ESTA NOCHE,
donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.
La opinión en MEDIA COLUMNA representa
exclusivamente a su autor. Usted puede reenviar y publicar libre y
gratuitamente cualquier
MEDIA COLUMNA tomándola de este correo o de
jorgemorelli.blogspot.com
MEDIA
COLUMNA
Apuesta a una sola carta
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
jorgemorelli.blogspot.com
La acusación
constitucional contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, se basa en la
suposición de que la Fiscalía no habría investigado a las empresas consorciadas
de Odebrecht, especialmente a Graña y Montero.
Según el fiscal Hamilton
Castro a cargo del caso, sin embargo, la investigación existe y está en marcha
desde febrero pasado.
Veamos. Según fuentes de
la Fiscalía, la investigación fiscal tiene tres fases. La primera es la de indagación
y corroboración, la misma que supuestamente no se notifica a las partes porque su
contenido proviene de información sensible, originada en colaboradores
eficaces. Solo se notifican la segunda y tercera fases –la investigación preliminar
y la preparatoria-.
Según Hamilton Castro, la
investigación a las empresas socias de Odebrecht se encuentra en el primer
nivel, el de indagación y corroboración, desde hace nueve meses. Esto
explicaría por qué Graña y Montero afirma correctamente que no ha sido
notificada.
En su libro “El Nuevo Proceso Penal”, no obstante, el propio fiscal
de la Nación, Pablo Sánchez, afirma que existen cinco etapas procesales en el nuevo
Código Procesal Penal: investigación preliminar, investigación preparatoria, una
etapa intermedia, el juicio oral y la ejecución penal. Si existe una etapa o
fase indagatoria, sin embargo, debería estar plasmada en el Código Procesal
Penal. De lo contrario, se estaría violando el principio de legalidad: la ley
tiene que ser previa, tiene que ser cierta, tiene que ser escrita y tiene que
ser estricta.
Este debate puede parecer una sutileza digna de un
seminario de derecho procesal, pero se ha convertido en un asunto político
fundamental.
De una parte, la suerte del fiscal de la Nación depende absolutamente de
que la señalada etapa indagatoria sea legal y se haya iniciado oportunamente en
el caso de las socias de Odebrecht.
De otra, la denuncia presentada
por Fuerza Popular en su contra ha apostado a que esa investigación no existe,
y ahora está en tela de juicio la legitimidad de la intención del primer partido
de la oposición y primera fuerza parlamentaria del Congreso al acusar
constitucionalmente al Fiscal de la Nación.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
-
Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican
sólo como una forma de reconocer el crédito
y agradecer la cortesía.
GOBERNABILIDAD,
DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA
El
Comercio
El presidente, Pedro Pablo Kuczynski, respondió a
través de un mensaje a la Nación a las declaraciones de Marcelo Odebrecht desde
Curitiba, Brasil. PPK manifestó no haber "recibido aporte alguno de Odebrecht
ni en el 2011 ni en el 2016. Añadió que también es "falsa" la
afirmación de que fue consultor financiero de Odebrecht.
Señaló al inicio de su mensaje que "en esa
declaración, (Marcelo Odebrecht) se queja de que, a pesar de su colaboración
con la justicia peruana, ésta solo se ocupa de su empresa y no de otras. Esta
supuesta afirmación es falsa. Como jefe de Estado, respaldo incondicionalmente
la lucha contra la corrupción en todos sus niveles, desde el poder Judicial, la
Fiscalía, el Legislativo y, desde luego, el poder Ejecutivo ", dijo.
La República mar
14 nov
Graña y Montero,
Ingenieros Civiles y Contratistas Generales SA (ICCGSA) y JJ Camet Contratistas
Generales todavía no son notificadas, pero se encuentran en el centro de una
investigación del Equipo Especial del caso Lava Jato sobre el pago de sobornos
realizados por la Constructora Odebrecht en el Perú.
La
investigación, según conoció La
República,
se inició en febrero, luego de recibir la declaración del ex funcionario de
Odebrecht Jorge Barata, como parte de los actos de corroboración.
A
fin de verificar lo dicho por el colaborador Barata y el
contenido de los mencionados acuerdos de reparto de utilidades, el equipo del
fiscal Hamilton Castro dispuso realizar una
peritajes y recabar información en forma reservada, de acuerdo a la Ley
de Colaboración Eficaz.
Ante
la denuncia de Fuerza Popular contra el fiscal de la Nación, Pablo
Sánchez,
por la inactividad del Ministerio Público en este caso, Sánchez y el fiscal Hamilton
Castro han confirmado que existe una investigación para establecer la
participación de las empresas consorciadas en el pago de sobornos.
Al
respecto, el gerente general corporativo del Grupo Graña y Montero, Luis Díaz
Olivero, remitió ayer una carta a la Superintendencia del Mercado de Valores en
la que indica que "a la fecha, no hemos recibido notificación alguna en la
cual se nos informe formal y oficialmente de la inclusión de la compañía o
alguno de sus directivos, ejecutivos y/o colaboradores en las mencionadas
investigaciones". Este documento fue utilizado por algunos congresistas
para decir que el fiscal de la Nación y Castro habían mentido y que no hay una
investigación.
En
la fiscalía responden que existe un sinnúmero de actas, disposiciones y
peritajes realizados que demuestran la existencia de esta indagación reservada
desde hace varios meses.
Anotaron
que al tratarse de la corroboración de la declaración de un colaborador eficaz,
las constructoras no han sido notificadas del procedimiento especial al no ser
parte. Los consorcios serán notificados si se corrobora lo dicho por el
colaborador y se formaliza una investigación. Antes no se les puede notificar,
dicen, de un procedimiento del que no son parte, explican en la fiscalía.
ESTA
NOCHE
Según
fuentes de la Fiscalía de la Nación, la investigación fiscal tiene tres fases:
1.
Indagación
/ corroboración (no se notifica porque proviene de información sensible de
colaboradores eficaces).
2.
Investigación
preliminar (se notifica).
3.
Investigación
preparatoria (se notifica).
El
fiscal Hamilton Castro aclaró que las empresas consorciadas de Odebrecht se
hallan en el primer nivel de investigación.
ESTA
NOCHE
En el libro “El Nuevo Proceso
Penal”, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, afirma que existen cinco
etapas en el proceso: investigación preliminar, investigación preparatoria,
etapa intermedia, juicio oral y ejecución penal.
Si existe una etapa o fase de
indagaciones debería estar plasmada en el Código Procesal Penal. De lo
contrario, se estaría violando el principio de legalidad: la ley tiene que ser
previa, tiene que ser cierta, tiene que ser escrita y tiene que ser estricta.
El
Comercio
La mayoría fujimorista en la Subcomisión de Acusaciones
Constitucionales declaró procedente la denuncia constitucional contra el fiscal
de la Nación, Pablo Sánchez.
Héctor Becerril dijo que la razón es que “hasta ahora
no se ha hecho nada por investigar a las empresas consorciadas con la brasileña
Odebrecht”.
La subcomisión tiene 15 integrantes, de los cuales la
presidenta Takayama y otros 8 parlamentarios son de la bancada fujimorista. Fuerza
Popular respaldó, con nueve votos, la propuesta de Daniel Salaverry y Yeni
Vilcatoma. Cinco congresistas votaron en contra y hubo una abstención del
aprista Javier Velásquez, quien presentó una cuestión previa –que fue
rechazada– que planteaba que el informe se reformulara.
Juan Sheput señaló, en nombre de la bancada
oficialista, que con esta decisión de Fuerza Popular se había producido “un
golpe a la constitucionalidad”. “Lo del fujimorismo nos parece un acto de prepotencia
jurídica. Todas las otras fuerzas políticas se han opuesto a ese propósito por
una sencilla razón: no hay argumento constitucional que oa avale”, dijo.
El oficialismo no fue la única bancada que se pronunció
en contra. También lo hicieron Alianza para el Progreso y Nuevo Perú.
Víctor Andrés García Belaunde llamó la atención sobre
la celeridad con que se dio trámite a las denuncias. “Se han saltado como 20
denuncias presentadas con anterioridad para dar prioridad a esta”, comentó.
El Comercio
Yeni Vilcatoma presentó su denuncia
constitucional contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por supuestas
iirregularidades en su accionar y el de Hamilton Castro para arribar a un
acuerdo de colaboración eficaz con Jorge Barata.
Vilcatoma acusa a Sanchez de haber designado a Hamilton
Castro en el Caso Odebrecht, quien supuestamente “a la fecha, no ha iniciado la
investigación preliminar” de Graña y Montero y otras empresas.
Afirma que existió una presunta negativa del fiscal
Hamilton Castro a incorporar en la investigación preparatoria a las empresas
Graña y Montero, JJ Camet y otros, socias de Odebrecht.
Hamilton Castro ha considerado que es una "mentira
inadmisible" decir que no existe una investigación a las empresas socias
de la firma brasileña. Sostuvo que la indagación se inició con lo que declaró
Jorge Barata.
El
Comercio
A través de un mensaje en Twitter, la congresista
oficialista y primera ministra Mercedes Aráoz se expresó en contra
de la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que con votos
del fujimorismo declaró ayer procedentes las dos denuncias constitucionales
presentadas contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.
Aráoz se sumó a la posición de la bancada de Peruanos
por el Kambio.
Gino Costa atribuyó las imputaciones al fiscal Pablo
Sánchez a la reapertura de la investigación por lavado de activos contra
Joaquín Ramírez, ex secretario general de Fuerza Popular.
Marisol Espinoza (APP) consideró que las denuncias
contra Sánchez son una represalia contra el Ministerio Público.
El
Comercio
El Ministerio Público tiene en curso, desde marzo de
este año, una pesquisa en fase de corroboración de información relacionada con
el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), mencionado recientemente en la
declaración que dio Marcelo Odebrecht a fiscales peruanos.
La investigación se encuentra en el despacho del fiscal
Hamilton Castro, en la fase de corroboración de información.
Esta pesquisa se refiere a la emisión de la Ley que
permitió que Odebrecht, Queiroz Galvao y Graña y Montero –que mantenían
procesos judiciales con el Estado– pudieran participar en licitaciones.
Rosa María Palacios en
Tweeter
“En el supuesto negado
de que PPK cometiera colusión en julio de 2006, ¿cuál es la pena máxima? 15
años.
¿Prescripción? 15 +
7.5 = 22 años 6 meses.
¿Mayores de 75 años?
Prescripción se reduce a la mitad = 11 años y 3 meses = octubre de 2017.
Prescribió”.
El
Comercio
La
jueza Elizabeth Arias se pronunciará en breve sobre el pedido de la lideresa de
Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y su esposo, Mark Vito Villanella, para que se
declare finalizado el plazo de investigación preliminar por el caso de los
cocteles de Fuerza Popular.
Ambos
son investigados por el presunto delito de lavado de activos por el dinero
obtenido en tres actividades sociales y por la donación de S/ 220,608 que
recibieron de la ONG Liberty Institute, durante la campaña electoral de 2016.
A
través de sus abogados, Edward García y Eduardo Alcócer, argumetaron que el
caso ya lleva 19 meses en curso y, por tanto, la adecuación a la Ley Contra el
Crimen Organizado se hizo fuera de plazo. Alcócer dijo que que la Ley Contra el
Crimen Organizado se está aplicando en forma retroactiva porque su patrocinado
compró dos predios en 2012.
El
fiscal José Domingo Pérez informó que falta recabar la declaración de 450
testigos.
La República
Columna de Alvarez Rodrich
(…)
A la acusación para destituir al fiscal de la Nación se suman
las acusaciones para destituir a cuatro integrantes del TC; y al ministro del
Interior por ser ‘ideólogo’ del MRTA; sancionar a dos congresistas por un
hashtag; obligar ilegalmente al presidente de la República a asistir a una
comisión de emboscadas como la de Lava Jato; perseguir empresas como a G&M;
y hostilizar a la prensa.
(…)
El Comercio
La presidenta de la Comisión Lava Jato, Rosa Bartra,
señaló nuevamente que Pedro Pablo Kuczynski (PPK) debe responder en persona ante la
citación que le envió su grupo de trabajo, especialmente luego de que se
conociera que Marcelo Odebrecht lo mencionó en el interrogatorio en Curitiba.
"En caso de mentira y a nivel general se puede
aplicar injuria, falsas declaraciones en procesos administrativos y una serie
de procesos que podríamos aplicar”, dijo.
Expreso
Nancy Miller
entrevista a Víctor García Toma
(…)
-¿El Presidente de la República
podría ser acusado si se comprueba que no le dijo toda la verdad a la Comisión
Lava Jato?
Respecto a si faltó o no a
la verdad, tengo que decir que el problema es que eso no está tipificado como
infracción constitucional en el Reglamento del Congreso, y eso es
responsabilidad del propio Parlamento.
-¿Por qué dice eso?
Mediante la sentencia Nº
0006 del año 2003, que se refiere al caso de [Manuel] Lajo, se le advirtió al
Parlamento que para los temas de infracción constitucional no existía un
procedimiento. En consecuencia, el TC [Tribunal Constitucional] exhortaba al
Congreso a elaborar un procedimiento que debería ser incorporado en su
Reglamento.
(…)
Lo que ha sucedido es que
el Congreso no ha hecho ni el procedimiento ni la tipificación, en
consecuencia, cualquier acto que se lleve a cabo para sancionar a una persona
por infracción constitucional estaría incurriendo en arbitrariedad, porque no
ha cumplido con las exhortaciones de 2003 y de 2012.
-Entonces, ¿el fiscal de la
Nación [Pablo Sánchez] tampoco podría ser acusado constitucionalmente?
No procede la acusación…
el Congreso no ha cumplido con establecer cuáles son las faltas que considera
como infracción constitucional. La incompetencia no es un delito.
(…)
IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES, CONOCIMIENTO, AYUDA SOCIAL
El Comercio, editorial
(…)
Estas Eliminatorias (…) habría
que recordarlas, sobre todo, por lo que consiguió el país fuera del césped:
unir a más de 30 millones de peruanos en el sentimiento de orgullo por lo que
es propio, sentir confianza en los connacionales y sus decisiones aun cuando no
las compartamos del todo, aprender a ser solidarios y llegar a acuerdos en la
búsqueda de un objetivo común.
