MEDIA COLUMNA domingo 14 febrero 2021 "Un mercado global para las licecias sociales"

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Un mercado global para 

las licencias sociales

 

 

Jorge Morelli

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¿Cuánto vale la tierra sobre los recursos naturales del planeta? El poseedor informal no lo sabe. Tampoco la empresa que llega con su concesión bajo el brazo a comprar la tierras. Y menos lo sabe el Estado. Los tres fracasan en negociar una solución eficaz.

 

Solo el mercado puede determinar de manera equitativa cuánto vale esa tierra. Pero no el mercado local, donde la tierra no vale nada porque no hay competencia. Sin competencia el precio no puede formarse libremente. La determinación del precio se vuelve entonces una negociación imposible. La operación minera se traba y el recurso se queda bloqueado debajo. En esa condición hay 150 millones de millones de dólares en el planeta, mas que el PBI sumado de EEUU y China.     

 

No hay licencia social porque no puede haberla. Ante la imposibilidad, sin embargo, la astucia de las partes ha dado forma a una estrategia precaria: la venta que nunca termina.

 

Un ejemplo: la empresa ofrece un precio por la tierra y el poseedor –generalmente en algún lugar remoto al que toma horas llegar a pie- acepta sin mayores objeciones. Se firma un papel y eventualmente hay un pago. Luego asoma recién la realidad: la venta es incompleta, inefectiva, no ha transferido realmente la propiedad. El poseedor demanda ahora que la empresa le compre también su ”posición en la comunidad” u otro concepto similar. Sin este segundo papel, la comunidad no reconocerá la venta y la empresa no ocupará la tierra. Nuevamente se ha trabada la operación. Eventualmente, la empresa pagará también por la “posición en la comunidad”. Pero si luego de eso cree ingenuamente que ha accedido a la propiedad, no es así. “Falta pues, Papay, que me construyas una casa en el pueblo. Convenio 169 de la OIT, pues Papay”. Este diálogo no es una ficción. Tuvo lugar realmente y me fue referido por un ingeniero a cargo de comprar las tierras para una empresa minera en una comunidad de Puno. Un gran minero peruano me confesó algún tiempo después, luego de escuchar esta historia, que él había tenido que comprar cinco veces la misma tierra.

 

En suma, la licencia social es un proceso accidentado. Es imprevisible porque las partes no pueden confiar entre sí. Este es el logro de lo que De Soto ha llamado el Consenso de Ginebra, la respuesta política en los últimos 30 años al famoso Consenso de Washington. De allí la generalización indebida de la consulta previa como única alternativa.

 

Lo que De Soto ofrece al Perú para salir de la crisis actual “sin aumentar los impuestos, sin endeudar más a los peruanos y sin expropiar a nadie” -como ha escrito recientemente en su plan de gobierno- es escapar de esa trampa. Destrabar 37 mil millones de dólares de activos –en tierras y otros bienes bloqueados-. Es la cifra que ha calculado.

 

Lo fundamental, sin embargo, es que estos activos no irán a manos del Estado, sino a cuentas individuales de peruanos en calidad de accionistas de la propiedad de las tierras que están sobre los recursos. Ese activo inmenso será inscrito en las bolsas de valores mundiales donde las acciones de la superficie se cotizarán igual que las acciones de los recursos debajo. Se podrá comprar y vender las tierras de la superficie al precio que se forma en el mercado global de las bolsas de Nueva York, de Toronto o de Londres. No ya en el mercado local donde la venta no termina nunca.  

 Estamos hablando entonces nada menos que del nacimiento en el Perú de un mercado global de       licencias sociales que permita destrabar los recursos naturales en todas las economías emergentes del   
planeta. Ese puede ser el aporte del Perú a la solución de la crisis mundial.

 

Así los bienes sin papeles del mundo emergente podrán llegar hasta los mercados financieros de papeles sin bienes que necesitan nuevo valor real. Son las dos caras de la misma moneda. Ese es el futuro.

 

 

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MEDIA COLUMNA miércoles 10 febrero 2021 "Banalidad del mal"

 

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Banalidad del mal

 

Jorge Morelli

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Tomar en cuenta solo la intención y nunca los resultados de sus actos es el pretexto con que el Congreso justifica moralmente su demagogia. No percibe el daño que causa, o no se hace responsable de él. No tiene consideración alguna por el debate de ideas. Solo repite mecánicamente, una y otra vez hasta la náusea, su frase hecha, su gastado lugar común. La consigna es imponer. Debatir es señal de debilidad. 

 

“Banalidad del mal” es la famosa expresión que Hannah Arendt acuñó para referirse a la actitud del nazi Adolf Eichmann, secuestrado en Buenos Aires en 1961 y procesado en Jerusalén. Eichmann no mostró nunca en el juicio arrepentimiento o culpa por los crímenes cometidos por él personalmente. Cumplía órdenes, era una pieza en una maquinaria burocrática. Jamás se había cuestionado la moralidad de sus actos. Era un imbécil moral inimputable. Fue condenado a muerte. Caro le costaría a Arendt, sin embargo, en la comunidad judía de Nueva York, a la que pertenecía, su famosa frase impecablemente expuesta en sus artículos en la revista The New Yorker para la que cubrió el juicio en Israel.

 

Los crímenes del stalinismo soviético fueron la prolongación del Holocusto. La moral revolucionaria de la banalidad del mal se fue contagiando a los partidos comunistas del Tercer Mundo. Y de allí a las infinitas derivaciones del socialismo “democrático”. Todos ellos pasaron al oportunismo sin escrúpulo alguno. Comencé a sospechar esto hace más de 50 años, cuando un compañero de universidad, un militante de izquierda, “expropió” y vendió la cámara fotográfica que dejé olvidada en su auto. No era un robo, sino una “contribución a la causa”. Esa fue toda su explicación.

 

La banalidad del mal, sesenta años después, es un hecho cotidiano en la anticultura urbana de las grandes ciudades de todos los continentes. El narcotráfico, la guerra perpetua por el control del mercado de la droga y el trafico de personas, el odio étnico y el fundamentalismo ideológico han producido al terrorismo como método. El inmediatismo prevalece. El delito no importa si es en nombre del poder.
El daño no es sino es el precio a pagar por un “fin superior”. El requisito es la deshumanización.

 

Los miembros de este Congreso provisional no pueden ser reelegidos. Su demagogia ciega no obedece a conseguir votos para sí mismos. Su consigna es demoler el modelo económico. Y hacerlo en el tiempo limitado de que dispone. Por eso no hay espacio para el debate. Los argumentos en contra de la demagogia se apilan todos los días en los medios de comunicación. El Congreso sigue impermeable a todo argumento. El gobierno observará la norma, el Congreso insistirá. El gobierno correrá traslado al Tribunal Constitucional. La inversión se paralizará. No importa. Ese era el objetivo.

 

Esa es la banalidad del mal.

 

 

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MEDIA COLUMNA domingo 7 febrero 2021. "La falla no está en la Constitución"

 

 

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La falla no está

en la Constitución

Jorge Morelli

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No hace falta cambiar la Constitución porque la falla no está ahí. La falla está en la mala regulacion del mercado por el Estado. Es decir, en la falta de competencia en un mercado libre. Corregir esa falla es cuestión de reglas claras y simples. No es una falla constitucional.

El mercado es la mayor fuente de energía de la economía. Como toda fuente de energía, necesita un arnés para ser útil. Ese arnés es un marco regulatorio para la libre competencia en el mercado.

Las reglas deben ser vigiladas y ajustadas constantemente por un regulador. No necesariamente uno para cada sector de la economia. No necesariamente debe hallarse en el Estado. Eso es solo lo que hemos hecho hasta la fecha y acá puede estar el origen del problema.

Si Adam Smith habló en la Teoría de los Sentimietos Morales de una mano invisible que por si misma asigna eficientemente los recursos, es porque daba por sentado la existencia de una economía libre en la teoría.  En los hechos, describió en La Riqueza de las Naciones la realidad: las economías de su época se hallaban trabadas por el Estado. Llamó a la trampa el "sistema mercantil".

Ocurre cuando el poder político está al servicio del interés privado o público. Hoy le llamamos "mercantilismo" cuando ese interés es economico . Le  "Populismo" cuando es político. “iInormalofad” cuando una formalidad fallida excluye a la inmensa mayoría. Pero todas esas formas son esencialmente una y la misma cosa.

Es la falla en la regulación del mercado lo que hace posible el oligopolio público-privado. Consiste en la complicidad del Estado en una concentración empresarial en áreas principales de la economia: la energía y las finanzas especialmente.

Y es el abuso de la posición de dominio de esos oligoplios lo que causa el creciente malestar del público contra las grandes empresas. Ese el fermento inflamable y el caldo de cultivo de la violencia azuzada por el interés político en las calles de Santiago, de Buenos Aires o de Lima.

Se alimenta de la confusión interesada en hacer creer que la falla es intrínseca al capitalismo como tal, cuando no es sino una falla en el arnés regulatorio.

 

Para corregirla hacen falta cambios pequeños que no requieren echar al trasto la Constitución entera, que ha traido 30 años de crecimiento y la dréstica reducción de la pobreza en el Perú.

 

El cambio de la Constitución es, más bien, la trampa.

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MEDIA COLUMNA miércoles 3 febrero 2021. "La izquierda elude la responsabilidad"

 

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La izquierda elude

la responsabilidad

 

Jorge Morelli

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Desde el primer día de la primera cuarentena escribí que los peruanos no debían

esperar nada o casi nada del Estado, y que lo mejor era que el gobierno reconociera

humildemente sus limitaciones y delegara a las familias el cuidado de sí mismas, a los médicos -privados y públicos- organizarse para ayudarlas, y a las empresas cuidar de sus trabajadores.

 

En vez de eso, de la manera más arrogante, el gobierno –el actual y el anterior son el mismo- se sintió en el derecho de dar órdenes a los peruanos sobre lo que debían hacer aunque no existieran los medios para hacerlo.

 

Dictó la cuarentena y arruinó la economía. Y no fue en benefició de la salud. Los peruanos la acataron respetuosamente por algún tiempo. Hasta que se dieron cuenta de que el supuesto remedio era peor que la enfermedad. La cuarentena se fue relajando y terminó por desaparecer. Para cuando el gobierno decretó su término, esa era ya una realidad para todos salvo para las empresas formales, a las que pudo someter todavía a la tortura de un plan de cuatro fases y unos protocolos que son la envidia de las instrucciones de Cortázar para subir una escalera.

 

Al cabo, el pueblo tomaría en sus manos no solo el reinicio de la economía ignorando las risibles disposiciones, sino incluso la receta de un tratamiento práctico, barato y accesible. En el colmo del desacierto, el gobierno trató de desalentar su uso mientras entre el Ministerio y el Seguro Social se instalaba un debate que hizo honor al segundo, que defendía su necesidad mientras el primero prevenía contra su uso amedrentando a la población.

 

No dio con ello sino pie a suponer que el propio gobierno era parte de una mega conspiración para favorecer la aplicación de una vacuna, que no seria barata, en lugar del medicamento que demostradamente ya, con miles de testimonios, podía aliviar y mitigar el agravamiento de la enfermedad. Incluso cuando ya se supo que es la inflamación y no directamente el virus lo que causa la muerte del paciente. 

 

Mientras en el mundo una docena de empresas privadas y entidades estatales competían por avanzar una vacuna, el Estado peruano falló incluso en conseguir a tiempo una, cualquiera de ellas.  

 

En suma, de todas las que ha protagonizado, esta ha sido la mayor exhibición de incompetencia que el Estado peruano ha hecho jamás. A la falta de sentido común con que desmanejó la economía que nos llevó al último puesto en el mundo, sumó la estrategia que nos llevó al último puesto en el mundo también en el cuidado de la salud. Y repite ahora el error cuando ya se sabe que un estudio reciente de la Universidad de Stanford ha demostrado que el confinamiento no arroja un resultado realmente provechoso en la lucha contra la pandemia.

 

Hoy pienso que lo que pudo y aún debería hacer en lugar de repetir mecánicamente el error, es convocar a un consejo de empresas privadas especializadas en la producción y distribución de agua, alimentos y medicinas de primera necesidad y pedirles que diseñen el sistema público-privado con que aun debe enfrentarse la pandemia. Y poner luego al Estado bajo sus órdenes sin estorbar hasta despejar el camino.

 

Hay, sin embargo, aun otra lección que aprender.
Es la izquierda la que ha estado en el gobierno a lo largo de toda esta tragedia. Es la caviarada la que la ha organizado y protagonizado. En su afán obsesivo de control elude al mismo tiempo la responsabilidad de la decisión. Recuérdelo el lector cuando vaya a votar.    

 

 

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MEDIA COLUMNA domingo 31 enero 2021. "La batalla final es en el Perú".

 

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La batalla final

es en el Perú

 

Jorge Morelli

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El plan de Fidel siempre fue apoderarse del petróleo de Venezuela. Le fue imposible durante 35 años hasta que logró usar al chavismo para conseguirlo.

Hoy el eje La Habana-Caracas ve con desesperación que el petróleo no será ya en el siglo XXI la herramienta política que fue en el siglo XX.

La izquierda trató de usar el  ambientalismo para sus fines, pero cayó en su propia trampa. La energía del siglo XXI vendrá de recursos renovables tan variados -el agua, el sol-  que los Estados no podrán apropiárselos con exclusividad. No servirán como herramienta política.

Para el eje La Habana-Caracas es cuestión de superviviencia apropiarse entonces de los recursos naturales clave para el siglo XXI -el cobre, el litio, las tierras raras, para fabricar desde autos eléctricos y baterías hasta equipos digitales-, y el uranio, sí uranio, para fines militares.

Todo eso existe en el sur del Perú. Y también en los Andes de Chile, Bolivia y Argentina.

Los tres han sido precisamente los blancos de la reciente ofensiva política masiva del eje que ha triunfado por ahora en Buenos Aires y La Paz, donde tiene dos gobiernos aliados de La Habana y Caracas, y también en Santiago de Chile donde ha logrado vender la idea de que las fallas del modelo económico se van a reparar con el cambio constitucional. 

El baluarte hoy es el Perú en las elecciones próximas.

Y el escenario sudamericano reciente ha empoderado en el Perú al castrochavismo y a su eterna tonta útil, la izquierda caviar.

 

Es por eso que el Congreso dirigido por el Frente Amplio de Marco Arana ha encontrado la oportunidad de desenterrar su rancia agenda política, sepultada hace 30 años, y atacar sistemáticamente las bases de un crecimiento económico jamás visto en la historia del Perú. Nunca se atrevió a tanto. En esta ventana de oportunidad trata de destruir en meses todo lo cambios antes no pudo.

Habiendo tomado el gobierno además del Congreso, el castrochavismo apunta ahora a hacerse del poder en el Perú por el medio que sea, democrático o no, para controlar los recursos naturales y acceder a la mesa de poder del poder global.

 

Ese es el delirio fanático con el que en las elecciones nos veremos las caras.

 

 

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MEDIA COLUMNA miércoles 27 enero 2021 "Fallas técnicas".

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Fallas técnicas

 

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A nadie se le escapa que De Soto está de sobra calificado para ser el presidente, el mejor que el Perú podría tener en un momento como este, en que la credibilidad internacional de la palabra del gobierno tendrá un papel principal ante el déficit fiscal y el endeudamiento en que hemos incurrido. De por medio está el grado de inversión del Perú, que tanto sacrificio supuso.   

 

De Soto sabe cómo invertir 37 mil millones de dólares de los peruanos sin endeudarnos más. Invertirlos en el Perú a nombre de los peruanos, además. De cada uno, no a nombre del Estado para comprar elefantes blancos que nunca fueron necesarios, como el Gasoducto del Sur para un gas que no tiene mercado o la refinería de Talara para un petróleo que no existe.

 

El derroche criminal con que el Estado ha asignado los recursos de los peruanos en los últimos gobiernos se explica por corrupción. Es hora de ponerle fin a este dispendio y usar los recursos en lo que en verdad hace falta: igualdad de oportunidades, libertad de la economía, gobernabilidad democrática.

 

Pero el pueblo peruano no sabe lo que De Soto puede hacer. Porque no sabe quién es De Soto en el mundo. Una persona con acceso a todos los grandes mandatarios actuales, quienes lo han recibido muchas veces para agradecerle lo que hace por los pobres del mundo. 

 

La campaña de De Soto depende de que su mensaje alcance a los peruanos que más necesitan de su trabajo. Y depende de los medios masivos llegar a ellos.

 

Por eso mismo, el intento de descalificarlo como posibilidad electoral con encuestas amañadas, de espiar su campaña por medios ilegales o de impedirle llevar su mensaje a través de los medios a todo el país son actos que hacen sonar la alarma.

 

Tal vez De Soto no quiera llamar la atención sobre estos hechos para no ensuciar la campaña electoral con acusaciones. Es su derecho. Nuestro deber es decirlo en nombre del derecho del pueblo a la información. Mejor si estamos equivocados.

 

Los peruanos necesitan escuchar el mensaje de De Soto tal como él necesita escucharlos a ellos. No podrán impedir que el mensaje prenda si logra llegar hasta los mineros y agricultores emprendedores del Perú.

 

 

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MEDIA COLUMNA domingo 24 enero 2021. "El truco del mal menor"

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El truco del

mal menor

Jorge Morelli

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En la recta final de la primera vuelta de las elecciones de 2016, el proceso fue el siguiente: el crecimiento sorpresivo de Verónika al segundo lugar (al final quedaría tercera con 18.74% detrás de PPK con 21.05%) asustó al electorado y activó el antiizquierdismo.

Para que Verónika no pasara a la segunda vuelta, el sector A/B y parte del C giró en masa a votar por PPK. El lector no lo habrá olvidado. El pánico condujo. El miedo es una fuerza muy poderosa.

Si ese fenómeno ocurrió de manera natural o fue inducido (“inceptado” es el término técnico hoy) es algo sobre lo que el lector puede sacar su propia conclusión.

Asegurado PPK en la segunda vuelta del 2016, la segunda parte del proceso fue activar el antifujimorismo contra Keiko Sofia.

A ella, que había obtenido un 39.86% en la primera vuelta el 10 de abril, la encuestadora de mayor credibilidad entonces, Ipsos/El Comercio, le dio 50.2% versus 49.8% a PPK el 15 de mayo. Para el 22 de mayo, la distancia había crecido a 52.6% versus 47.4%. En su último simulacro de votación del 29 de mayo, a una semana de la elección, la encuestadora dio 53.1% versus 46.9%. Keiko Sofía ganaba holgadamente la segunda vuelta por seis puntos de distancia.

 

Una semana después, el 5 de junio, el resultado de la segunda vuelta favoreció a PPK con 50.1% versus 49.9%.

¿Tres puntos porcentuales de votos válidos, más de medio millón de personas, migraron de K a PPK en una semana? ¿Los mismos tres puntos que había recibido en las dos semanas anteriores entre el 15 y el 29 de mayo?

¿Es verosímil esto? ¿O es que esos tres puntos nunca fueron de K en realidad sino que le fueron atribuidos en las tres últimas encuestas? 

 

¿Se dejó llevar la encuestadora por la veleidad del electorado? ¿Fue este un error involuntario? El lector puede sacar su propia conclusión. 

Hoy debemos estar en guardia contra el autoengaño de inflar sucesivamente el antiizquierdismo y el antifujimorismo para que, como en el 2016, resulte elegido el "mal menor".

Estamos advertidos.

 

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