ESTA NOCHE sábado 20 mayo 2017
ESTA NOCHE,
donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.
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MEDIA
COLUMNA
Una licitación
global
para
la reconstrucción
Jorge
Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
jorgemorelli.blogspot.com
Es
discutible la decisión del gobierno de cerrar los ojos y declarar que, mientras
una empresa no haya sido objeto de una condena, puede participar perfectamente
de las licitaciones de la reconstrucción.
Pierde
o pierde el gobierno en esto, sin embargo. Porque es discutible al mismo tiempo
que tenga competencias para impedir que una empresa privada se presente a una
licitación. Al darles luz verde a esas empresas, sin embargo, parece cómplice
de que continúen medrando los que han esquilmado a los peruanos para su
bolsillo.
Ese es
el precio de pensar pequeño. Miremos desde más atrás y más lejos.
Siempre
fue cosa de sospechar que pasar del imperialismo yanqui al paulista iba a ser
un pésimo negocio. Afortunadamente, la corrupción masiva de las empresas
brasileñas solo podía prosperar por un tiempo limitado, hasta llamar la
atención global. He escrito antes que, a mi juicio, ha sido una operación de inteligencia
global reunir las evidencias de la corrupción brasileña para luego trasladarlas
a las fiscalias de toda la región.
Esto
no fue, desde luego, amor al chancho de la moralización sino al objetivo
igualmente legítimo de la libre competencia, impedida durante décadas por las
argollas mercantilistas de la región, que cerraron las puertas a la competencia
de fuera.
Pues
bien, hoy tenemos la oportunidad de escapar de la prisión del mercantilismo
regional y acabar con esas argollas nocivas. No son indispensables, ni hace
falta prohibirles la participación.
Lo que
se debe hacer es lanzar una convocatoria de escala global para la
reconstrucción del Perú.
Las mega
empresas de construcción de todo el planeta deben ser invitadas con una campaña
publicitaria masiva en los medios de impacto mundial a participar en las
licitaciones de obra pública no solo para la reconstrucción, sino para el rediseño
de la infraestructura masiva que necesita el Perú para el siglo XXI y su
inserción competitiva en la economía global.
Lo
sano es dejar de lado esta polémica de opciones cerradas entre quienes quieren
permitir que las empresas corruptas participen en la reconstrucción solo porque
no hay otras, y quienes demandan con sentido común que tal participación no debería
serles permitida.
Cuando
uno se descubre atrapado en un juego de suma cero, hay que pensar en grande.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo
como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
LIBERTAD ECONOMICA, GLOBALIZACION,
REFORMAS, INVERSION
Expreso
Destacados analistas y
exlegisladores, así como parlamentarios en actividad, rechazaron, al ser
consultados por EXPRESO, la inminente participación de la constructora Graña y
Montero (GyM) y otras socias locales de la brasileña Odebrecht en las
licitaciones del Gobierno para la reconstrucción.
Ello tras la difusión, en
la edición de EXPRESO de ayer jueves, de un comunicado de los miembros de la
Comisión Lava Jato, en el que exigen al Ejecutivo impedir la intervención de
empresas investigadas por corrupción en las obras que se licitarán.
El documento, como informó
este diario, cuestiona las declaraciones del premier Fernando Zavala, quien
anunció que podrán participar en contratos con el Estado las empresas que no
tengan sentencia firme o no hayan admitido responsabilidad en casos de
corrupción.
Sostienen los congresistas
de la Comisión Lava Jato que la posición basada en la supuesta presunción de
inocencia es una puerta abierta a nuevos hechos de corrupción.
Asimismo, cuestionan el
Decreto de Urgencia N° 003-2017, que permite disponer libremente de sus bienes
y fondos a las empresas que han perjudicado al Estado en hechos de corrupción.
El exsenador y analista
político José Barba Caballero opinó que el premier Zavala no es el responsable
de este tipo de decisiones contrarias a una política anticorrupción, sino que
“me inclino por pensar que él recibe una presión muy fuerte de parte del
presidente Kuczynski”.
El experto en temas de
gobiernos locales y regionales, Julio César Castiglioni manifestó su
preocupación por la inclusión en la reconstrucción de una empresa cuestionada
legalmente como GyM, que es objeto de un proceso de investigación. “Espero que
en las licitaciones se incluyan cláusulas para que estas empresas no
participen”, subrayó.
El Comercio
El presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, ratificó su posición respecto a la
posibilidad de que empresas que no tengan sentencia ni tampoco hayan admitido
actos de corrupción -incluso las que participaron en consorcios con Odebrecht-
sí podrán licitar con el Estado y participar, por ejemplo, de las obras de
reconstrucción en las zonas afectadas por las lluvias.
"El Poder Ejecutivo no es juez, tienen que realizarse las investigaciones en las instancias respectivas, que son la fiscalía y el Poder Judicial. Si es que hay sentencia, obviamente nosotros la tomaremos", dijo este miércoles en respuesta a la presidenta del Congreso, Luz Salgado.
"El Poder Ejecutivo no es juez, tienen que realizarse las investigaciones en las instancias respectivas, que son la fiscalía y el Poder Judicial. Si es que hay sentencia, obviamente nosotros la tomaremos", dijo este miércoles en respuesta a la presidenta del Congreso, Luz Salgado.
“Si esa empresa, que ya sabemos que está con proceso
investigatorio (por el Caso Odebrecht) y que inclusive la procuraduría se ha
preocupado, resulta en un juicio sentenciada y ya le hemos entregado recursos
para que hagan obras, esos recursos estarían en riesgo”, dijo la titular del
Parlamento.
El Comercio
Los integrantes de la
Comisión Lava Jato que
investigan los presuntos sobornos de las empresas brasileñas en el Perú
emitieron hoy un pronunciamiento en el que cuestionan las declaraciones del
primer ministro Fernando Zavala, referidas
a que las empresas investigadas por corrupción que no tienen sentencia pueden
licitar en la obras de la reconstrucción.
En el comunicado se señala que permitir que esas empresas que fueron socias de Odebrecht contraten con el Estado “constituye una puerta abierta a nuevos o reiterados casos de corrupción en las mismas modalidades colusorias que hoy son materia de investigación en el Congreso, el Ministerio Público y el Poder Judicial".
Los integrantes de la Comisión Lava Jato indican que la presunción de inocencia no es un derecho absoluto, sino relativo y que con este tipo de decisiones del Ejecutivo “se estimula una práctica perversa de ciertas empresas, consistente en negar la comisión de delitos mediante todo tipo de argucias, en vez de promover la colaboración con la justicia que nos lleve a sancionar a los corruptos”.
El comunicado agrega que el Decreto de Urgencia 003-2017 está orientado a favorecer a las empresas que han agraviado al país y que, para colmo, se les permite traspasar o vender sus activos poniendo en riesgo el resarcimiento del daño efectuado al Estado Peruano.
En el documento, la Comisión Lava Jato recomienda y exhorta al Ejecutivo a poner en marcha la reconstrucción “con orden, honestidad y transparencia y a tener en cuenta la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que advierte sobre la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades”.
En el comunicado se señala que permitir que esas empresas que fueron socias de Odebrecht contraten con el Estado “constituye una puerta abierta a nuevos o reiterados casos de corrupción en las mismas modalidades colusorias que hoy son materia de investigación en el Congreso, el Ministerio Público y el Poder Judicial".
Los integrantes de la Comisión Lava Jato indican que la presunción de inocencia no es un derecho absoluto, sino relativo y que con este tipo de decisiones del Ejecutivo “se estimula una práctica perversa de ciertas empresas, consistente en negar la comisión de delitos mediante todo tipo de argucias, en vez de promover la colaboración con la justicia que nos lleve a sancionar a los corruptos”.
El comunicado agrega que el Decreto de Urgencia 003-2017 está orientado a favorecer a las empresas que han agraviado al país y que, para colmo, se les permite traspasar o vender sus activos poniendo en riesgo el resarcimiento del daño efectuado al Estado Peruano.
En el documento, la Comisión Lava Jato recomienda y exhorta al Ejecutivo a poner en marcha la reconstrucción “con orden, honestidad y transparencia y a tener en cuenta la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que advierte sobre la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades”.
El Comercio
Un proyecto de ley de la congresista fujimorista Karina
Beteta plantea modificar el Decreto de Urgencia N° 003-2017 del Ejecutivo. Este
dispone que toda empresa condenada por actos de corrupción, o que admita
haberlos cometido, no podrá vender sus bienes ni transferir al extranjero sus ganancias.
El decreto, promulgado en febrero pasado, tiene como
premisa asegurar la continuidad de los proyectos de inversión y cautelar el
pago de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción, como el
de la empresa Odebrecht. El último miércoles, Beteta ha planteado un cambio:
extender las responsabilidades a las que fueron socias de empresas como Odebrecht –que aún no tienen sentencias por corrupción– y que se
les apliquen las mismas prohibiciones; entre ellas, no contratar con el Estado.
“Si realmente se quiere luchar contra la corrupción,
entonces hay que sancionar a todas las empresas que habrían sido copartícipes
en estos actos”, señaló.
Beteta aclaró que aún no ha conversado con toda la
bancada de Fuerza Popular para que apoyen su propuesta. El documento presentado
ya cuenta con 15 firmas de la oposición mayoritaria.
“Este proyecto no tiene nombre propio. En un Estado de
derecho las normas tienen que ser iguales para todos”, agregó. La iniciativa
legal se discutirá en las comisiones de Constitución y Fiscalización.
Consultado, el abogado constitucionalista Víctor García
Toma opinó que la iniciativa de Beteta afecta el derecho fundamental que es la
presunción de inocencia de las personas jurídicas. El ex procurador
anticorrupción Joel Segura opinó que la propuesta “sería una intromisión en la
investigación judicial, que está avanzando y que determinará responsabilidades.
Como se informó, el Ejecutivo emitió el Decreto de Urgencia
N° 003-2017 precisamente en medio de las investigaciones contra la empresa
brasileña, que ha admitido el pago de coimas por US$29 millones a funcionarios
estatales entre el 2005 y 2014 a fin de adjudicarse obras públicas. Además, el
Estado corría el riesgo de que compañías como Odebrecht vendan sus activos o
trasladen sus cuentas al extranjero, dificultando el cobro de una eventual
indemnización.
El Decreto de Urgencia del Ejecutivo, según su artículo 2, alcanzaba a personas jurídicas o funcionarios de estas condenados por delitos contra la administración pública, lavado de activos o equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros países en agravio del Estado. También, a las organizaciones que directamente o a través de sus representantes hubiesen admitido y/o reconocido la comisión de cualquiera de los ilícitos señalados.
Sin embargo, una de las modificaciones del proyecto de Beteta (N° 1410-2016-CR) se da precisamente en cuanto a ese artículo. Así, propone además que la responsabilidad también alcance a “cualquier persona jurídica o ente jurídico que sea o haya sido socio o asociado”, por ejemplo de empresas como Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutierrez o Queiroz Galvao.
Ello “bajo cualquiera de las formas asociativas o societarias previstas por la ley, teniendo ambas algún tipo de participación patrimonial mediante acciones o participaciones en una persona jurídica o ente jurídico distinto, al tiempo de la comisión de los delitos” citados. Esto, por ejemplo, en el caso de una empresa vinculada a actos de corrupción y que haya formado parte de un consorcio para alguna obra.
Efectivamente, la exposición de motivos del proyecto de ley de la legisladora de Fuerza Popular señala que “resulta esencial extender los alcances de dicha norma [la del Ejecutivo] para comprender a las personas jurídicas que actuaron bajo la modalidad de consorcio”.
En ese caso, dice el proyecto, esas otras personas jurídicas (empresas) podrían quizá no haber participado directamente de actos de corrupción o lavado de activos, pero sí “terminaron beneficiándose con la rentabilidad obtenida como consecuencia de las actividades ilícitas”.
El Decreto de Urgencia del Ejecutivo, según su artículo 2, alcanzaba a personas jurídicas o funcionarios de estas condenados por delitos contra la administración pública, lavado de activos o equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros países en agravio del Estado. También, a las organizaciones que directamente o a través de sus representantes hubiesen admitido y/o reconocido la comisión de cualquiera de los ilícitos señalados.
Sin embargo, una de las modificaciones del proyecto de Beteta (N° 1410-2016-CR) se da precisamente en cuanto a ese artículo. Así, propone además que la responsabilidad también alcance a “cualquier persona jurídica o ente jurídico que sea o haya sido socio o asociado”, por ejemplo de empresas como Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutierrez o Queiroz Galvao.
Ello “bajo cualquiera de las formas asociativas o societarias previstas por la ley, teniendo ambas algún tipo de participación patrimonial mediante acciones o participaciones en una persona jurídica o ente jurídico distinto, al tiempo de la comisión de los delitos” citados. Esto, por ejemplo, en el caso de una empresa vinculada a actos de corrupción y que haya formado parte de un consorcio para alguna obra.
Efectivamente, la exposición de motivos del proyecto de ley de la legisladora de Fuerza Popular señala que “resulta esencial extender los alcances de dicha norma [la del Ejecutivo] para comprender a las personas jurídicas que actuaron bajo la modalidad de consorcio”.
En ese caso, dice el proyecto, esas otras personas jurídicas (empresas) podrían quizá no haber participado directamente de actos de corrupción o lavado de activos, pero sí “terminaron beneficiándose con la rentabilidad obtenida como consecuencia de las actividades ilícitas”.
El Comercio
¿Todos
en el mismo saco?
Luis
Miguel León Luna
(…)
Seguramente
con una buena intención, aunque sin medir del todo las implicancias jurídicas
de su iniciativa, la congresista fujimorista Karina Beteta ha presentado hace
unos días un proyecto de ley para modificar el Decreto de Urgencia N° 003-2017, el
cual fue publicado por el Poder Ejecutivo en febrero de este año con el
propósito de asegurar la continuidad de proyectos de inversión para la
prestación de servicios públicos y cautelar el pago de la reparación civil a
favor del Estado en casos de corrupción.
Con la
iniciativa de la legisladora de Fuerza Popular, se busca que aquellas empresas
que pudieran haber tenido algún vínculo asociativo de cualquier naturaleza con
empresas involucradas en actos de corrupción –inclusive a través de figuras
como el consorcio o la asociación en participación– queden impedidas de
contratar con el Estado. Aunque el objetivo puede ser muy atendible, la
propuesta vulneraría algunos principios y conceptos esenciales de nuestro
ordenamiento jurídico.
Debe
tenerse en cuenta que el hecho de que una empresa haya hecho negocios con otra
y esta última hubiera incurrido en irregularidades o ilícitos, no puede
convertir automáticamente a la primera en infractora, pues en todo caso ello
deberá ser debidamente investigado y demostrado por las autoridades competentes
luego de un procedimiento regular, y después de haberle permitido a la empresa
imputada plantear su defensa.
(…)
Peru21
La APP que no es para celular
Juan Mendoza
Las APP son asociaciones público
privadas y pueden ser una gran herramienta para construir y operar
infraestructura pública. En esencia, en una APP un privado pone la
plata para construir la obra y luego recibe una concesión pública que le
permite recuperar su inversión. El privado podría también ser más eficiente y
reducir el riesgo del proyecto. Así, en teoría, las APP le podrían
permitir al Estado construir obras más rápido, con mayor eficiencia y menor
riesgo.
Hasta ahí todo es color de rosa. Pero muchas APP,
como las Interoceánicas, el Gasoducto, Rutas de Lima y Línea Amarilla, han sido
una estafa para el Perú. Y lo han sido porque los privados han puesto muy poco
de la suya pero vaya que se han llenado los bolsillos en el usufructo de las
concesiones. ¿Para qué se necesita una APP si el Estado financia la
obra?
(…)
…es mi firme opinión que la adenda de
Chinchero es en extremo lesiva y que causa un daño devastador al esquema de APP.
Una razón por la que las APP no
funcionan bien es porque el análisis técnico ha importado muy poco. O bien se
eximen las APP de filtros como el SNIP (Interoceánica), o
se “inventan” demandas y ofertas (Gasoducto), o se crean monopolios que suben
tarifas sin mejorar servicio (Rutas de Lima), o se ignoran olímpicamente las
objeciones de los técnicos de Ositran a las adendas (Chinchero).
Ricardo Lago me contó una anécdota muy
pertinente del economista ruso Vladimir Mau. Luego de la desintegración de la Unión
Soviética, Vladimir daba conferencias sobre la transición a la economía de
mercado; y cuando algún político le decía que estaba de acuerdo con el mercado
y la privatización pero adaptado a las características del país, como en muchas
de las APP peruanas, Vladimir rumiaba: “éste se quiere robar algo”.
Pienso igual cuando se rehúye el debate diciendo “éste es un tema técnico”,
porque es más bien el análisis técnico el que brilla por su ausencia.
Las APP no son una bala mágica que
erradica la corrupción, ni la ineficiencia, ni el afán inmoral de algunos de
querer utilizar la plata del ciudadano en beneficio propio o de sus amigotes.
(…)
El Comercio
La Procuraduría Pública Ad Hoc para el Caso Odebrecht
ha denunciado penalmente ante el Ministerio Público a las empresas Graña y
Montero S.A.A., JJC Contratistas Generales S.A. e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. por sus vinculaciones al pago de coimas de la
empresa brasileña Odebrecht por los tramos II y II de la carretera Interoceánica
Sur.
En ese sentido, dicho ente también informó que ha
formalizado acusación contra los altos directivos José Alejandro Graña
Miró Quesada (Graña y Montero S.A.A.), Fernando
Camet Piccone (JJC Contratistas Generales S.A.) y Fernando Castillo Dibós Ingenieros Civiles y
Contratistas Generales S.A.
Al respecto, se conoció que la denuncia formulada por
el despacho de la procuradora pública Ad Hoc Katherine Ampuero Meza fue
presentada ante el Fiscal Superior Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas
en Delitos de Corrupción de Funcionarios el pasado 10 de mayo.
La misma procuraduría recordó que el delito imputado
contra las personas naturales y jurídicas antes mencionadas es presunta
colusión en agravio del Estado a partir de las coimas pagadas por Odebrecht a
efectos de que la Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo II S.A. y Tramo
III S.A. fuera beneficiada irregularmente.
ANTICORRUPCION,
PERSECUCIÓN, JUDICIALIZACION POLITICA
El Comercio
El anunciado hábeas corpus con el que se busca obtener
la libertad del ex presidente Alberto Fujimori ya está en marcha. El recurso constitucional fue
presentado ayer por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori,
quien manifestó que así se inicia “un nuevo camino para la libertad” de su
padre.
“Abrigo la esperanza que se hará justicia”, agregó la ex candidata presidencial a través de su cuenta de Twitter y luego agradeció “a las personas que desde hace varios meses se han sumado a la construcción de esta ruta”.
El Poder Judicial informó que el juez Arnaldo Sánchez, del Juzgado Penal 43 de la Corte de Lima, será el encargado de evaluar si el hábeas corpus es admitido a trámite.
“Abrigo la esperanza que se hará justicia”, agregó la ex candidata presidencial a través de su cuenta de Twitter y luego agradeció “a las personas que desde hace varios meses se han sumado a la construcción de esta ruta”.
El Poder Judicial informó que el juez Arnaldo Sánchez, del Juzgado Penal 43 de la Corte de Lima, será el encargado de evaluar si el hábeas corpus es admitido a trámite.
Este nuevo hábeas corpus a favor del ex mandatario se
ha interpuesto contra la sentencia de 25 años de prisión que dictó la Sala
Penal Especial que presidió César San Martín y contra el fallo de la Primera
Sala Penal Transitoria que declaró fundada la anterior.
En el documento, se afirma que se han vulnerado los derechos constitucionales de Fujimori en lo referente al debido proceso. En el recurso se lee que se habría afectado “el principio de imputación necesaria formado por el principio de legalidad, derecho a la defensa, derecho a la prueba y derecho a la presunción de inocencia”.
También se argumenta que se habría vulnerado “el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales y el principio de interdicción de la arbitrariedad”.
El congresista oficialista Juan Sheput opinó que ahora el tema de Fujimori está planteado en el Poder Judicial y allí debe mantenerse.
En el documento, se afirma que se han vulnerado los derechos constitucionales de Fujimori en lo referente al debido proceso. En el recurso se lee que se habría afectado “el principio de imputación necesaria formado por el principio de legalidad, derecho a la defensa, derecho a la prueba y derecho a la presunción de inocencia”.
También se argumenta que se habría vulnerado “el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales y el principio de interdicción de la arbitrariedad”.
El congresista oficialista Juan Sheput opinó que ahora el tema de Fujimori está planteado en el Poder Judicial y allí debe mantenerse.
El Comercio
La abogada de Keiko Fujimori, Liza Ramos Dávila, argumenta
(en el habeas corpus) que en los procesos llevados a cabo contra Alberto Fujimori se
habría afectado “el principio de imputación necesaria formado por el principio
de legalidad, derecho a la defensa, derecho a la prueba y derecho a la
presunción de inocencia”.
Del mismo modo,
indicó que se vulneró “el derecho a la debida motivación de las resoluciones
judiciales y el principio de interdicción de la arbitrariedad”.
“La tesis de mi
clienta (keiko Fujimori) es que estas sentencias no son jurídicas, son
políticas”, reclamó.
En ese sentido,
sobre la condena a Alberto Fujimori por autor mediato de los casos
La Cantura y Barrios Altos, manifestó no existen pruebas de que toda la línea
de mando haya conocido la orden para ejecutar los operativos, por lo que la
culpabilidad de Alberto Fujimori “es solo una especulación”.
“Se dice que toda la
línea de mando tenía que haber sabido. Nosotros hemos cuestionado que no hay un
hecho imputado al ex presidente ni tampoco una conexión para imputar la
denominada autoría mediata”, mencionó.
Respecto a la
condena por secuestro agravado de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer, Liza Ramos
Dávila apunta que “si observamos los hechos del caso, Gorriti fue trasladado de
manera forzada a una instalación del SIN pero luego se pregunta quiénes
ejecutaron el secuestro. Unos encapuchados. ¿Quiénes dieron la orden?
Altos mandos militares. Habría que buscar ese eslabón. Se tendría que demostrar
que la orden vino de más arriba. Cuando uno habla de delito agravado habla de
mutilaciones. Objetivamente en este hecho no existe tal agravación”, destacó.
De otro lado, la
abogada indicó que ”trece meses antes de que sea condenado ya se venía buscando
una teoría útil para el tema”, acusó.
Ramos Dávila precisó
que será la encargada de la defensa del hábeas corpus y que el abogado William
Paco Castillo ya no tiene relación con el ex jefe del Estado.
El Comercio
El Poder Judicial anunció este viernes que ha designado
al juez Arnaldo Sánchez la evaluación de la admisibilidad del hábeas corpus
presentado por la familia del ex presidente Alberto Fujimori, a fin de buscar su excarcelación.
Arnaldo Sánchez
pertenece al 43° Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima.
El Comercio
La congresista no agrupada Yeni Vilcatoma presentó un proyecto de ley que busca modificar la
tipificación del delito de secuestro. Para algunos expertos en derecho penal,
ese cambio legal podría beneficiar al ex mandatario Alberto Fujimori,
quien cumple una sentencia de 25 años de prisión por los delitos de homicidio
calificado y secuestro agravado.
En el proyecto, que plantea modificar el artículo 152 del Código Penal referido al delito de secuestro, se ha añadido en el enunciado del delito una de las causales que actualmente lo agravan. Abusar, corromper y tratar con crueldad a una víctima ya no serían agravantes sino características del tipo penal de secuestro. Es decir, de aprobarse el proyecto, esto formaría parte de la modalidad básica del citado delito.
En la exposición de motivos, Vilcatoma sostiene que “la propuesta de modificación del tipo penal básico y agravado del delito permite desterrar del ámbito de las circunstancias agravantes la referida al trato cruel y humillante que genere sufrimiento y asumir dicha circunstancia como un elemento de tipo básico”.
En el proyecto, que plantea modificar el artículo 152 del Código Penal referido al delito de secuestro, se ha añadido en el enunciado del delito una de las causales que actualmente lo agravan. Abusar, corromper y tratar con crueldad a una víctima ya no serían agravantes sino características del tipo penal de secuestro. Es decir, de aprobarse el proyecto, esto formaría parte de la modalidad básica del citado delito.
En la exposición de motivos, Vilcatoma sostiene que “la propuesta de modificación del tipo penal básico y agravado del delito permite desterrar del ámbito de las circunstancias agravantes la referida al trato cruel y humillante que genere sufrimiento y asumir dicha circunstancia como un elemento de tipo básico”.
Para el abogado penalista Carlos Caro, esta
modificación favorecería al ex mandatario, a quien se condenó por delito de
secuestro agravado por el agravante de trato cruel.
“Si se modifica la ley, su delito pasaría a ser secuestro simple, pues retroactivamente se podría aplicar la norma a su caso. En consecuencia, podría solicitar el indulto y ya no se podría alegar que no se le puede dar esa gracia por estar condenado por secuestro agravado”, indicó a El Comercio.
El penalista Mario Amoretti también cree que ese cambio favorecerá no solo a Fujimori, sino a muchos delincuentes que están condenados por secuestro agravado.
“Esta modificación es incoherente, además permitirá que muchos condenados que no podían pedir beneficios penitenciarios porque su condición de secuestro agravado se los impedía, ahora solo tendrán secuestro simple y podrían reclamar esos beneficios”, explicó a este Diario.
Sin embargo, el penalista Luciano López-Flores consideró que el cambio no ayudará en nada a Fujimori, pues aseguró que, como la condena que tiene por homicidio calificado y secuestro agravado ya es cosa juzgada, no se puede aplicar la retroactividad positiva que beneficia al reo.
El letrado afirmó que esa retroactividad solo se puede dar cuando los imputados están en proceso y aún no hay una sentencia firme y ejecutoriada.
La congresista Vilcatoma también ha presentado otro proyecto de ley que desarrolla y modifica el artículo 491 del Código Procesal Penal referido a la libertad anticipada.
En esa iniciativa se incluyen nuevos incidentes de modificación de una sentencia. Los incidentes relativos a la libertad anticipada por cumplimiento de los fines de la pena, se añaden a los ya conocidos beneficios penitenciarios de semilibertad y liberación condicional. Para Carlos Caro, eso es innecesario y colisionaría con la semilibertad y liberación condicional.
Este Diario intentó comunicarse con Vilcatoma, pero no contestó nuestras llamadas.
En la exposición de motivos de su proyecto, Vilcatoma dice que se busca analizar con mayor rigurosidad el delito de secuestro.
La congresista indica que la conducta misma del secuestro ya implica angustia para la víctima, al causarle además sufrimiento y que podría implicar un trato cruel y humillante.
“Si se modifica la ley, su delito pasaría a ser secuestro simple, pues retroactivamente se podría aplicar la norma a su caso. En consecuencia, podría solicitar el indulto y ya no se podría alegar que no se le puede dar esa gracia por estar condenado por secuestro agravado”, indicó a El Comercio.
El penalista Mario Amoretti también cree que ese cambio favorecerá no solo a Fujimori, sino a muchos delincuentes que están condenados por secuestro agravado.
“Esta modificación es incoherente, además permitirá que muchos condenados que no podían pedir beneficios penitenciarios porque su condición de secuestro agravado se los impedía, ahora solo tendrán secuestro simple y podrían reclamar esos beneficios”, explicó a este Diario.
Sin embargo, el penalista Luciano López-Flores consideró que el cambio no ayudará en nada a Fujimori, pues aseguró que, como la condena que tiene por homicidio calificado y secuestro agravado ya es cosa juzgada, no se puede aplicar la retroactividad positiva que beneficia al reo.
El letrado afirmó que esa retroactividad solo se puede dar cuando los imputados están en proceso y aún no hay una sentencia firme y ejecutoriada.
La congresista Vilcatoma también ha presentado otro proyecto de ley que desarrolla y modifica el artículo 491 del Código Procesal Penal referido a la libertad anticipada.
En esa iniciativa se incluyen nuevos incidentes de modificación de una sentencia. Los incidentes relativos a la libertad anticipada por cumplimiento de los fines de la pena, se añaden a los ya conocidos beneficios penitenciarios de semilibertad y liberación condicional. Para Carlos Caro, eso es innecesario y colisionaría con la semilibertad y liberación condicional.
Este Diario intentó comunicarse con Vilcatoma, pero no contestó nuestras llamadas.
En la exposición de motivos de su proyecto, Vilcatoma dice que se busca analizar con mayor rigurosidad el delito de secuestro.
La congresista indica que la conducta misma del secuestro ya implica angustia para la víctima, al causarle además sufrimiento y que podría implicar un trato cruel y humillante.
Expreso
Como esos magos que mueven
una mano para distraer a la audiencia mientras con la otra sacan un conejo de
la galera, Keiko
Fujimori presentó
ayer su anunciado hábeas corpus con gran estruendo, en tanto que
silenciosamente ha desarrollado un ‘plan B’ para excarcelar a su padre, el
expresidente Alberto
Fujimori. Este es pues un ‘conejo’ que pasa por el Congreso y
de cuyos entretelones EXPRESO ha tomado conocimiento en forma
exclusiva.
Y
es que la lideresa de Fuerza
Popular ha tenido
que ceder, por realismo político, ante las presiones del ala ‘albertista’, que
había puesto el grito en el cielo cuando Keiko ordenó a su bancada que votara en
contra para que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso
archivara el proyecto de ley de Roberto Vieira para otorgar prisión
domiciliaria a presos mayores de 75 años.
EXPRESO lo dijo hace algunas
semanas y no faltaron voces que trataron de desmerecer la noticia del
desencuentro al interior de Fuerza
Popular. Los sucesos de las últimas horas confirman, sin
embargo, que hay un golpe de timón en la bancada naranja. Resulta que
“keikistas” y “albertistas” se habrían sentado a dialogar y han llegado a la
conclusión de que son necesarias muestras de cambio en ambos grupos en pos de mantener
la unidad.
Keiko, según una fuente
enterada que declaró a condición de anonimato, encargó personalmente a sus
legisladores de provincias Guillermo Bocangel y Clayton Galván visitar a una
exintegrante de la bancada: nada menos que Yeni
Vilcatoma.
Bocangel,
por cierto, es un recién develado “albertista”, representa a Huánuco y
hasta el momento ha mostrado una cumplidora gestión en la presidencia de
la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso.
En
contraste, Clayton Galván es prototipo de “keikista” que se suma a toda
encomienda de su lideresa, más aún, cuando en recientes plenos le salvaron la
cabeza pese a estar decidida su suerte en la Comisión de Ética, donde fue
denunciado por no consignar en su hoja de vida una sentencia por no pagar una
suma de dinero a la Caja Rural A y C Mantaro.
Ambos
legisladores de FP se acercaron pues a Vilcatoma
para plantear dos proyectos que ella puede sustentar con solvencia y que
además contarían con el apoyo de un puñado de ‘pepekausas’.
Uno
de los proyectos de ley busca cambiar el Código Penal sobre el tema de
secuestro agravado para que los sentenciados por este delito (como es el caso
de Alberto Fujimori),
puedan recibir beneficios penitenciarios.
El
segundo proyecto, es prácticamente idéntico al ya archivado de autoría del
legislador Roberto
Vieira, con dos agregados interesantes: que también se
beneficie a extranjeros de la tercera edad presos y a madres con hijos menores
de cuatro años actualmente encarceladas.
Para
este último propósito, Vilcatoma ya ha presentado el proyecto de ley
con inusuales aliados ‘perpekausas’: Gilbert
Violeta, Percy
Dávila, Clemente
Flores y Salvador Heresi,
quien es nada menos que presidente de la Comisión de Justicia en el
Legislativo.
Este diario tuvo acceso al
Proyecto de Ley No. 1428/2016-CR presentado por la propia Vilcatoma ayer ante la ventanilla de Trámite
Documentario del Legislativo bajo el título “Ley que desarrolla y modifica el
Art. 491 del Código Procesal Penal referido a la libertad anticipada”.
A
la letra dice en la fórmula legal que entre los incidentes de modificación de
sentencia que el condenado y su defensor podrán plantear ante el juez de la
investigación preparatoria, incidentes relativos a la conversión y revocación
de la conversión de las penas, a la revocación de la suspensión de la ejecución
de la pena y de la reserva del fallo condenatorio y a la extinción o
vencimiento de la pena.
Respecto
a los incidentes relativos a la revocación de la suspensión de la ejecución de
la pena y de la reserva del fallo condenatorio, estos deberán ser resueltos
dentro del término de cinco días de recibida la solicitud o requerimiento,
previa audiencia a las demás partes.
Añade
al texto que es potestad del juez de la investigación preparatoria incorporar nuevos
elementos de prueba y, de ser necesario, ordenar una investigación sumaria por
breve tiempo, después de lo cual decidirá. La Policía realizará dichas
diligencias bajo la conducción fiscal.
Otro
hecho sorprendente se produce en el Proyecto de Ley No. 1427 “Ley que modifica
el Art. 152 del Código Penal del delito de secuestro” y que ayudaría
directamente al expresidente Alberto
Fujimori.
En la fórmula legal señala que será reprimido con pena privativa de la libertad
no menor de 20 ni mayor de 30 años, el que sin derecho, motivo ni facultad
justificada prive a otro de su libertad ocasionando sufrimiento o abusando o
corrompiendo o tratando con crueldad y humillación a la víctima.
Sin
embargo, la pena será no menor de 30 años cuando se abusa y/o lesiona
físicamente a la víctima poniendo en grave riesgo su vida o se pretexta
enfermedad mental inexistente en el agraviado.
¿Quiénes
han acompañado con su firma este proyecto? Ni se lo imagina, amigo lector. El
primero en la lista es Yonhy Lescano de Acción Popular, los congresistas de Peruanos por el Kambio (PpK) Sergio Dávila Vizcarra, Salvador Heresi, Moisés Guía Pianto y Gilbert
Violeta y el fujimorista Marco Miyashiro.
Esto
demostraría que la misión encomendada a Clayton y Bocangel fue positiva y que estos proyectos de
ley pasarán muy rápido a la estafeta de la Comisión de Justicia presidida por Heresi Chicoma y en un corto plazo se le podría abrir
las rejas al exmandatario Alberto Fujimori, respecto a quien una última
encuesta revela que el 56 % estaría de acuerdo con su salida de prisión.
Tal vez este acercamiento
en aras de la unidad en Fuerza
Popular tenga
crispado a cierto sector de fujimoristas que en la víspera vio cómo varios de
sus integrantes se pasearon por todas las curules en cortos diálogos con sus
adversarios políticos durante la interpelación a Vizcarra.
Incluso
algunos desconocidos de la bancada naranja se ubicaron en la Mesa Directiva
para charlar con los ocasionales directores del debate.
Mientras
tanto, del otro lado, en las galerías, los asesores de prensa de la bancada de Fuerza Popular eran desalojados de sus sillas para
ser relegados a un área especial donde eran vigilados por dos agentes de
seguridad del Legislativo.
La
razón era que los parlamentarios temen ser fotografiados en sus diálogos o en
su defecto mirando lo que hacen en sus escaños durante los plenos. Y es que la
duda y la sospecha los atormenta, no saben cuál es la fuente que detalla a la
prensa independiente cada uno de sus pasos y cómo han tenido que admitir con
sus actos que hay fisuras y en otros casos hasta surcos que los dividen.
Es
de recordar que son 72 en la bancada pero cada uno es un integrante que
necesita expresarse y que en varios casos han demostrado mantener un perfil
bajo, pero que de mantenerse el actual escenario indefectiblemente se alejarán
bajo la bandera del “albertismo” o el ala dura del fujimorismo para liberar a
su líder histórico, Alberto
Fujimori.
El médico de cabecera de Alberto Fujimori y excongresista Alejandro Aguinaga sostuvo que a la opinión pública no le
debe quedar dudas de que el expresidente está totalmente de acuerdo con la
iniciativa del hábeas corpus presentada por su hija Keiko Fujimori y otras
iniciativas de sus hijos con tal que se haga justicia con su caso.
Calificó
como válido el camino jurisdiccional de Keiko
Fujimori o la vía
constitucional del indulto que es facultad del Presidente de la República. “Las
dos vías son válidas”, dijo ayer en un canal de cable lanzando un mensaje
unitario.
GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO,
DEMOCRACIA
El Comercio
La continuidad de Martín Vizcarra al frente del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC) podría definirse el próximo martes. Ese día, en su
habitual reunión de bancada, Fuerza Popular –principal grupo opositor– fijará su posición respecto
a una posible censura al ministro por la controversial adenda al contrato del
aeropuerto de Chinchero.
Las explicaciones brindadas por Vizcarra, el jueves
ante el pleno del Congreso, no convencieron a diversas bancadas de la
oposición. Miembros de Acción Popular –partido que promovió la interpelación–,
el Apra, el Frente Amplio y Fuerza Popular cuestionaron las respuestas del
titular del MTC al pliego interpelatorio de 83 preguntas.
Sin embargo, la postura que adopte la bancada
fujimorista resultará determinante, ya que los 72 votos con los que cuenta
serían suficientes para decidir si Martín Vizcarra es censurado.
“La presentación del ministro solo ha ratificado el
convencimiento de que esta adenda fue orquestada para favorecer al
concesionario Kuntur Wasi. Y muchos congresistas de mi bancada piensan como
yo”, dijo a El Comercio el vocero alterno de Fuerza Popular, Daniel Salaverry.
En ese sentido, el informe de la contraloría respecto a
la adenda del aeropuerto de Chinchero podría ser clave en la decisión que
adopte Fuerza Popular.
Si la contraloría concluyera que hubo irregularidades
en la negociación de la adenda, el ministro no podría evitar una censura. “Si
el informe ratifica los cuestionamientos que tenemos a la adenda, una censura
sería inminente”, señaló el vocero de la bancada fujimorista, Luis Galarreta.
La contraloría podría también identificar observaciones
subsanables o no incluir mayores cuestionamientos a la adenda en el informe. Se
desconoce cuál sería la postura de la bancada fujimorista en estos posibles
escenarios.
“El informe de la contraloría será un insumo para
adoptar una postura como bancada, pero no será decisivo. La suerte de Martín Vizcarra está en el Congreso, no en manos del contralor”,
enfatizó la vocera alterna de Fuerza Popular, Lourdes Alcorta.
Si bien ninguno de los parlamentarios consultados quiso
adelantarse a la reunión de bancada que sostendrán el martes, El Comercio pudo
conocer que hasta el momento el ánimo del fujimorismo se inclina hacia una
censura.
“A la espera del informe de la contraloría, lo más
probable es que Vizcarra sea censurado. Diversos miembros de la bancada apoyan
esa medida y expondrán sus razones en la reunión del martes”, reveló una fuente
de Fuerza Popular que prefirió mantener su identidad en reserva.
Cabe recordar que, durante la interpelación, el
congresista Daniel Salaverry le sugirió a Martín Vizcarra que renuncie “antes de someterse a una cesura”. Sin
embargo, posteriormente, su colega de bancada Karina Beteta advirtió que esa
era una “opinión personal” de Salaverry.
Se espera que el próximo lunes la contraloría emita su
informe final sobre la adenda al contrato del aeropuerto de Chinchero. Sin
embargo, incluso si no lo hiciera, la bancada de Fuerza Popular tomará su
decisión en la reunión del martes.
“Si el informe no se da a conocer el lunes, nosotros
nos reuniremos el martes de todos modos y tomaremos una decisión. No dependemos
de ningún informe ni de alguna institución para adoptar una postura”, señaló
Galarreta en declaraciones a este Diario.
Tras el debate, y una vez adoptada la postura en torno
a una potencial censura al titular del MTC, la bancada fujimorista podría
comunicar el mismo martes su decisión.
“En la reunión también decidiremos si lo anunciamos ese
mismo día o si esperamos al miércoles para dar a conocer nuestra posición al
respecto”, advirtió Alcorta.
No obstante, el que adopte una postura a favor de la
censura al ministro no implicaría, necesariamente, que la bancada fujimorista
sea la que presente la moción respectiva. La bancada de Acción Popular, por
ejemplo, ya se mostró en el debate a favor de censurar a Martín Vizcarra.
“Lo usual es que la bancada que promovió la
interpelación, si no está satisfecha con las respuestas, presente la moción de
censura. Nosotros evaluaremos sus argumentos y, una vez tomada nuestra decisión
de bancada, votaremos en bloque como solemos hacerlo”, concluyó Galarreta.
GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO,
DEMOCRACIA
El Comercio
La continuidad de Martín Vizcarra al frente del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC) podría definirse el próximo martes. Ese día, en su
habitual reunión de bancada, Fuerza Popular –principal grupo opositor– fijará su posición respecto
a una posible censura al ministro por la controversial adenda al contrato del
aeropuerto de Chinchero.
Las explicaciones brindadas por Vizcarra, el jueves
ante el pleno del Congreso, no convencieron a diversas bancadas de la
oposición. Miembros de Acción Popular –partido que promovió la interpelación–,
el Apra, el Frente Amplio y Fuerza Popular cuestionaron las respuestas del
titular del MTC al pliego interpelatorio de 83 preguntas.
Sin embargo, la postura que adopte la bancada
fujimorista resultará determinante, ya que los 72 votos con los que cuenta
serían suficientes para decidir si Martín Vizcarra es censurado.
“La presentación del ministro solo ha ratificado el
convencimiento de que esta adenda fue orquestada para favorecer al
concesionario Kuntur Wasi. Y muchos congresistas de mi bancada piensan como
yo”, dijo a El Comercio el vocero alterno de Fuerza Popular, Daniel Salaverry.
En ese sentido, el informe de la contraloría respecto a
la adenda del aeropuerto de Chinchero podría ser clave en la decisión que
adopte Fuerza Popular.
Si la contraloría concluyera que hubo irregularidades
en la negociación de la adenda, el ministro no podría evitar una censura. “Si
el informe ratifica los cuestionamientos que tenemos a la adenda, una censura
sería inminente”, señaló el vocero de la bancada fujimorista, Luis Galarreta.
La contraloría podría también identificar observaciones
subsanables o no incluir mayores cuestionamientos a la adenda en el informe. Se
desconoce cuál sería la postura de la bancada fujimorista en estos posibles
escenarios.
“El informe de la contraloría será un insumo para
adoptar una postura como bancada, pero no será decisivo. La suerte de Martín Vizcarra está en el Congreso, no en manos del contralor”,
enfatizó la vocera alterna de Fuerza Popular, Lourdes Alcorta.
Si bien ninguno de los parlamentarios consultados quiso
adelantarse a la reunión de bancada que sostendrán el martes, El Comercio pudo
conocer que hasta el momento el ánimo del fujimorismo se inclina hacia una
censura.
“A la espera del informe de la contraloría, lo más
probable es que Vizcarra sea censurado. Diversos miembros de la bancada apoyan
esa medida y expondrán sus razones en la reunión del martes”, reveló una fuente
de Fuerza Popular que prefirió mantener su identidad en reserva.
Cabe recordar que, durante la interpelación, el
congresista Daniel Salaverry le sugirió a Martín Vizcarra que renuncie “antes de someterse a una cesura”. Sin
embargo, posteriormente, su colega de bancada Karina Beteta advirtió que esa
era una “opinión personal” de Salaverry.
Se espera que el próximo lunes la contraloría emita su
informe final sobre la adenda al contrato del aeropuerto de Chinchero. Sin
embargo, incluso si no lo hiciera, la bancada de Fuerza Popular tomará su
decisión en la reunión del martes.
“Si el informe no se da a conocer el lunes, nosotros
nos reuniremos el martes de todos modos y tomaremos una decisión. No dependemos
de ningún informe ni de alguna institución para adoptar una postura”, señaló
Galarreta en declaraciones a este Diario.
Tras el debate, y una vez adoptada la postura en torno
a una potencial censura al titular del MTC, la bancada fujimorista podría
comunicar el mismo martes su decisión.
“En la reunión también decidiremos si lo anunciamos ese
mismo día o si esperamos al miércoles para dar a conocer nuestra posición al
respecto”, advirtió Alcorta.
No obstante, el que adopte una postura a favor de la
censura al ministro no implicaría, necesariamente, que la bancada fujimorista
sea la que presente la moción respectiva. La bancada de Acción Popular, por
ejemplo, ya se mostró en el debate a favor de censurar a Martín Vizcarra.
“Lo usual es que la bancada que promovió la
interpelación, si no está satisfecha con las respuestas, presente la moción de
censura. Nosotros evaluaremos sus argumentos y, una vez tomada nuestra decisión
de bancada, votaremos en bloque como solemos hacerlo”, concluyó Galarreta.
