ESTA NOCHE jueves 19 octubre 2017
ESTA NOCHE,
donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.
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MEDIA COLUMNA
Juegos sucios
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
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La idea de
prohibir la participación de los movimientos provinciales en las próximas elecciones
regionales tiene supuestamente el fin de
fortalecer a los partidos nacionales. En realidad, solo tiene el propósito de
fortalecer a las cúpulas de los partidos nacionales.
Si pudieran,
prohibirían también la participación de los movimientos regionales, pero afortunadamente
no pueden.
Más penosa aún es
la idea de cerrar la puerta tambioen a nuevos partidos nacionales exigiendo
varios años de vigencia antes de participar en elecciones.
Que ambas iniciativas
se presentan juntas, además, y parezcan fruto de un arreglo oculto entre las
cúpulas de dos partidos nacionales, ya es francanmente vergonzoso.
Desde luego, no
es que no sea deseable fortalecer el sistema de partidos, sino que la exclusión
no es la manera de hacerlo. Sacar al rival de la competencia es jugar sucio.
La manera de
fortalecer el sistema de partidos no es cerrarle la puerta a los nuevos, sino
asegurar la gobernabilidad para que los partidos puedan tener éxito en resolver
los problemas del pueblo.
Ya el pueblo se
encargará de saber a quién da su respaldo y a quién no.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de política
y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican
sólo como una forma de reconocer el crédito
y agradecer la cortesía.
GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO,
DEMOCRACIA
Peru21
El fiscal José Pérez viajará la primera semana de
noviembre a Brasil para interrogar a Marcelo Odebrecht,
ex mandamás de la empresa del mismo nombre, por la anotación que fue hallada en
su celular y que involucra a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
Fuentes de Perú21 en
el Ministerio Público confirmaron que las autoridades brasileñas accedieron al
pedido que fue formulado a finales de setiembre.
En su última presentación en la comisión Lava Jato, y
en reiteradas oportunidades previas, Fujimori negó haber recibido o pedido algún aporte de la constructora
para financiar su campaña presidencial del 2011.
Caretas
La
normalidad es el conflicto. Se engañó quien asumió que la relación entre el
Ejecutivo y el Congreso entraba a un prolongado remanso de concordia. Apenas
obtenido el voto de investidura por parte del gabinete presidido por Mercedes
Aráoz, la comisión Lava Jato pasó a ser el escenario de la discordia.
Apenas horas después de la votación de confianza, la comisión Lava Jato recibió a Keiko Fujimori. Comenzó su intervención el viernes 13 a las 9 y media de la mañana.
Apenas horas después de la votación de confianza, la comisión Lava Jato recibió a Keiko Fujimori. Comenzó su intervención el viernes 13 a las 9 y media de la mañana.
“En
ese caso y en esa campaña (2011), el señor Kuczynski quedó en tercer lugar, muy
cerca al resultado mío, y entiendo que él sí conoció al señor Odebrecht y sí
conoció al señor Barata, con quien formó, además, parte de un directorio de una
asociación sin fines de lucro”, dijo keiko Fujimori.
En ese
pasaje fue donde se percibió más claramente la intención estratégica de la
presencia casi sorpresiva de Keiko Fujimori en la comisión.
PPK
coincidió con Barata en el año 2008 en el directorio de la Asociación
Empresarial Para el Desarrollo Rural, ONG que conformó Mario Suito de CAPECO
para poder canalizar donaciones dedicadas a la reforestación de Cajamarca. El
actual presidente ha aclarado en el pasado que nunca se cruzó con el ejecutivo
brasileño, que solo se quedó tres meses en el directorio que también
conformaron Jorge Graña, Jorge Camet, el padre Gastón Garatea, Leopoldo
Scheelje por Confiep, Ángel Irazola de Alicorp y Juan Carlos Berna, por
entonces director del MALI.
En el
oficio por el que se le cursó la invitación para declarar a la Comisión, se le
comunicó al presidente que sería interrogado en nueve materias. La última de la
lista trata de los “aportes económicos y/o donaciones de las empresas
brasileñas y sus consorciadas peruanas a las asociaciones civiles, organismos
no gubernamentales, fundaciones y otras organizaciones que hayan estado o estén
bajo su gestión”.
El Comercio
El portavoz alterno de Peruanos por el Kambio, Juan Sheput, afirmó hoy que si la
Comisión Lava Jato actúa de manera objetiva, “no puede rechazar” las respuestas
que el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) desea dar por escrito a sus
interrogantes. “Esa actitud demostraría que ellos tienen un trasfondo
político”, manifestó.
Dijo que la
presencia de una persona en un grupo investigador “no garantiza la captura de
información”. Puso como ejemplo la presentación de la lideresa de Fuerza
Popular, Keiko Fujimori, ante la Comisión Lava Jato el último viernes.
El Comercio
Las empresas socias y que operaron en consorcio con
compañías contratistas vinculadas a actos de corrupción –como Odebrecht– podrían ser incluidas hoy en
los alcances del Decreto de Urgencia (D.U.) 003 por decisión del Parlamento.
Esto debido a que la Comisión de Constitución y la Comisión Lava Jato ya tienen
definidas las nuevas pautas que planean incorporar al texto del proyecto de ley
1410, que modifica los alcances del D.U. 003.
“Las empresas
consorciadas con Odebrecht decían que no tienen responsabilidad, que no sabían
de los pagos de sobornos a cambio de licitaciones o que el D.U. 003 no aplicaba
a ellas. Frente a esto, lo que buscamos es que todas queden dentro del alcance
legal y asuman su responsabilidad”, dijo Jorge Castro, vicepresidente de la
Comisión Lava Jato del Congreso.
Indicó que ambos
grupos de trabajo respaldan y consideran necesario realizar modificaciones al
D.U. 003, por lo que ya se solicitó a la presidencia del Congreso poner en
agenda la segunda votación del proyecto. El pleno del Congreso ya aprobó el
proyecto de ley 1410 en primera votación el pasado 5 de octubre.
De aprobarse la iniciativa, las socias de Odebrecht no podrán sacar dinero de sus activos al exterior y se les retendrá parte de los pagos de los contratos que tienen con el Estado.
De aprobarse la iniciativa, las socias de Odebrecht no podrán sacar dinero de sus activos al exterior y se les retendrá parte de los pagos de los contratos que tienen con el Estado.
ANTICORRUPCION,
PERSECUCIÓN, JUDICIALIZAC ION POLITICA
Peru21, La República
El Tribunal Constitucional dejó al voto el hábeas
corpus interpuesto por Keiko Fujimori en favor de su padre,
el detenido Alberto Fujimori.
El TC
escuchó a la abogada de Fujimori, Liza Ramos, y al procurador del Poder
Judicial, Marco Piña Burga. Se tomará una decisión en los próximos 30 días.
ESTA NOCHE, El Comercio
Sobre Kenji Fujimori pesa un segundo
proceso disciplinario en su bancada. A Kenji Fujimori se le imputan seis
presuntas infracciones en este segundo proceso disciplinario.
Al respecto, Héctor Becerril, vocero
oficial del partido, recordó que este 22 de octubre culmina el descanso médico,
por lo que de forma inmediata debería ser nuevamente citado para dar su
descargo. “Puede estar sujeto a una suspensión de 120 días o una expulsión…No
hay más alternativas”, refirió Becerril.
El Comercio
Maritza
García representa el más
reciente caso de congresistas de Fuerza Popular que
han recibido duros cuestionamientos al interior de la propia bancada.
La
agrupación naranja, en la reunión del último martes, le pidió a la legisladora
representante de Piura renunciar a la presidencia de la Comisión de la Mujer,
lo que ocurrió ayer.
El
último miércoles, la bancada de Fuerza Popular también decidió suspender por
120 días —máxima sanción en cuanto a suspensiones— a Yesenia Ponce, a quien en un audio se
le escucha acusar a Keiko Fujimori, lideresa del partido, de obstaculizar la
realización del proyecto Chinecas, en Áncash. La propia Keiko Fujimori se
pronunció para negar las acusaciones.
Pero
quizá el caso que ha evidenciado una clara división en el fujimorismo es el de Kenji Fujimori. Él permanece con
licencia médica hasta el 22 de octubre, pero tiene pendiente dar sus descargos
ante la comité que lleva el segundo proceso disciplinario en su contra al
interior de la bancada.
Es
cuestionado por publicar un artículo en un semanario, emitir mensajes en
Twitter y por haberse cubierto la boca con una cinta en el pleno del Congreso
del 14 de setiembre, cuando se debatía una nueva ley contra el transfuguismo
planteada por su propia bancada.
En
tanto, ni bien se le había iniciado un proceso disciplinario —al que calificó
de injusto— por incidentes con Úrsula Letona y Héctor Becerril, Yeni Vilcatoma decidió renunciar
a la bancada de Fuerza Popular en setiembre del 2016.
Finalmente,
otro sonado caso fue el de Patricia
Donayre, hoy en las filas del oficialista Peruanos por el Kambio. Ella
renunció a Fuerza Popular el 27 de junio después de haber sido sometida a un
proceso disciplinario. Consideró que la indagación que le abrieron fue
“totalmente inconstitucional”.
El Comercio, editorial
La
bancada de Fuerza Popular hizo ayer
noticia por dos circunstancias semejantes pero no iguales. En ambos casos se
trató de medidas de sanción a integrantes de ese equipo parlamentario, pero la
forma en que estas fueron materializadas y comunicadas a la opinión pública fue
contrastante.
Nos referimos, desde luego, a los 120 días de suspensión en los derechos partidarios que se le impuso a la congresista Yesenia Ponce y a la provocada renuncia de la legisladora Maritza García a la presidencia de la Comisión de la Mujer y Familia.
Nos referimos, desde luego, a los 120 días de suspensión en los derechos partidarios que se le impuso a la congresista Yesenia Ponce y a la provocada renuncia de la legisladora Maritza García a la presidencia de la Comisión de la Mujer y Familia.
La primera,
como se recuerda, enfrenta serios problemas por las dudas que han generado las
contradicciones entre lo que consignó en su hoja de vida sobre su educación
escolar y lo que luego se ha sabido al respecto por informaciones
periodísticas, así como por la posibilidad –todavía en investigación– de que
haya realizado pagos a autoridades de un colegio en el que ella afirma haberse
graduado.
No ha sido esa, sin embargo, la razón de la mencionada sanción, sino el hecho de que, a través de un audio divulgado un mes atrás, se conoció que ella había afirmado en una reunión privada que Keiko Fujimori le ordenó ‘guardar’ la iniciativa para reactivar el proyecto de irrigación Chinecas, que beneficiaría a su región (Áncash) por razones políticas. Es decir, hasta que el fujimorismo fuese gobierno y pudiese sacarlo adelante con los réditos que eso le rendiría.
En medio de la tormenta política, Ponce se presentó ante la prensa para declarar que había “faltado a la verdad” y para pedir perdón a su lideresa. Pero eso no fue suficiente y ayer la vocera alterna de la bancada naranja, Milagros Salazar, aclaró expresamente que la suspensión obedecía a ese motivo.
No ha sido esa, sin embargo, la razón de la mencionada sanción, sino el hecho de que, a través de un audio divulgado un mes atrás, se conoció que ella había afirmado en una reunión privada que Keiko Fujimori le ordenó ‘guardar’ la iniciativa para reactivar el proyecto de irrigación Chinecas, que beneficiaría a su región (Áncash) por razones políticas. Es decir, hasta que el fujimorismo fuese gobierno y pudiese sacarlo adelante con los réditos que eso le rendiría.
En medio de la tormenta política, Ponce se presentó ante la prensa para declarar que había “faltado a la verdad” y para pedir perdón a su lideresa. Pero eso no fue suficiente y ayer la vocera alterna de la bancada naranja, Milagros Salazar, aclaró expresamente que la suspensión obedecía a ese motivo.
En el
segundo caso, en cambio, la sanción se tradujo en el anuncio de que los
miembros de FP en la Comisión de la Mujer no apoyarían a la parlamentaria Maritza García en su intención de
conservar la presidencia de la misma tras haber sentenciado que, con ciertas
expresiones, las mujeres podían “exacerbar los ánimos de una persona normal” y
dar “la oportunidad al varón” para que cometa actos de violencia.
Sobre el particular, la misma Milagros Salazar fue menos directa. “[Ella] no ha asumido lo que le hemos solicitado”, dijo en alusión a la demanda de varios legisladores fujimoristas de que dejara la presidencia de la comisión. Y agregó que en la siguiente sesión de esta, FP ‘daría su posición’. “Nos toca votar para que ella se retire de la presidencia”, señaló.
Llaman la atención, por otra parte, las palabras del otro vocero de la bancada mayoritaria, Héctor Becerril, tras la forzada renuncia. “Lamentablemente, en política los errores se pagan”, dijo. Y añadió: “Su renuncia es positiva y eso hay que resaltarlo”.
Sobre el particular, la misma Milagros Salazar fue menos directa. “[Ella] no ha asumido lo que le hemos solicitado”, dijo en alusión a la demanda de varios legisladores fujimoristas de que dejara la presidencia de la comisión. Y agregó que en la siguiente sesión de esta, FP ‘daría su posición’. “Nos toca votar para que ella se retire de la presidencia”, señaló.
Llaman la atención, por otra parte, las palabras del otro vocero de la bancada mayoritaria, Héctor Becerril, tras la forzada renuncia. “Lamentablemente, en política los errores se pagan”, dijo. Y añadió: “Su renuncia es positiva y eso hay que resaltarlo”.
A la
primera integrante de la bancada, en suma, se la castiga de manera explícita y
efectiva, no porque habría mentido en su hoja de vida, sino por haber afectado
la imagen de la lideresa del partido. Mientras que a la segunda, se la induce
simplemente a dejar un cargo –conservando todos sus derechos dentro del equipo
parlamentario intactos– y casi se lamenta tener que hacerlo…
Si a esto agregamos la consistencia más bien difusa de los ‘cargos imputados’ al congresista Kenji Fujimori –principalmente artículos publicados en la prensa y mensajes vía tuit– para llevarlo a un segundo proceso disciplinario interno que debe cumplirse en los próximos días, la sensación que queda es la de que un cierto azar preside los criterios sancionadores en Fuerza Popular. O, por lo menos, parece presidirlos.
Porque la otra opción es que esto no sea producto de una ruleta sin lógica alguna, sino más bien la expresión minuciosa de un sistema de valores que considera graves las faltas a la autoridad partidaria; y las que ofenden a la ciudadanía en general, ‘peccata minuta’. Y eso sí que mostraría a la bancada fujimorista bajo una luz preocupante.
Si a esto agregamos la consistencia más bien difusa de los ‘cargos imputados’ al congresista Kenji Fujimori –principalmente artículos publicados en la prensa y mensajes vía tuit– para llevarlo a un segundo proceso disciplinario interno que debe cumplirse en los próximos días, la sensación que queda es la de que un cierto azar preside los criterios sancionadores en Fuerza Popular. O, por lo menos, parece presidirlos.
Porque la otra opción es que esto no sea producto de una ruleta sin lógica alguna, sino más bien la expresión minuciosa de un sistema de valores que considera graves las faltas a la autoridad partidaria; y las que ofenden a la ciudadanía en general, ‘peccata minuta’. Y eso sí que mostraría a la bancada fujimorista bajo una luz preocupante.
La República
Columna de Alvarez Rodrich
Es lamentable que un partido que
vivió por varios años con un veto para llegar al poder, pretenda hacer lo mismo
ahora con otras agrupaciones con el fin de limpiar su camino en la elección
2021.
Eso es lo que se puede concluir
del proyecto presentado por el Apra para sacar de la carrera a los partidos que
en la elección del bicentenario tengan menos de tres años de inscripción.
(…)
En teoría, el proyecto apunta en
la dirección correcta de fortalecer a los partidos políticos evitando que estos
solo sean etiquetas de última hora que son abordadas por quienes pretenden
llegar a un puesto público.
En la práctica, sin embargo,
implica vetar candidaturas en proceso de inscripción como las de Julio Guzmán o
Verónika Mendoza, que ya están enfrentando el requisito de reunir más de 730
mil firmas establecido en diciembre de 2015 por el parlamento previo al actual.
Con la restricción anterior, y la
nueva que el Apra con el fujimorismo quieren imponer de la antigüedad de los
tres años, se busca reducir la competencia de nuevas agrupaciones en beneficio
de las antiguas.
El proyecto será evaluado por la
comisión de constitución y luego en el pleno, dos instancias donde el
fujimorismo cuenta con los votos suficientes para aprobar esta iniciativa
aprista.
Lo que está ocurriendo es el
aprovechamiento de una asociación donde Fuerza Popular pone los votos y el Apra
las ideas, actuando ya no como furgón de cola, como se ha dicho antes, sino
como locomotora de un tren naranja que busca tener mejor suerte en la elección
2021 con relación a sus fracasos de 2011 y 2016.
(…)
NARCOTERRORISMO, INTELIGENCIA, FFAA, DDHH,
USO DE LA FUERZA
Expreso
El jefe de la etnia
ashéninka (no asháninka) de Oventeni Gran Pajonal (provincia de Atalaya,
Ucayali), Miguel Caimeiteri Fernández, pidió al Gobierno autorización para
capturar a los hermanos Quispe Palomino, cabecillas del último remanente de
Sendero Rojo que -aliados con el narcotráfico- operan en el Valle de los Ríos
Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) desde hace 18 años.
Así,
Caimeiteri Fernández afirmó que solo en cuatro meses terminará con el
narcoterrorismo y obtendrá la captura de los principales cabecillas de esta
organización terrorista.
En
ese sentido propuso aplicar una estrategia defensiva al estilo vietnamita y,
por ello, demandó al Gobierno que reincorpore al exjefe del Comando Conjunto de
las Fuerzas Armadas, general en situación de retiro Leonel Cabrera Pino.
“Él
es un alto oficial guerrero y no de escritorio. Debe ser reincorporado porque
conoce el Vraem como la palma de su mano. Por algo los hermanos Quispe
Palomino lo bautizaron en el teatro de operaciones con el apelativo de ‘Sun
Tzu’, famoso por sus estrategias de guerra”, dijo a EXPRESO.
Miguel
Caimeteri dijo que tiene bajo su mando un ejército conformado por unos tres mil
nativos ashéninkas armados con flechas y lanzas envenenadas, los mismos
que están listos para entrar a la lucha.
Una
de las principales hazañas que se le atribuye a este grupo de nativos fue la
captura de 25 terroristas armados que invadieron la comunidad de Oventeni
sometiendo al pueblo por más de una semana.
Ellos
además son conscientes de que los últimos remanentes de Sendero Luminoso, o
Sendero Rojo de los Quispe Palomino, están focalizados entre las zonas de Junín
y Huancavelica. Viven en la ‘zona del diablo’ de túneles interconectados a lo
largo del Vizcatán.
Expreso
Cruel
realidad. Todo indica que la lucha contra el narcotráfico no avanza como se
espera, así lo demostraría el establecimiento de cinco nuevas rutas para el
traslado de la droga hacia Colombia, Brasil y Bolivia que implica tanto la
utilización de los ríos de la selva peruana como caminos de herradura y pistas
de aterrizaje clandestinas.
Pese
a los esfuerzos por erradicar la producción de hojas de coca con fines
ilícitos, muchos productores y agricultores (que antes se encontraban en las
inmediaciones del río Tamaya, afluente del Ucayali) migraron hacia otras zonas
del centro poblado de Huipoca, en Padre Abad, y los ríos Abujao, Tamaya,
Tachitea, Santa Sofía, Utuquinia, Calera y Urubamba.
Esta
migración ha generado un incremento en el tránsito de droga en la provincia de
Atalaya, ya que no solo se utilizan pistas clandestinas ubicadas en las playas
del río Ucayali para trasladar la droga, sino que también se están movilizando
a través del río Urubamba.
Tan
es así que las rutas utilizadas en otras regiones suman cinco.
La
primera de estas se encuentra en la provincia de Atalaya, en Puerto Ocopa
(sector Sepahua), donde se han encontrado pistas clandestinas utilizadas por
narcotraficantes cuyo destino es Bolivia.
La
segunda ruta es la que traslada la droga procedente del Vraem y es la más
utilizada por los traficantes. Esta vía consiste en pistas clandestinas que
unen a las provincias de Puerto Inca (Huánuco) y Oxapampa (Pasco), para luego
continuar -vía terrestre- por Satipo, Villarrica y Constitución hasta llegar a
Bolivia, destino final de la mercancía.
Es
en este trayecto donde se ha incautado la mayor cantidad de estupefacientes en
los tres últimos años. Asimismo, se ha logrado capturar e incautar una avioneta
de matrícula extranjera en la pista clandestina de Oxapampa.
La
tercera ruta también es la vía terrestre y se inicia en el valle de los ríos
Pichis Palcazú (Chanchamayo), pasando por Aguaytía, a través de la carretera
Federico Basadre, para arribar a Lima y a otros puertos de la costa.
Mientras
que la cuarta ruta, que es una de las más utilizadas por su lejanía y escaso
control debido a su ubicación geográfica, es a través de los ríos Abujao y
Utuquinia. El destino final es la frontera entre Perú y Brasil, zona donde casi
no hay presencia del Estado.
Finalmente,
la quinta ruta se inicia en el Vraem, a través de los ríos Urubamba y Ucayali,
pasando por Orellana (Loreto), Contamana (Ucayali) hasta al río Amazonas en
Iquitos, y de ahí seguir hacia la frontera con Brasil y Colombia.
De acuerdo a fuentes
oficiales, actualmente son solo 215 narcoterroristas los que han puesto en
jaque a 15 mil soldados y policías destacados en el Vraem. Para el exjefe del
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de división (r) Leonel Cabrera
Pino, la estrategia militar desarrollada en esta zona no ha sido exitosa por
falta de decisión política.
“El
problema de fondo es la falta de continuidad por la alta rotación de los
comandos, así como la manifiesta ignorancia que acusan ciertos políticos y
funcionarios del Estado”, señaló.
Para
Cabrera Pino, el punto de quiebre se dio en 2015, cuando al nombrarse nuevos
comandos se advirtió un cambio en la intensidad de las operaciones sin haberse
culminado la adquisición de los medios para activar las bases contraterroristas
altamente móviles, ni desplegarse las bases de control territorial estratégico
para aislar a los terroristas. Todo lo cual lanzó por tierra lo avanzado hasta
ese momento.
“El 2010 se aprobó una estrategia para culminar con la pacificación en el año 2013, mediante el llamado ‘Plan Dinámico’, que visaba una línea de tiempo con fases, etapas, acciones, planes subsidiarios, etc., para declarar el Estado de derecho y transferir la responsabilidad del control territorial a la Policía Nacional del Perú de acuerdo a lo previsto por la Constitución Política del Estado”, indicó Cabrera Pino.
Con
estas acciones, asegura el general en retiro, se logró reducir el área de
acción de los terroristas de 60 mil kilómetros a solo 4 mil kilómetros, entre
las zonas de los ríos Mantaro y Ene. Asimismo, en 2011 se desactivaron varios
destacamentos y se redujeron bases contraterroristas.
Sin embargo, en la actualidad, el estancamiento en las acciones militares y la
falta de resultados serían producto de una visión política por parte de los
gobernantes. La estrategia de desarrollo del Vraem a cargo de los otros
sectores y la estrategia militar van por cuerdas separadas.
Lo
anterior imposibilita sostener una pacificación permanente, más aún con una
población desatendida que en su mayor porcentaje son migrantes de las zonas
altoandinas más deprimidas, buscan una alternativa de vida con la hoja de coca
y se involucran por necesidad en el narcotráfico, puntualiza Cabrera Pino.
