto de ley. Entre ellos la Defensoría del Pueblo, que consideró que la iniciativa atentaba “directamente contra derechos y libertades” fundamentales. “Hemos ponderado lo dicho por la defensoría y, en función a eso, modificamos el proyecto”, reveló ayer Letona.

Las modificaciones, sin embargo, no parecen haber sido suficientes para menguar el rechazo ante el proyecto de ley de control de medios. Si bien la defensoría prefirió no manifestarse hasta el cierre de esta edición, organismos como el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reafirmaron su posición crítica hacia la propuesta de las congresistas de Fuerza Popular.

El presidente del CPP, Bernardo Roca Rey, calificó al nuevo proyecto como “más de lo mismo”.   “Estas congresistas repiten prácticas del Gobierno Venezolano. Tanto el primer como el segundo proyecto no tienen ni pies ni cabeza”, recalcó.

En esa misma línea, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Roberto Rock, consideró que el nuevo documento también es una amenaza.  “Se mantiene vigente la potestad de que el Estado, de manera discrecional y por motivos políticos, pueda condenar a alguien que resulte incómodo”, dijo Rock a El Comercio.

Precisamente, minutos antes de presentar la nueva iniciativa, Letona se refirió a la controversia generada a lo largo de la semana.

“Nos hubiera gustado [que el debate] se dé en el Congreso, donde debe darse la discusión, y no a través de editoriales. Si algún medio tiene algo que decir [sobre el nuevo proyecto], que nos remita sus opiniones y las ponderaremos”, declaró la parlamentaria.

Para los expertos consultados, los dichos de Letona dan indicios de “la visión autoritaria” con la que se redactaron ambos proyectos.

Roca Rey calificó la declaración de Letona como “dichos de antología que serán incluidos en todos los textos sobre libertad de prensa”. Rock recalcó que “la falta discusión pública es precisamente lo que pudre a las democracias”.

Algunos, incluso, agregaron que esta sería una señal de lo que podría darse después de aprobada la ley. “Aún no se ha dado y ya cree que puede definir qué dicen los medios y cómo lo dicen”, indicó el ex presidente del CPP  Gonzalo Zegarra.

En la Comisión de Constitución del Congreso deberá debatirse la nueva iniciativa.

El presidente de la comisión, Miguel Torres (Fuerza Popular), considera que, después de los cambios, “la iniciativa no vulnera la libertad de expresión”.

Los constitucionalistas Samuel Abad y Víctor García Toma criticaron el primer proyecto.Y mientras Abad considera que la segunda iniciativa sigue siendo inconstitucional, García Toma cree que ya resistiría el test de constitucionalidad.

¿Qué dice cada proyecto de ley?

- Primera iniciativa
Numeral 2,1 del artículo 2: “No podrán ser directores periodísticos, editores, productores, miembros del directorio, accionistas, gerentes generales, apoderados u otro cargo análogo en un medio de comunicación personas que mediante sentencia firme hayan sido condenadas por delitos de corrupción en perjuicio del Estado”.

Numeral 2,3 del art. 2: “La prohibición se extiende a personas investigadas por el Ministerio Público por la comisión de delitos de corrupción en agravio del Estado Peruano”.

Artículo 3: “Los ciudadanos ejercen la veeduría en la conducción de los medios de comunicación para garantizar su derecho a la información neutral, objetiva y desinteresada que deben ejercer los medios”.

- Segunda iniciativa
Numeral 2,1 del art. 2: “No podrán ser directores periodísticos, editores, productores u otro cargo análogo cuya responsabilidad incida en la línea editorial de un medio de comunicación las personas que mediante sentencia firme hayan sido condenadas por delitos de corrupción en perjuicio del Estado”.

Numeral 2,2 del art. 2: “No podrán ser presidente o miembro del directorio, accionistas, gerente general o apoderado de un medio de comunicación las personas que mediante sentencia firme hayan sido condenadas por delitos de corrupción en perjuicio del Estado”.

El Comercio

El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) se pronunció esta noche en contra del nuevo proyecto de control de medios, promovido por las congresistas de Fuerza Popular Úrsula Letona y Alejandra Aramayo, advirtiendo el retorno “de prácticas de intimidación a la prensa y libertad de expresión”.

En ese sentido, la junta directiva de dicho ente señaló que, pese al rechazo generado por el primer proyecto, se ha persistido en presentar una nueva versión de la propuesta, “igualmente contraria al derecho de todo ciudadano a expresarse e informarse libremente”.

“Nuestra institución rechaza esta nueva iniciativa que pretende usar como pretexto la lucha anticorrupción para incorporar un régimen de control de contenidos y vulnerar derechos amparados por la Constitución”, se indicó a través de un comunicado titulado “La libertad de expresión y el derecho a informarse libremente no son negociables”.

Asimismo, el Consejo de la Prensa Peruana criticó que el proyecto haya mencionado como premisa “garantizar el derecho a la información objetiva, veraz, plural y oportuna de la sociedad”, pues lo dicho es lo suficientemente amplio y subjetivo "como para legalizar la censura".

El organismo pidió estar alertas a quienes dirigen plataformas digitales, pues "los bloggeros o youtubers son responsables de sus líneas editoriales y tanto ellos como los contenidos que trasmiten están bajo el ámbito de aplicación de la propuesta legislativa".

Finalmente, el CPP exhortó a Úrsula Letona y a Alejandra Aramayo a retirar el proyecto en el menor plazo posible.

“En cualquier caso, invocamos a los miembros de la Comisión de Constitución del Congreso, presidida por el congresista de Fuerza Popular Miguel Ángel Torres, a archivarlo”, se pidió.  

El Comercio

Un error con nombre propio

Fernando Rospigliosi

Ante el casi unánime rechazo a su proyecto de ley sobre medios de comunicación, la congresista fujimorista Úrsula Letona se vio obligada a retirarlo. Incluso varios miembros de su bancada habían tomado distancia de la infeliz iniciativa, al constatar el repudio que suscitaba.
Naturalmente, Kenji Fujimori no desperdició la oportunidad de diferenciarse de la propuesta de una parlamentaria que es muy cercana a su hermana Keiko.
En su habitual medio para comunicarse, el Twitter, Kenji publicó: “‘La libertad de prensa es el frondoso árbol bajo el que se cobijan todas las demás libertades’. Alejandro Miró Quesada”. Por supuesto, no es casualidad que citara a un ex director de El Comercio y patriarca de la familia Miró Quesada, probable objetivo del nonato proyecto –3 artículos– de Letona.
Lo esencial de la propuesta era prohibir todo tipo de participación –director, periodista, accionista, etc.– de los investigados o sentenciados “por la comisión de delitos de corrupción en agravio del Estado peruano”.
Es decir, bastaría que un fiscal abra una investigación por ese delito a un ciudadano para excluirlo de cualquier tipo de participación en un medio de comunicación.
Así, delincuentes como Gerson Gálvez, ‘Caracol’, o Gerald Oropeza o individuos acusados de violación, narcotráfico o asesinato podrían eventualmente ser directores, periodistas o accionistas de un medio de comunicación. Pero no por ejemplo –este es un nombre escogido completamente al azar– José Graña Miró Quesada, ex presidente de la constructora Graña y Montero (GyM). La procuraduría ha pedido incluirlo en la investigación por la asociación de la empresa que dirigió con Odebrecht, y aunque la fiscalía no ha accedido, eso podría suceder.
Algunos suspicaces, como el ex presidente del Tribunal Constitucional Víctor García Toma, creían que el proyecto “está vinculado a hechos recientes suscitados en torno a un grupo periodístico conocido” (“Proyecto sobre medios ha nacido muerto”, 29.3.17, “Perú21”).
Lo significativo de este asunto es cómo el fujimorismo, o más propiamente, la facción que dirige Keiko, se enredó con una propuesta que tenía escasas posibilidades de prosperar y que despertaba antiguos fantasmas que le hacen un tremendo daño.
Uno de los lastres más negativos del fujimorismo son los ataques a los medios de comunicación independientes, desde la intervención militar el día del golpe del 5 de abril de 1992 hasta la descarada compra de propietarios y periodistas con dinero robado al Estado, en el Servicio de Inteligencia (SIN) que dirigía Vladimiro Montesinos, pasando por los inmundos insultos de la prensa amarilla a los que osaran criticarlos.
Precisamente en vísperas del aniversario 25 del golpe, no tuvieron mejor idea que suscitar un debate sobre uno de los aspectos más repudiados de la dictadura de la década de 1990.
Sin duda hay resentimientos, expectativas de venganza e influencia de gente con intereses particulares en el asunto. Pero lo revelador es que eso fue más importante que el cálculo político del fujimorismo, que debió haberlos disuadido de presentar una propuesta tan perjudicial para ellos.
Y a propósito de GyM, algunos no ocultan sus deseos de liquidar la empresa. Ese sería un grave error, dice Julio Luque. Sostiene que GyM debe someterse a las investigaciones y recibir sanciones si se comprueba la comisión de delitos, pero:
“GyM es, por una considerable diferencia, la principal y mejor empresa de ingeniería del Perú. Su capacidad para ejecutar proyectos con la más alta calidad y para enfrentar los retos de nuestra complicada geografía con soluciones técnicas innovadoras sigue intacta. Ha funcionado durante décadas como una verdadera escuela de ingeniería, terminando de formar a los profesionales que salían de nuestras universidades.
Pertenece al muy reducido club de empresas nacionales que han logrado competir exitosamente más allá de nuestras fronteras. Un país con tanta necesidad de infraestructura y tanta ausencia de conocimientos técnicos necesita más empresas como GyM, no menos” (El Comercio, 26.3.17).
En el gobierno, como ya es usual, se han expresado opiniones contradictorias. Algunos pretenden prohibirle a la “mejor empresa de ingeniería del Perú” que participe en la reconstrucción. Además, todas las otras grandes empresas constructoras nacionales han estado asociadas también a los brasileños los últimos años, por lo cual también podrían caer.

Investigar y sancionar es muy necesario, pero no destruir más de lo que ya está devastado. 

El Comercio

Más de lo mismo

Aníbal Quiroga

Ante el repudio nacional casi unánime, las azoradas autoras de la mayoría congresal del proyecto de ley 1027/2016-CR, que fuera sustentado ante la Comisión de Constitución y Reglamento, han tenido que recular. Han dado marcha atrás y lo han retirado, pero como llevan en una tozudez autoritaria lo han reingresado sustancialmente modificado: ya no tiene la alegada veeduría pública inserta en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (del Poder Ejecutivo) ni la proscripción por la sola investigación del Ministerio Público; solo ha quedado la parte referida a sentencias condenatorias por corrupción.

El proyecto vergonzantemente reformulado sigue siendo pomposo y grandilocuente, y de abundante adjetivación. En su artículo 1 se lee “Objeto de la ley.- Adoptar medidas destinadas a garantizar el derecho a la información objetiva, veraz, plural y oportuna de la sociedad y fortalecer el ejercicio de la libertad de expresión de los medios de comunicación y de la sociedad civil, legítimamente representada. Evitar la influencia en contenido y línea editorial, entre otros conceptos análogos, como resultado de la interferencia de los actos de corrupción de titulares o terceros vinculados a medios de comunicación, cautelando la libertad de expresión y el derecho de información de los ciudadanos”.

Como los ciudadanos somos tintos, necesitamos que el Estado, por medio de una ley del Congreso, sea el guardián de nuestros derechos a la libertad de expresión e información. ¿En verdad esto le corresponde al Estado, o será más bien que el Estado debe respetar el libre ejercicio de esos dos derechos? Ese es un importante matiz conceptual.

¿Por qué una ley del Congreso debe ser la guardiana de que la información sea objetiva, veraz, plural y oportuna de la sociedad (sic), so pretexto de fortalecer el ejercicio de la libertad de expresión en los medios de comunicación y de la sociedad civil legítimamente representada? ¿Cuál sería una representación ilegítima? Al margen del galimatías, no se entiende quién es el llamado a representar legítimamente a la sociedad civil ni ante quién lo haría.

En sus dos incisos del artículo 2 se proscribe que los directores periodísticos, editores, productores o de cargos análogos con responsabilidad en la línea editorial de un medio de comunicación ejerzan esos cargos cuando haya sido pasibles de condena firme por delito de corrupción. También se prohíbe que el presidente del directorio, los directores o accionistas, gerente general o apoderados de un medio de comunicación puedan ejercer esos cargos o tengan esa titularidad (ser accionista no es un cargo, es ser titular de una alícuota del capital social) si es que han recibido sentencia firme por delito de corrupción.

Por supuesto que este proyecto, además de no contemplar figuras delictivas también muy graves para la sociedad (violación, pedofilia, homicidio o terrorismo), viola flagrantemente el derecho constitucional a la libertad de información y a la libertad de prensa, como bien lo ha apuntado la Defensoría del Pueblo.

¿Por qué la abrumadora mayoría congresal, que es oposición al gobierno, pretendería suicidarse con una norma de esta laya? Es difícil de entender, pero parece altamente improbable que una norma de esta factura sea finalmente aprobada por el Congreso. Y si lo fuera, sería prontamente fulminada por el Tribunal Constitucional, que para eso está.

La explicación quizás la podamos encontrar en una fábula del sapo y el alacrán atribuida a Esopo. Lo llevan en el espíritu. Es consustancial a su naturaleza política. En efecto, parece haber un ADN autoritario en la formulación de una norma así. ¿Por qué plantearla justo ahora? No han logrado desprenderse de esa pulsión autodestructiva de las principales libertades. Pese a su aplastante mayoría no han evolucionado hacia un desarrollo democrático sustancialmente superior a aquel que recibieron como impronta en su nacimiento y desarrollo político en la historia reciente.

GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA

El Comercio

De damnificados a reconstructores

Carlos Meléndez

Empieza el momento de recuperación de las zonas afectadas por El Niño costero. El primer paso consiste en dilucidar cómo conceptualizar la reconstrucción. Un enfoque limitado pone énfasis en la inversión eficiente en ladrillo y cemento, y en la reubicación ordenada. Un enfoque más integral, por su parte, debe concebir la reconstrucción como un proceso social, dotando a los damnificados de herramientas para convertirlos en protagonistas y agentes de su propia recuperación material y comunitaria. De otro modo, la desafección respecto al Estado se agudizará más, como sucedió en Ica luego del terremoto del 2007.
En este sentido, es central la articulación y potenciación del capital social con que cuentan las poblaciones afectadas. Es decir, identificar los lazos asociativos fundantes del trabajo colaborativo organizado. Las políticas públicas –especialmente aquellas destinadas a situaciones de emergencia– requieren de un sustento social. En situaciones similares, pasados gobiernos apelaron a la sociedad civil popular como socio activo. Cooperación Popular (en el gobierno de Belaunde) y las organizaciones femeninas de base (en el gobierno de Fujimori) constituyeron pilares sociales claves. No hay reconstrucción sostenible sin una sociedad civil popular organizada.
Tengo la impresión de que el capital social en el Perú se ha devaluado en las últimas décadas por una combinación de exacerbación del individualismo, desconfianza del activismo público y desprestigio de la política. En el mundo popular, las organizaciones sociales languidecen, las juntas barriales son parte del pasado, las rondas campesinas han tenido mejores momentos de articulación y las asociaciones de regantes pierden vigencia. Hay poco organizado en la sociedad peruana más allá de iglesias (católicas y evangélicas) y frentes de defensa armados al gusto de la protesta de turno. ¿Por cuál entramado social fluirá el esfuerzo comunitario que la reconstrucción requiere?
No se trata de que el gobierno de Kuczynski decrete un mágico incremento del capital social, sino de que identifique la gravedad de su déficit. Por ejemplo, podría buscar acercamientos con partidos políticos con algo de enraizamiento social en el norte (Alianza para el Progreso, el Apra). Lamentablemente este gobierno está demostrando su mirada angosta para comprender la realidad nacional, sus bien intencionadas obsesiones sesgan el sentido de gobierno. Ensimismados en la evolución del PBI, olvidan la responsabilidad de organizar la vida comunitaria de la sociedad. Se emocionan con el capital financiero y se nublan ante el capital social. Su ‘sensibilidad social’ se concentra en las redes sociales virtuales, perdiendo de vista las reales. La presencia del Estado no se concreta en hashtags sino al cultivar la confianza ciudadana. 
Si no se da la transición de damnificados a reconstructores, el gobierno habrá desaprovechado su tan anhelada oportunidad de conectar con el país. Lo que es peor, habrá agudizado la desafección y se habrá convertido en la confirmación del estereotipo provinciano y popular sobre las élites limeñas: desmerecedoras de dirigir un país que no conocen.