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MEDIA
COLUMNA
El diálogo no basta
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
Hace
falta una nueva política pública para resolver de una vez para siempre el
conflicto entre las comunidades y las empresas.
Se
trata de un marco para hacer posible el libre contrato entre las comunidades y
las empresas. Esa política de Estado debe rodear el libre contrato de cuatro
garantías -agua, propiedad, participación y consulta-.
La
primera garantía y la más importante es la puesta en valor de las tierras
comunales con siembra de agua y de bosque. Esto, en dos millones de hectáreas
de punas del Perú, permitiría poner en cinco años 10 mil millones de metros
cúbicos de agua dentro de la Cordillera, un lago Titicaca entero. Esto hace
posible recuperar el control del ciclo del agua de los Andes, aprender a controlar
los huaicos y regular hídricamente los ríos que bajan al mar, de modo que no se
desborden en verano ni se sequen en invierno. Esta idea fundamental y los
cálculos que la respaldan son de quien redescubrió la técnica andina milenaria
de la siembra de agua: Alberto Fujimori.
La
segunda garantía es la titulación de la propiedad -o la posesión- de las
tierras comunales y de la tenencia privada dentro de ellas. Es indispensable dar
papeles a esos bienes para empoderar a las comunidades y que puedan negociar de
igual a igual con las empresas mineras y energéticas con contratos modernos y
libres.
La tercera
garantía es la participación en la renta que produce la explotación de los
recursos naturales bajo las tierras comunales. Esto no ocurre hoy, a pesar del
mandato legal. El porcentaje del canon que la ley destina a las comunidades no
llega hasta ellas. Se queda en el camino, en el gobierno regional o el local, o
es pasto de la corrupción. La participación en la renta debe serle entregada
directamente a las comunidades sin pasar por el Estado, en obras ejecutadas por
ellas mismas con las empresas mineras. El gobierno de Alan García demostró con
la ejecución por las empresas mineras de 2,500 millones de soles de la
contribución voluntaria de la minería entre 2006 y 2011, que esta es una manera
eficiente de invertir.
Las
comunidades son privadas, no son del Estado ni forman parte del Estado. Contratando
directamente con las empresas, las comunidades deben aprender a trabajar con
las empresas libremente y sin tutores. Las comunidades buscarán estudios
jurídicos para esos contratos y asesorías técnicas para la inversión en agua y
bosque.
La cuarta
y última garantía es la consulta popular. Esta, según el Convenio 169 de la OIT, se refiere únicamente
a las tierras de pueblos originarios. Las comunidades no son todas pueblos
originarios. La tarea de precisar cuáles lo son, a cargo del Ministerio de
Cultura, no avanza o es un secreto de Estado.
Porque
no existe una política pública, un tribunal del poder Judicial ha anulado una
concesión en tierras de una comunidad nativa de Madre de Dios –que no se sabe
si es o no pueblo originario- convirtiendo a la consulta previa no solo en
universal para todas las comunidades, sino en retroactiva.
Pero Las
Bambas es el caso emblemático. Porque no existe una política pública, el
destino de la mina de cobre más grande del Perú, de la que depende la
estabilidad fiscal, pende del hilo de un diálogo lleno de ambigüedades e
imprecisiones.
Es indispensable
esa política pública. El diálogo no basta.
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